Dentro de la memoria colectiva del México contemporáneo, el discurso presidencial del primero de septiembre de 1982 marcó un hito. La lectura del último informe de José López Portillo en el Congreso estuvo acompañada de un burdo toque de dramatismo cuando, frente a la cúpula de su partido y delante de los principales representantes de distintos sectores de la sociedad, el presidente anunció la expropiación de los bancos privados del país. En medio de un aplauso generalizado, el presidente culminó su mensaje con las ya célebres frases: “Ya nos saquearon. México no está acabado, ¡no nos volverán a saquear!”. 

¿Por qué se tomó dicha decisión? En estos cuarenta años se han escrito ríos de tinta con análisis de toda índole sobre los factores que instaron al presidente a tomar una medida tan drástica, incluyendo los políticos, económicos e ideológicos.¹ Aun así, como suele ocurrir con los grandes eventos históricos, el tiempo nos permite estudiarlos y analizarlos una y otra vez, compararlos y reinterpretarlos. En estas breves líneas me gustaría rescatar un aspecto sobre el cual se ha discutido en menor medida, y es la relación entre la expectativa y la realidad; ese abismo fraguado hacia finales del sexenio de López Portillo entre la aspiración y el resultado; entre el paraíso al que el mismo gobierno anhelaba en lo social y económico y la magnitud de la crisis a la que tuvo que enfrentarse. Esa divergencia que motiva a los gobernantes a buscar soluciones a la desesperada, sin mucha meditación y cuyos resultados pueden ser muy costosos a mediano plazo. Aunque la mayor parte de los economistas hayan atribuido en buena medida a la política económica como la gran causante de la crisis, en el momento de su estallido se enfatizó que la situación no era responsabilidad del gobierno. “Soy responsable del timón, pero no de la tormenta,” había proclamado el presidente. El discurso sirvió para exponer a los banqueros como el enemigo del pueblo, aquellos cuyo comportamiento oligopólico y rapaz había contribuido a la fuerte crisis que azotaba al país y que habían propiciado el colapso del peso. El pueblo exigía un chivo expiatorio, y el presidente se lo otorgaba. La prensa nacional aplaudió en su gran mayoría la decisión presidencial —no así la prensa extranjera— y auguraba un nuevo capítulo en donde el sector financiero por fin contribuiría al desarrollo del país y al incremento del crédito que tanta falta hacía entre los distintos sectores de la economía. 

El derrumbe del sueño fue intenso y doloroso. Lo que siguió a la crisis fueron diez años de nulo crecimiento económico acompañados de muchos claroscuros en el sector financiero. La disparidad entre lo que el gobierno prometió a inicios del sexenio —y que llegó a estar al porte de su mano— y lo que devino de la realidad económica del país puede ilustrarse con un breve recuento de los principales objetivos planteados en el Plan Global de Desarrollo de 1980-1982 elaborado después de los difíciles inicios del sexenio. En 1976 tuvo lugar una severa crisis económica, que trajo consigo una caída en la tasa de crecimiento, acompañada de una cuantiosa fuga de capitales y de la primera devaluación del peso desde 1954. No obstante, vino después un periodo de recuperación económica, alimentado en buena medida por la bonanza del sector petrolero, reflejado en los incrementos continuos de la producción petrolera y de sus precios. Para 1980, la confianza en el futuro era tal que el Plan Global de Desarrollo se fijaba cuatro objetivos sumamente ambiciosos: 1) reafirmar y fortalecer la independencia de México (incluyendo en lo económico); 2) proveer a la población empleo y mínimos de bienestar 3) promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente y 4) mejorar la distribución del ingreso. 

El Plan no solo contenía un conjunto de buenas intenciones. Muchos de estos objetivos vinieron acompañados por cifras concretas, incluyendo las tasas de crecimiento económico que debían alcanzarse (fijadas en por lo menos 8% anual promedio), las correspondientes para las exportaciones (con un incremento de 14.4% anual promedio), y un nivel máximo bajo el cual debía mantenerse el déficit en cuenta corriente (de menos de 1% como proporción del PIB). Otros indicadores como el consumo per cápita, la inversión pública, la generación de empleo y el crecimiento de producción a nivel sectorial también contaban con metas específicas. El Plan cerraba con una comparación internacional a la que México podría aspirar de lograr las metas planteadas. Para el año 2000, México debía haber alcanzado un PIB per cápita diez veces menor al estadounidense (en 1978 era 23 veces mayor) y un 20% mayor al de España (que en 1978 era 50% mayor).  

En un inicio, algunos indicadores se ubicaron a niveles muy cercanos a los trazados por el Plan de Desarrollo. Hasta 1981, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto real durante el sexenio fue de casi 7%, con un valor máximo de más de 9% en 1979.² También hubo un incremento importante en las exportaciones, con un aumento promedio anual de 40% entre 1979 y 1981 medido en dólares corrientes, mientras que las tasas de crecimiento del volumen de dichas exportaciones se incrementó en un promedio de 20% anual entre 1979 y 1981.³ No obstante, los salarios reales —piedra angular para mejorar la distribución del ingreso— se mantuvieron estancados en todo el sexenio (con una caída de alrededor de 4% en 1980), en parte debido a la inflación galopante que acompañó buena parte del sexenio. Los déficits en cuenta corriente también se mantuvieron en niveles muy elevados (con un máximo de 6.4% en 1981), además del elevado déficit fiscal y el aumento del endeudamiento, que debía mantenerse en niveles moderados según el mismo Plan de Desarrollo.  

Es verdad que el entorno externo dejó de ser favorable para los planes gubernamentales desde mediados de 1981, año que fungió como un parteaguas para el ciclo económico ascendente del país y que terminaría por evidenciar los serios desequilibrios macroeconómicos. La caída del precio del petróleo vino acompañada de una disminución de la demanda de exportaciones mexicanas. Por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos había comenzado a implementar una política monetaria restrictiva para hacer frente a la inflación. El consecuente incremento en las tasas de interés internacionales tuvo un impacto directo sobre el costo del servicio de la deuda y un aumento en la aversión al riesgo por parte de los acreedores internacionales. De hecho, para entonces algunos países en Europa del Este ya habían evidenciado dificultades para mantener el servicio de su deuda pública, mientras que en América Latina la guerra de las Malvinas en abril aumentó el nerviosismo de la banca internacional ante una posibilidad cada vez menos remota de una ola de impagos en la región. 

Una primera devaluación del peso en febrero de 1982 materializó los peores temores presidenciales. “Un presidente que devalúa, se devalúa,” había declarado José López Portillo. Para agosto del mismo año, el anuncio de una moratoria sobre la deuda externa dio una estocada mortal al otrora milagro mexicano. Paulatinamente, se fue desbaratando la aspiración del presidente y con ella, su huella en la historia. Este declive paralelo entre la economía y su reputación —al menos como él mismo la concebía— no fue fortuito, y tuvo un peso sobre las últimas decisiones de su sexenio. ¿Habría expropiado la banca en un escenario alternativo sin crisis? Muy probablemente no.⁴ Pero la pregunta debería ir más allá de un ejercicio contrafactual. Después de todo, la expropiación pudo haberse producido en 1976, durante la crisis monetaria con la que comenzó su sexenio y cuando el presidente contaba con mucho más capital político. De hecho, una expropiación en ese momento habría coincidido con el auge de expropiaciones que surgió a nivel mundial en los años 1970 y que precedió las crisis de deuda de los ochenta.⁵ Por el contrario, México devino un caso particular en cuanto a que experimentó una expropiación y al mismo tiempo una crisis de deuda en un mismo año.

Una expropiación al inicio del sexenio habría generado costos políticos inmensos para el resto del mandato y habría afectado la reputación presidencial entre inversionistas y el sector privado, algo que se consideraba necesario para la recuperación económica del país después de la crisis de 1976. Hoy sabemos que la decisión presidencial no fue una simple pataleta. Existen indicios que sugieren que la posibilidad de expropiación de la banca comenzó a surgir ya a inicios de los setenta.⁶ Dentro del gabinete económico existieron distintas posturas sobre el tipo de política económica que necesitaba el país, y entre algunos economistas se favoreció el incremento de la presencia del estado en la economía, y en particular sobre el sector financiero. Aunque la expropiación comenzó a tomar forma a partir de marzo de 1982, su temporalidad no fue casual.⁷ Si bien el mismo presidente reiteró que se trataba de un acto de fuerza institucional, la evidencia empírica sugiere que frecuentemente, las expropiaciones llegan en momentos de desesperación económica, principalmente durante periodos de recesión, cuando se tiene mucho que ganar con los activos —y en este caso, la utilidad— de lo que se expropia.⁸ 

Una expropiación siempre conlleva costos, comenzando por la ruptura con los grupos expropiados, pero también sobre la reputación del gobierno relacionada con el valor que le otorga a su relación con inversionistas en otros sectores. De hecho, puede haber casos en los que un gobierno otorga efectivamente un valor muy bajo a esa reputación, lo cual puede generar caídas en la inversión privada. Pero los costos generados por una expropiación para la reputación de un presidente son marginales cuando la reputación ya está dañada entre otros grupos, como en 1982, entre las bases sobre las cuales el presidente basaba su prestigio y legitimidad, aquellas que habían creído en la gestión de la abundancia. Es el peso de las esperanzas que se derrumba, y con él la reputación de sus gobernantes. En esos momentos, las decisiones de gobierno se vuelven menos previsibles, más drásticas, y hasta cierta medida menos meditadas en cuanto a su alcance y efectos de mediano plazo. También es en esos momentos cuando  la existencia de un marco institucional capaz de acotar decisiones unilaterales deviene imprescindible. EP

1. Véase Elizondo Mayer-Serra, “La Expropiación Bancaria Veinte Años Después,” in Cuando El Estado Se Hizo Banquero: Consecuencias de La Nacionalización Bancaria En México (México, Ciudad de México: El Trimestre Económico, 2005). [↩]
2. Cifras con base en las estadísticas históricas del INEGI, Producto interno bruto total y por gran división de actividad económica, millones de pesos a precios de 1970. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Estadísticas históricas de México (México: El Instituto, 2015). [↩]
3. Cifra con base en los datos publicados en el cuadro 11 de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Estudio económico de América Latina y el Caribe 1984, Estudio económico de América Latina y el Caribe, Estudio económico de América Latina y el Caribe anexo estadístico, versión electrónica (Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile : Comisión Económica para América Latina y el Caribe-, 1986), 435. [↩]
4. Eduardo Turrent Díaz, “La estatización bancaria en México. Una interpretación desde la perspectiva del pensamiento económico,” América Latina en la Historia Económica 18 (January 1, 2011): 155–82. [↩]
5. Michael Tomz and Mark L. J. Wright, “Sovereign Theft: Theory and Evidence about Sovereign Default and Expropriation,” in The Natural Resources Trap, by William Hogan and Federico Sturzenegger (The MIT Press, 2010). [↩]
6. Véase Gustavo A. del Angel, Carlos Bazdresch Parada, and Francisco Suárez Dávila, Cuando el Estado se hizo banquero: consecuencias de la nacionalización bancaria en México, 1. ed., Trimestre económico. Lecturas 96 (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005), 18. El partido comunista tenía en su programa la nacionalización de la banca. [↩]
7. Carlos Tello, La nacionalización de la banca en México, 1a edición., Economía y demografía (México: Siglo Veintiuno Editores, 1984). [↩]
8. Harold L. Cole and William B. English, “Expropriation and Direct Investment,” Journal of International Economics 30, no. 3 (May 1, 1991): 201–27. [↩]

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