En este texto, Carlos F. Lascurain Fernández hace un recuento de los principales retos que enfrenta el gobierno actual, en gran medida una herencia de la pasada administración.
Texto de Carlos F. Lascurain Fernández 02/04/25
En este texto, Carlos F. Lascurain Fernández hace un recuento de los principales retos que enfrenta el gobierno actual, en gran medida una herencia de la pasada administración.
Entender cómo funcionan las políticas públicas es determinante para intentar resolver los problemas para los cuales fueron originalmente creadas. Su apropiado seguimiento determina el éxito o fracaso al momento de su implementación y evaluación. El logro de metas y objetivos de un gobierno depende, en un alto porcentaje, de la forma en que se planea y se dirige una administración. A pesar de que durante una gestión gubernamental siempre van a existir externalidades y dificultades en lo referente a su desempeño, contar con planes, políticas y programas bien definidos y estructurados proporciona y facilita una ruta más certera y confiable para alcanzar los objetivos proyectados.
En México, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo marcada por una serie de decisiones que, si bien inicialmente estuvieron orientadas a enfrentar los problemas estructurales, no lograron resolver de manera efectiva los retos más urgentes y profundos del país. A pesar de que a lo largo de su gobierno AMLO dio prioridad a varios proyectos, entre los que destacan el ideológico y los de infraestructura y programas sociales, la calidad de vida de los mexicanos no mejoró. La falta de un seguimiento adecuado del ciclo de políticas públicas, así como de medidas coordinadas, sostenibles y de largo plazo, contribuyó a que los problemas —en prácticamente todos los sectores— se fueran agravando. Una de las principales causas de este escenario se debe a la insistente iniciativa presidencial de debilitar, desmantelar y destruir las instituciones mexicanas. Con unas capacidades institucionales tan debilitadas y frágiles, se vulnera el ciclo de políticas públicas y se condiciona el éxito de su implementación.
En su vigésima edición, el Reporte de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial (FEM) menciona cuáles son los principales riesgos para México. El reporte refleja la magnitud de fallas en los ciclos de políticas públicas de nuestro país, señalando que los avances en los siguientes rubros: i) escasez de suministro de agua, ii) crimen y actividad económica ilícita, iii) escasez de suministro energético, iv) pobreza y desigualdad, y v) servicios públicos y protecciones sociales insuficientes, no se produjeron al ritmo necesario para garantizar el progreso de la nación. De hecho, estos fracasos administrativos no solo limitaron las expectativas de desarrollo económico y social, sino que también contaminaron otras áreas de crecimiento y, a la vez, tuvieron consecuencias irreversibles para los mexicanos, especialmente para los más vulnerables.
A medida que nos adentramos en el 2025, las perspectivas de crecimiento y desarrollo en el país están cada vez más condicionadas por las decisiones que se tomaron durante la administración anterior. En la actualidad, México está marcado por un legado caracterizado por la ruptura y la destrucción, hechos que han impactado profundamente en las instituciones democráticas y los mecanismos de control y balance. A pesar de que el cambio de gobierno promete una nueva visión en su manejo, el ciclo de políticas públicas (diseño, implementación y evaluación) se encuentra aún secuestrado por una dinámica de procesos institucionales y burocráticos sin sustento, lo cual será difícil revertir en el corto plazo. Tan solo durante el último año hemos sido testigos de una multiplicidad de situaciones extremas, como la aprobación de reformas constitucionales que socavan diferentes ejercicios democráticos, la escalada en la inseguridad, el deterioro de los servicios básicos de salud y educativos, la polarización social y política generalizada, y un alarmante deterioro ambiental sin precedentes.
El FEM 2025 subraya que el panorama para México es pesimista y destaca que aún existe un alto riesgo de errores de cálculo en el ciclo de políticas públicas por parte de los actores políticos. Debido a decisiones equivocadas en las políticas implementadas, estos errores pueden comprometer gravemente su efectividad y no alcanzar los resultados deseados. El hecho es que México enfrenta una situación de alta vulnerabilidad, donde la falta de un enfoque adecuado con evidencias sólidas podría empeorar aún más los problemas estructurales del país. De esta manera, los actores políticos mexicanos deberán de ser más conscientes de los riesgos y actuar con mayor precisión y responsabilidad para evitar consecuencias negativas en el corto y mediano plazo.
Analizando a profundidad los riesgos que presenta el FEM 2025 para México, se intenta dar cuenta de cómo las políticas implementadas en estos sectores no solo han sido insuficientes para alcanzar sus metas programáticas, sino que tampoco cuentan con un nivel adecuado de respuesta para subsanar la situación. Los cinco riesgos que se presentan para México son de vital importancia para entender cómo las deficiencias en el manejo de políticas públicas pueden tener consecuencias definitivas para los ciudadanos. El propósito de este artículo es destacar cómo una deficiente priorización de problemas, acompañada de malas decisiones gubernamentales en la implementación de políticas públicas, afecta el crecimiento del país y no abona a una mejor calidad de vida de los mexicanos. A continuación, se intenta presentar un breve diagnóstico de cada uno de los riesgos que se presentan para nuestro país y, a la vez, relacionarlos con algunas fallas en el ciclo de políticas.
a) Escasez de suministro de agua
La escasez de agua es un problema estructural que ha afectado a México desde hace ya varias décadas. A pesar de que AMLO lo reconoció al inicio de su gobierno, el problema no fue atendido adecuadamente en términos de políticas de corto plazo. La reducción del presupuesto para el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático fueron una característica del gobierno de López Obrador. De acuerdo con la organización Signos Vitales (2024), entre 2019 y 2023, la inversión en infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) disminuyó un 22 % respecto al promedio de la administración de Felipe Calderón, y un 33 % frente al de Peña Nieto. Esta falta de inversión en infraestructura ha provocado una escasez de agua potable, lo que se refleja en el aumento de viviendas que reciben agua con menor frecuencia. Entre 2018 y 2022, los hogares que reciben suministro de agua cada tercer día crecieron un 17.8 %, mientras que las que reciben agua una vez a la semana aumentaron un 31 por ciento.
La escasez de agua potable es un problema recurrente para empresas y hogares mexicanos. Signos Vitales (2024) señala que, en 2021, México vivió la sequía más grave desde 2012, con un aumento en la proporción del territorio afectado, especialmente en las regiones norte y centro-norte. En mayo de 2018, el 7 % de los municipios de 11 estados estaban en emergencia por sequía, cifra que aumentó al 18 % en 18 estados en septiembre de 2019, y al 35 % en 23 estados para mayo de 2021. Según Banxico (2022), la expansión de las sequías ha implicado que una mayor proporción de la actividad económica se realice en regiones con condiciones áridas y poco almacenamiento de agua. En mayo de 2018, el 61.4 % del PIB se producía en municipios sin sequía, mientras que el 22.1 % estaba en municipios con sequía y el 14.5 % en zonas en situación de emergencia. Para mayo de 2021, el PIB no comprometido disminuyó al 24.3 %, mientras que las proporciones afectadas por sequía y emergencia aumentaron a 54.4 % y 42.9 %, respectivamente.
Finalmente, el estudio de S&P Global Ratings (2023) concluye lo siguiente: i) Las economías centradas en sectores sensibles al agua en regiones áridas podrían enfrentar mayores costos para garantizar el suministro y, al mismo tiempo, sufrir un debilitamiento económico. ii) Las interrupciones frecuentes del suministro de agua pueden afectar las decisiones de inversión y llevar a la reubicación de industrias a regiones menos expuestas. iii) La presión sobre los recursos hídricos puede generar riesgos para los gobiernos locales, como el deterioro del crecimiento económico, problemas fiscales, interrupciones en el suministro de agua y disturbios sociales. iv) El aumento del estrés hídrico podría limitar el crecimiento económico en estados vulnerables, intensificando las presiones políticas y económicas para aumentar el gasto en agua. Con lo anterior, la falta de un sistema integral de gestión de recursos hídricos y de políticas de conservación ha exacerbado la crisis que menciona el FEM 2025. Este riesgo limita el progreso al afectar directamente la calidad de vida de los mexicanos, generando inseguridad en el acceso al agua potable y disminuyendo la salud y la productividad económica en muchas regiones.
b) Crimen y actividad económica ilícita
La estrategia de “abrazos no balazos” de AMLO se centró en la reducción de la violencia a través de programas sociales, pero careció de un seguimiento claro de políticas que contemplaran la expansión del crimen organizado y su vinculación a la economía ilícita. De acuerdo con Signos Vitales (2024), el huachicol se consolidó rápidamente en el centro del país. Aunque el número de tomas clandestinas de gasolina disminuyó en la segunda mitad de la administración de López Obrador, el total de hallazgos superó en un 18.5 % el de la administración de Peña Nieto. Además, el aseguramiento de hidrocarburos aumentó en un 164.9 % en comparación con el periodo de Peña Nieto. La evidencia de Signos Vitales y el SAT indica que el mercado negro de combustibles fósiles, incluyendo contrabando y huachicol, ha superado al mercado legal de importaciones privadas. Esta expansión de actividades ilegales y la confrontación entre grupos criminales han sido los principales generadores de violencia en los últimos años. Se estima que en 2023 el impacto económico de la violencia en México alcanzó el 19.8 % del PIB (IEP, 2023).
El crimen organizado en México tiene una mayor penetración en la economía y el territorio. Según la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), México es el tercer país con mayor criminalidad, solo detrás de Myanmar y Colombia, y además lidera en mercados criminales. Su expansión está vinculada con la capacidad de controlar territorios, siendo el principal generador de violencia en el país. En 2023, el impacto económico de la violencia alcanzó los 245 mil millones de dólares, el 19.8 % del PIB. La extracción ilegal de petrolíferos es un ejemplo de este avance, con 31,946 tomas clandestinas localizadas entre 2001 y 2024 por la SEDENA (Signos Vitales, 2024). El crimen organizado sigue introduciendo recursos a México mediante remesas, tráfico de drogas, personas y contrabando, lo que ha elevado la demanda de pesos. Si bien no todos los fondos provienen de actividades ilícitas, una porción considerable de ellos no está sustentada por la economía formal. De acuerdo con Signos Vitales (2024), en 2023 se registraron operaciones por 205 billones 31 mmdp; siete veces el PIB de México y la UIF observó 208 billones 345.3 mmdp en total, incluyendo operaciones preocupantes e inusuales. Estos montos son los más altos desde que existe la ley de prevención de lavado de dinero, superando los registros de 2015 y 2018, años coincidentes con procesos electorales federales.
La respuesta del gobierno ha sido confusa y dudosa. De acuerdo con Signos Vitales (2024), en los últimos cinco años, los decomisos de armas largas disminuyeron en 21 de las 32 entidades federativas, con una caída de 53,972 aseguramientos, mientras que en 11 entidades aumentaron en 2,488. Ocho estados lideran la disminución, lo que representa el 87.9 % del total: Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Las caídas más significativas ocurrieron en Coahuila (-96.7 %), Durango (-96.1 %), Sinaloa (-91.9 %) y Nuevo León (-87.7 %). De igual forma, en la administración de López Obrador fueron aseguradas 45 aeronaves y 120 embarcaciones, mientras que en la administración de Felipe Calderón se aseguraron 212 aeronaves y 544 embarcaciones. Esto deja en evidencia la estrategia política y técnica con la que el gobierno de AMLO abordó estos temas.
c) Escasez de suministro energético
La política energética de AMLO, que se centró en la nacionalización de la industria y el rechazo de las energías renovables en favor de la energía fósil, no solo ha fracasado en aumentar la capacidad energética del país, sino que ha hecho que el suministro sea más vulnerable a las fluctuaciones globales. En la primera mitad de 2024, Estados Unidos registró que la tecnología fotovoltaica representaba el 59 % de las nuevas adiciones de capacidad eléctrica, con un crecimiento estimado del 75 % en fotovoltaica y 11 % en eólica entre 2023 y 2025. En contraste, México aumentó su dependencia a los combustibles fósiles, y la generación de electricidad con energías limpias apenas alcanzó el 21 % del total en el mismo periodo.
El bajo desarrollo del sector energético en México se debe en gran parte a su dependencia a Pemex. Según Signos Vitales (2024), entre 2019 y 2024, Pemex recibió cerca de 50 mil millones de dólares del gobierno, pero apenas mantuvo su operación, apoyándose en los productores privados que aumentaron su producción de 22.4 a 90.9 mil barriles diarios. Esto evitó un colapso total, ya que Pemex redujo su producción en 299.2 mil barriles diarios. El plan gubernamental de incrementar la refinación se vio frustrado por la falta de petróleo. Mientras tanto, las cinco principales empresas petroleras globales, a pesar de la crisis, obtuvieron utilidades de 281 mil millones de dólares. Esto refleja no solo la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento adecuado de las plantas generadoras en México, sino también la falta de adaptabilidad para dar solución a problemas globales. Lo anterior ha resultado en cortes y escasez de energía eléctrica a lo largo del país. El retraso en la implementación de políticas energéticas sostenibles y eficientes tiene efectos nocivos sobre el progreso, ya que la falta de un suministro confiable de energía afecta directamente la industria, la competitividad económica y el bienestar de la población.
México sigue muy expuesto a las variaciones en la oferta y demanda de hidrocarburos, así como a las externalidades del cambio climático. Signos Vitales (2024) señala que, en la primera mitad de 2024, solo el 21.04 % de su energía eléctrica provino de fuentes limpias, lejos del objetivo del 35 %. Sin cambios institucionales y nuevas inversiones y, con las adiciones de capacidad previstas por la CFE, la tendencia es a depender más de los combustibles fósiles, lo cual va en contra del comportamiento internacional y de su principal socio comercial. La falta de un suministro energético confiable y sostenible genera consecuencias desastrosas tanto para la salud pública como para el desarrollo económico. Las fallas en el suministro eléctrico continúan afectando a todos los sectores del país, mermando la capacidad de los hospitales y centros de salud para brindar atención adecuada, o afectando a las empresas al provocar pérdidas económicas e incluso su cierre, hecho que redunda en el crecimiento de la pobreza.
d) Pobreza y desigualdad
La erradicación de la pobreza no es una tarea fácil. No obstante, uno de los principales errores de la política de bienestar social de la anterior administración fue haber considerado el combate a la pobreza como parte de un proyecto político-ideológico. Con esta decisión, se desatendieron problemas estructurales de la pobreza, como la falta de empleo de calidad, el acceso limitado a la educación y a la salud, y la inversión en infraestructura multisectorial en muchas regiones del país. Esto creó un contexto donde el progreso —en términos de mejora del nivel de vida— sigue siendo inalcanzable para millones de mexicanos, quienes continúan viviendo en pobreza y con pocas oportunidades de movilidad social.
Según Signos Vitales (2024), México se encuentra en la posición 28 de 110 países en desarrollo, con un índice de pobreza multidimensional (IPM) de 0.050 y con un 36.4 % de su población en pobreza multidimensional y una intensidad promedio de 13.7 % en privaciones. En México, solo el 27 % de la población es considerada como no pobre y no vulnerable. El 73 % restante tiene al menos una carencia considerable en su vida diaria. Un dato emblemático es que el 10 % de los ingresos más altos del país recibe hasta 15 veces más que el 10 % más pobre. Aunado a esto, 64.7 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social, más de 50 millones no tienen acceso a servicios de salud y 23.4 millones carecen de una alimentación adecuada. A pesar de los esfuerzos del gobierno de López Obrador, las carencias persisten y, en 2022, el 36.3 % de la población vivía en pobreza, con 46.8 millones de personas enfrentando al menos una carencia social y sin suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
De acuerdo con CONEVAL (2022), en los índices de población en situación de pobreza y de pobreza moderada hubo una mejoría considerable, pasando de 41.9 % y 34.9 % en el 2018 a 36.3 % y 29.2 % en 2022, respectivamente. El impacto real de estos porcentajes es que al menos 5 millones de personas se movieron de estrato social. No obstante, la pobreza extrema aumentó de 7.0 % en el 2018 a 7.1 % en el 2022, lo que significa que 400,000 personas más cayeron en esta situación. De igual manera, la proporción de personas con al menos tres carencias sociales aumentó del 10.2 % en 2018 al 24.9 % en 2022, lo que representa 7.1 millones de personas. Esto ocurrió a pesar de un aumento del 131 % en los programas sociales, con un gasto de 320,569 millones de pesos en 2019, mismo que se incrementó a 741,195 millones en 2024. Este refuerzo presupuestario a los programas sociales no ha logrado reducir de manera efectiva la pobreza, lo que constituye un legado negativo de esta administración.
e) Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes
Durante la administración de AMLO, los servicios de salud y educación continuaron siendo inasequibles para millones de personas, lo que debilitó la cohesión social y limitó las oportunidades de progreso para gran parte de la población. Este hecho representa uno de los mayores fracasos de la anterior administración. Un dato que lo ilustra es que el cambio del Seguro Popular al INSABI y su posterior integración al IMSS-Bienestar dejó a más de 30.3 millones de personas sin acceso a servicios de salud en 2022. Tan solo de 2020 a 2022, en plena pandemia, la carencia de acceso a los servicios de salud se incrementó 10.9 %, es decir, 14.7 millones de personas que antes tenían acceso a los servicios de salud lo perdieron por un mal diagnóstico de política (Coneval, 2022). La ineficiencia en la creación de un sistema de salud universal y gratuito generó una significativa deuda social en un país donde el acceso a los servicios de salud es esencial para mejorar la calidad de vida. A la fecha, el porcentaje de personas ocupadas que no cuentan con acceso a salud ni con seguro social, y que trabajan en los sectores de servicios de limpieza, vigilancia y trabajo doméstico, llega a un 83 %. La falta de un seguimiento adecuado de las políticas en este ámbito resultó en un sistema de protección social fragmentado y deficiente. Este déficit en los servicios públicos limita el concepto de progreso porque impide que las personas logren una calidad de vida mínima, necesaria para el desarrollo humano y la productividad económica.
Con respecto a los apoyos gubernamentales, y de acuerdo con Signos Vitales (2024), en 2016 el 68 % de los hogares más pobres, es decir, el 5 % con menores ingresos, recibían programas sociales. Para 2022, este porcentaje disminuyó a 49 %, lo que representa una reducción de casi 20 puntos. Esto significa que, dentro del 5 % más pobre, 3 de cada 10 personas que recibían apoyo social en 2016 dejaron de recibirlo en 2022. En contraste, la cobertura de programas sociales para los hogares más ricos aumentó del 6 % en 2016 al 20 % en 2020. A pesar de que el monto de recursos destinados a programas sociales ha ido aumentando exorbitantemente, el impacto de estos programas sobre los ingresos de los hogares solo aumentó en 2 puntos porcentuales, pasando del 13 % al 15 %. Al analizar esto por grupos de ingresos, vemos que la participación de los programas sociales en los ingresos de la población más pobre disminuyó del 25 % al 21 % entre 2018 y 2022. En cambio, el impacto de estos programas aumentó en los grupos de mayores ingresos. La pérdida de la progresividad en la política social, especialmente en lo que respecta a las transferencias, es uno de los puntos negativos que deja la administración de AMLO. Esto ha dificultado garantizar un nivel mínimo de bienestar para los hogares más pobres, perpetuando esquemas de pobreza y desigualdad de los cuales ha sido complicado salir. De la misma forma, pone el foco en si las decisiones que se están tomando en materia de política social son las correctas.
Los cinco riesgos que se analizan en este ensayo son parte de un enorme descuido que las autoridades mexicanas han tenido por décadas. No obstante, el análisis se centra en la pasada administración, principalmente porque estos riesgos que enuncia el FEM 2025 fueron parte de las promesas de campaña y de gobierno de AMLO, y porque, aun con conocimiento pleno de la problemática, nunca se atendieron con las políticas correctas. El hecho es que esta mirada a los temas críticos de México muestra un panorama donde no se pudieron resolver los problemas estructurales y urgentes, con consecuencias fatales para una parte significativa de la población mexicana. En sectores clave como el acceso al agua, la seguridad, la energía, la pobreza y los servicios públicos, las deficiencias en la toma de decisiones políticas y la falta de un seguimiento adecuado han creado un contexto de vulnerabilidad extrema para millones de mexicanos. Las consecuencias de estas fallas incluyen carencia y limitación, muertes directas por enfermedades prevenibles, inseguridad generalizada, profundización de la desigualdad económica y falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación.
Aunque el actual gobierno ha implementado iniciativas locales para tratar de mitigar algunos de estos problemas, la gravedad y el nivel de escalamiento es tal que las políticas públicas actuales ya han dejado de estar habilitadas para resolver los problemas presentes. La magnitud de los desafíos heredados de la administración de AMLO requiere no solo de políticas públicas que respondan de manera más eficaz a las necesidades inmediatas, sino también de una visión estratégica de medio y largo plazo que transforme las estructuras económicas y sociales de México. El fortalecimiento de las instituciones en México se hace evidente y necesario, después de haber pasado por un proceso de debilitamiento y destrucción.
El concepto de progreso en México, tal como lo perciben los ciudadanos, sigue condicionado por estos fracasos en la gestión pública. La brecha entre las políticas diseñadas y las realidades que enfrentan los mexicanos refleja una desconexión crítica entre la política estatal y las necesidades reales de la población. Las consecuencias de estas fallas muestran que, mientras no se aborden adecuadamente los problemas estructurales y se tomen decisiones más efectivas y coordinadas, el progreso será una meta esquiva para el pueblo mexicano. La administración de Sheinbaum tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero necesitará un compromiso firme y estrategias innovadoras para superar las barreras que continúan limitando el desarrollo y el bienestar social en el país. EP
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DOPSA, S.A. DE C.V
