¿Qué le importa al país un puñado de comunidades de pueblos originarios resistiendo ante las atrocidades de una violencia organizada que no descansará hasta acabar con ellas? Guerrero es la entidad en donde ocurre una masacre continuada y las agendas de gobierno, estatal y federal no contemplan una atención a las problemáticas que sostienen el uso de la violencia como vida diaria.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha denunciado, al menos desde mayo de 2015, la colusión entre autoridades municipales así como la existencia del grupo criminal conocido como Los Ardillos. Autores de un sin fin de asesinatos y ataques contra la población, hasta ahora, nada parece indicar que este grupo vaya a tener una persecución por parte de los cuerpos de seguridad oficiales para detenerlos y juzgarlos.

Durante mucho tiempo sostenido por la familia Ortega (una familia prominente en el centro de Guerrero), el grupo criminal de Los Ardillos sirvió para desarrollar y mantener la siembra, cultivo y trasiego de la amapola y marihuana desde hace al menos cuatro décadas. En el 2015, uno de los hijos de esta familia, Bernardo Ortega fungió como presidente del Congreso estatal. Los beneficios económicos que logra la organización son suficientemente atractivos como para que todo el aparato de Estado se active y genere una suerte de protección a partir del ataque y eliminación de quienes considera sus enemigos.

A veces bajo el cobijo de una supuesta identidad de autodefensas y más recientemente con su verdadero rostro, Los Ardillos son los autores de las muertes de muchas familias, de varios miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PC), de miembros del CIPOG-EZ y de varios comunicadores locales que, dedicados al radio, no callaron sus voces para denunciar lo que ocurre en esta región guerrerense del municipio de Chilapa y sus alrededores.

Y han sido precisamente estas organizaciones quienes, a pesar de los ataques certeros en su contra, continúan defendiendo un proyecto de vida en donde la violencia sea cosa del pasado y donde sea posible construir una dinámica social en la que la justicia sea parte central; continúan levantando la voz y denunciando lo que es necesario denunciar, diciendo sin más lo que ahora resulta indispensable decir al respecto: un proyecto económico que deambula entre la legalidad y la ilegalidad, amparado orgánicamente entre las instituciones de gobierno, es el perpetrador de una ola de violencia nunca antes imaginada. Sangrienta, despiadada y súbita.

En 2021, una Misión Civil de Observación (MCO-Sexta) recorrió la región de la Montaña Baja de Guerrero, epicentro de toda esta grave situación, y logró documentar “crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra las comunidades indígenas del CIPOG-EZ”. Constantemente estas agresiones y crímenes son denunciados sin que haya un sólo cambio, sin que exista un momento de tranquilidad para las personas que aún resisten en la zona.

¿Qué es lo que buscan los grupos criminales, el gobierno estatal de Evelyn Salgado y el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador? ¿Que las comunidades se rindan y abandonen sus tierras por las que tienen tanto apego? ¿Que haya un exterminio total en la región para luego decir que ahí no había nadie viviendo y por lo tanto es mejor aprovechar este lugar para el progreso nacional? Porque alguna justificación deben de tener los asesinatos, las desapariciones y todo el trabajo que representa cada intento por destruir a los pueblos que ahí viven.

Ningún acto de violencia es casual o anodino. Cada muerte, cada momento de desprecio, cada omisión tiene una lógica en el sistema capitalista. Guerrero no se considera como un laboratorio de la violencia fortuitamente: es así porque ahí operan lógicas que pretenden imponer a toda costa las ganancias económicas por encima de la vida humana. Y esto es lo que ocurre en la región en donde el CIPOG-EZ ha apostado por luchar por una vida digna.

Precisamente en mayo de 2015, poco antes de que Luis Astudillo, militante del PRI, fuera electo gobernador de Guerrero; antes de toda la polémica que llevó a la actual gobernadora al cargo, en medio de una guerra intestina en donde el primer enemigo era otra organización criminal –Los Rojos–, justo en este punto en que la narrativa corre el riesgo de dejarse llevar por el sensacionalismo, justo ahí, es que algunos colegas y yo pudimos ser testigos del poder y de la protección de la que gozan Los Ardillos para tomar ciudades enteras, desaparecer gente, asesinar, cobrar extorsiones. Nadie nos lo va a contar, vimos a la maquinaria actuar y dejar estela de sangre y dolor. 

Así como en las comunidades han enterrado, bajo mucha rabia e indignación, a los suyos, a aquellas personas que lucharon por su comunidad.

Ni la Policía municipal, ni la antigua Gendarmería de la Policía Federal, ni el Ejército movieron un dedo para frenarles, ya no digamos, para detenerles. Han solapado cada una de sus acciones criminales y se mantiene la impunidad ante tanta muerte y dolor vivido en carne propia por las comunidades de la Montaña Baja. 

Sin embargo, la pulsión de vida es mayor, la necesidad de luchar y sobrevivir ha llevado a estas comunidades a iniciar una campaña de recaudación de fondos para solventar diversas necesidades básicas, particularmente las de comunicación, una manera de resistir. Pueden encontrar datos de esta iniciativa en este enlace.

Como reza uno de los refranes de la CRAC Policía Comunitaria: “sólo el pueblo salva al pueblo”. Y así será a pesar de la Hidra de siete cabezas. EP

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