Hoy, el sistema de partidos mexicano vive una paradoja: mientras Morena consolida un predominio que roza la hegemonía, las instituciones encargadas de garantizar un juego limpio se debilitan y un conjunto de nuevas organizaciones intenta convertirse en partidos sin tener claro qué es lo que realmente le está pidiendo la ciudadanía. En este contexto, levantar una encuesta nacional con valor estadístico no es un lujo metodológico, sino un intento deliberado por bajar la discusión sobre democracia, reforma electoral y nuevos partidos al terreno concreto de las percepciones y prioridades sociales.

Durante décadas, México fue el laboratorio de un régimen hegemónico que aprendió a abrirse sin dejar de controlar. La reforma de 1963, con la introducción de diputados de minoría, y la reforma política de 1977, que reconoció a los partidos como entidades de interés público e incorporó a oposiciones antes semiclandestinas, formaron parte de una estrategia de apertura controlada: se ampliaban las válvulas de inclusión, pero se preservaba el centro del poder.

En ese escenario, la resiliencia del PAN fue decisiva. Se trató de una oposición minoritaria pero persistente que, a lo largo de décadas, insistió en la vía electoral, conquistó gobiernos locales y obligó al régimen a tolerar espacios de competencia real. El parteaguas de 1988, con el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, mostró hasta dónde podía llegar la inconformidad cuando la apertura resultaba insuficiente: crisis de legitimidad, acusaciones de fraude y el nacimiento del PRD como expresión orgánica de una izquierda que decidió disputar el poder desde la arena electoral.

La creación del IFE en 1990 y su posterior ciudadanización, a mediados de los años noventa, completaron el cuadro. Por primera vez se intentó separar al Ejecutivo de la organización de las elecciones y se dotó al sistema de un árbitro con autonomía relativa, mientras las reglas de representación proporcional ampliaban la presencia de minorías en el Congreso. A finales de los noventa y principios de los años dos mil, México parecía haber transitado hacia un pluralismo competitivo: alternancia presidencial, gobiernos estatales diversificados y tres grandes fuerzas nacionales —PRI, PAN y PRD— disputando el poder bajo un diseño institucional que, con todos sus defectos, ofrecía mayor certeza a la competencia electoral.

El ascenso de Morena reconfiguró ese equilibrio. En pocos años, el partido pasó de ser una escisión de la izquierda a convertirse en la fuerza predominante del sistema, combinando liderazgo presidencial, una narrativa de representación moral del “pueblo” y el uso intensivo de programas sociales. Al mismo tiempo, el prestigio del INE (antes IFE) y del Tribunal Electoral se erosionó mediante recortes presupuestales, reformas legales y discursos sistemáticos de deslegitimación, mientras el bloque gobernante se expandía con aliados estructurales como el PVEM y el PT. El resultado es un sistema en el que la pluralidad formal convive con una asimetría real de poder cada vez más marcada.

En este contexto, se realizó una encuesta nacional con representatividad estadística para entender qué tipo de partido de nueva creación podría tener un espacio real en el México de la 4T. El objetivo no fue confirmar intuiciones, sino someterlas a prueba: identificar qué condiciona el ánimo, la actitud y las opiniones de los encuestados frente al gobierno, las oposiciones y la eventual aparición de nuevas fuerzas partidistas.

Los resultados dibujan un mandato claro. Ante la pregunta de cómo debería posicionarse un nuevo partido frente a la presidenta y la 4T, una mayoría significativa prefiere un perfil propositivo: más de la mitad opta por una fuerza política que dialogue y construya, mientras solo una proporción menor la quiere abiertamente crítica de manera permanente. Cuando se plantea la disyuntiva entre neutralidad y confrontación abierta, alrededor de siete de cada diez encuestados se inclinan por un partido neutral frente a la 4T, y solo una minoría lo prefiere “abiertamente contrario”. Dicho de otro modo, hay poco apetito por un partido cuya identidad principal sea el antiobradorismo: quien se define solo por oponerse a la 4T renuncia, de entrada, a una parte significativa de la cancha electoral.

La encuesta también muestra que el atributo número uno para confiar en un liderazgo político es la honestidad. Cerca de seis de cada diez entrevistados la mencionan como la característica principal, muy por encima de la experiencia, el carisma o el compromiso social. Este patrón se mantiene en casi todos los grupos de edad y entre simpatizantes de prácticamente todos los partidos, incluidos quienes no se identifican con ninguno. En términos de comunicación política, “honestidad” no remite a una auditoría moral abstracta, sino a una percepción comparativa: si el político va a robar o no, si utilizará el cargo para enriquecerse o para cumplir con su función. Esa percepción se construye a partir de señales concretas: una biografía conocida, un estilo de vida proporcional al ingreso, la ausencia de escándalos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y la manera de gestionar conflictos y críticas.

En cuanto a la agenda, el tema prioritario para un nuevo partido es el combate a la corrupción, seguido por el crimen organizado y la seguridad pública. Asuntos como salarios, empleo, salud y educación son muy relevantes, pero aparecen después. “Mejorar los programas sociales” no figura como la primera demanda, lo que sugiere que la ciudadanía no rechaza el Estado social, pero exige, antes que nada, que quienes gobiernan no roben, no pacten con el crimen y sean capaces de imponer orden.

Al cruzar estos datos con la percepción general sobre el rumbo del país, el cuadro se vuelve más nítido. Una mayoría creciente considera que México no avanza: entre quienes perciben al país estancado o en retroceso, el porcentaje se acerca a siete de cada diez personas. Este ánimo no se explica únicamente por la violencia. La inseguridad sigue siendo alta, pero ha dejado de monopolizar la agenda mental de la ciudadanía, porque otros problemas —economía, ingresos, servicios, corrupción y funcionamiento de los programas públicos— han ganado prioridad.

Esta sensación subjetiva de estancamiento está respaldada por los datos económicos oficiales. Cifras recientes muestran una economía prácticamente detenida: variaciones trimestrales débiles del PIB, caídas en sectores industriales clave y un crecimiento acumulado tan bajo que, en los hechos, se traduce en estancamiento, con impacto directo en el empleo, los ingresos y las expectativas de futuro. No se trata solo de una crisis de percepción, sino de la combinación entre violencia persistente, estancamiento económico medible y uso político del gasto social: un escenario en el que la vida cotidiana no mejora y el futuro se percibe bloqueado.

En este contexto, la oposición enfrenta un reto estratégico evidente: no basta con insistir en la inseguridad como bandera única. La tarea consiste en articular seguridad, economía y futuro en un mismo relato y hablarle a la mayoría que siente que “el país ya no avanza”, al tiempo que se reconoce y canaliza el hartazgo de quienes se movilizan por los desaparecidos, los asesinatos y la impunidad. En términos de opinión pública, hoy coexisten dos países superpuestos: uno que piensa principalmente en el ingreso y la sobrevivencia diaria, y otro —más joven, urbano e informado— dispuesto a salir a la calle por la violencia y la violación de derechos.

Sobre este mandato ciudadano aterrizan las organizaciones que buscan convertirse en partidos nacionales. De alrededor de sesenta proyectos en proceso de constitución, tres concentran buena parte de las probabilidades reales de obtener el registro: Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), México Tiene Vida y Somos México. Al cierre de edición, el INE reporta afiliaciones preliminares que superan el umbral legal para estas tres organizaciones, pero el registro aún está sujeto a validación, depuración de padrones y resolución final de la autoridad electoral.

Mucho se ha dicho que, aun cumpliendo los requisitos formales, a algunas organizaciones se les podría negar el registro. En la lógica de un régimen democrático, esto sería un contrasentido: si el sistema reconoce a los partidos como entidades de interés público, cerrar de manera discrecional la puerta a quienes cumplen la ley implicaría una regresión clara en términos de apertura política. Al mismo tiempo, la discusión sobre la reducción de prerrogativas —particularmente para fuerzas de nuevo registro— coloca su primera participación electoral en una situación todavía más compleja: están obligadas a competir sin coaliciones y con menos recursos para construir una presencia mínima en el territorio.

CSP acumula un número elevado de asambleas y más de doscientos mil afiliados. Está encabezada por quien ya impulsó partidos como Encuentro Social y Encuentro Solidario, proyectos que funcionaron como aliados satélites del poder lopezobradorista y que terminaron perdiendo el registro nacional. Si CSP decide orientarse a la órbita del partido predominante —reeditando la lógica satelital de sus antecesores— reforzará el bloque gobernante más que construir una voz autónoma de la ciudadanía. A la luz de la encuesta, ese camino iría en sentido contrario al mandato de un electorado que pide partidos capaces de cooperar cuando convenga al interés público, pero también de decir que no cuando las reglas o los resultados se deterioran.

México Tiene Vida, con una base relevante de afiliados, se define como un proyecto ultraconservador y provida, centrado en la recuperación de valores éticos y morales, con la familia como columna vertebral. Su reto estratégico consiste en traducir una agenda moral específica en una plataforma que conecte con las prioridades que revelan los datos: corrupción, seguridad, crimen organizado, salarios, empleo, salud y educación. Si permanece como una identidad de nicho, difícilmente podrá convertirse en opción mayoritaria; si logra vincular sus postulados de valores con la exigencia concreta de un Estado que funcione y no robe, podría ganar relevancia en ciertos segmentos. Para ello, tendrá que asumir que hoy las preocupaciones materiales son tan apremiantes como las culturales.

Somos México busca traducir la llamada “marea rosa” en partido político. Su discurso reivindica a “mexicanas y mexicanos sin etiquetas”, críticos de las estructuras que concentran el poder, y se articula en torno a la defensa del INE frente a las reformas impulsadas por el obradorismo. En los hechos, funciona como un vehículo de grupos opositores a la 4T, con el riesgo de definirse principalmente por una identidad antihegemónica. El problema, a la luz de la encuesta, es claro: un partido cuyo eje central sea “estar en contra” de la 4T se enfrenta a un país identitariamente polarizado y a un electorado donde siete de cada diez personas prefieren un nuevo partido neutral antes que abiertamente contrario.

Las tres organizaciones enfrentan, así, un desafío común: demostrar que pueden representar y organizar las prioridades de una ciudadanía que exige honestidad, combate a la corrupción, seguridad y soluciones concretas, no solo lealtades satelitales, cruzadas morales o épicas anti-4T. Hasta ahora, su diseño y su discurso parecen responder más a incentivos de nicho y a la lógica interna del sistema político que a lo que los datos ponen sobre la mesa.

Mientras estos proyectos intentan nacer, el campo de juego se mueve. La reforma electoral presentada desde el gobierno representa un esfuerzo para abaratar la democracia y hacer más eficiente el sistema; sin embargo, leída en clave histórica, apunta en sentido contrario a la trayectoria de apertura que comenzó en los años sesenta y se consolidó con el IFE en los noventa. Si bien, se trata todavía de una iniciativa en disputa, cuya aprobación depende de mayorías calificadas y de negociaciones políticas que no están garantizadas.

En materia de representación legislativa, las propuestas incluyen reducir el número de diputadas y diputados o modificar la proporción entre mayoría relativa y representación proporcional, así como podría eliminar los escaños plurinominales en el Senado. En términos prácticos, estas medidas podrían reducir los espacios de ingreso de fuerzas minoritarias y debilitar el componente que, durante décadas, permitió que nuevas corrientes y partidos emergentes tuvieran voz en el Congreso. Se trata de un movimiento en sentido contrario a las reformas orientadas a abrir la competencia: hoy, justo cuando un partido predominante se fortalece, se plantea recortar los márgenes de representación para otras voces.

En financiamiento, la reducción de recursos para autoridades electorales y partidos, así como la idea de concentrar el financiamiento público únicamente en épocas de campaña, puede parecer razonable desde la lógica de la austeridad. Sin embargo, en contextos de predominio oficialista tiende a profundizar las asimetrías. El partido en el gobierno cuenta de facto con presencia territorial continua a través del Estado; los partidos que dependen solo de recursos de campaña corren el riesgo de enfrentar un terreno todavía más desigual, donde la organización permanente se vuelve privilegio de quien ya gobierna. Para las fuerzas nuevas, el recorte de prerrogativas implica iniciar su vida política en clara desventaja: sin estructura previa, sin posibilidad de coaligarse en su primera elección y con menos recursos para darse a conocer, su curva de aprendizaje se vuelve casi insalvable.

En el plano institucional, mantener en la Constitución la autonomía del INE mientras se reduce su tamaño y se conserva un método de designación dependiente de mayorías legislativas abre la puerta a capturas de facto. La letra puede seguir hablando de independencia, pero la composición del órgano tendería a alinearse con el partido que domina el Congreso. Asimismo, mover la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia puede transformar un mecanismo de control ciudadano en un instrumento de movilización a favor de la fuerza en el poder en un momento de desgaste, más cercano a un plebiscito de ratificación que a una auténtica herramienta de rendición de cuentas.

La experiencia comparada muestra que las democracias rara vez mueren de un solo golpe; suelen erosionarse gradualmente mediante cambios legales que, pieza a pieza, concentran poder, debilitan contrapesos y estrechan la representación. México no es una excepción: recortar la representación proporcional, reducir las capacidades del árbitro electoral, alterar el calendario de consultas y mantener mecanismos de designación sesgados son pasos que, en conjunto, empujan al régimen hacia una hegemonía más robusta y menos vigilada.

El bloque gobernante, además, no se reduce a Morena. El PVEM y el PT han funcionado como aliados estructurales, ampliando su capacidad legislativa y ofreciendo vehículos adicionales para candidaturas y acuerdos territoriales. Del otro lado, PAN y PRI han optado por una oposición más confrontacional, particularmente en temas que consideran lesivos para el Estado de derecho, mientras que Movimiento Ciudadano ha seguido una estrategia de acompañamiento selectivo al gobierno en determinadas reformas.

La encuesta ayuda a entender por qué esa combinación produce resultados tan dispares en la opinión pública. Morena capitaliza los programas sociales y la narrativa de transformación, pero enfrenta a un electorado cuya prioridad ya no es solo que “sigan los apoyos”, sino que se contenga la corrupción y se recupere el control frente al crimen organizado. PAN y PRI pagan el costo de un perfil centrado en el pleito permanente, poco atractivo para una ciudadanía que, sin dejar de estar polarizada, quiere ver soluciones antes que berrinches. Movimiento Ciudadano se beneficia de una imagen de menor polarización y de cierto aire de renovación, convertido en segunda opción de voto para segmentos relevantes, aunque su acompañamiento legislativo en reformas clave ha contribuido también a la consolidación del predominio de Morena.

Si se observa no solo la opinión pública, sino la conducta institucional, la frontera entre oficialismo y oposición ha sido más porosa de lo que sugiere el discurso. La literatura sobre erosión democrática muestra que, cuando un partido predominante impulsa cambios que concentran poder, el papel decisivo no lo juegan únicamente sus votos, sino también las oposiciones que terminan acompañando reformas clave, ya sea por cálculo, presión o fragmentación. Varias modificaciones de alto impacto institucional han salido adelante no solo por la disciplina del bloque gobernante, sino por apoyos puntuales de fuerzas que formalmente se presentan como alternativas. Este patrón vuelve a esas oposiciones corresponsables de un proceso de captura gradual del Estado que contrasta con su narrativa de defensa irrestricta del Estado de derecho.

Desde una perspectiva estratégica, este diagnóstico interpela tanto a Morena como a las oposiciones. Para Morena, los datos de la encuesta recuerdan que el predominio actual no equivale a un cheque en blanco: la ciudadanía coloca en primer plano la honestidad, el combate a la corrupción y la seguridad, y esa exigencia alcanza también al partido en el gobierno y a su proyecto de reforma institucional. Para PAN, PRI, MC y los nuevos proyectos, el mensaje es claro: no basta con declararse contrapeso. Sus decisiones concretas de voto y acompañamiento legislativo pueden acercarlos o alejarlos de los estándares que la literatura comparada identifica como salvaguardas democráticas mínimas. Quien logre alinear su conducta parlamentaria, su diseño organizacional y su narrativa pública con el mandato que revelan los datos —menos cálculo de corto plazo, más protección de reglas y resultados tangibles en corrupción y seguridad— estará mejor posicionado para disputar el futuro de la democracia mexicana.

En este panorama, los partidos de nueva creación no llegan a una cancha vacía, sino a un sistema saturado de identidades consolidadas y desconfianzas profundas. Morena es el partido predominante asociado a la 4T; PAN y PRI cargan con la imagen de oposiciones confrontacionales y poco eficaces; MC aparece como opción emergente con ventajas simbólicas, pero también como actor que ha permitido avances institucionales del oficialismo; y PVEM y PT operan como socios estructurales del bloque gobernante.

Si los nuevos proyectos se limitan a replicar estos roles —satelitarse a Morena, refugiarse en nichos morales, copiar la oposición estridente de PAN y PRI o apostar todo a la épica ciudadana de la “marea rosa”— difícilmente podrán aprovechar el mandato que los datos dejan ver. La encuesta sugiere otra ruta: una fuerza política capaz de dialogar con el Estado social sin subordinarse al partido en el poder; de colocarse con claridad del lado del combate a la corrupción y la inseguridad; y de diseñar reglas internas y liderazgos que hagan creíble la promesa de honestidad. No es un camino sencillo, pero es el único que conecta, al mismo tiempo, con las lecciones históricas del sistema de partidos y con el ánimo presente de una ciudadanía que ya no se conforma con elegir entre la hegemonía y el berrinche.

En la práctica del diseño de campañas y de la construcción de ofertas partidistas, este tipo de encuestas no se levantan para adornar discursos, sino para corregir intuiciones. El levantamiento nacional en el que se apoya este análisis permite ver con cierta crudeza dónde existe un espacio real para una nueva fuerza y dónde solo hay deseos de élites por reciclar proyectos o siglas. Lo que está en juego no es únicamente el nacimiento de nuevos partidos, sino la capacidad de traducir datos en estrategia y estrategia en organización: quienes logren hacerlo podrán disputar de verdad el futuro del régimen; quienes se queden en la épica tribal seguirán hablando, sobre todo, consigo mismos. EP

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