Brindar seguridad pública en su territorio es solo una de las obligaciones de todos los Estados; para el ciudadano es un artículo de primera necesidad que solo el Estado puede proporcionar. En un país en el que la inseguridad pública es una constante, como México, el temor, el estrés y la incertidumbre se apoderan de la vida de los ciudadanos.

La crisis de seguridad pública en México de las 2 últimas décadas ha trascendido a los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más recientemente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ninguno de ellos ha logrado revertirla; por el contrario, cada año la situación empeora.

La vecindad con Estados Unidos constituye uno de los grandes estímulos para el crecimiento y la expansión del crimen organizado en México. En el país del norte se encuentra el mayor mercado del mundo para la compra de drogas, la oferta de armas es casi ilimitada, y la vecindad terrestre facilita el cruce de personas, mercancías y divisas sin mayor dificultad.

La mayor parte de las drogas que van a Estados Unidos se originan o pasan por México. La mayoría de las armas con las que se nutre el crimen organizado provienen del norte. Las principales víctimas en Estados Unidos son los consumidores de drogas. En México, directa o indirectamente, todos nos vemos afectados.

Dadas la frontera compartida y el carácter transnacional de los delitos, sonaría lógico pensar que la cooperación en materia de seguridad entre los dos países ocupa un lugar preponderante en la agenda compartida. No es así, pues actualmente la cooperación se encuentra en uno de sus niveles históricos más bajos. ¿Cómo explicamos esto?

El combate al crimen organizado es una de las áreas más delicadas de la cooperación internacional, debido a que la inteligencia constituye la principal herramienta para esta tarea. Sin embargo, para compartir inteligencia es necesario que haya una relación de confianza, la cual no se construye por decreto ni de la noche a la mañana.

Los operadores saben que compartir inteligencia significa costos y riesgos, y que cualquier filtración no solo cancela la posibilidad de éxito, sino que puede poner muchas vidas en riesgo. Clara señal de la desconfianza que hay actualmente entre los dos gobiernos fue el reciente operativo en el que uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados fue entregado a las autoridades estadounidenses en Texas por otro cártel mexicano. A la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha dado ninguna explicación al gobierno de México. La cooperación binacional se sustituye por las medidas unilaterales.

La llegada de Donald Trump a un segundo periodo en la presidencia de Estados Unidos complica aún más las cosas para México. A la ausencia de mecanismos resilientes de cooperación binacional, ahora se suma la politización de los temas con México en el discurso político estadounidense. El tema del fentanilo ha sido el gran detonador, pero ya no son las drogas la única amenaza. La migración indocumentada y la porosidad de la frontera son vistas igualmente como amenazas para su seguridad nacional. El discurso se centra en cómo combatir las amenazas que provienen del sur, y no en la cooperación con México.

En el pasado se había logrado separar —y en alguna medida despolitizar— los distintos temas que componen la agenda binacional. Con el nuevo gobierno de Trump debe esperarse una mayor politización y la mezcla de temas como forma de presión para alcanzar sus objetivos. El más evidente es la amenaza de imposición de aranceles si México no detiene la migración. Ya funcionó con el primer gobierno de Morena; lo más sencillo es continuar en la misma línea.

Las amenazas de deportaciones masivas tienen impacto político y mediático, sirven para crear un ambiente de temor y de incertidumbre entre los migrantes, pero difícilmente veremos algo que no hayamos visto antes.

A la imposición de aranceles y a las expulsiones masivas de migrantes, también es posible que el nuevo gobierno estadounidense recurra a utilizar la amenaza de los cierres parciales de la frontera terrestre, así como a medidas adicionales para sellarla y evitar cruces no deseados.

El tema más delicado será, sin duda, el relativo a los cárteles de las drogas mexicanos y la entrada de fentanilo a Estados Unidos. La forma en que llegó Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos es un claro ejemplo de las medidas unilaterales frente a las acciones de cooperación. Podría suceder que el nuevo gobierno planteara a México la realización de operativos coordinados, en sus propios términos, con la advertencia de que si el gobierno mexicano no coopera, ellos de todas formas lo harán.

Además de los temas que ya son parte de la agenda de seguridad de Trump con México, formalmente en 2026 inicia el proceso de revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que también podría utilizarse como una forma de chantaje para tratar otros temas, lo que de nuevo pondría en aprietos a los negociadores mexicanos.

Por la personalidad de Trump, por la composición de su gabinete —la mayor parte tiene una posición dura en los temas hacia México— y la ausencia de mecanismos institucionales sólidos para la cooperación, el panorama para nuestro país es sumamente complejo. El estilo de Trump exigirá construir respuestas de carácter transversal, lo que hace mucho más complicada la coordinación interinstitucional en México.

Este panorama hace inevitable fortalecer la Cancillería, la Embajada en Washington y los consulados en Estados Unidos con más personal y recursos para su operación, el número de analistas dedicados a recabar e interpretar información y una clara definición de estrategia y de líneas de acción en cada tema, con la participación de todas las dependencias involucradas. Serán muchos frentes y múltiples batallas en cada uno de ellos.

Frente al escenario que se avecina, la relación con Estados Unidos se convierte en una indiscutible prioridad en la agenda del gobierno de México. Hay poco tiempo para organizarse pero, de no hacerlo, el resultado para México puede ser catastrófico. EP

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