Blindajes

Frente a la derrota electoral sufrida el 5 de junio en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, los gobernadores priistas de esos estados, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, respectivamente, decidieron blindarse, es decir, echar a andar mecanismos que les permitieran salir impunes de sus cargos. La reacción de la oposición no se hizo esperar: “El PAN denunció que ante la alternancia que está por llegar a varios estados de la República, los gobernadores salientes del pri se han dado a la tarea de preparar un ‘paquete de impunidad’ para intentar protegerse”.¹

Las acusaciones contra esos mandatarios son variadas: van desde enriquecimiento ilícito hasta tráfico de influencias, peculado y desvío de fondos públicos. La estrategia de defensa por parte de estos gobernadores consiste en dejar en cargos clave a personas que les puedan cubrir las espaldas. En Veracruz, por ejemplo, se promulgó una ley que crea la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular, Jorge Reyes Peralta, permanecería en esa posición más allá del sexenio que lo nombró. Duarte, igualmente, pretende dejar por nueve años como fiscal general a Luis Ángel Bravo. Otra estrategia política usada por el gobernador veracruzano en la etapa final de su sexenio ha sido la de premiar a los empleados estatales. Con tal propósito basificó a todo el personal del Gobierno estatal.

En Chihuahua también se creó una Fiscalía Anticorrupción transexenal y se pretende aprobar un mayor endeudamiento. En Quintana Roo se nombró a un auditor, a un fiscal y a tres magistrados del Tribunal Superior como una especie de malla de protección del gobernador saliente.

Uno de los rubros que han sido más controvertidos de la actuación de estos gobernadores es la deuda pública. En Quintana Roo, al inicio de la administración de Roberto Borge, en 2010, esa deuda sumaba 10 mil 37 millones de pesos. Para el 2015 el monto se elevó a 22 mil 442.5 millones de pesos. En el rango del endeudamiento estatal, Quintana Roo aparece en el octavo lugar nacional. No obstante, si promediamos esa cifra con el número de habitantes, este estado se ubica en el primer lugar de entidades endeudadas.

Por lo que respecta a Chihuahua, debemos decir que es el tercer estado más endeudado del país. En 2009, el monto de su deuda era de 13 mil 183 millones de pesos; en 2012, a mitad del sexenio de Cé­sar Duarte, llegó a 23 mil 284 millones de pesos. Lo inconcebible es que tres años después, en 2015, esa deuda casi se duplicó, o sea, se elevó a 42 mil 762.1 millones de pesos.

En el caso de Veracruz, en 2009, cuando Javier Duarte recibió el mando, la deuda era de 9 mil 331 millones de pesos. Para el 2012, a la mitad de su administración, esa cifra se había cuadruplicado, es decir, había ascendido a 40 mil 028 millones de pesos. Para 2015, había aumentado a 45 mil 879.8 millones de pesos, siendo el cuarto estado más endeudado de la República.

Así pues, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz “suman una deuda de 111 mil 084 millones de pesos, esto es el equivalente al 60% de todas las entidades con gobernadores salientes. ¿Cómo van a pagar semejantes deudas los nuevos gobernadores si el nivel de endeudamiento de los estados crece cuatro veces más que los ingresos que obtienen? Les tocará a los ciudadanos pagar el despojo de los gobernadores corruptos. En Quintana Roo, donde Borge ya se blindó, los ciudadanos tendrán que pagar 14 mil 946 pesos cada uno. Los habitantes de Chihuahua tendrían que desembolsar 12 mil 023 pesos y cada veracruzano debería gastar 5 mil 655 pesos para pagar las multimillonarias deudas que dejan sus gobernadores salientes”.² Ése es, pues, el promedio per cápita de la deuda en cada estado.

Además de este exceso en cuanto al endeudamiento, los tres gobernadores acumularon una larga lista de hechos que obraron en su desventaja. Sería imposible enumerar aquí todos ellos, pero al menos demos cuenta de los más notorios. En Veracruz, el caso de 19 periodistas asesinados. En Quintana Roo, los permisos para afectar el manglar Tajamar y las irregularidades del proyecto Dragon Mart, más la acusación de que el gobernador trató de apropiarse de terrenos ejidales en el municipio de Villa Cozumel y Bacalar. En Chihuahua, al gobernador César Duarte se le acusa de haber intentado cubrir un adeudo personal por 3 millones 760 mil dólares con la empresa ACM con dinero público. Por este evento fue demandado ante un juzgado español.³

Éstos fueron algunos de los motivos por los cuales, en Chihuahua, el candidato derrotado fue Enrique Serrano Escobar (PRI); no le alcanzó el 31.18% de los sufragios que obtuvo. Javier Corral (PAN) ganó con el 39.63% de los votos. En Quintana Roo, el candidato que quedó en segundo lugar fue Mauricio Góngora (PRI) con el 35.65%. Perdió contra Carlos Manuel Joaquín González (PAN-PRD), quien obtuvo el 45.08%. En Veracruz, el candidato perdedor fue Héctor Yunes Landa (PRI), quien obtuvo el 30.29%. Su primo, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD) se alzó con la victoria con el 37%.

Pero la contienda entre los partidos políticos no se detuvo el 5 de junio al darse a conocer estos resultados. En vista de la dinámica que adquirió la lucha política en esos tres estados se supo, con meses de anticipación, que la disputa continuaría encarnizadamente después de los comicios. Lo que pase en estos tres estados de la República se reflejará en las primeras planas de los diarios nacionales.

Ciertamente, fueron 13 entidades de la federación las que tuvieron elecciones el 5 de junio: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo. No obstante, como era natural, el interés de la opinión pública se ha ido decantando. Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo llaman la atención no por las controversias poselectorales, como solía acontecer en el pasado, sino por la suerte que pueden correr los mandatarios de esas entidades. Tienen muchas cosas que aclarar.

El PAN promete que esos gobernadores salientes serán llamados a cuentas por las nuevas administraciones panistas. Y es que el blanquiazul es el partido que tomará la estafeta en esos tres estados. Vale decir que los gobernadores electos, los ya mencionados Miguel Ángel Yunes, Carlos Manuel Joaquín González y Javier Corral, han asegurado que no quedará impune la mala actuación de los mandatarios a los que sustituirán.

En un comunicado de prensa, el PAN declaró: “Esos malos gobernadores, los que ya se van porque los ciudadanos ya los reprobaron, son los responsables de la grave crisis que se vive en deuda, seguridad, generación de empleos, crecimiento económico, infraestructura, calidad de los servicios públicos, entre otros, que afectan y lastiman a la población de Chihuahua, Veracruz y Quitana Roo”.⁴

Conviene hacer una aclaración: la controversia entre mandatarios salientes y mandatarios entrantes de ninguna manera es nueva. Simplemente pensemos en la disputa que se ha presentado entre el exgobernador Guillermo Padrés (PAN) y la actual gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich (PRI). Recordemos que Padrés ha sido objeto de múltiples acusaciones, entre ellas la de haber construido una presa en el rancho Pozo Nuevo de su propiedad, ubicado a 5 kilómetros de Bacanuchi. A este personaje se le investiga, entre otros motivos, por un sobregiro de 10 mil millones de pesos en las arcas del estado. O pensemos también en la rivalidad entre Rodrigo Medina (PRI) y Jaime Rodríguez “El Bronco” (independiente) en Nuevo León. A Medina, el juez Jaime Garza Castañeda lo acusó de ejercicio indebido de funciones.

Incluso si vamos más atrás en el tiempo, hay casos de exgobernadores que han ido a prisión por habérseles comprobado la comisión de diversos ilícitos durante sus administraciones. Podemos citar el encarcelamiento de Andrés Granier (PRI) acusado y denunciado públicamente por el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez (PRD). En Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat (PAN) también fue puesto tras las rejas a instancias del gobernador Carlos Lozano de la Torre (PRI). Tampoco olvidemos a Jesús Reyna (pri) en Michoacán, quien fue puesto en prisión por habérsele comprobado vínculos con el crimen organizado. Mario Villanueva (PRI) de Quintana Roo también está en la cárcel por los mismos motivos. Otros exgobernadores que han compurgado penas carcelarias son Pablo Salazar Mendiguchía (prd) de Chiapas y Narciso Agúndez Montaño (PRD) de Baja California Sur.

Lo que sí es nuevo es que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haya emprendido una controversia constitucional contra Javier Duarte y Roberto Borge por la aprobación a modo de leyes locales anticorrupción. En efecto, el 11 de julio, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el subprocurador, Salvador Sandoval Silva, dieron a conocer, conjuntamente, que la Procuraduría General de la República presentó la acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz y Quintana Roo. El propósito de esta controversia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que las entidades mencionadas no pueden regular asuntos relacionados con la anticorrupción en el ámbito local previamente a la publicación de las leyes generales del sistema nacional anticorrupción.

Y es que la fecha de expedición del decreto por el que se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en Palacio Nacional es del 18 de julio. En consecuencia, entró en vigor al día siguiente cuando fue publicada en el Diario Oficial junto con la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización. El paquete normativo completo del sna abarca también otras leyes: la famosa General de Responsabilidades Administrativas (3de3) —que entrará en vigor en un año—, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las reformas al Código Penal y la Ley de la Fiscalía General de la República (para la creación de una Fiscalía Anticorrupción).

Hasta donde llega nuestra información, la de la controversia constitucional es una vía que no había sido utilizada por el presidente de la República para emprender acciones en contra del abuso de poder por parte de un grupo de gobernadores. Dicho de otro modo: el titular del Poder Ejecutivo empleó un instrumento propio del Estado de derecho.

El contraste es muy marcado respecto de otras épocas en las cuales el presidente actuaba, frecuentemente, por encima de la ley. El gobernador que no le gustaba o se interponía en su camino, simplemente “iba pa’ fuera”. Lo de menos era la forma en que se daba esa destitución. Se tenía que cumplir a pie juntillas. La mayor contraloría —si cabe la expresión— contra el abuso de poder de los gobernadores era la que ejercía el mandatario en turno. Y eso, para que no sobrepasara el poder presidencial.

Por eso, un dato que no podemos pasar por alto en el análisis de estos sucesos es que en los tres estados que estamos analizando, los gobernadores ejercieron el control sobre los congresos locales. Así pudieron hacer aprobar estas leyes anticorrupción, muestra de que aquellos viejos controles desde la capital ya no operan.

En el México del presidencialismo omnímodo, no solamente los gobernadores sino también los propios congresos locales obedecían las órdenes del Primer Mandatario de la República.

¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Pues que con la relajación del dominio central, los gobernadores han acumulado un poder que en aquel México posrevolucionario y presidencialista se les fue de las manos.

Ciertamente, en México, el presidencialismo autoritario fue sustituido por el proceso de democratización y pluralización. Dicha democratización hizo posible que transitáramos de un dominio hegemónico del pri a nivel federal, estatal y municipal, a la formación de un mapa variopinto de la República; dimos paso al multipartidismo en el Congreso federal, en las gubernaturas, en los congresos locales y en los municipios. Empero, este proceso de democratización y de pluralización no fue acompañado de mayores y mejores controles sobre las administraciones públicas estatales.

Si hubiese habido un verdadero y propio ejercicio democrático del poder legislativo en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, el Legislativo habría ejercido en esos estados, primero, un contrapeso frente a los abusos del Ejecutivo. Por ejemplo, los congresos hubiesen frenado el endeudamiento excesivo. En segundo lugar, jamás habrían pasado esas oprobiosas leyes anticorrupción para blindar a los gobernadores salientes.

El asunto es que de ese vacío se aprovecharon algunos gobernadores vivales para hacer de las suyas. Al ya no pesar sobre ellos el poder central, autoritario, como en épocas pasadas —pero también al no ser implantados controles efectivos propios de la democracia en ciernes, como es el equilibrio de poderes—, sobrevino este tipo de corrupción que ahora está saliendo a borbotones de las alcantarillas. Una corrupción que también toca por complacencia o complicidad a los congresos locales.

Es interesante observar cómo en los tres estados se registran mayorías de un solo partido en los respectivos congresos. Así fue cómo pasaron las leyes anticorrupción en el Congreso de Veracruz. De 50 diputados que componen el congreso local saliente, 26 son del pri; forman mayoría simple. La ciudadanía se dio cuenta y los castigó: luego de las elecciones del 5 de junio esa composición cambió: ahora no hay partido que domine por sí solo al Congreso veracruzano.

En Quintana Roo, el congreso local está compuesto por 25 diputados, de los cuales 16 son del PRI. En la nueva legislatura, se puede decir, también hubo alternanvcia: predomina el PAN. De igual manera, los quintanarroenses le pasaron factura al PRI.

En Chihuahua, el Congreso tiene en total 33 diputados, de los cuales 17 son del PRI. En la nueva composición el PRI se quedó con siete representantes, siendo desbancado por el PAN, que ahora contará con 19 escaños. Los chihuahuenses castigaron por igual a gobernantes y representantes, lo que quiere decir que en ese estado norteño el PAN podrá gobernar en solitario; es decir, sin necesidad de formar coaliciones para pasar las leyes locales, como sí tendrá que hacerse en el caso de Veracruz y Quitana Roo. Dicho de otro modo: en estos dos estados deberán crearse coaliciones para formar mayoría.

Lo paradójico es que en el proceso de transición, en el que todo parecía corresponder a la lógica democrática, se produjeron cacicazgos en los que algunos gobiernos estatales se convirtieron en bastiones de un nuevo autoritarismo local cargado de vicios. Verdaderos y propios feudos en los que se acumuló poder y riqueza para beneficio del señor y su círculo cercano. Proceso que afectó a la ciudadanía estatal pero también al poder central. Afortunadamente, a esa ciudadanía le quedó el recurso del voto para deshacerse de los gobernantes abusivos.

El intento de los gobernadores de proteger su salida no sólo hizo pronunciarse públicamente en contra de esa medida al presidente de la República, sino también a Enrique Ochoa, nuevo dirigente priista, quien reiteró que ese instituto político no permitirá que el blindaje en Veracruz y Quintana Roo dañe la reputación de otros servidores públicos del partido. Al respecto, Ochoa solicitó a la SCJN agilizar las acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos locales y los gobernadores de esos estados por considerar que dañan la reputación de quienes se desempeñan con honestidad en los diferentes cargos públicos. Esto en clara referencia a los gobiernos emanados del PRI.

En conferencia de prensa, Ochoa solicitó a los legisladores federales de su partido ejercer la atribución conferida a los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en el artículo 94 de la Constitución mexicana, que establece que “cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público” se pida al presidente de la SCJN que las acciones de inconstitucionalidad “sean sustanciadas y resueltas de manera prioritaria”.⁵ Finalmente, la scjn declaró, el 5 de septiembre, inválidas las reformas anticorrupción aprobadas por los congresos de Veracruz y Chihuahua, conocidas comúnmente como “blindajes de impunidad”.

En un recuento de daños, el PRI y el Gobierno de la República, también priista, se dieron cuenta de que los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo eran insalvables. ¿Qué hacer? Pues tomar distancia ante ellos. Más aún cuando esos gobernadores, después de tantos abusos, quisieron salvar el pellejo con estas anodinas leyes anticorrupción que en realidad eran proimpunidad.

Pero el daño para el PRI está hecho: en primer lugar por lo ya sabido. El PAN se alzó con la victoria en siete estados. Ni siquiera cuando estuvo en el Gobierno de la República tuvo ese logro. En segundo lugar, porque Veracruz y Quintana Roo habían sido estados en los cuales no había habido alternancia, es decir, en ellos el PRI siempre había gobernado. Durante décadas ambos estados formaron parte del dominio absoluto del tricolor en la zona limítrofe del Golfo de México y el Caribe, junto con Tamaulipas (que también perdió), Tabasco (ahora en manos del PRD), Campeche y Yucatán. En tercer lugar porque Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, cualquiera que sea su suerte, se convertirán en exgobernadores incómodos.

Los priistas saben que el camino hacia el 2018 se presenta cuesta arriba. Tienen que hacer algo y pronto para recuperar el terreno perdido, entre otros motivos, por culpa de este tipo de gobernadores. EstePaís

NOTAS

1. El Financiero, 28 de junio de 2016.

2. Sanjuana Martínez, “Gobernadores blindados e impunes”, en Sinembargo.mx, 11 de agosto de 2016.

3. Sinembargo.mx, 4 de julio de 2016.

4 .El Financiero, 28 junio de 2016.

5. “El PRI pide a la SCJN agilizar acciones contra Borge y los Duarte”, Expansión, 25 de julio de 2016 <http://expansion.mx/politica/2016/07/25/el-pri-pide-a-la-scjn-agilizar-acciones-contra-borge-y-los-duarte>.

* Transgresiones a la democracia

Inicio esta serie de entregas con el propósito de analizar críticamente lo que hemos hecho como país y lo que nos falta por hacer al transitar de un sistema político autoritario a otro de hechura democrática. El México posrevolucionario estableció un orden que tuvo como puntales a la institución presidencial y al partido oficial. Añadiría un elemento más: lo que Frank Brandenburg nombró “la familia revolucionaria”. Esa tríada garantizó durante décadas la estabilidad política y la paz social. Entre los aportes de ese sistema estuvieron, desde luego, el paso del militarismo al civilismo, el haber podido encaminar al país por la senda civilizatoria y el haberle dado una institucionalidad.

No obstante, ese sistema mostró signos de agotamiento. Así se dio paso a transformaciones de gran calado que llevarían a la democratización, la pluralidad, un progresivo fortalecimiento del Poder Legislativo, elecciones libres y competidas. Gracias a esas transformaciones dejamos atrás el presidencialismo sin contrapesos efectivos, el dominio de un partido hegemónico y la presencia de una sola élite en el poder. En su lugar cubrimos los requisitos fijados por la institucionalidad y la legalidad democrática: una real y efectiva división de poderes, un sistema de partidos competitivos, una pluralidad de élites en competencia entre sí, según la clásica definición de Joseph Schumpeter, y un sistema electoral que se ha curtido, formado y reformado ya en muchas contiendas. A esto hay que añadir la existencia de medios de comunicación plurales en los que se da, sin restricciones, la libre circulación de las ideas y la crítica. Logramos establecer el Sistema Nacional de Transparencia; hace poco se firmó el decreto que crea el Sistema Nacional Anticorrupción; los derechos humanos son un tema que está en el centro de la atención pública.

Sin embargo, hay una insatisfacción innegable de la ciudadanía respecto del funcionamiento de nuestra democracia. Desde luego, no hay que desechar lo que hemos logrado en materia de democratización; pero hay “transgresiones a la democracia” —como es el título de esta columna— que amenazan con desviarla, desvirtuarla o desfondarla.

En cada una de estas entregas iremos abordando, precisamente, esas transgresiones.

Agradezco, muy cumplidamente, a la revista Este País la oportunidad de abordar estos temas en sus páginas. JFS

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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015); profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013); e investigador visitante en la Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros se encuentra Política, gobierno y sociedad civil, Fontamara, 2013. Fue miembro del consejo editorial de la revista Este País. Es investigador nacional nivel III del SNI.

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