El 30 de enero se cumplieron seis años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia por COVID-19. Durante el confinamiento, mucha gente afirmó que ya nada iba a ser igual, que íbamos a salir transformados de esa experiencia, que había muchas cosas que habíamos aprendido, que nuestra relación con la naturaleza iba a ser diferente, etc. Hoy la pandemia parece un suceso lejanísimo, algo que hubiera sucedido en una vida pasada; creo que podemos empezar a tomar distancia de ese suceso y hacer un balance sobre lo que hemos aprendido de las lecciones éticas de la pandemia.

En 2021, 17 expertos en bioética de distintos países publicaron una carta abierta en el Wellcome Open Researchtitulada “Cinco lecciones éticas importantes de la COVID-19 que el mundo debe aprender”. Su objetivo central no era describir la pandemia, sino identificar las principales lecciones éticas que el mundo estaba moralmente obligado a aprender a partir de la experiencia inicial con la COVID-19. La tesis de fondo era que no aprender de la pandemia constituye una falla moral, dado que existía conocimiento previo suficiente para prevenir o mitigar muchos de los daños ocurridos. Las cinco lecciones que resaltaban los autores eran estas:

1. Preparación adecuada basada en experiencias previas. Los Estados incumplieron su obligación ética de prevenir daños previsibles, pese a contar con antecedentes de pandemias y con conocimiento sobre la necesidad de vigilancia, reservas de insumos, pruebas diagnósticas y rastreo de contactos. La falta de preparación no es solo un error científico y técnico: es una omisión moral.
2. Claridad y priorización de objetivos normativos. Durante la pandemia hubo confusión sobre los fines últimos de las políticas públicas (reducir mortalidad, proteger sistemas de salud, reducir pobreza, etc.), lo que dificultó decisiones justas sobre asignación de recursos escasos. La ausencia de jerarquías normativas claras fue éticamente problemática.
3. Cooperación global y solidaridad internacional. Dado que las pandemias son problemas globales, los autores sostenían que la respuesta debería ser necesariamente cooperativa. Criticaban el nacionalismo sanitario, la competencia por insumos (respiradores mecánicos, vacunas, etc.) y el debilitamiento del financiamiento y la autoridad de la OMS como injustos y contraproducentes.
4. Protección prioritaria de los más vulnerables. Las medidas pandémicas agravaron desigualdades preexistentes. Los autores subrayaban que la equidad exige distribuir recursos de manera desigual para compensar desventajas estructurales, y criticaban la insuficiente atención a poblaciones pobres, migrantes, personas mayores, mujeres, niños y minorías. Hoy, por cierto, sabemos que la pandemia fue dos veces más mortífera en países pobres que en los ricos.
5. Mejorar la comunicación y la cultura científica. La “infodemia”, la politización de la ciencia y la difusión de estudios defectuosos minaron la toma de decisiones. Los autores defendían la comunicación basada en evidencia, la responsabilidad política y la promoción de una cultura científicamente alfabetizada como obligaciones éticas centrales.

El artículo concluye reconociendo que estas lecciones no son exhaustivas, pero insiste en que aprenderlas es una obligación moral ineludible.

Unos días después de publicado el artículo fui invitado por la misma revista a publicar un breve comentario a la carta abierta, donde aceptaba la pertinencia general de las cinco lecciones, pero señalaba una omisión ética fundamental: la falta de atención al origen zoonótico de la pandemia y, más ampliamente, a la relación estructural entre pandemias, explotación animal y degradación ambiental. Así, según yo, había una sexta lección ética:

6. La vigilancia y la preparación pandémica deben incluir explícitamente la vigilancia de brotes zoonóticos y una revisión crítica de nuestras prácticas con animales y ecosistemas. Argumentaba que muchas de las epidemias y pandemias recientes —incluyendo VIH/sida, ébola, zika, nipah, SARS, MERS e influenzas aviares, entre muchos otros que han surgido en los últimos años— tienen un origen zoonótico, y que no son accidentes naturales, sino consecuencias de prácticas humanas como la producción industrial de animales, el comercio (legal e ilegal) de fauna silvestre, los mercados de animales vivos, la destrucción de hábitats y la pérdida de biodiversidad.

Sostenía que, aunque la carta abierta hablaba de “vigilancia adecuada”, no quedaba claro que los 17 colegas estuvieran pensando en vigilancia de las interacciones humano-animal-ambiente —desde un enfoque de Una Salud, podríamos añadir—. Desde mi perspectiva, sin modificar esas relaciones estructurales, la repetición de pandemias es altamente probable. Por ello, la pandemia de COVID-19 no solo revela fallas en los sistemas de salud pública, sino un fracaso moral más profundo en nuestra relación con los animales y la naturaleza, que la bioética no puede seguir tratando como un asunto periférico. (Parte de mi comentario crecería luego para convertirse en un artículo sobre zoonosis.)

A seis años de distancia, podemos preguntarnos qué aprendimos realmente de la pandemia. Si tomamos como vara las cinco lecciones éticas formuladas en 2021 por los 17 colegas —preparación, metas claras, cooperación, protección de los vulnerables y buena comunicación— y la sexta que yo añadí sobre los brotes zoonóticos, el balance es, en el mejor de los casos, pobre.

Sin duda, algunas cosas sí se aprendieron, pero quizás de manera superficial y frágil —y no necesariamente cuentan como aprendizajes morales—. Hay más capacidad técnica para desarrollar vacunas rápido (el gobierno de México, por ejemplo, anunció recientemente que reactivará la producción de vacunas en el país, después de haber desmantelado su planta productiva de vacunas y haber dependido de la importación por muchos años); algunos países mejoraron protocolos hospitalarios; el lenguaje de “equidad”, “sindemia” o “vulnerabilidad” entró al discurso público. Mucha gente sabe mejor cómo protegerse de contagios (cubrebocas, lavado de manos, etc.). Sin embargo, nada de eso se consolidó institucionalmente; no se tradujo en capacidades estables, ni en compromisos políticos duraderos. Hay también una responsabilidad moral de mejorar los sistemas de salud en todo el mundo, pero se les sigue socavando con reducciones presupuestales, subejercicios presupuestales, políticas privatizadoras y medidas de austeridad. (En una encuesta entre profesionales de la salud en México realizada en 2024, más de la mitad de los encuestados pensaba que el sistema de salud nacional estaba más débil o cuando menos igual que antes de la pandemia.)

Por otro lado, tenemos los indicadores de no-aprendizaje. Primero, la preparación: los sistemas de vigilancia global —justo los que los autores subrayaban como obligación ética— se han debilitado en vez de fortalecerse. El desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) al inicio de la segunda administración de Donald Trump va exactamente en sentido contrario a la primera lección del artículo. Desde su creación en 1961, USAID fue la más importante promotora mundial de desarrollo internacional y de iniciativas de salud global, incluida la vigilancia epidemiológica. No es exagerado decir que sin USAID hoy el mundo está peor preparado que antes para prevenir, identificar y combatir brotes zoonóticos con potencial pandémico.

Segundo, la cooperación internacional: además de la tragedia del desmantelamiento de USAID, la salida de Estados Unidos (y de otros países como Argentina) de la OMS no es un incidente menor, sino una negación directa de la tercera lección, que entendía la cooperación como condición de posibilidad de la seguridad sanitaria global. El British Medical Journal describió esta decisión del gobierno de Trump como una “crisis sanitaria mundial en ciernes”. Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes a la OMS, aportando entre el 12 y 15 % de su presupuesto. No debería extrañarnos que, con el ascenso de gobiernos populistas en todo el mundo, otros gobiernos declararan su salida de la OMS y de organismos de colaboración internacional, dado que los populistas sospechan de organismos multilaterales que parecen estar por encima de soberanías populares y que forman parte de una élite internacional que ellos desprecian —un líder populista solía calificarlos como ineficientes, costosos, burocráticos y sesgados a favor de intereses neoliberales—.

Tercero, la quinta lección del artículo no era simplemente un problema de comunicación científica, sino un problema de autoridad epistémica en democracia. Los autores insistían en que una respuesta adecuada a la pandemia requería comunicación basada en evidencia y confianza pública en expertos, porque las decisiones correctas dependen de información fiable, pero la pandemia coincidió con un cambio político previo: la transformación del desacuerdo político en desacuerdo sobre la realidad. Aquí el populismo no importa tanto como ideología específica (de izquierda o derecha), sino como estilo de legitimación. El populismo tiende a basar la legitimidad política en la autenticidad del “pueblo” frente a las “élites corruptas” que lo han gobernado y se han aprovechado de él. El problema es que, en las sociedades contemporáneas, la ciencia institucional —epidemiólogos, agencias regulatorias, organismos internacionales como la OMS— es fácilmente encuadrada como parte de esa élite —lo que abona al escepticismo sobre la autoridad de la ciencia y los científicos—. Entonces ocurre un desplazamiento: si antes el desacuerdo era sobre qué políticas adoptar, ahora el desacuerdo es sobre qué hechos existen. Y una pandemia es exactamente el tipo de fenómeno que depende de aceptar hechos no visibles directamente: crecimiento exponencial, riesgos probabilísticos, modelos epidemiológicos, transmisión asintomática, etc. Es decir, exige confiar en conocimiento mediado por expertos. Cuando esa mediación pierde legitimidad, la política invade el espacio epistémico. Por eso el antivacunismo no es solo una creencia médica equivocada: es una posición política sobre quién tiene derecho a definir la realidad pública.

Como parte de este mismo fenómeno podemos incluir la negación del cambio climático, que contribuye directamente a la aparición de más brotes zoonóticos. El jueves 12 de febrero el gobierno de Trump revocó la legislación que permitía al gobierno regular la emisión de gases de efecto invernadero, dado que son perjudiciales para la salud, según el consenso científico. Esta regulación, dijo Trump al anunciar la revocación, “no tenía ninguna base fáctica, ninguna en absoluto, ni base legal”. Esta negación del cambio climático no es solo una discrepancia sobre una política ambiental específica; es una impugnación de algo más profundo: que el consenso científico pueda constituir una razón pública válida para legislar. En otras palabras, lo que se discute ya no es qué hacer frente al calentamiento global, sino si el conocimiento científico puede contar como fundamento legítimo de la acción estatal. Eso hace más difícil que se pueda cumplir con la primera y la quinta lecciones del artículo: prevenir daños previsibles y hacerlo sobre la base de una cultura científica.

Cuarto, la zoonosis: aquí el incumplimiento es casi total. No se han modificado las relaciones estructurales con los animales, la agroindustria ni la destrucción de hábitats. A pesar de que hubo un descenso inicial después de la pandemia, el tráfico (legal e ilegal) de animales a nivel mundial ha regresado a sus niveles prepandemia; se siguen deforestando bosques; se incrementa el consumo de carne; crece el uso de combustibles fósiles a nivel mundial y con esto se fomenta el cambio climático… todo lo cual crea las condiciones para más brotes zoonóticos con potencial pandémico. Que sigan apareciendo estos brotes confirma que esa “sexta lección” fue prácticamente ignorada. Tras la pandemia de COVID-19, los brotes de enfermedades zoonóticas más destacados incluyen la expansión global del Mpox (viruela del mono) iniciada en 2022 (con una nueva variante crítica en el Congo en 2024), el salto de la Gripe Aviar H5N1 a mamíferos en Sudamérica y Estados Unidos (2023-2024), los brotes de Marburgo en Guinea Ecuatorial y Tanzania (2023) y la identificación del virus Langya en el este de China (2022), entre los más importantes. A esta lista podríamos añadir el caso del gusano barrenador del ganado, que reingresó a México por la frontera sur a finales de 2024 y principios de 2025, proveniente de Centroamérica, y que es zoonótico porque ha dejado de afectar solo al ganado y ha pasado a los seres humanos (135 casos en México hasta la fecha). Muy probablemente sigamos viendo más casos de brotes zoonóticos con potencial pandémico. Las condiciones para su emergencia no han cambiado, de hecho, se han incrementado y, si mi diagnóstico es correcto, el mundo está peor preparado para enfrentarlos.

El resurgimiento del sarampión ilustra con claridad las lecciones no aprendidas de la pandemia. A diferencia de la COVID-19, no se trata de un patógeno desconocido: es una enfermedad conocida, prevenible y que estuvo cerca de eliminarse en muchos países. Precisamente por eso su retorno es significativo. El sarampión funciona como un indicador del estado real de la salud pública: solo reaparece cuando fallan simultáneamente la cobertura vacunal, la confianza social y la continuidad institucional. Durante la pandemia, muchos sistemas sanitarios suspendieron campañas rutinarias de vacunación infantil, redirigieron personal a la emergencia y muchas familias dejaron de acudir a centros de salud. El efecto no fue inmediato; apareció después, cuando se acumuló una cantidad suficiente de niños no inmunizados. A esto se sumó la expansión del antivacunismo, que se ha normalizado políticamente en muchos países: la controversia sobre las vacunas contra COVID-19 normalizó la desconfianza hacia la ciencia y terminó extendiéndose a otras vacunas, debilitando uno de los consensos sanitarios más sólidos del siglo XX.

Bioéticamente, el caso es revelador: no estamos fracasando frente a lo desconocido, sino perdiendo control sobre algo que ya sabíamos prevenir. La vacunación infantil es un bien público que depende de cooperación cotidiana y de sistemas de prevención funcionales, no de innovaciones tecnológicas. Su deterioro sugiere que la pandemia no solo debilitó la preparación ante emergencias, sino la infraestructura moral de la salud pública —hábitos, confianza y coordinación social— y anticipa mayores dificultades frente a futuras amenazas sanitarias. Si esto ocurre con el sarampión —una enfermedad prevenible desde hace décadas—, es razonable pensar que la respuesta a futuras amenazas nuevas será más difícil, no más fácil. El sarampión no es un problema aparte: es un anticipo.

Entonces, ¿qué aprendizaje moral nos dejó la pandemia? Muchas veces hablamos de las catástrofes históricas como si fueran maestras (“Historia magistra vitae”, decía Cicerón): guerras, crisis económicas o pandemias “enseñan lecciones” (aunque Hegel más escépticamente nos diría que “Lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia”). La idea implícita del aprendizaje es que la experiencia traumática cambia valores, corrige instituciones y mejora el juicio moral colectivo. Pero la pandemia no operó así, funcionó más bien como un experimento revelador, una especie de “stress test moral”: una prueba que no sirve para mejorar un sistema, sino para ver cómo se comporta bajo presión; se somete al sistema a condiciones extremas para saber qué ya estaba mal diseñado desde antes. La pandemia hizo exactamente eso con nuestras sociedades. Y el resultado fue bastante consistente en casi todo el mundo: la cooperación internacional se volvió rápidamente competencia por vacunas; la prevención sanitaria perdió frente a la reactivación económica; la protección de los vulnerables cedió frente a la estabilidad política; el conocimiento científico fue subordinado a incentivos electorales y agendas políticas; se debilitaron sistemas de prevención de otras enfermedades; y la prevención ecológica —lo que era el punto de mi comentario a la carta abierta— prácticamente ni entró en la discusión. En otras palabras, la pandemia no transformó nuestras prioridades: las hizo visibles. Y lo que mostró fue que, pasada la urgencia, los Estados priorizan soberanía, mercado y cálculo político sobre prevención, protección de la salud, justicia global y responsabilidad frente a los animales y la naturaleza.

Finalmente, cuando nos preguntamos qué tanto hemos aprendido, una respuesta podría ser: sabemos más, pero estamos dispuestos a hacer menos. Por ejemplo, estamos menos dispuestos a sostener la prevención ordinaria contra enfermedades prevenibles como el sarampión. El conocimiento está disponible; lo que falta no es evidencia ni reflexión ética, sino voluntad política (pero también social e individual) para asumir los costos de tomarse en serio esas lecciones. Y eso, seis años después, es probablemente la señal más clara de que la “obligación moral de aprender” de la que hablaba el artículo sigue incumplida. Como consecuencia de ello, de nuevo, seguramente veremos más pandemias en un futuro cercano y la respuesta a estas no será mejor, muy probablemente será igual o peor. Las condiciones están dadas. Tal vez no sea exagerado decir que la próxima pandemia ya empezó. EP

El análisis independiente necesita apoyo independiente.

Desde hace más de 30 años, en Este País ofrecemos contenido libre y riguroso.

Ayúdanos a sostenerlo.