Hay una escena en la película de Titanic en la que un empresario le dice al capitán que aumente la velocidad al barco —que “le meta pata”, pues— con el argumento de que se imagine los titulares de los periódicos neoyorquinos si hace el viaje trasatlántico más rápido de lo esperado: no solo sería el barco más grande, sino también el más rápido. El capitán le hace caso y esa es una de las causas por las cuales se estrella contra un iceberg y se hunde. La velocidad redujo las posibilidades de maniobra cuando de la nada apareció la masa de hielo que rompió el casco y envió al navío a las gélidas aguas con muchos pasajeros en su interior.

Estos días me he acordado de esa escena a partir de las palabras de Víctor Delgadillo en un foro que se realizó en la UNAM donde se analizó el nuevo intento del Gobierno de proponer un Plan General de Desarrollo (PGD) y un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Ahí dijo que la planeación de las ciudades tiene dos velocidades: la lenta y segura, que incluye la participación ciudadana; y la rápida, que se basa en rendirse a la especulación inmobiliaria para obtener más inversión.

Así, en la Ciudad de México, hay muchos empresarios que quieren tener facilidades para construir donde más ganancias obtengan y, por otro lado, una capitana a la que “se le queman las habas” por llegar rápido a su candidatura presidencial. Pero parece que, tal como el empresario y el capitán no vieron las consecuencias de “meterle pata” al Titanic, esta administración no ha entendido la importancia de generar políticas territoriales sostenibles frente al cambio climático y la crisis ambiental. Tampoco ha entendido que la crisis ambiental ha llenado de icebergs el camino por lo que hay que ser muy cuidadosos si queremos llegar a buen puerto.

Como se recordará, esta es la tercera vez que se ha propuesto un nuevo plan de ordenamiento territorial; en este mismo espacio he hablado de los dos intentos previos. En la ocasión anterior, ambos documentos, el PGD y el PGOT, se discutieron con la sociedad organizada y con académicos, los cuales contestaron con muchas observaciones. Esos documentos no consideraban ni el tejido social ni las dinámicas ecológicas del manejo territorial por lo que ponían en riesgo la sostenibilidad de la ciudad. Por ejemplo, se debía reconsiderar algo tan sencillo como el uso del Suelo de Conservación con fines de urbanización. De hecho, dado que la consulta fue un fracaso tanto para dar el aval a los documentos como por el mismo mecanismo de participación, comenzaron a generarse problemas sociales sobre todo en las zonas limítrofes entre lo urbano y el Suelo de Conservación. Y al ver esto, la Jefa de Gobierno decidió posponerlo en búsqueda de un proyecto con una mejor aprobación.

Pero parece que la capitana no aprendió de ese error y lo que hizo ahora fue todavía peor. El nuevo programa lo presentaron personas que, en general, han estado ajenas a todo este proceso: por ejemplo, un funcionario de segundo nivel y algunas ciudadanas afines a la actual administración que no están en ninguna organización ciudadana de prestigio. Entre quienes daban su aval a los documentos, también fueron incluidos un líder de movimientos sociales con lazos muy estrechos con el actual gobierno y una académica que no tiene cargo y que no estuvo en el proceso. En otras palabras, grupos afines a la Jefa de Gobierno para simular la aprobación social del programa (hasta hace unos días desconocido por el resto de la sociedad) con el fin de que se presentara en el congreso.

Originalmente, el encargado de proponer estos programas es el Instituto de Planeación Democrática y Participativa. Este instituto, que debe ser autónomo, comprende un consejo ciudadano y un titular que debe ser escogido por el Congreso de la Ciudad de México. Esta organización, pues, debe crear los mecanismos institucionales para generar consenso entre las diferentes visiones de desarrollo urbano. 

Pero el instituto está acéfalo desde la renuncia en febrero de su titular, Pablo Benlliure. Además, no se conformó el consejo ciudadano para llevar a cabo una nueva propuesta. Por lo tanto, parece que el documento se realizó desde el gobierno y se impuso a un mermado instituto. Este organismo ha sido tratado como una dependencia de segundo nivel, cuando en realidad debería ser una pieza clave en la planeación de una ciudad que va a enfrentar una crisis ambiental. Es un instituto que, forzosamente, debe ser independiente de la administración en curso, pues es necesario que sus decisiones sean producto del consenso de las diferentes partes de la sociedad y tengan miras a largo plazo (más de seis años). 

Los nuevos documentos son mucho más cortos, lo cual hace más rápida su lectura; sin embargo, su misma brevedad genera muchos más huecos legales por donde las constructoras y las inmobiliarias pueden pasar para imponer sus nuevos edificios. Además, y de manera similar a los documentos anteriores, proponen que las alcaldías tengan la responsabilidad de los cambios de uso de suelo. Imaginemos que el alcalde de Coyoacán tiene que decidir si una constructora (como B-Grand) puede hacer un edificio de 30 niveles en Copilco. Este edificio atraería mucha inversión, pero a la vez grandes problemas de movilidad, agua y seguridad tanto para los vecinos de toda la zona sur como para la UNAM misma. ¿Podría un alcalde hacer frente a la presión de una constructora de ese tamaño? Esto dejaría a los vecinos indefensos ante el poder económico. Por lo tanto, del mismo modo que en el documento anterior, este plan pone en peligro el Suelo de Conservación y disminuye la ya de por sí mermada sostenibilidad de esta ciudad.

De las 42 hojas que componen el PGD, 3 se utilizan para hablar de cómo esta planeación se ajusta a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). En diferentes foros he hablado sobre cómo cualquier actividad (incluso la industria petrolera) podría ajustar sus actividades a los ODS. Y no es que los ODS estén mal, sino que se utilizan para justificar cualquier actividad o planeación. Este parece ser el caso. Después de esto, el nuevo escrito retoma el diagnóstico sobre la ciudad que se hizo en el documento anterior y lo resume; como se dijo en la otra ocasión, no está mal. Sin embargo,  de la misma forma que antes, el diagnóstico no es utilizado para resolver los problemas, sino para hablar de generalidades.

La siguiente parte del documento incluye los ejes rectores. Aquí tengo que estar de acuerdo con algunos expositores del foro ya mencionado: parece una carta a los Reyes Magos. En cada uno de estos ejes se manifiesta el deseo de vivir en una ciudad justa, en “equilibrio” —lo que eso quiera decir—, con educación y resiliente. El problema es que ninguno de ellos dice cómo se logrará esto. Para comenzar a trabajar en estos ejes se necesita acotar poderes e intereses. Por ejemplo, no basta que en la “ciudad resiliente” se ofrezca la “restauración del equilibrio ecológico”—lo cual no queda claro que es— a partir de la protección y reforestación de las zonas de conservación ecológica. La práctica de protección y reforestación se ha hecho durante décadas y, no obstante, cada día el Suelo de Conservación pierde más y más terreno ante la urbanización.   

En este mismo eje rector se habla de la recarga de las reservas de agua, que se piensa que se va a lograr con el “manejo sustentable de las microcuencas y cuencas del agua”. ¿Cómo se hará ese manejo? Debería estar en el PGOT. Sin embargo, en este documento no se menciona en ningún lado el balance hídrico y tampoco se indica que se debe repensar el territorio en zonas urbanizadas para la captación de agua. De hecho, si se revisan las políticas, programas y proyectos, todas las acciones propuestas son muy generales, a pesar de que deberían abordarse también acciones puntales y concretas. Por ejemplo, uno de los proyectos, que debería ser la acción más concreta y específica del PGOT, se refiere al  “Manejo y gestión del acuífero de la ZMVM para el acceso al derecho humano al agua”.

Sabemos que un verdadero manejo sustentable de cuencas y microcuencas requiere modificar el territorio para generar espacios de captación de agua no solo en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, lo cual implica transformar el espacio público; por ejemplo, quitarle espacio al automóvil para recuperar ríos, crear lagunas de captación y regulación de agua en lo que ahora son zonas urbanizadas, limitar la ferocidad con la que las constructoras están imponiendo edificios que requieren cantidades colosales de este líquido, entre otras acciones. Eso no parece estar en los planes y programas.

Podría llenar este artículo con los errores de los documentos, pero eso solo se basaría en mi visión como ecólogo. Prefiero invitar al lector que quiera saber más sobre ellos a que revise lo que se dicen en los foros académicos, sin olvidar que varias organizaciones civiles están articulando su posición sobre esto mismo.

A diferencia de los documentos anteriores, todos los académicos y ciudadanos que estuvimos involucrados en estos procesos fuimos dejados de lado; ninguno de nosotros sabíamos que se iba a presentar una nueva propuesta. Es decir, las observaciones hechas por los ciudadanos fueron consideradas mínimamente.

No acatar las reglas que indican cómo se deben realizar estos documentos no solo está en contra de los lineamientos de la constitución, sino también es poco ético porque rompe con todo el objetivo por el cual se creó el Instituto de Planeación Democrática y Participativa: crear una ciudad sostenible para el futuro. Es necesaria una discusión plural donde se considere a la naturaleza como uno de los factores fundamentales en la toma de decisiones y se llegue a acuerdos donde la mayoría sea beneficiada. Esto es, bajar la velocidad de las decisiones para saber si vamos por buen camino. Incrementar la velocidad tiene la consecuencia de que seguirán los conflictos entre los grupos de interés y, peor aún, nos vuelve mucho más vulnerables al cambio climático y la crisis ambiental.

Al igual que el Titanic, estos nuevos PGD y PGOT buscan aumentar la velocidad de construcción (para ellos construcción y desarrollo son lo mismo), pero, a diferencia de ese barco donde murieron más de 1500 personas, aquí está en riesgo la vida de más de 20 millones de habitantes del Valle de México.

En las últimas décadas, la jefatura de gobierno de la ciudad más importante del país ha sido el trampolín para la candidatura presidencial. Eso ha sido una maldición para la ciudad porque la posibilidad de obtener la candidatura no se basa en hacer bien las cosas en la urbe; los políticos locales saben que su éxito está en quedar bien con quienes pueden financiar su campaña. Y en esta administración se busca, además, quedar bien con el presidente. Por ello, hay que darles facilidades a las constructoras, las cuales pueden ayudar a ocultar y minimizar los errores de la administración, como la caída de la Línea 12, y a promocionar su candidatura. Bajo esta dinámica los jefes de gobierno ocupan más de la mitad del tiempo en fortalecer sus aspiraciones políticas. Yo quisiera que tuviéramos un(a) jefe(a) de gobierno que tomara el cargo y se dedicara solo a trabajar para nuestra ciudad y su futuro, lo cual es, ya de por sí, un reto enorme.

En Titanic, la ética del capitán lo obliga a pagar el error con su vida. No abandona el barco y fallece junto con muchas otras personas, la mayoría de las cuales estaban en segunda clase y no pudieron subirse a los escasos botes salvavidas. Sin embargo, los políticos actuales me recuerdan más a los personajes de la película Don´t Look Up, donde los culpables de la catástrofe que lleva a la desaparición de toda vida en el planeta demuestran su ética al huir del desastre que ellos mismos ocasionaron en naves espaciales. Irónicamente estos personajes desembarcan en un nuevo planeta donde son cruelmente devorados por la naturaleza de lugar. Pero ni así se puede solventar el daño que hicieron. Por eso, es mejor parar, repensar y discutir con los diferentes sectores un plan y un programa de acción antes de que nos hundamos todos. EP

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