Hace casi 200 años, cuando se creó este país como un Estado independiente, más de la mitad de la población hablaba alguna de las distintas lenguas indígenas existentes antes de la llegada de los españoles. Los datos no son exactos y las versiones son distintas, pero podríamos establecer una media: aproximadamente el 65% de los habitantes de lo que, a partir de la Independencia, se convertiría en un país llamado México, hablaba una lengua indígena; tras 300 años del colonialismo ejercido por la Corona española, este era el saldo lingüístico. En cambio, casi 200 años después, solo el 6.5% de la población mexicana habla alguna lengua indígena: entre el porcentaje (65%) que existía después de los 300 años que duró la Colonia y el 6.5% que trajeron consigo estos 200 años de México independiente media una historia que se necesita contar, analizar y poner en perspectiva. El Estado ha tenido un éxito evidentemente mayor —en números y en tiempo— extinguiendo las lenguas mexicanas que el que tuvieron los 300 años de colonialismo español.

No es de ninguna manera fortuito que esta dramática disminución de los hablantes de lenguas indígenas esté relacionada con la vida del México independiente. Visto desde una perspectiva mundial, los expertos alertan que ahora, como nunca antes en la historia de la humanidad, el ritmo del lingüicidio se ha incrementado trágicamente. Los expertos que trabajan en el Catálogo de Lenguas Amenazadas de la Universidad de Hawái advierten que, en promedio, se extingue una lengua cada tres meses. Otros expertos en diversidad lingüística predicen que, de continuar la situación actual, la mitad de las lenguas habrá desaparecido dentro de 100 años.

¿Cuál es la razón de esta pérdida acelerada de lenguas? Para explicarlo, se han dado diversas razones: la pérdida de lenguas como un abandono paulatino de las comunidades de hablantes que prefieren utilizar otras lenguas que les dan mayor acceso a la información que se produce y reproduce en idiomas como el inglés o el español, o bien los efectos de la globalización, la cual se facilita tan solo en aproximadamente una docena de lenguas.

Sin embargo, estas razones ocultan otros fenómenos y no constituyen una respuesta satisfactoria. La existencia de lenguas en las que se transmite preferentemente el conocimiento no es propio solo de esta época: por ejemplo, el latín fue durante muchos siglos el idioma en el que se encontraba una gran parte del conocimiento de la tradición occidental, pero esto no supuso una muerte acelerada de lenguas, y su uso como lingua franca jamás atentó contra la diversidad lingüística.

Por otra parte, culpar de la muerte de las lenguas al abandono voluntario y pragmáticamente condicionado por parte de las propias comunidades de hablantes tampoco constituye una respuesta satisfactoria. En determinados contextos sociales, el hecho de acceder a lenguas francas no supone el abandono de la propia lengua. Cuando un hablante de holandés aprende inglés no abandona su lengua materna ni deja de transmitirla a sus hijos con el argumento de que ahora ya no necesita de su primera lengua. Esto demuestra que las razones para aprender nuevas lenguas pueden ser variadas, pero la razón para que comunidades enteras de hablantes dejen de usar y transmitir una lengua es casi siempre la misma: la discriminación sistemática y la violación de derechos humanos que sufren sus hablantes.

Esta discriminación está ligada a otro factor que el lingüista francés Michel Launey ha enunciado claramente: “la existencia de Estados monolingües en contextos sociales multilingües”. Como sucede en los casos de México y Francia, los Estados-nación en los que se encuentra dividido el mundo se construyeron bajo el supuesto de la homogeneidad. Se explica bien en “Sentimientos de la nación”, de José María Morelos y Pavón: una sola nación supone la existencia de una sola lengua. En el caso de Francia, las comunidades de hablantes de las distintas lenguas regionales pidieron al Gobierno que estas fueran reconocidas legalmente en 2008. La Academia Francesa de la Lengua, pionera en este tipo de instituciones, argumentó en contra diciendo que el reconocimiento legal de lenguas distintas al francés era un atentado contra la identidad nacional de Francia.

Estos dos ejemplos me parecen muy ilustrativos. Con escasas excepciones, los Estados-nación del mundo actúan del modo descrito por Launey: son Estados con comportamientos monolingües que están en contra de la existencia en su interior de naciones diversas que se comunican en lenguas distintas. Lenguas como el bretón en Francia o el maya en México han sufrido la negación y, durante mucho tiempo, el combate activo contra su existencia por parte de los Estados en cuyas jurisdicciones se encuentran.

No es de extrañar, entonces, que años después de la creación de un mundo dividido en Estados-nación la diversidad lingüística se encuentre más amenazada que nunca. Si en el mundo existen aproximadamente 200 países y el número de lenguas es de alrededor de 7 mil, se puede concluir que cerca de 6 mil 800 idiomas del mundo se encuentran encapsulados en países que, en la mayoría de los casos, no actúan como Estados y gobiernos multilingües. Existen Estados que respetan su composición multilingüe y que actúan en consecuencia, pero son escasos; la mayoría de las lenguas del mundo se encuentra a merced de Estados que han combatido o que combaten activamente su existencia en aras de una identidad nacional casi siempre ficticia.

Así, la riqueza lingüística del mundo se concentra en pueblos y naciones que, por diversas razones, no alcanzaron a formar Estados-naciones por sí mismos, quedando encapsulados dentro de países que ejercen violencia lingüística —entre otros tipos de violencia— contra ellos. Se trata de sociedades con escasa autonomía y poder de autodeterminación. Una lengua sin un Estado que la respalde está automáticamente en riesgo de desaparecer.

Tomando en cuenta estos argumentos, la formación de los Estados-nación establece una relación directa con la catástrofe lingüística más impresionante de la historia. En este contexto, no asombra que la herencia de 200 años del Estado mexicano esté relacionada con la pérdida acelerada de lenguas indígenas, pasando de un 65% de hablantes a un 6.5%. ¿En qué medida los procesos de fortalecimiento de las autonomías de los pueblos indígenas podrían relacionarse con la supervivencia de sus lenguas? Esta es una pregunta compleja que bien vale la pena responder.

La disminución de los hablantes de lenguas indígenas es consecuencia, sobre todo, de una de las políticas lingüísticas más exitosas del país: la castellanización. Esta tarea, emprendida con mayor ahínco en las primeras décadas del siglo xx, implicaba una serie de acciones directas contra el uso de las lenguas indígenas. Desde las escuelas, como centros de difusión, se orquestaron campañas de desprestigio y discriminación, se aplicaron castigos físicos y psicológicos a los hablantes de lenguas distintas al español y se dieron instrucciones precisas a los profesores rurales para extinguir lenguas a las que se culpaba del atraso y la pobreza de sus hablantes. La galería de los castigos infligidos por hablar lenguas indígenas es indignante y, contra toda expectativa, aún hoy en día siguen vigentes en muchos espacios escolares.

Además de las prohibiciones directas, las lenguas indígenas fueron deshabilitadas como lenguas útiles en los espacios de las administraciones públicas (intentar registrar a un niño en alguna lengua indígena es todavía un martirio) y de justicia (la mayoría de los presos que son hablantes de lenguas indígenas no cuentan con un intérprete durante su proceso), en el sistema de salud y en todos los ámbitos por medio de los cuales el Gobierno se relaciona con las comunidades hablantes de estas lenguas. La pérdida de la diversidad lingüística es consecuencia directa de la violación de derechos humanos de miles de personas a las que no podemos acusar de un abandono súbito y pragmático de sus idiomas a favor de una lengua que les es más útil. El papel del Estado mexicano en el lingüicidio actual ha sido protagónico, por decir lo menos.

A inicios del siglo XXI, en 2003, se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. En su artículo cuarto se reconoce que todas las lenguas indígenas del país tienen exactamente el mismo estatus legal que el español: son consideradas lenguas nacionales. Este reconocimiento legal es, sin lugar a dudas, muy importante, tomando en cuenta que en México no existe un reconocimiento legal del español como lengua oficial, ya que ninguna lengua es oficial pero todas son lenguas nacionales. De esta ley podríamos inferir que ahora el Estado mexicano se reconoce a sí mismo como un estado multilingüe.

A pesar de lo anterior, de los esfuerzos de los pueblos y de distintos actores sociales, declararse multilingüe no es su­ficiente. El discurso multilingüe oficial en muchas ocasiones oculta las relaciones de poder ejercidas por el español sobre las lenguas indígenas. México es un país multilingüe pero sus habitantes no lo son. Dicho de otro modo, México no es un país multilingüe.

Aunque aparece en la lista de países con mayor número de lenguas en el mundo, en México la mayoría de la población adolece de un monolingüismo en español. Aun cuando se hablan lenguas pertenecientes a 12 familias lingüísticas radicalmente diferentes, la mayor parte de la población mexicana no puede enunciar los nombres de las lenguas que se hablan en su propio país. Desde los contenidos educativos se ejerce una censura de facto que imposibilita conocer las lenguas de México, lo que tiene como consecuencia la casi inexistencia de espacios de aprendizaje que se encaminen a la creación de una sociedad realmente multilingüe.

Por otro lado, un país multilingüe debería alentar y no combatir la existencia de distintas lenguas en su territorio. A pesar de las declaraciones oficiales, las campañas de castellanización que con tanto ahínco se emprendieron hace décadas hoy dan sus mejores frutos, pues el ritmo de la pérdida de la diversidad lingüística es acelerado y faltan diagnósticos adecuados para calcular los daños.

En México se hablan muchas lenguas, existe una diversidad asombrosa, pero este no es un país multilingüe; para serlo hace falta que las relaciones asimétricas, consecuencia de siglos de racismo, permitan múltiples relaciones lingüísticas que nazcan del conocimiento, del respeto y del disfrute. Mientras que las estrategias simbólicas y directas se reproducen, el actual director de la Academia Mexicana de la Lengua insiste en que el Estado mexicano debería otorgar al español el estatus legal de lengua oficial del país. Los argumentos que presenta dan mucho que pensar y nos recuerdan que, como dijo Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano, “siempre fue la lengua compañera del imperio”. EP

• Texto publicado originalmente el 1 de junio, 2015.

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