A mi querido hermano Arsenio, 
que sólo se adelantó un pasito.
In memoriam

I

El crimen organizado representa hoy una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados y, en su dimensión transnacional, desafía los marcos de cooperación y gobernanza regional. Combatirlo —no digamos erradicarlo, lo cual resulta prácticamente imposible en las condiciones actuales— exige coordinación bilateral, regional e internacional; ningún país, por sí solo, puede enfrentarlo eficazmente.

Este flagelo vulnera la soberanía y el orden constitucional. Su poder económico, su capacidad logística y su acceso a armamento permiten que penetre las instituciones públicas, deteriore el tejido social y controle territorios enteros. En países con instituciones débiles y recursos escasos en materia de seguridad y justicia —como Haití—, el riesgo de erosión del Estado es extremo.

En América Latina y el Caribe, la presencia del crimen organizado es la regla común, un azote que ha carcomido a la región al infiltrarse en los más altos poderes políticos, económicos y de seguridad. La realidad haitiana es especialmente alarmante: a la pobreza y al prolongado desorden político se suma el crimen organizado que, desde hace décadas, golpea al pequeño país caribeño.

En el caso particular de Haití, hablamos de un crimen organizado representado principalmente por las pandillas, cuyo objetivo ha sido obtener el control institucional, social, territorial y económico mediante la intimidación y la violencia. Estas organizaciones recurren a la fuerza, las amenazas y los asesinatos. No se limitan a un solo delito: su abanico criminal abarca actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando y lavado de dinero.

El país funciona como un corredor estratégico para el trasiego de drogas —en particular de cocaína proveniente de Sudamérica, principalmente de Colombia y Venezuela— con destino a Estados Unidos. Su extensa y poco vigilada costa, junto con la debilidad institucional de sus cuerpos de seguridad, facilita el tránsito de cargamentos por mar y aire. Las pandillas haitianas obtienen gran parte de sus recursos mediante el control de territorios y del tránsito y protección de dichos cargamentos, lo que implica la extorsión o el cobro de “peaje” a contrabandistas y narcotraficantes internacionales.

La violencia generada por estas pandillas ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de haitianos, que se ven obligados a huir del país. Para Estados Unidos, la presencia de estas organizaciones ya no constituye únicamente un problema local haitiano, sino también un asunto de seguridad nacional, pues representa una amenaza para las rutas comerciales, incrementa la migración forzada y fortalece las redes del narcotráfico que operan en su propio territorio.

De conformidad con datos del colectivo especializado InSight Crime, las pandillas y redes criminales en Haití consolidaron su influencia a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hecho que sigue sin resolverse, y de la sucesión interina del primer ministro Ariel Henry

Según InSight Crime, existen centenares de pandillas en Haití y, en particular, la capital Puerto Príncipe se ha convertido en el epicentro de la violencia: se estima que alrededor del 90 % de la ciudad se encuentra bajo control criminal. El colectivo distingue principalmente dos facciones criminales: una liderada por G9 & Family, cuyo cabecilla es Jimmy Chérizier —alias “Barbecue”—, exoficial de policía vinculado al partido político Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK) del expresidente Moïse y del primer ministro Henry. La otra es la facción G‑PEP, antagónica de la G9, aunque en determinados momentos han llegado a aliarse para conformar un frente unido contra el Estado. Entre otras agrupaciones se mencionan la 400 Mawozo, la Delmas 6 o la Nan Brooklyn.

II

Según declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas, la mitad de ellas niños y niñas, y ha dejado a más de seis millones en necesidad de asistencia humanitaria. Guterres advierte que el país se encuentra entre los focos de hambre más graves del mundo, mientras enfrenta ataques sistemáticos contra hospitales y escuelas, el colapso del Estado de derecho y un alarmante aumento de la violencia sexual.

El secretario general también expresó su preocupación por el uso de menores en grupos armados de autodefensa y las condiciones precarias del Centro de Reinserción de Menores en Conflicto con la Ley (CERMICOL). De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2024 se registraron 2,269 violaciones graves contra 1,373 niños, incluidas 213 muertes, 138 mutilaciones y 310 casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Asimismo, se documentaron 566 casos de violencia sexual y 160 violaciones colectivas.

Por su parte, Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha señalado que Haití se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor número de violaciones graves verificadas contra la infancia. En el último año, los casos de reclutamiento de menores aumentaron en un 700 %, mientras que los asesinatos y mutilaciones crecieron un 54 por ciento.

Guterres destaca que más de seis millones de personas necesitan asistencia humanitaria; sin embargo, los integrantes de los grupos de ayuda enfrentan amenazas de violencia, extorsión y secuestro por parte de las pandillas. El desplazamiento masivo ha derivado en niños sin acceso a la educación, a la atención médica y a la seguridad: hasta abril se verificó la interrupción escolar de 243,000 estudiantes, 154 secuestros, 154 ataques a escuelas y hospitales, y 728 incidentes de denegación de ayuda humanitaria.

Los niños son obligados a unirse a las pandillas; algunos impulsados por la desesperación ante la violencia y otros por la pobreza. La ONU y UNICEF señalan casos de infantes ejecutados sumariamente, la entrada de nuevos actores armados y tecnología sofisticada —incluidas armas explosivas—. Los menores son empleados en combate directo o en funciones de correo, vigías o portadores de armas.

Las pandillas han paralizado las principales rutas desde la capital hacia el resto del país, lo que ha provocado la interrupción de los medios de subsistencia, los servicios esenciales y la asistencia humanitaria.

III

El 30 de septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la nueva Gang Suppression Force (GSF) por doce meses, en reemplazo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), creada en octubre de 2023 y liderada por Kenia. Aunque fue aprobada por el Consejo de Seguridad, dependía de contribuciones voluntarios. De los 2,500 policías prometidos inicialmente para integrar la MSS, sólo se desplegaron mil elementos. En ese contexto, sus actividades enfrentaron serias limitaciones para responder a la magnitud de la crisis de violencia en Haití.

La GSF tendrá 5,500 efectivos y tiene como misión primordial apoyar a las autoridades haitianas en tanto se crean las condiciones para que el país retome gradualmente el control de la seguridad. La resolución encargó además al secretario general establecer una oficina de las Naciones Unidas en Haití para brindar apoy a la GSF, a la polícía nacional y a las fuerzas armadas, así como soporte logístico, de transporte, comunicaciones, atención médica y rotación de personal. Estados Unidos solicitó contribuciones voluntarias, subrayando que la comunidad internacional debe compartir la carga. Esta medida, aunque necesaria, es insuficiente, pues no aborda temas tan críticos como la asistencia humanitaria, el desarrollo y la gobernanza del país. Aún permanece en duda cuáles países integrarán y financiarán esta fuerza.

De acuerdo con especialistas, la estabilidad en Haití solo podrá alcanzarse cuando la seguridad se acompañe de un proceso político consistente, elecciones creíbles y un fortalecimiento económico sostenido. Desde antes de la actual crisis, Haití ya era el país más pobre del hemisferio occidental, con bajos niveles de desarrollo humano, altos índices de corrupción, desigualdad y exclusión social. Todo ello se ha agravado con la proliferación de las pandillas.

El panorama no parece alentador en el corto plazo. Cualquier elección que se pretenda realizar en las condiciones actuales, sin restablecer la seguridad ni garantizar un proceso político legítimo y confiable, corre el riesgo de profundizar la crisis e incluso de empoderar a los grupos criminales dentro de las estructuras institucionales del país. En ese sentido, será indispensable asegurar la integridad de los candidatos y de los electores.

El actual Consejo Presidencial de Transición, integrado por nueve miembros, enfrenta luchas internas y acusaciones de corrupción que han mermado su credibilidad. Dicho Consejo pretende organizar elecciones el 15 de noviembre, junto con un referéndum constitucional, pero la iniciativa parece poco realista en las actuales circunstancias: un entorno de violencia extrema, desplazamiento masivo e inseguridad alimentaria aguda. Los especialistas estiman que la participación electoral difícilmente superaría el 20 por ciento. Este Consejo, creado en 2024 con el propósito de llenar el vacío de poder y conducir la transición, se enfrenta hoy a un contexto político y social profundamente erosionado.

Si bien la misión de seguridad y la Policía Nacional han obtenido algunos logros aislados, las pandillas continúan controlando buena parte de la capital y las principales carreteras que conectan el país. En esas condiciones, resulta imposible organizar elecciones en los territorios bajo su dominio.

Renata Segura, del colectivo Crisis Group, subraya que la colaboración con los socios internacionales y con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es fundamental para lograr una asistencia internacional efectiva y una seguridad sostenible. Por su parte, el secretario general de la ONU ha reconocido que la hoja de ruta para instalar a un presidente electo en febrero de 2026 avanza con lentitud y que su cumplimiento luce improbable, mientras las autoridades haitianas no superen las disputas internas por el control de los cargos públicos y los presupuestos. La prioridad, advierte, debería ser diseñar un esquema realista para la organización de elecciones y la implementación de una reforma constitucional que devuelva al país su estabilidad política. EP

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