Isidro H. Cisneros escribe sobre la construcción ideológica y cultural del “enemigo”, y sobre el empleo de la violencia política como mecanismo de su neutralización y eliminación.
Texto de Isidro H. Cisneros 14/01/26
Isidro H. Cisneros escribe sobre la construcción ideológica y cultural del “enemigo”, y sobre el empleo de la violencia política como mecanismo de su neutralización y eliminación.
“El adversario de la lucha, quienquiera que sea
—un hombre, un ángel, un demonio o Dios—
no pertenece a la esfera pública,
sino a aquella que es privada y personal”
Roberto Esposito1
La modernidad política se constituye en torno a la figura del enemigo, pero esa figura se ha transformado continuamente. En la Antigüedad el enemigo prototípico era un enemigo externo a la comunidad, claramente identificable, aunque existía cierta simetría en las posiciones que ocupaban unos y otros; este enemigo permitía, incluso, una forma de reconocimiento mutuo. Por el contrario, el enemigo moderno ya no es sólo externo, sino también interno, y puede ser representado por el rebelde o el disidente. Es un enemigo que amenaza la unidad del cuerpo político y que justifica la existencia de un Estado fuerte y de excepción. Con las ideologías modernas, el enemigo ya no es un adversario político normal, sino que representa un mal absoluto que puede transformarse en algo inhumano.2 Cuando el enemigo se vuelve inhumano, surge el genocidio, la guerra total, los campos de concentración y la depuración ideológica.
El enemigo puede ser concebido como un instrumento de violencia fabricado para legitimar el daño y la muerte, como una representación histórica que se construye en la lucha política y como un hecho ontológico e inevitable. A estas concepciones corresponden también diferentes tipos de violencia: estructural y administrativa, discursiva y simbólica, además de la violencia extrema como una decisión soberana representada por la guerra como extensión de la política.3 El enemigo es aquel actor que es construido como ilegítimo para el diálogo y la coexistencia, y cuya eliminación, exclusión o neutralización se considera necesaria para preservar el orden. Además, en cuanto enemigo, se le niega la legitimidad de participar en la contienda pública a través de la deslegitimación política. Esta deslegitimación se proyecta como una actitud de confrontación, contestación y rechazo radical respecto de la legitimidad de un actor que es definido como incompatible con el mundo común. Frecuentemente, los adversarios políticos son objeto de campañas de deslegitimación.
En la política contemporánea con partidos de masas, elecciones periódicas y medios de comunicación masivos, la deslegitimación se vuelve más visible porque la competencia política adopta formas masivas y simbólicas.4 Un adversario deja de ser simplemente un oponente legal para convertirse en un oponente ilegítimo, privado del derecho a competir. Cuando la deslegitimación se extiende, puede socavar la estabilidad democrática, degradar la calidad del debate público y transformar la política en una guerra simbólica. Este fenómeno se presenta a nivel global compartiendo mecanismos comunes y singularidades nacionales. 5 La deslegitimación política del adversario es un proceso mediante el cual se niega, cuestiona o destruye la legitimidad moral, simbólica o política de un actor, grupo o institución para participar en la vida pública. No implica necesariamente su eliminación legal, pero sí su exclusión del espacio del reconocimiento político y del juego democrático.
La deslegitimación política es un acto discursivo, simbólico e institucional mediante el cual un partido, movimiento, líder, grupo social es presentado como ajeno, extraño o contrario al orden legítimo, ya sea por razones morales, ideológicas, patrióticas, religiosas o culturales. La deslegitimación política representa un proceso de negación del reconocimiento recíproco que sustenta la competencia democrática y que consiste en privar a un actor político de su condición de interlocutor válido, tratándolo como enemigo, amenaza o impostor.6 El sujeto activo es quien deslegitima y puede ser el partido gobernante, los medios de comunicación, los líderes o las instituciones. El objeto de la acción deslegitimadora son los actores disidentes, los partidos opositores, las minorías, así como algunos movimientos sociales contestatarios.
En la teoría social clásica, especialmente con Max Weber, la legitimidad aparece como la base del poder político.7 Se consideraba que un poder es legítimo cuando es reconocido como válido por quienes lo obedecen. Por lo tanto, la deslegitimación política representa el proceso contrario: retirar ese reconocimiento. Esto no siempre equivale a la ilegalidad. Un actor puede ser legal pero ilegítimo, es decir, tener derecho formal a existir, pero carecer de aceptación moral o simbólica. Distintos estudiosos de la política han subrayado que la democracia sólo existe cuando hay reconocimiento del adversario. Entre éstos, por ejemplo, Hannah Arendt, quien sostiene que, cuando el adversario es tratado como enemigo absoluto, se destruye el espacio público del diálogo y la acción;8 Giovanni Sartori, quien considera que el pluralismo se basa en la aceptación del adversario como legitimo competidor;9 o Claude Lefort, quien señala que la democracia se define por el “vacío del lugar del poder” donde nadie posee la verdad definitiva y todos deben aceptar la incertidumbre del conflicto.10
El mal político se ha construido históricamente como una práctica de violencia. No es un fenómeno natural o espontáneo —una especie de instinto primitivo—, sino el resultado de decisiones políticas conscientes, planificadas, vinculadas al poder y la dominación.11 En este sentido, la violencia no es entendida como una aberración accidental, sino como una herramienta política y un dispositivo que define quién merece vivir y quién puede ser perseguido, torturado o eliminado, proyectando una imagen concreta del enemigo. La política en su vertiente criminal transforma cuerpos y vidas en objetos. A través del ejercicio de la violencia política, se asignan valores a la vida y a la muerte, estableciendo quién puede vivir y quién debe morir. De ahí que Achille Mbembe sostenga que la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y la vida como manifestación del poder.12 Aquí el enemigo ya no es adversario político, ni siquiera enemigo ideológico, sino que es vida descartable.
La figura del enemigo no es sólo del adversario político, sino de un otro deshumanizado, cuyo cuerpo puede ser sometido a castigo, desaparición o muerte. Esta “construcción social del enemigo” legitima la violencia extrema como medio de control político. La violencia política no es la expresión de un instinto natural universal, sino el resultado de construcciones históricas, sociales y políticas, así como de decisiones deliberadas.13 La violencia sistemática requiere organizaciones, estructuras de poder y marcos ideológicos. No es una explosión espontánea, sino un proyecto de dominación. Regímenes autoritarios, guerras y estados represivos han usado históricamente la violencia para imponer orden, eliminar disidencias y perpetuar su poder.14 El mal político es estructural, institucional y colectivo. Ciertos discursos pueden legitimar la violencia y la deshumanización del otro. Para sobrevivir, el enemigo puede volverse condicional a su sumisión o erradicación. La política produce un tipo de violencia que, lejos de ser un residuo irracional, es un instrumento estructurado del poder.
El mal político puede ser definido como una práctica de dominación, una técnica de gobierno o un sistema de clasificación y deshumanización. La violencia no es natural; por el contrario, es organizada, institucional y administrativa. El enemigo no existe “en la naturaleza”, pues es una categoría fabricada a través de la estigmatización, las narrativas de amenaza y la deshumanización simbólica.15 Como resultado, el enemigo es excluido del marco legal y moral. El enemigo representa un dispositivo funcional que permite legitimar medidas excepcionales y violencia extraordinaria. Existen distintos tipos de violencia política estatal: la violencia punitiva, la violencia disciplinaria, la violencia asociada a la seguridad, la violencia bélica y la violencia exterminadora.
La violencia política opera como un lenguaje del poder: produce un “mapa del cuerpo social” que permite decidir quién puede ser detenido, golpeado o eliminado. Un dato importante es que la política del mal se ejerce sobre el cuerpo por medio de la cárcel, la desaparición, el castigo público, el confinamiento, la tortura y la muerte. La violencia no es un accidente del Estado: es uno de sus instrumentos constitutivos. De aquí que muchas teorías se dirijan contra su existencia.16 El Estado crea zonas de excepción y espacios donde el derecho se suspende.
El mal político llega a su culminación cuando el enemigo es definido como inhumano y se elimina cualquier límite moral, jurídico o simbólico en su contra. La violencia ya no es reactiva, sino proactiva. Ella se planifica, se diseña y se administra. El mal político se vuelve un programa por medio de la organización del espacio, la administración de poblaciones y la ingeniería social.17 Todo aparato de violencia necesita narrativas que lo legitimen; de la misma manera, la burocratización del daño hace posible la escalada hacia crímenes extremos como el genocidio, la limpieza étnica, las desapariciones y las desapariciones forzadas.
Carl Schmitt afirma que lo específicamente político no se define por el Estado, la moral o el derecho, sino por la distinción existencial y extrema entre amigo y enemigo.18 Consecuentemente, la política en su sentido más profundo gira en torno a la posibilidad del conflicto mortal. El teórico de la política es claro cuando afirma que el enemigo no está representado por un adversario moral o un competidor económico, sino por la presencia de un enemigo público. Es un “otro” que encarna una amenaza real y posible para la existencia del propio grupo. Si existe la posibilidad de un conflicto violento, entonces estamos frente a lo político en su forma más pura. El error del liberalismo moderno es intentar neutralizar lo político, subordinándolo a la economía, la discusión racional o el derecho.
En este sentido, la decisión extrema sobre la guerra, el orden o el estado de excepción no puede eliminarse. Según Schmitt, la neutralización de la política no suprime al enemigo; sólo lo vuelve más peligroso. Aquí despliega su tesis: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. El Estado es político porque puede señalar al enemigo. El derecho mismo depende de una decisión previa y la norma no se aplica sola, sino que alguien toma esa decisión. No es la ley, sino la decisión la que garantiza la sobrevivencia. El Estado surge históricamente como unidad política que decide quién es el enemigo.
Schmitt no está exaltando la guerra; está afirmando que la política no puede comprenderse negando esa posibilidad. Si el concepto de enemigo desaparece, desaparece también la política. El amigo no es “el bueno” moralmente. El enemigo tampoco es “el malvado ético”. El enemigo político —el hostis— es un colectivo público que amenaza la existencia de otro colectivo, mientras que la oposición, por su parte, no es psicológica ni privada, sino pública y colectiva. En esta concepción la política no es negociación, sino más bien proyecta la pregunta: ¿quiénes somos “nosotros” y quienes son “ellos”?
Una de las estrategias más recurrentes con las que el poder político intenta transformar la violencia en justicia y la victoria en legitimidad es, como sostiene Alexander Demandt, procesando judicialmente al enemigo.19 El juicio al enemigo no es un fenómeno excepcional, sino una constante histórica que se presenta como un dispositivo de traducción de la fuerza en derecho, de la guerra en justicia y del vencedor en juez. El proceso contra el enemigo expresa una correlación de fuerzas, establece un relato histórico y define quién es criminal y quién es legítimo. El juicio al enemigo no es el triunfo del derecho sobre la violencia, sino una forma sofisticada de continuidad de la violencia por otros medios.
El proceso judicial contra el enemigo sirve para normalizar la violencia estatal, presentándola como legal y racional, y produciendo un giro clave: el enemigo ya no es castigado por lo que es, sino por lo que amenaza. Esto proyecta una tensión estructural entre justicia universal y justicia del vencedor. El proceso judicial no cierra el conflicto, sólo lo reinterpreta. Los grandes procesos judiciales del siglo XX ostentan una serie de rasgos característicos: el vencedor juzga al vencido, el juicio fija la memoria histórica y la justicia se convierte en un acto fundador de un nuevo orden.20 Procesar al enemigo es una de las formas más eficaces de negar que hubo un conflicto político. Aquí, la guerra se transforma en delito, el adversario en culpable y la violencia en justicia. El juicio no abre un espacio público, más bien lo clausura.
El proceso judicial opera como un dispositivo de neutralización: lo que fue guerra se reescribe como crimen; lo que fue decisión se reinterpreta como legalidad; y lo que fue conflicto se clausura como culpa individual. Una característica decisiva del enemigo procesado es que ya no tiene palabra política, sólo defensa jurídica.21 La más peligrosa no es la guerra abierta, sino la clausura jurídica y administrativa del conflicto. El enemigo político muere dos veces: primero como adversario y luego como sujeto de derecho.
En conclusión, cuando el enemigo ya no puede ser combatido políticamente, puede ser procesado jurídicamente. El juicio no es lo opuesto a la violencia, sino su forma final de legitimación. La justicia del vencedor estabiliza el orden, pero no repara el conflicto originario. La época contemporánea se caracteriza por un desplazamiento decisivo en las formas de eliminación del adversario, pasando de la depuración judicial formal, legal y aparentemente neutral a la depuración política abierta, conflictiva y violenta caracterizada por la exclusión del adversario del espacio público, la eliminación de grupos considerados incompatibles con el orden político y la neutralización de las fuerzas derrotadas o consideradas potencialmente peligrosas. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
