Texto ganador del 2º lugar en la categoría “ensayo” del Premio MEY 2022, “Los abusos del poder público”
Texto de Alberto Duarte Tovar 05/12/22
Texto ganador del 2º lugar en la categoría “ensayo” del Premio MEY 2022, “Los abusos del poder público”
Parafraseando un multisonado discurso político: en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemexgate, del toallagate, de los fraudes electorales, del pacto por México, de las casas blancas, de las casas en Malinalco, del ramo de los moches, del maiceo en las reformas energéticas, de las desapariciones forzadas, de las estafas maestras, de las partidas secretas, de las estelas de luz, de las privatizaciones protegidas, de los partenones en Zihuatanejo y de muchos latrocinios cometidos, permitidos o solapados por quienes usan, disfrutan, se envanecen y abusan del poder público, es conveniente dar a conocer lo que uno ve, lo que uno siente y lo que uno sufre.
En mi alma mater, la FES Acatlán de la UNAM, en cierta ocasión mi profesora de Modernidad y pensamiento político me encomendó exponer en esa clase Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca, investigación ganadora de la segunda edición del premio MEY que otorga el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. A partir del suceso conocí la existencia de una institución, que de manera valiente, da a conocer aquello que se tiene que guardar con broche de oro durante muchos años, porque a alguien de la cúpula del poder no le es conveniente que salga a la opinión pública. El CEEY significa para mi una institución con sensibilidad social que da espacio al testimonio de la sociedad civil afectada por los abusos de poder.
Era momento entonces de trasladarse a Xochicuautla, una localidad en el municipio de Lerma en el Estado de México para retratar y describir un acontecimiento que se puede agregar a la lista de abusos del poder público que todos padecemos, directa o indirectamente, a diario. Y es que cuando uno viaja del Valle de Toluca al Valle de México es una buena noticia saber que se está construyendo una mega obra moderna y tecnológica que reducirá el traslado de un lugar a otro, como lo es la Autopista Toluca-Naucalpan. Pero, ¿a qué costo?, ¿quién la construye?, ¿por dónde va a pasar?, ¿por qué no la terminan si ya han pasado varios años desde que inició su construcción?, ¿cuánto han invertido en ello?
Muchas preguntas, pocas respuestas. Entre las respuestas, se sabe que es una mega obra construida por una filial de grupo Higa, la empresa que, a decir de los medios de comunicación, recibió múltiples contratos millonarios durante la administración federal entre 2012-2018 y que está vinculada con la Casa Blanca de la exprimera dama de México, Angélica Rivera.
En este sentido, es preciso señalar que en la planeación, construcción y operación de esta autopista se cometieron agravios en contra de comunidades indígenas, que han recibido esta denominación desde tiempos ancestrales y prueba de ello son algunos códices resguardados en universidades de prestigio como la de Harvard, aunque algunos ediles digan que no.
En la construcción de esta autopista, cuya proyección data del 2007, a los pobladores de las comunidades por las cuales habría de pasar no se les preguntó qué tan de acuerdo estaban con el proyecto. A decir de ellos mismos, la empresa llegó con personal encargado de visualizar la zona, de valorarla, de llevar a cabo un levantamiento topográfico y algunos meses más tarde comenzaron las obras.
Se trata de un “área de 2,300,000 metros cuadrados de bosque, regiones de importancia para las recargas de agua, de acuerdo a los decretos emitidos por el mismo gobierno del Estado de México, en el que habitan especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001”1 , que a decir de los analistas del tema, representan alrededor de 10 millones de metros cúbicos de tierra en 13.5 kilómetros de bosque natural y virgen.
Pero, ¿cómo se encuadra este caso entonces en la categorización de abusos del poder público? Podría decirse que desde varios aspectos se cometieron acciones y omisiones que así lo testifican. En primer lugar, en julio de 2015, siendo presidente de la república Enrique Peña Nieto, se pública en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece la expropiación de 38 hectáreas del pueblo de Xochicuautla para edificar la autopista, el propio decreto reconoce implícitamente que la expropiación se lleva a cabo cuando la maquinaria de la constructora había ocupado el territorio y no posterior a la publicación del mismo.
En segundo lugar, un año después, en marzo de 2016, en medio de granaderos de la policía estatal, los empleados de la firma reiniciaron las obras “pese a existir una suspensión temporal dictada por el juez quinto de distrito del Estado de México”2 derribando casas, destruyendo cultivos de maíz y amedrentando a la población indígena.
El abuso del poder público que se constituye en la zona va más allá de los límites de Xochicuautla y sus comunidades aledañas, y tiene que ver con las afectaciones que a largo plazo sufrirá esta zona que se ha considerado como un área de recarga de los mantos acuíferos del Valle de México y que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), esta franja boscosa considerada Área Natural Protegida suministra 30 por ciento de agua al sistema Cutzamala ya que forma parte también del parque estatal denominado Santuario del agua y forestal subcuenca tributaria río san Lorenzo.
Con anterioridad, se han presentado episodios semejantes mermando los recursos acuíferos de otras comunidades montaña abajo en el Valle de Lerma, particularmente en la zona de Atarasquillo, de San Nicolás Peralta y de Santa Cruz Chignahuapan que, a mediados del siglo XX, contaban con gigantescos humedales y enormes cantidades de agua superficial que fue bombeada a la ciudad de México, nutriendo el sistema Cutzamala. Hoy en día solo sobran recuerdos de estos humedales y unos cientos de metros cuadrados de los mismos.
Uno de los principales hallazgos que trato de manifestar en el ensayo es la inexistencia de una consulta previa, libre e informada que involucra a la totalidad de indígenas que habitan las comunidades por las cuales pasa la autopista y no solamente a unos cuantos, además de que el supuesto proceso de consulta a la comunidad se hizo a modo, cambiando la sede de último momento a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México como queda de manifiesto en la Recomendación 56/2016 que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por si fuera poco, se han abierto 22 procesos penales contra habitantes de estas localidades por supuestos delitos de oposición a la obra pública y, finalmente, hay omisiones en la protección de los vestigios arqueológicos, culturales y religiosos que resguardan los Cerros Sagrados del Divino Rostro, hoy en día, partido por la mitad por la propia autopista.
En el ensayo se presenta, además, una red de actores políticos del orden federal de gobierno correspondientes a la administración 2012-2018, así como de los órdenes estatal y municipal de gobierno.
Es preocupante que se abuse del poder público para tratar de sacar ventaja, pero es todavía más preocupante que haya oídos sordos y omisiones en perjuicio de los más vulnerables. Es como un pecado mortal en el reino de los cielos del influyentismo, de las conveniencias personales y del amiguismo. Que le quede el saco a quien le tenga que quedar. Porque (regresando a la paráfrasis con la que comencé este texto) no olviden —los implicados y protagonistas del abuso del poder público en este caso— que todavía falta que juzgue la historia, “viva la dignidad y mueran los abusos del poder público”. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
