La intervención estadounidense en Venezuela no sólo reconfigura la geopolítica regional: inaugura una nueva forma de ejercer el poder donde la fuerza, la gobernabilidad y el relato se producen en tiempo real.
Texto de Claudia Calvin Venero 07/01/26
La intervención estadounidense en Venezuela no sólo reconfigura la geopolítica regional: inaugura una nueva forma de ejercer el poder donde la fuerza, la gobernabilidad y el relato se producen en tiempo real.
Venezuela se ha convertido en un punto de observación privilegiado para entender una tendencia más amplia del orden internacional contemporáneo. No sólo por lo que ocurre dentro del país, sino por la forma en que se interviene, se comunica y se justifica esa intervención ante el mundo.
La “captura” del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, la madrugada del 3 de enero de 2026, por fuerzas estadounidenses, y el anuncio de su enjuiciamiento en una corte estadounidense, así como el establecimiento de una administración transitoria, no son únicamente un episodio de geopolítica ni un debate jurídico sobre soberanía y democracia. Son, ante todo, una señal de cómo se está reconfigurando el ejercicio del poder: menos diplomacia, más hechos consumados; menos procesos democráticos, más gobernabilidad impuesta y pactada con los poderes de facto; menos legitimidad construida desde el espacio ciudadano, soberano y nacional, y más imposición producida en tiempo real en el espacio comunicacional global.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido leída, casi de inmediato, desde dos marcos dominantes: la geopolítica del poder y la crisis de la democracia. Sin embargo, hay una tercera dimensión que atraviesa y reconfigura a ambas, y que ha sido mucho menos discutida: la guerra comunicacional. No se trata sólo de tanques, armas, petróleo, sanciones o pactos de transición con las fuerzas en el país, sino de la producción de sentido en tiempo real, de la disputa por la narrativa y de la normalización de la violencia en un ecosistema mediático radicalmente distinto al de décadas anteriores.
La historia reciente en el mundo nos ha demostrado que las intervenciones ya no se legitiman ni se explican únicamente a posteriori mediante discursos oficiales, diálogos de alto nivel o resoluciones diplomáticas. Se construyen —y también se disputan— minuto a minuto en redes sociales, plataformas digitales, videos generados con inteligencia artificial, memes y flujos de información que mezclan datos, propaganda, humor y desinformación. En este contexto, la democracia deja de ser sólo un problema institucional y se convierte también en un problema comunicacional: quién nombra lo que ocurre, desde dónde se cuenta, con qué objetivos y con qué efectos.
El debate en torno a la intervención en Venezuela se ha articulado principalmente desde dos enfoques: el normativo y el geopolítico. Desde la primera perspectiva, se subraya que la captura del presidente venezolano y la imposición de un gobierno de transición bajo tutela extranjera constituyen una violación del derecho internacional y de la soberanía estatal. En este marco, se insiste en que no puede hablarse de restablecimiento democrático cuando el cambio de poder se produce por la fuerza y sin un proceso político interno legítimo.
La lectura geopolítica, por su parte, interpreta los hechos como un intento de reafirmación hegemónica en un contexto de competencia entre grandes potencias y de cuestionamiento al liderazgo estadounidense. Venezuela aparece así no sólo como un problema regional, sino como un escenario para el uso del poder duro con fines de señalización global, tanto hacia aliados como hacia adversarios.
Ambos enfoques coinciden en aspectos centrales: la fragilidad del orden jurídico internacional, la prioridad otorgada a la gobernabilidad inmediata sobre la legitimidad democrática y la ausencia de una estrategia clara para la reconstrucción institucional. Sin embargo, dejan abierta una pregunta clave: ¿cómo se construye hoy la legitimidad política cuando la intervención, la transición y el relato se producen de manera simultánea, en el espacio digital y desde múltiples emisores?
Desde la perspectiva normativa y geopolítica existe una coincidencia clara: en Venezuela, la transición democrática ha quedado subordinada a la lógica de la gobernabilidad. La exclusión del presidente electo Edmundo González y de María Corina Machado, junto con el pacto con figuras del propio régimen chavista, responde a un cálculo pragmático orientado a asegurar el control del Estado y evitar un colapso inmediato, a costa de la legitimidad democrática.
Esta estrategia reproduce un patrón conocido en América Latina: la democracia se posterga en nombre del orden. Instituciones debilitadas, élites subsumidas y estructuras infiltradas por el narcotráfico limitan las posibilidades de una transformación real, dando lugar no a una ruptura con el pasado, sino a una reconfiguración del poder con los mismos actores.
La gobernabilidad se convierte así en un fin en sí mismo y la representación política queda desplazada. La democracia aparece como deseable, pero prescindible en el corto plazo, sobre todo cuando la intervención se justifica bajo una lógica de negocio que reduce el destino de un país a una ecuación de costos y beneficios.
Las intervenciones militares han funcionado históricamente no sólo como mecanismos de cambio político, sino también como campos de experimentación. La invasión de Panamá en 1989 constituye un antecedente clave. En la Operación Causa Justa, Estados Unidos ensayó nuevas capacidades militares en un contexto de fuerte control informativo. La operación fue breve y estratégicamente eficaz, pero escasamente documentada en tiempo real: la información fue fragmentada y cuidadosamente administrada por el país invasor. Los argumentos utilizados —la acusación de narcotráfico contra Noriega y la supuesta amenaza a ciudadanos estadounidenses— anticiparon narrativas que reaparecen hoy. Desde el punto de vista militar, Panamá sirvió además como terreno de prueba para armas y recursos que serían utilizados posteriormente en la Guerra del Golfo.
La Operación Tormenta del Desierto, en 1991, durante la Guerra del Golfo, sentó un nuevo precedente comunicacional. Por primera vez, un conflicto armado fue transmitido en vivo a escala planetaria. Las imágenes nocturnas de Bagdad bombardeada, difundidas por CNN, llevaron la guerra a los hogares y normalizaron la violencia como espectáculo informativo. La tecnología y los medios de comunicación no sólo mostraron el conflicto: lo reconfiguraron.
Hoy el escenario es radicalmente distinto: las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial han desplazado cualquier control centralizado del relato. La información circula de forma fragmentada y emocional, y las percepciones se construyen en tiempo real a través de videos, memes y contenidos generados artificialmente, incluso antes de que existan versiones oficiales. En este contexto, la guerra comunicacional ha dejado de ser propaganda clásica para convertirse en saturación, ambigüedad y viralidad. La violencia y la intervención se trivializan o se justifican según el encuadre dominante, mientras la democracia queda atrapada entre el hecho armado y su representación, subordinada a la lógica del relato inmediato.
En este río revuelto no ganan las instituciones ni el derecho internacional, sino los actores capaces de imponer una lectura rápida, emocional y viral de los hechos. La saturación desinformativa favorece al poder que actúa primero y explica después, mientras la democracia queda relegada a un lenguaje simbólico, invocado para justificar decisiones ya tomadas. Cuando el relato sustituye al proceso, la fuerza no sólo se ejerce: se normaliza.
La historia de la Doctrina Monroe atraviesa América Latina desde principios del siglo XIX. Durante el siglo XX, funcionó como justificación explícita de la intervención estadounidense en la región: Guatemala en 1954, Bahía de Cochinos en 1961 y Panamá en 1989, así como el respaldo a gobiernos militares en el Cono Sur durante la Guerra Fría. Se trata de hitos distintos, pero inscritos en una misma lógica de intervención.
Lo que vuelve distinta la intervención en Venezuela no es su existencia, sino el contexto en el que ocurre. El mundo ya no es bipolar: está atravesado por la disputa entre nuevas potencias y actores internacionales; las instituciones multilaterales exhiben sus límites, y el derecho internacional carece de mecanismos efectivos de cumplimiento. En este escenario, la Doctrina Monroe reaparece no como un principio defensivo, sino como un instrumento de demostración de poder en un orden global incierto.
Su reconfiguración más profunda no es geopolítica, sino comunicacional. A diferencia de las intervenciones del siglo XX, hoy la Doctrina Monroe se ejerce en tiempo real mediante la producción acelerada y deliberada de relatos que buscan legitimar la fuerza antes de que exista discusión. Redes sociales, plataformas digitales, desinformación, contenidos virales e inteligencia artificial no acompañan la intervención: la constituyen. América Latina ya no es sólo un espacio de influencia, sino un laboratorio narrativo donde la soberanía se vuelve negociable, la ilegalidad se diluye en el ruido informativo y la democracia se transforma en una promesa condicionada por quien controla el encuadre de lo que ocurre. En esta Doctrina Monroe 2.0, dominar el territorio es tan importante como dominar el relato sobre ese territorio.
Lo ocurrido en Venezuela obliga a replantear una pregunta central: ¿qué significa hoy defender la democracia en un mundo donde la fuerza, el relato y la tecnología de la comunicación se entrelazan? La intervención militar ya no actúa sola: se despliega acompañada de narrativas que buscan legitimarse en tiempo real y de dispositivos comunicacionales que moldean percepciones globales antes de que exista deliberación política, jurídica o diplomática.
La democracia no se disputa únicamente en las urnas o en los tribunales, sino también en el espacio digital donde se construye sentido, se fijan interpretaciones y se naturalizan hechos consumados. Ignorar esta dimensión no es una omisión analítica menor: es renunciar a comprender cómo se ejerce el poder hoy.
Venezuela no es un caso aislado ni un accidente regional. Es un síntoma temprano de un orden internacional en el que la democracia corre el riesgo de reducirse a un lenguaje instrumental y la intervención a un espectáculo eficaz, rápido y comunicable. Si este modelo se normaliza, no sólo se debilitan aún más las instituciones y el derecho internacional: se redefine quién puede usar la fuerza, quién puede narrarla y quién queda condenado a explicarla cuando ya es demasiado tarde.
El verdadero riesgo no es únicamente lo que ocurre en Venezuela, sino aquello que puede empezar a parecer aceptable después de Venezuela. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
