En días recientes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un impuesto del 3.5 % a las remesas. Esta medida es parte central del programa de Donald Trump para reducir la migración y “recuperar la grandeza de América”. Como es de esperarse, las autoridades mexicanas han reprobado el proyecto y una cantidad de voces se ha sumado a sus llamados. Sin embargo, se ha prestado poca atención al contexto más amplio de tensiones partidistas en el que se enmarca la propuesta, así como a las consecuencias que van más allá de la grave pérdida de poder adquisitivo que afectaría a las familias mexicanas.

Para entender la importancia de esta ley y sus implicaciones —no solo para México, sino para el sistema político estadounidense—, es necesario hacer un breve recorrido por los momentos más importantes que han llevado a su creación, sin dejar de mencionar a algunas de las figuras clave que la impulsan. Al ser el paquete de políticas más importante de la Casa Blanca, su redacción corrió a cargo de legisladores republicanos: una muestra de la influencia que el movimiento MAGA y sus seguidores siguen teniendo —y tendrán en los próximos años—.

El largo camino unipartidista hacia una gran y hermosa ley

En las elecciones de noviembre de 2024, los republicanos no solo conservaron el control de la Cámara de Representantes, sino que recuperaron la mayoría en el Senado. Si bien esta victoria les permitiría impulsar la agenda del recién reelecto Donald Trump, desde un inicio comenzaron las discusiones al interior del partido. Al contar con la ventaja más estrecha en la Cámara desde 1933, la bancada del presidente tendría que maniobrar para cumplir sus promesas de campaña.

John Thune, líder del grupo en la Cámara Alta, defendía una táctica basada en la presentación de dos leyes. La primera, que sería aprobada sin mayores contratiempos, se enfocaría en temas migratorios y energéticos. La segunda, que requeriría de un proceso de negociación más amplio, sería una ley fiscal. Otras figuras centrales de la Casa Blanca como el vicepresidente JD Vance, el jefe de políticas, Stephen Miller, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, o el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, respaldaron este enfoque. Desde su punto de vista, esta estrategia permitiría responder de manera inmediata a la crisis fronteriza, liberando más recursos para las labores de securitización.

Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue de los principales defensores de una ley única que atacara todas las prioridades de la nueva administración. Esta alternativa hizo eco entre los partidarios de las reducciones de impuestos, incluyendo al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith. Agrupar tantos temas en una sola iniciativa facilitaría la movilización de los votos de aquellos republicanos que se opusieran al proyecto fiscal.

No fue sino hasta enero de este año que los representantes republicanos se reunieron a puerta cerrada en Fort McNair para definir los pasos a seguir. Durante el encuentro, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, comunicó al resto de legisladores que Trump había decidido impulsar un paquete único. Con apenas una mayoría simple en el Senado, los republicanos recurrirían a un procedimiento parlamentario especial conocido como reconciliación presupuestaria. Introducida como parte de la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974, la reconciliación impide a la minoría en el Senado obstruir la aprobación de ciertas leyes al anular el requerimiento de 60 votos para poder cerrar la discusión en el pleno. Bajo estas reglas, no hacen falta más que 51 votos para aprobar una ley.

Para iniciar el procedimiento, ambas cámaras aprobaron resoluciones presupuestarias concurrentes, una especie de guía que contiene los objetivos, prioridades y límites que deberá respetar el presupuesto para este año. Los lineamientos a los que debería apegarse la futura ley presupuestaria atendían la preocupación principal del gobierno entrante: extender más allá de 2025 la vigencia de la famosa Ley de Reducción de Impuestos y Creación de Empleo de 2017.

Para mediados de mayo, 11 comités de la Cámara de Representantes habían redactado, analizado y aprobado las distintas secciones de lo que se convertiría en la primera versión de la One Big Beautiful Bill. Las tensiones entre las distintas facciones al interior del partido se manifestaron a lo largo de todo el proceso. Tras una votación fallida para integrar el borrador final, el texto fue finalmente aprobado por el Comité de Presupuesto un domingo por la noche. Dos días después, el martes 20 de mayo, el presidente del Comité, Jodey Arrington, entregó la ley a la Cámara.

Al día siguiente, Trump se reunió con los principales detractores republicanos. Entre ellos, destacaban algunos miembros del Freedom Caucus —uno de los bloques más conservadores dentro del Congreso—, y varios representantes que habían ganado sus escaños en estados históricamente demócratas. Su mensaje fue claro: aquellos que votaran en contra del paquete no solo serían traidores, sino que pagarían las consecuencias en las próximas elecciones.

Tras una discusión maratónica que duró más de 21 horas y tras adoptar las enmiendas propuestas por Jodey Arrington, en su calidad de presidente del Comité de Presupuesto, el Comité de Reglas de la Cámara sometió la ley a votación del pleno. El 22 de mayo, la ley fue aprobada con 215 votos a favor, 214 en contra, 1 abstención y 2 votos no emitidos. El hecho de que al momento de la elección tres escaños demócratas se encontraban vacíos por la muerte de algunos de sus legisladores más viejos provocó el malestar entre los más progresistas.

Ahora, el Senado deberá revisar la versión aprobada. El debate estará limitado a 20 horas que, una vez agotadas, darán paso a un vote-a-rama, una ronda rápida de votaciones de enmiendas. También, la ley deberá pasar la prueba de la Regla Byrd, un mecanismo utilizado desde 1985 para garantizar que la reconciliación únicamente se aplique en aquellas iniciativas relacionadas con el proceso presupuestario. Si el Senado aprueba la ley con modificaciones, es común que se conforme una conferencia bicameral para resolver las diferencias en la redacción. De alcanzar un acuerdo político, la Cámara podría aceptar los cambios desde un inicio y acelerar el proceso. En la Casa Blanca, se mantienen optimistas; el plan es que el presidente firme como parte de las celebraciones del 4 de julio. 

La negociación no será sencilla, pues al menos una decena de senadores republicanos se han manifestado en contra. Algunos conservadores como Ron Johnson o Rand Paul reprueban el incremento en el déficit, que podría alcanzar los 2.2 billones de dólares anuales. Por otro lado, los republicanos más moderados rechazan las restricciones impuestas a Medicaid o la desaparición de los créditos para energías limpias.

Gran ley, grandes costos

En lo que algunos consideran que será el mayor traspaso de riqueza hacia los más ricos en la historia de Estados Unidos, la ley aprobada por la Cámara de Representantes reduciría en al menos 1 billón de dólares los apoyos federales dirigidos a las familias más vulnerables a través de restricciones adicionales para acceder a servicios de salud y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). A ello se suma que más del 60 % de las reducciones en los impuestos beneficiarían al 20 % con más ingresos.

En cuanto a migración, uno de los ejes centrales de la ley contempla un aumento muy importante del presupuesto destinado a las operaciones de detención y deportación. Además, crea nuevas cuotas para las aplicaciones de asilo, programas humanitarios y otros trámites que llevan a cabo las personas migrantes, como autorizaciones de empleo o procesamiento de visas. Más allá de eso, se excluye a millones de personas del acceso a programas públicos como el American Opportunity, Lifetime Learning, CHIP o los mismos Medicaid y SNAP.

Una de las medidas más polémicas que entrarían en vigor es un impuesto a todas las transferencias realizadas hacia el exterior que puedan ser consideradas como remesas bajo la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos (EFTA). La Sec. 112105 de la ley establece que los proveedores del servicio serán los encargados de retener y enviar los recursos al Tesoro. Adicionalmente, contempla una excepción en aquellos casos en los que la transferencia sea realizada por un ciudadano estadounidense verificado ante un proveedor autorizado. Para ello, los usuarios deberán proveer información detallada de cada transacción y solicitar un reembolso al momento de presentar la declaración anual de impuestos federales. Es importante mencionar que, al día de hoy, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) no ha emitido una interpretación clara sobre el estatus de activos virtuales como criptomonedas o stablecoins, por lo cual algunas operaciones podrían estar sujetas a esta medida.

Desde 2015, se habían presentado tres iniciativas similares a nivel federal. La última de ellas, la ley WIRED de 2023, contaba con el respaldo de Vance y se enfrentó a un rotundo fracaso en la Cámara. Tan solo en los últimos seis meses, se recibieron 28 iniciativas a nivel estatal que perseguían los mismos objetivos. Todas ellas fueron abandonadas tras considerar el impacto que tendrían en el crecimiento económico.

A pesar de que la propuesta original fijaba este gravamen en un 5 %, la versión final aprobada por la Cámara considera un impuesto del 3.5 %, el cual afectaría a alrededor de 50 millones de personas, incluyendo a residentes permanentes. Si tomamos en cuenta que la India y México son los dos principales receptores de remesas provenientes de Estados Unidos y que, en nuestro caso, representan casi 4 % del PIB, seríamos uno de los países más afectados. En última instancia, dejaríamos de recibir alrededor de 2,600 mdd al año.

A nivel subnacional, los estados con mayores pérdidas en términos absolutos serían Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Guanajuato. Mientras tanto, los estados más vulnerables, si prestamos atención al porcentaje que las remesas representan en su economía, serían Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Si sumamos, además, la orden ejecutiva que firmó Trump en enero para frenar prácticamente todas las actividades de USAID, podemos decir que la reducción en las fuentes de financiamiento para el desarrollo es enorme. Las familias verán reducidos sus ingresos alternativos, siendo más vulnerables ante fluctuaciones macroeconómicas o desastres naturales, y tendrán menos recursos disponibles para invertir en mejora de vivienda, educación o salud.

La respuesta de las autoridades mexicanas fue, por un lado, la condena de la ley desde La mañanera. Por otro, el Senado envió una comitiva, al mando del Senador Ignacio Mier, para buscar el diálogo con actores relevantes en el Congreso estadounidense, comitiva que fue recibida únicamente por el Embajador mexicano Esteban Moctezuma, algunos embajadores latinoamericanos y algunos miembros del Caucus Hispano, perteneciente al Partido Demócrata.

No podemos dejar de mencionar los grandes riesgos y costos que el nuevo impuesto traería para la economía estadounidenses. Probablemente, la consecuencia más grave sería la pérdida de privacidad que los ciudadanos tendrían que asumir para cumplir con un invasivo proceso de verificación. En pocas palabras, los estadounidenses tendrían que comprobar su ciudadanía, entregar sus documentos personales y revelar información privilegiada sobre sus transacciones. Los negocios de remesas, por su parte, tendrían que asumir una carga administrativa importante para poder cumplir con los preceptos de la ley, lo que se traduce en más barreras de entrada, menos competencia y precios más altos.

La falta de certidumbre jurídica para instituciones de tecnología financiera desincentivaría la innovación y la adopción de nuevas soluciones. Esto, sin contar con que la medida llevaría a los consumidores a buscar alternativas fuera del sistema financiero formal, ocasionando un retroceso sin precedentes en los esfuerzos de inclusión financiera, y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Al incrementar los flujos de efectivo, esta ley resta capacidades a las fiscalías para rastrear el dinero proveniente del narcotráfico o del tráfico de personas.

Por último, esta medida atenta contra dos principios fundamentales del régimen fiscal internacional. Dado que muchos trabajadores sin ciudadanía ya pagan obligaciones fiscales sobre sus ingresos antes de realizar las transferencias, se violaría el principio de no duplicación. Del mismo modo, la carga excesiva para los sectores más desfavorecidos no respeta el principio de proporcionalidad.

Vendrán tiempos difíciles

Está por verse si Trump y los líderes republicanos lograrán cerrar filas en el Senado. Las próximas semanas definirán el rumbo de los próximos cuatro años. De lograr someter a sus detractores más reacios, el presidente gobernará con nulos contrapesos, al menos hasta 2026. De lo contrario, tendrá que enfrentarse a una oposición bien articulada dentro de su propio partido. Su arma más importante será discursiva: si logra convencer al público de que votar en contra de la ley es sinónimo de traición y dotar de credibilidad sus amenazas rumbo a las próximas elecciones intermedias, pocos se atreverán a enfrentarlo.

Para México, la aprobación de la ley sería un golpe fuerte. Más allá de las pérdidas económicas, el respaldo legislativo a las políticas migratorias del magnate neoyorkino significará una relación bilateral cada vez menos amigable, y una política exterior mexicana con menos influencia sobre nuestro país vecino. EP

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