El 2025 será un año difícil para las y los mexicanos en lo económico. El primer presupuesto con el sello de la presidenta Claudia Sheinbaum arrastra los excesos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que, aunado a un moderado incremento de la inestabilidad de la economía mexicana, augura un gobierno que gastará poco y generará una derrama económica más limitada que de costumbre. Reducir gastos es lo recomendable.

Había una vez un Estado chiquito

El Estado mexicano es como un influencer: recibe mucha más atención de la que merece. Pese a que suele achacársele mucho de lo que pasa o deja de pasar en el país, en realidad el Estado mexicano es pequeño como agente económico. Pensemos en dos polos: por un lado, un Estado grande como el de Francia, cuyo gasto público es de alrededor de 59 % de su PIB y que tiene a 21 % de su fuerza laboral en el sector público y, por otro lado, el de Chile, cuyo gasto público es de alrededor de 24 % del PIB y sólo es el empleador de 8 de cada 100 chilenos en edad productiva. Grosso modo, esos son los tamaños de Estado que hay entre los países urbanizados y relativamente grandes.

En esta escala, ¿dónde se ubica México? En esos términos, México está bastante más cerca de Chile que de Francia. El gasto público en nuestro país es de alrededor del 26 % del PIB, mientras que el Estado mexicano (poderes de los tres órdenes de gobierno, OCAs por extinguirse, todo el Estado pues) emplea a 10.7 % de la población económicamente activa. Aquí una visualización de apoyo:

En términos brutos, hoy el Estado mexicano tiene muy poca “tracción” sobre la población que pretende dirigir, proteger, educar, etcétera, una característica heredada tanto de los gobiernos neoliberales como de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pese a tener visiones diametralmente opuestas de lo que debe hacer el Estado, en ambos modelos se renunció a dotarlo de más recursos de forma sustancial. 

Un gobierno que quiere llegar al cielo con escaleras de papel

Tener un Estado pequeño no es sinónimo de tener un Estado ineficaz. Todo Estado debe elegir objetivos, herramientas y enfoques que tengan mutua correspondencia; ningún Estado es capaz de gestionar a una población solamente con dinero. Como lo estableció Michel Foucault en relación con el control del territorio, ningún Estado es capaz de poner a un policía detrás de cada ciudadano, y si pudiese sería algo sumamente impráctico. No, los Estados ejercen su autoridad primariamente a través de símbolos o representaciones simbólicas que permiten que las y los ciudadanos se “gobiernen a sí mismos” en nombre de las leyes. Por ejemplo: la “educación” burocrática es algo que la mayoría de las personas que vivimos en las ciudades adquirimos antes de llegar a la edad adulta, y la mayoría de las personas siempre tenemos en la mente que uno de los posibles desenlaces de hacer el mal es que nos arresten (aunque en México, lo dicen las estadísticas, es mucho más probable quedar impunes). Ese pensamiento y lo que nos impide hacer no es otra cosa que el Estado gobernándonos con sus poderes mentales y su rasho laser, es decir, sin gastar nada.

En 2025 los Estados tienen una variedad relativamente amplia de herramientas para gestionar a la población sin tener que incrementar su recaudación, endeudarse o ceder a la constante presión de empresas y consorcios que buscan lucrar con todo sin importar si pueden o deben. Por poner un par de ejemplos: hay herramientas como las intervenciones basadas en economía del comportamiento, las que cuestan unos céntimos (política y financieramente) de lo que cuestan los enfoques de comando y control, y tienen probada eficacia para abatir malos hábitos a nivel poblacional, o bien, hay arreglos de gobernanza para que otros actores sociales también participen en la gestión de cosas que a todos nos benefician, como la gestión hídrica, el manejo de residuos o la administración de cuidados. Es decir, en cosas tan importantes y relevantes para la economía como la salud de la población no es necesario tirar “cañonazos de dinero” para lograr grandes cosas.

Este tipo de intervenciones son vistas como manualidades de foamie por la ortodoxia de la administración pública que dirige el gobierno federal y la mayoría de las entidades. Y, la verdad, en gran parte lo son si pensamos en la clase de problemas que enfrenta la mayoría de los mexicanos, como masacres diarias, explotación laboral, bajo rendimiento escolar, prevalencia de enfermedades metabólicas, estragos del cambio climático y una epidemia desatendida de trastornos emocionales. Sin embargo, pese a que estos enfoques fueron pensados para resolver white people problems –problemas de primer mundo, pues–, su proceso de diseño incorpora dos características esenciales que deben guiar a quien trata de hacer mucho con poco: creatividad y flexibilidad. Pensar así debería ser obligatorio para todo gestor del Estado mexicano, pero no lo es.

Estepa o desierto

El pequeño Estado mexicano, entonces, se enfrenta con estos grandes problemas no con una, sino con dos profundas carencias: poco dinero y una doctrina administrativa propia de la década de 1970. Pensar que los problemas actuales, los que explotaron durante el neoliberalismo, van a ser resueltos por un Estado del tamaño del de México volcado al populismo distributivo, es pensamiento mágico, metafísico: hay tan poco para repartir a los niveles requeridos que los cañonazos de dinero (más bien tiros de resortera) difícilmente podrán suplir la falta de creatividad y flexibilidad de la administración pública.

Si hablamos solamente del ámbito federal, en 2025, 22 de las 26+ instituciones grandes del pequeño Estado mexicano –sector central más Pemex, IMSS, ISSSTE, CFE, FGR y tal– van a tener menos dinero que en 2024. Rubros tan importantes en el contexto de un gobierno de populismo distributivo como la salud podría experimentar un recorte de hasta 11 % en comparación con 2024. Si analizamos el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 por clasificación funcional, el gasto público tendrá una violenta contracción de cerca de 8 por ciento. Sólo 5 de las 24 cosas que dicen las leyes que tiene qué hacer el Estado mexicano se librarán del recorte:

1. Coordinación de la política de gobierno
2. Justicia
3. Legislación
4. Protección social
5. Vivienda

En todo lo demás —seguridad, relaciones exteriores, educación, cultura, salud, energía, comunicaciones, turismo, transporte, etcétera— el Estado va a tener menos dinero programado para gastar.

Para muchas personas estos números no dicen nada. Las administraciones neoliberales usaron una jerga críptica e indescifrable para la gran mayoría. Entre porcentajes, ideas y expresiones tales como attention getters, frecuentes en juntas del gobierno —lo sé porque estuve ahí—, terminaron por desdibujar los referentes empíricos comunes a la gente para poder dimensionar lo que implica que un Estado, de por sí pequeño, ahora tenga anemia.

Para ponerlo en contexto y de forma clara: si en 2025 las condiciones económicas internacionales no favorecen el crecimiento de la economía mexicana, vamos a estar en problemas. O sea, eso que se dice todos los años, ahora sí va en serio. Como se ha planteado en varios estudios, la interacción del gasto público con el grueso de la economía mexicana debe seguir un comportamiento contracíclico, pues se estima que cuando hay recesión, cada peso que gasta el gobierno incrementa el PIB en 1.3 pesos, mientras que cuando hay periodos de expansión, un mayor gasto más no tiene un efecto multiplicador, por lo que es mejor pagar deudas o guardarlo, que es lo que se hace desde finales del siglo pasado.

El balance: guarda tu dinero

La presidenta Sheinbaum lo expresa correctamente: la gente ha tenido más dinero en sus bolsillos, lo que ha fortalecido la economía mexicana. El año pasado, por ejemplo, el ingreso disponible bruto se situó en alrededor de 102 % del PIB trimestral (102.7 % en 2023-II), lo que significa que hubo morralla para darse algún gusto. Sin embargo, con el pronóstico de que 2024 cierre con un crecimiento del PIB de 1.6 % y con la reducción de indicadores muy relacionados con el crecimiento como el consumo mayorista, no hay motivos para creer que en 2025 habrá margen de maniobra para las familias. A finales de este año esperamos una mayor inflación en los alimentos y los servicios, lo que aunado a que algunos gobiernos están reteniendo los aguinaldos (como el de la Ciudad de México), significa que habrá un menor consumo en esta temporada tan importante, en comparación con años anteriores. No por nada el Banco de México estima que el crecimiento del PIB en 2025 rondará el 1.2 %, es decir, como un buen año del sexenio de De la Madrid o un mal año del sexenio de Calderón.

Hay aspectos muy discutibles del manejo económico de esta administración, como el seguir echándose al “lomo” la formación bruta de capital fijo —la que yo apoyo— o basar su política social en transferencias —la que yo desapruebo—. Sin embargo, objetivamente hablando, la administración de la presidenta Sheinbaum no tenía muchas alternativas después de como quedó la hacienda pública con el presidente López Obrador: con la deuda pública alrededor de 13 % más profunda que como la recibió (43.6 % del PIB en 2018 versus 49.3 % del PIB en 2024) y con una gran parte del gasto programable ya apalabrado.

Lo que a final de cuentas va a definir lo que pase con nuestra economía —o sea, ¡nuestra economía familiar!— el próximo año tiene mucho que ver con lo que suceda en la relación con Estados Unidos. Ya sé, es otra cosa que siempre se dice, pero una vez más, ahora sí va en serio. Arrastramos un déficit en la balanza comercial que de a poco se ha ido contrayendo, lo que, aunado al crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, es una muy buena oportunidad para fortalecer la economía mexicana por el lado de gasto, pero que se desplomaría obviamente si hay aranceles a nuestras exportaciones. No por nada la presidenta Sheinbaum se apresuró a reunirse con Larry Fink, el CEO de BlackRock, la famosa administradora de fondos que es tema de algunas teorías de la conspiración pero que, de hecho, es la principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Eso es lo que se llama prepararse para el peor escenario, aunque este sea improbable, pues la renegociación del T-MEC es hasta el 2026.

Si todo sale bien, cosa que no depende enteramente del pequeño Estado mexicano, la vida en 2025 será como en 2024: austera pero estable, como una estepa. Las gestiones del gobierno federal apuntan a que se está haciendo todo lo que se puede hacer sin comprometer el largo plazo, lo que es un buen manejo. Sin embargo, si todo sale mal, el Estado mexicano no podrá regar la economía con dinero de forma responsable, lo que ocasionaría la reducción en cadena de la demanda de muchas cosas. Si bien no sería catastrófico, sí se resentiría en el consumo semanal y en la calidad de los servicios públicos. Cosas caras, servicios saturados y funcionarios exhaustos: crees que lo has visto todo, pero se puede poner desértico. En resumen, es recomendable que, de aquí a marzo de 2025, ejerzamos discreción en los gastos en la medida de lo posible. Lo más probable es que estaremos bien en términos económicos, pero es buen momento para ser prudentes. EP

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