México se encuentra ante un desafío muy claro dada la invitación que nos hizo Estados Unidos en septiembre de 2022: construir una plataforma de producción e inversión norteamericana en la que Canadá participará también, al igual que en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estados Unidos nos convoca a ser parte de la gran revolución industrial en la que, además de su gran programa de infraestructura, se suman ahora con la aprobación de dos más: la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencia, un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo, inmejorables. 

Si el gobierno mexicano asume realmente el compromiso norteamericano a partir de 2023, será la puerta de entrada a una revolución para el desarrollo social, económico e industrial del país, para al menos los próximos 25 años. Implicaría cambiar el modelo de país con resultados positivos para la reducción de la desigualdad. 

Joseph R. Biden nos invita a que la región norteamericana reduzca su dependencia de los insumos esenciales que vienen de Asia para convertirla en un polo de desarrollo altamente competitivo a nivel mundial. Para lograrlo se requieren dos cambios urgentes. En primer lugar, los tres países deben encauzar en la misma dirección sus políticas energéticas, favoreciendo la transición a energías limpias. Segundo, se deben instrumentar políticas de desarrollo industrial con el apoyo de presupuesto estadounidense que atraigan nuevas inversiones en semiconductores, baterías de litio y empresas de alta tecnología.

De hacerlo adecuadamente, no solo se obtendría la creación de empleos que tanta falta hace. Además, entrarían inversiones con marcos de certidumbre jurídica distintos que favorezcan la confianza de los capitales nacionales y extranjeros.

Antes de la aprobación de estas dos nuevas actas, Biden no contaba con los instrumentos necesarios para ofrecer a los canadienses y a los mexicanos propuestas específicas adicionales al marco del T-MEC. Hoy, el momento es otro. Tenemos ante nuestros ojos una oportunidad que no debemos desaprovechar. Estos programas se van a instrumentar durante los próximos 2 años que le restan al gobierno demócrata. Son justo 2023 y 2024

Observamos que la Ley de Reducción de la Inflación no se limita a reducir la inflación, sino que es un gran programa para luchar contra el cambio climático y favorecer las energías limpias. Para el programa de cambio climático se cuenta con aproximadamente 400 000 millones de dólares. Implica una transformación estructural de la industria manufacturera estadounidense para su reconversión industrial hacia una economía limpia y verde. Por su parte, la Ley de Chips y Ciencia busca impulsar la fabricación de microchips, y el desarrollo y el avance de la ciencia con un fondo de 200 000 millones de dólares. Biden quiere también acelerar la transformación de la industria automotriz a automóviles y transporte eléctricos; además, se subsidia ya a las familias estadounidenses en la compra de paneles solares. 

En un primer momento, el gobierno mexicano no se expresó favorablemente, como sí lo hizo el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Afortunadamente, el 12 de septiembre de 2022, tuvo lugar en Ciudad de México la segunda reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en la que se abordaron estos temas. A 4 días de la celebración del inicio de la Independencia de México, con el DEAN en curso, la relación bilateral y trilateral puede tomar un curso distinto de cooperación favorable a todos. 

La invitación de Biden a México a participar en su gran estrategia de transformación económica e industrial no se hizo esperar. Envió a México a altos representantes de su gobierno, como el Secretario de Estado, Antony Blinken, la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, Jayme White, Representante Comercial Adjunto, José Fernández, Subsecretario de Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente, Juan González, Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, y Brian Nichols, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Todos instaron al gobierno de México a sumarse a la competitividad de la economía regional de Norteamérica al reunirse con sus contrapartes mexicanas.

Además, después de la visita de John Kerry a Hermosillo, Sonora, en noviembre de 2022, no solo se anunció la creación de plantas para la producción de semiconductores en ambos lados de la frontera, en Sonora y Arizona, sino que también se plantearon objetivos de México en materia de energía y cambio climático. A estos compromisos se les denominó el Plan Sonora.

El gobierno de México, de la mano con las políticas estadounidenses, se comprometió a elevar su meta de reducción de emisiones de 22% a 35% en los próximos 8 años. Por otra parte, con el apoyo de Estados Unidos, y con una inversión de 48 000 millones de dólares, buscará reducir las emisiones en 52 millones de toneladas de carbono. Un tercer compromiso fue el de captar 98% del gas metano de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El Plan Sonora contempla la construcción de plantas de energía solar. Este fue el mensaje que se llevó a la Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP-27) en Egipto. (Ver el Tablero Internacional de noviembre 2022 en Este País).

Los compromisos señalados parecen abrir una ventana a la aceptación del proyecto de Norteamérica en un perímetro de competitividad conjunta de los tres países. El desafío está sobre la mesa para 2023. Tenemos la oportunidad de entrar a esta nueva regionalización, pero también está el riesgo de continuar apoyando las políticas de energías fósiles impulsadas por la Secretaría de Energía, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. Este 2023 está nos presenta dos rumbos opuestos. EP

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