Este mes, Isidro Morales, Susana Chacón y Guadalupe González —miembros del grupo México en el Mundo— abordan los cuatro principales temas de la agenda internacional actual.
Texto de Guadalupe González, Isidro Morales & Susana Chacón 24/04/23
Este mes, Isidro Morales, Susana Chacón y Guadalupe González —miembros del grupo México en el Mundo— abordan los cuatro principales temas de la agenda internacional actual.
En esta ocasión el Tablero Internacional se centra en cuatro grandes temas: la rivalidad sinoestadounidense y los desafíos para México de la relocalización cercana o aliada; la propuesta no gubernamental para las Américas; la Alianza del Pacífico en problemas: costos para México; y, finalmente, Brasil está de vuelta en el escenario internacional. Aunque el grupo México en el Mundo siguió muy de cerca el tema de la relación México-Estados Unidos, particularmente en los temas de migración y seguridad, no se menciona en el Tablero Internacional ya que se abordará en el Observatorio Internacional de abril.
La rivalidad científico-tecnológica entre Estados Unidos y China, exacerbada durante la administración Biden ante el revisionismo geopolítico sino-ruso, ha acelerado una estrategia de relocalización de las cadenas globales de abastecimiento bajo criterios geopolíticos y de seguridad, con el fin de renovar el liderazgo tecnológico y económico estadounidense. La estrategia estadounidense vincula la tecnología y el comercio con la seguridad, sobre todo en insumos e industrias clave para la movilidad eléctrica y electrónica, como los microprocesadores, las tecnologías de punta en computación, la biotecnología y las energías limpias. Washington se ha embarcado en una política industrial de vanguardia, en donde el Estado realiza inversiones estratégicas para que el sector privado y los organismos regulatorios pongan en marcha la reconversión de la economía apoyada todavía en la movilidad y el consumo de fósiles, hacia una verde en donde la movilidad y la conectividad descansen más en energía eléctrica generada por renovables.
Es así como deben entenderse las tres leyes que ha logrado aprobar el congreso estadounidense durante la primera mitad del gobierno de Biden. La Ley de Infraestructura (LI), votada en noviembre de 2021, agrupa el mayor volumen de inversión pública (1.2 billones de dólares) a ser desembolsado en cinco años y busca modernizar las carreteras, los caminos y los sistemas de agua potable y de conexión electrónica del país. La Ley de Reducción de la Inflación (LRI), mediante la cual se aprobaron, en 2022, otros 385 mil millones de dólares, desembolsables en 10 años, para apoyar directamente el desarrollo de energías renovables y el impulso de los automóviles eléctricos. La Ley de Microprocesadores y Ciencia (LMC), votada también el año pasado, prevé un desembolso adicional de más de 52 mil millones de dólares para impulsar la investigación, producción y desarrollo de los microprocesadores de nueva generación en la Unión Americana, y así superar el desabasto que se había manifestado desde la crisis del COVID-19.
Las dos últimas leyes buscan, además, reubicar las cadenas de abastecimiento tanto del sector automotriz como el de microprocesadores bajo criterios de cercanía geográfica (nearshoring) o geopolítica (friendshoring). En ambos criterios, México está en la jugada. Estados Unidos ha logrado ya desacoplarse considerablemente de las importaciones chinas de microprocesadores. Mientras que en 2011 el dragón asiático proveyó 40% de las importaciones estadounidenses, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense, en 2022 apenas eran 6% del total. México, que llegó a abastecer el 15% de las importaciones de microprocesadores de su vecino del norte a principios del presente siglo, también ha sido desplazado por otros países asiáticos, sobre todo de Corea del Sur, Malasia, Tailandia y Vietnam, ya que en 2022 sólo proveyó el 2.5%. Esto muestra claramente el reto que México enfrenta para optimizar las oportunidades de la reubicación cercana/aliada, pues no basta contar con una frontera común con su vecino, sino desarrollar las ventajas competitivas que hagan atractivo al país para reubicar cadenas estratégicas, ya sea por contigüidad geográfica o por realineamiento geopolítico, garantizado en principio por la vigencia del T-MEC.
Otras oportunidades se podrían abrir también en el sector automotriz, el más integrado entre los dos vecinos, ya que la LRI ha otorgado subsidios a la compra de los automóviles eléctricos ensamblados en Norteamérica, así como a las baterías cuyos componentes y minerales críticos también provienen de la región o de países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo comercial.
“Varios estudios prospectivos recientes han resaltado el potencial que México tiene para aprovechar la relocalización cercana o aliada que se ha abierto con el revisionismo geopolítico impulsado por China y Rusia”.
Varios estudios prospectivos recientes han resaltado el potencial que México tiene para aprovechar la relocalización cercana o aliada que se ha abierto con el revisionismo geopolítico impulsado por China y Rusia; sin embargo, también han resaltado los principales obstáculos para lograrlo, como la incertidumbre que permea el clima de inversiones en el país, derivado de las desavenencias en materia energética que existen con los inversionistas privados y el gobierno estadounidense, así como el clima de inseguridad y la falta de infraestructura, sobre todo en materia de interconexión eléctrica. En ese sentido, apostar simplemente por la reactivación de las exportaciones de insumos en el sector automotriz o de la electrónica, como ha sido hasta ahora, sería prolongar una actitud reactiva y de corte “maquilador” que ha prevalecido en la administración actual frente a los Estados Unidos. Similar a la revolución tecnológica que se opera en dicho país, México podría articular una nueva política científico-industrial que haga de la descarbonización de su economía y de la innovación en materia de movilidad eléctrica y electrónica el eje de su articulación con los cambios operados al norte de su frontera. Sin embargo, para ello quizás habrá que esperar hasta el recambio de poderes que tendrá lugar en el país en junio de 2024.
En abril se dio a conocer el informe “(Co)construyendo una agenda estratégica para las Américas”, una iniciativa conjunta de tres instituciones académicas latinoamericanas para repensar y reencauzar las relaciones hemisféricas de cara a los próximos tres años. Se trata de un documento inédito por su naturaleza colaborativa, independiente, multidisciplinaria y transregional en el que participaron más de 120 expertos y activistas. Es la primera ocasión en que académicos, centros de pensamiento y actores de la sociedad civil latinoamericanos y caribeños toman la batuta para articular una agenda colectiva focalizada en tres pilares: la reducción de las desigualdades, la atención humana a las migraciones y la acción colectiva frente a los efectos del cambio climático.
La idea es promover la construcción de redes para un diálogo multinivel de sur a norte que trascienda las lógicas intergubernamentales de la interlocución interamericana, hoy agotadas, para conectar mejor los espacios multilaterales y las necesidades ciudadanas. Se parte de la premisa de que los problemas y sus soluciones están cada vez más interrelacionados a nivel continental y que para pensar estrategias de salida concertadas se requiere reconocer que los países de las Américas son más semejantes de lo que generalmente se piensa a pesar de las asimetrías. Las desigualdades son hoy la principal preocupación de los estadounidenses, latinoamericanos y caribeños; los países de América Latina y el Caribe hoy comparten con Estados Unidos y Canadá la condición de lugar de destino de migrantes y refugiados así como el sentido de urgencia frente al cambio climático, aunque con intensidades y responsabilidades diferenciadas.
Este esfuerzo de articulación resulta particularmente oportuno ante las dificultades que hoy enfrentan los gobiernos de los países americanos, incluyendo a la administración Biden, para liderar acciones colectivas de cierto calado. Históricamente, el gobierno de Estados Unidos ha establecido la agenda y fijado las prioridades de las relaciones interamericanas en función de sus intereses como potencia global. En raras ocasiones los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños han articulado ideas o propuestas propias de alcance continental ya sean de carácter general o sectorial. En su momento, la transición democrática llevó a un activismo latinoamericano en favor de los derechos humanos y la defensa de la democracia coincidente con el internacionalismo liberal estadounidense de los años noventa.
Hoy, sin embargo, el escenario es diametralmente distinto, poco promisorio en cuanto a las posibilidades de diálogo constructivo a nivel intergubernamental. Los problemas de convocatoria y los magros resultados de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles a mediados de 2022 mostraron con claridad el estado de ensimismamiento, polarización política y ánimo nacionalista que prevalece tanto en Estados Unidos y Canadá como en América Latina y el Caribe. Las instituciones interamericanas están paralizadas, politizadas o cuestionadas y con poca capacidad frente al cúmulo de retos compartidos amplificados por la pandemia, la crisis ambiental y la digitalización. El informe en cuestión propone rutas de salida a los déficits de acción colectiva con el impulso de academia y sociedad civil y puede consultarse en https://americas-tiempos-adversos.colmex.mx/agenda-estrategica/
Conforme se alarga la crisis política y social en Perú, se ahondan las tensiones diplomáticas entre los países de la Alianza del Pacífico (AP). Dos de los socios del mecanismo, México y Colombia, se encuentran enfrentados con Perú por los cuestionamientos de sus presidentes a la legitimidad de origen del gobierno de Dina Boluarte y a la situación de derechos humanos en medio de las protestas. La espiral de desencuentros ya desencadenó la decisión peruana de expulsar al embajador mexicano y de retirar a sus embajadores en ambos países, en fuerte rechazo a lo que considera posiciones injerencistas inaceptables. En cambio, el pragmatismo y la normalidad prevalecen en la relación con Chile, su vecino inmediato y tercer miembro de la AP.
“El principal foco de división es la rotunda negativa por parte del presidente mexicano de entregar en tiempo y forma la presidencia pro tempore de la AP a Perú”.
El principal foco de división es la rotunda negativa por parte del presidente mexicano de entregar en tiempo y forma la presidencia pro tempore de la AP a Perú. Un acto protocolar que debió haber ocurrido en enero de este año y que si bien no paraliza los acuerdos, politiza al organismo. Hasta ahora, la posición de México no ha encontrado voces de apoyo ni seguidores a nivel regional, mientras que los costos de reputación para la diplomacia mexicana son cada vez más evidentes y han ido en ascenso. Las críticas y expresiones públicas de rechazo a esta situación anómala y contraria al Derecho Internacional han provenido del sector académico, social y empresarial tanto en Perú como en Chile y México.
Los problemas aún pueden agravarse. Para el gobierno peruano, en asedio permanente, escalar la disputa con México le abre espacios para ampliar su débil base de apoyo interno. Perú ha llamado a consultas a los miembros de la AP para concretar de inmediato el traspaso de la presidencia pro tempore con el respaldo de todos los excancilleres del país y en medio de pronunciamientos para que demande a México ante la Corte Internacional de Justicia por violación del acuerdo. La Colombia de Petro ha bajado ya el tono de confrontación con Perú y el Chile de Boric sigue apostando fuerte a favor de la AP, una pieza importante de su estrategia de inserción internacional.
México, por su parte, parece entrampado en una diplomacia presidencial disruptiva que obstaculiza y resta credibilidad a sus propias iniciativas de coordinación regional como la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación. Ni Perú ni Ecuador estuvieron convocados a pesar de su importancia como exportadores de alimentos, una señal clara del sesgo ideológico del proyecto mexicano. En suma, la posición del presidente López Obrador en la AP pone en una posición sumamente incómoda a los posibles aliados de México en otros temas y mete en aprietos a la diplomacia profesional mexicana.
Los primeros tres meses del gobierno de Lula marcan el retorno de una diplomacia brasileña activa y asertiva, tras los cuatro años de repliegue y aislamiento voluntario que le imprimió el bolsonarismo. La intención expresa es restablecer y reconstruir por completo la estrategia de política exterior autonomista de dos administraciones anteriores de Lula, incluyendo el reacercamiento los con países vecinos y socios del Mercosur, el relanzamiento de la Unasur, el reingreso a la CELAC, la normalización de relaciones con Venezuela, la reactivación de los BRICS, el retorno al sistema de alianzas y coaliciones del sur global y la vuelta a los organismos multilaterales regionales y globales. Hay dudas de qué tan lejos podrá volar la diplomacia de la equidistancia y el no alineamiento activo en el actual contexto de creciente rivalidad sinoestadounidense y en condiciones de aletargamiento económico.
“Las dificultades internas abonan en favor de una política exterior activa, un ámbito en el que Lula no sólo tiene experiencia acumulada y contactos, sino que le resulta clave para su proyecto de reactivación económica”.
El tiempo dirá, pero las señales de voluntad y activismo internacional que lanza Itamaraty son claras y ambiciosas. Las dificultades internas abonan en favor de una política exterior activa, un ámbito en el que Lula no sólo tiene experiencia acumulada y contactos, sino que le resulta clave para su proyecto de reactivación económica, atrayendo nuevas inversiones y abriendo mercados sobre todo para el sector agrícola que en su momento apoyó a Bolsonaro. Lula ya realizó cuatro giras internacionales siguiendo la lógica de círculos concéntricos: primero a Argentina y Uruguay, luego a Estados Unidos, más recientemente a China y Emiratos Árabes Unidos y próximamente a la Unión Europea.
Aunque la dimensión económica, comercial y de inversión está en el centro de estas giras, la intencionalidad geopolítica es en favor de una distribución multipolar del poder y de una mayor representación de los intereses de países emergentes y del sur global en la toma de decisiones. Brasil, al igual que los aliados estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente y Asia, ha marcado su raya frente al conflicto en Ucrania con una propuesta de paz semejante a la China. Estados Unidos ve con desconcierto lo que ocurre, pero China es ya el primer socio comercial de Brasil y el país sudamericano el principal receptor latinoamericano de inversiones chinas. Nuevos jugadores quieren sumarse al tablero de las grandes ligas. Queda por ver qué tan lejos podrán llegar y qué tan constructivos o disruptivos serán en medio de la turbulenta transición de la hegemonía global. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
