Para lograr 1.5 gramos de oro es necesario pulverizar una tonelada de montaña. La mina conocida como La Herradura, ubicada en el municipio de Caborca, Sonora, muele 16 mil toneladas de piedra montañosa al día y 6.5 millones de toneladas al año. Es considerada la mina más grande de oro a cielo abierto a nivel nacional y la sexta a nivel mundial. No es menor la destrucción del territorio en donde se encuentra localizada, tampoco han sido menores las afectaciones a la población que ha sido desplazada, amenazada, desaparecida y asesinada por oponerse a este cráter invertido descomunal.

En diciembre de 2020, en plena pandemia, gracias a la gestión para realizar una investigación de carácter periodístico, pude ingresar al interior de La Herradura, lo hice en compañía de otros dos periodistas, quienes vieron, junto conmigo, lo absurdo de la actividad minera. Tuvimos un paseo guiado por diversas partes de las instalaciones, mismo que culminó con un recorrido por parte del Servicio de Protección Federal, una suerte de policía minera.

Iniciamos la visita por la parte más espectacular: el tajo mayor, del cual se han desprendido todas estas toneladas de piedra montañosa para producir escuetos lingotes de oro. Desde el mirador principal la vista impresiona, es imposible no sentir vértigo al pensar que donde ahora no hay sino vacío y vehículos de carga gigantescos antes hubo una montaña, vegetación, fauna, una vida social a través de ejidatarios. Nuestro guía, antes de llevarnos al centro de este cráter, tuvo a bien afirmar que “esta es la empresa mexicana que logra cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, es a partir del precio del oro en el mercado que decidimos si es conveniente expandir o no, y por el momento sí vale la pena”.

Así que el proceso destructivo y extractivo continuará. Esta es la tendencia en todo el país mientras el foco esté en la generación de riquezas a cualquier precio. No hay cuestionamientos al negocio que, evidentemente, tiene que continuar. Nada, absolutamente nada en esta lógica extractivista ha cambiado con el gobierno actual y no cambiará con los siguientes a menos que cortemos de tajo el rumbo al que pretendemos llevar la economía del país.

¿Es posible pensar un mundo sin actividad minera? ¿Es posible limitar la minería a su mínima expresión y al mismo tiempo buscar alternativas para mantener el desarrollo tecnológico, justificante actual de la existencia de esta actividad productiva? ¿Podremos revertir las afectaciones de la minería al territorio y al medio ambiente? ¿Existirá justicia para aquellas familias destrozadas por la violencia organizada que cuida el capital a toda costa? ¿Alguna vez dejaremos de pensar el mundo más allá de la perspectiva antropocentrista? ¿Realmente necesitamos tanto oro?

Este texto no es una respuesta a estas cuestiones sino la exposición de algunas situaciones derivadas del absurdo de la minería y de la resistencia organizada a esta actividad, particularmente de las personas afectadas pero no sólo, también de otros sectores que han comprendido que frenar una empresa criminal, como lo es el Grupo Penmont, es fundamental para reconstruir la vida. Hay que comprender, para ello, que el imperio que construyó Alberto Bailleres, dueño de esta empresa minera, era tan asesino y devastador como lo son todos los grupos criminales en México, que se dedicara a la explotación minera y no al trasiego de estupefacientes es un detalle mínimo.

Ejido El Bajío, un ejemplo de organización a mitad del desierto

Ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, el ejido El Bajío ha sido presa de la destrucción minera que el grupo Penmont, a través de la mina Dipolos y su extensión, La Herradura, han generado. Tras la construcción de estos tajos de enormes proporciones, las personas ejidatarias pierden acceso a su territorio y con ello emprenden un camino jurídico de oposición y resistencia a esta empresa.

Tras varios años de litigios, en 2014 el ejido ganó 67 juicios interpuestos contra la minera, en donde, además de la restitución del territorio se debe regresar el mineral extraído. Desde entonces ninguna de las sentencias ha sido ejecutada, al mismo tiempo que la empresa ha generado un ambiente hostil, de desprestigio contra las y los ejidatarios, al grado de desaparecer a algunos de ellos o asesinarlos impunemente.

A pesar de esta situación, las y los ejidatarios lograron regresar al territorio en donde también está la mina y el 26 de marzo de 2020, protestaron en Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la ejecución de las 67 sentencias a su favor. Esto, sin embargo, todavía no ocurre.

Pero El Bajío no se ha quedado con las manos cruzadas y ha logrado tejer relaciones con otras organizaciones y movimientos sociales en el estado de Sonora, radio de acción fundamental. Gracias a estas alianzas se ha puesto sobre la mesa una serie de discusiones centradas en la defensa del territorio y la vida que no habían encontrado una resonancia colectiva como ahora, fruto de un tenaz trabajo organizativo.

Comúnmente se piensa que a mitad del desierto la vida escasea: nada más erróneo, por el contrario, la vida, a través de muchas expresiones humanas y no, se mantiene, lucha por seguir presente y su defensa es la que en este caso ha logrado que este ejido sea un ejemplo a nivel nacional del que podemos aprender y tomar nota, para comprender las particularidades del medio desértico y algunas formas de resistencia y lucha en torno a él.

Ecocidio y la gallina de los huevos de oro

El extractivismo minero viene siempre acompañado de un ejercicio de la violencia, en este caso respaldado por la omisión del Estado en la investigación de los asesinatos de ejidatarios de El Bajío. Sea por comisión o por omisión, el gobierno federal y todo su aparato son cómplices de la muerte y desaparición de personas opositoras a una empresa minera, y por lo tanto podemos llamar a esta violencia no sólo criminal sino estatal.

El desierto guarda la memoria de estos ataques de la misma forma en que guarda memoria de toda la piedra montañosa triturada y la utilización de químicos, como el cianuro, para conseguir tan sólo unos gramos de oro al día. La tierra de esta región desértica es también un registro que nos ayuda a entender este proceso económico como un ecocidio de magnitudes difíciles de dimensionar ahora, porque lo que queda claro es que, una vez cometido el crímen, los efectos se prolongan en el tiempo y en el espacio, muchas veces indefinidamente.

Acuñado en la década de los años 70 como una manera de categorizar y analizar los efectos del uso de químicos, por parte de Estados Unidos, como armas contra los combatientes vietnamitas, el concepto de ecocidio ha cobrado un revuelo que implica que nos separemos de las formas de la violencia en términos clásicos, es decir de humanos contra humanos. Hoy en día, la tierra es visualizada por las fuerzas criminales estatales y paraestatales como un enemigo a vencer, una vez que sea también explotada hasta pulverizarla y secarla.

Descaradamente, uno de los ingenieros de La Herradura, tras un par de horas de exposición sobre los beneficios de la minería, tuvo a bien declarar que el cianuro de sodio no resultaba venenoso e incluso fue más allá al afirmar que “es un químico que con un poco de tiempo se diluye en el agua y no la contamina”. Ya lo ha demostrado con estudios serios y profundos la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): no existe minería sustentable y libre de contaminación.

El ecocidio “no se produce únicamente en el marco de la guerra sino que también se manifiesta en formas de violencia más lentas, como la extracción de recursos, la dominación estatal y otras formas de desarrollo desigual”, puntualiza la escritora Hannah Meszaros Martin en su ensayo Defoliando el mundo. Ecocidio, evidencia visual y ‘tierra memoria’, donde analiza en varias capas posibles el uso de pesticidas y otros químicos para la fumigación de amplias áreas del territorio colombiano, justo como una estrategia de destrucción. La minería es un ecocidio en toda forma y El Bajío lo ha denunciado al mismo tiempo que se ha organizado para resistir.

Para el Grupo Penmont el desierto (y cualquier territorio en donde se establezcan) es un enemigo a vencer en dos pistas distintas, en dos temporalidades específicas: primero, su explotación masiva, hasta dejar sin mineral alguno las montañas y, segundo, su eliminación prolongada a través del uso de químicos altamente tóxicos. La mayor parte de la violencia actual en la región gira en torno a estas dos velocidades.

Colofón: la unión hace la fuerza

A finales de marzo de 2022, el ejido El Bajío convocó a una serie de organizaciones, pueblos originarios y luchadores sociales para conformar lo que hoy se conoce como Frente Sonora (Frente Amplio de movimientos sociales y pueblos originarios de Sonora) con miras a frenar la violencia, la imposición de diversos proyectos de infraestructura, así como la falta de justicia respecto a afectaciones a la naturaleza, tan importantes como lo es el derrame en el río Sonora o la contaminación en el ejido de Turicachi.

Es decir, frenar el ecocidio que hoy en día se ha convertido en el motor económico y en el generador de todos los escenarios de violencia, incluyendo las desapariciones de personas y las divisiones al interior de organizaciones y sectores sociales. Sean el pueblo Tohono O’otham o la gran nación Yaqui, las Madres Buscadoras o los colectivos de Hermosillo, la diversidad es una de las fortalezas de este frente. En su declaración conjunta, elaborada con motivo de su formación, este nuevo movimiento de movimientos expresa:

“Desde el Frente Sonora, extendemos un llamado a todas las organizaciones sociales, comunitarias, LGBTIQ+, sindicales, pueblos originarios, comunidades campesinas, feministas de la sociedad civil sonorense, a sumarse y así desde la lucha colectiva, sumar todos nuestros esfuerzos para que las exigencias y demandas expuestas en este documento, sean cumplidas por las autoridades estatales y federales, las cuales están al servicio del pueblo mexicano y no al servicio de intereses del capital privado, las industrias extractivistas y transnacionales”.EP

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