El grupo México en el Mundo presenta una serie de textos que abordan los desafíos para la política exterior de México al inicio de la nueva era Trump.
Texto de Isidro Morales 12/02/25
El grupo México en el Mundo presenta una serie de textos que abordan los desafíos para la política exterior de México al inicio de la nueva era Trump.
Desde su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum anunció su ambicioso plan para aprovechar las oportunidades que ofrece la relocalización cercana (nearshoring), en un momento en que los cambios geopolíticos que están transformando al mundo han hecho de México un lugar atractivo para reubicar a territorio mexicano cadenas de abastecimiento. Una vez en la presidencia, anunció la creación de diez polos detonadores de desarrollo, ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, y que buscan detonar vocaciones territoriales en materia de turismo, innovación tecnológica e impulso a fuentes renovables de energía. Para alcanzar objetivos tan ambiciosos, la nueva Presidenta tendrá que garantizar el suministro creciente de los requerimientos energéticos del país, sobre todo de electricidad, el insumo clave para que el país entre a la era del internet de las cosas. Para conseguirlo, Sheinbaum tendrá que encarar tres desafíos: 1) recuperar la confianza de los inversionistas afectados por el intento de revertir las reformas de 2013 durante el sexenio pasado; 2) refrendar y ser consistente con los compromisos internacionales derivados del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del Acuerdo de París sobre cambio climático, y 3) llegar a un entendimiento mínimo con el gobierno entrante de Donald Trump.
“la nueva Presidenta tendrá que garantizar el suministro creciente de los requerimientos energéticos del país…”
En la primera quincena de noviembre de 2024, Sheinbaum1 anunció que, durante su mandato, espera un incremento de 29 % de la capacidad instalada del país en materia de generación eléctrica. Dicho incremento, que estima el potencial del crecimiento del país debido al nearshoring, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima entre 2 % y 3 % anual, es apenas 5 % superior al crecimiento de la capacidad instalada del sexenio anterior, caracterizado por un crecimiento menor al 1 %. Sheinbaum anunció también su intención de elevar la participación de las energías limpias en la generación eléctrica entre 36 % y 38 %, lo que le permitiría al país reducir sus gases de efecto invernadero entre 2.7 % y 4.5 % en 2030.
Sin embargo, metas tan ambiciosas requieren tanto de recursos públicos como privados. De acuerdo con el nuevo plan, se espera un monto de al menos 32,400 millones de dólares en inversiones, del que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contribuirá con 72 %, y el resto será completado por los privados. No queda claro cómo la CFE obtendrá recursos frescos por 23,400 millones de dólares, en un momento en que el gobierno ha anunciado su intención de reducir el déficit fiscal que promedió casi 6 % del PIB, en 2024, a 4 % en 2025.
En materia de generación eléctrica, Sheinbaum ha sido explícita en mantener la participación de las empresas privadas en 46 %, aunque en la última reforma al artículo 27, realizada en octubre de 2024, establece que la participación de inversiones privadas en materia de generación estará sujeta a reglamentaciones secundarias y sin tener “prevalencia” sobre las empresas públicas. La ambigüedad del nuevo texto es no contravenir abiertamente algunas de las disposiciones del T-MEC, ya que el acuerdo comercial otorga “trato nacional” a las empresas provenientes tanto de Canadá como de Estados Unidos, y exige que las empresas públicas mantengan prácticas de mercado y no discriminatorias en sus transacciones comerciales. De esta manera, el nuevo texto constitucional no instruye la “prevalencia” de la CFE sobre las empresas privadas en términos de generación eléctrica, lo que se hubiera interpretado como discriminatorio para las inversiones privadas; establece simplemente lo contrario, por lo que se podría inferir que tampoco habrá trato discriminatorio frente a las empresas públicas. Sin embargo, y dependiendo de cómo se redacte la legislación secundaria, se podría también interpretar que la generación eléctrica de las empresas privadas no prevalezca sobre la de la CFE, lo que permitiría al gobierno mexicano mantener de facto una cuota de mercado para la empresa estatal, como lo ha subrayado Sheinbaum.
El segundo escollo por enfrentar en materia de energía es la consistencia del nuevo entorno jurídico y regulatorio en el que ha quedado la industria energética del país, con los compromisos adquiridos en el T-MEC. Además del cambio al artículo 27 antes mencionado, el cambio más sensible ha sido la modificación a los organismos reguladores que se beneficiaban de autonomía técnica y presupuestaria, y que fueron suprimidos o subsumidos en algunas secretarías. Sin embargo, el Congreso mantuvo la independencia de la Comisión Federal de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora quedarán integrados en un solo organismo autónomo. Mantener la independencia de estos dos organismos era clave para no contravenir los capítulos 18, 21 y 28 del T-MEC, que subrayan la necesidad de mantener organismos que vigilen las prácticas de competencia económica y de acceso a las telecomunicaciones. La Comisión Reguladora de Energía, que adquirió autonomía operativa y presupuestaria con las reformas de 2013 y que ha sido crucial para mantener la transparencia de precios en los mercados de energía, no fue suprimida, pero se reintegra a la Secretaría de Energía, bajo la premisa de que seguirá contando con autonomía “técnica”.
El tercer escollo que el futuro de la política energética del país tendrá que librar es, sin duda, el regreso de Trump, quien ya ha manifestado que no mantendrá la política de créditos y de subsidios impulsada por Joseph R. Biden para acelerar la electromovilidad y el desarrollo de energías limpias de su país. Se espera, por el contrario, un mayor impulso a las energías fósiles, sobre todo de petróleo y de gas de lutitas, como un instrumento para impactar los mercados internacionales, buscando rendimientos geopolíticos. Esto, sin duda, afectará la estrategia de nearshoring impulsada por México, ya que la apuesta de atraer cadenas de proveeduría desde Asia al país es para producir insumos críticos para el futuro de la electromovilidad que, bajo la estrategia de Biden, se importarían de países cercanos con los que su país tiene un acuerdo comercial. Esta no será la estrategia de Trump quien, hasta ahora, busca continuar el desacoplamiento económico con China para elaborar dichos insumos en su propio país.
“Se espera, por el contrario, un mayor impulso a las energías fósiles, sobre todo de petróleo y de gas de lutitas…”
Con todo, bajo el mandato de Trump, México podría seguirse beneficiando de contar con una oferta abundante y barata de gas natural, en un momento en que 70 % de su consumo nacional es importado desde Texas, sobre todo para generar electricidad tanto por la CFE como por privados. Sin embargo, por razones geopolíticas, los precios del gas natural se mantendrán volátiles en 2025. Biden había suspendido, hasta ahora, varios permisos para instalar nuevas plantas de gas natural licuado con fines de exportación. Con Trump, muchos de esos permisos se darán, con el fin de hacer de Estados Unidos un gran proveedor de este insumo estratégico tanto para Europa como para los mercados asiáticos. Esto podría presionar al alza los precios de exportación de gas hacia México. Peor aún, en el marco de la revisión del T-MEC, que tendrá lugar en 2026, Washington podrá volver a poner sobre la mesa los cambios constitucionales y regulatorios que han modificado la industria energética mexicana y hasta amagar con imponer impuestos a la exportación de gas, con miras a obtener concesiones políticas en materia de migración o narcotráfico, o para resarcir supuestas pérdidas y daños que sus empresas han tenido debido a las modificaciones legislativas. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
