En el inicio de este año hemos visto una controversia nacional e internacional sobre la propuesta de reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que ha despertado diferencias diplomáticas con España y Estados Unidos. Desde ahí las discusiones se han centrado en calificar a la iniciativa del mandatario mexicano como una necesaria política nacionalista para quienes la defienden, mientras sus críticos la tildan de un retroceso para la transición energética en tanto generará inestabilidad para las inversiones privadas del sector renovable, además de que el sector minero la evalúa como un riesgo financiero y una incertidumbre para las inversiones extranjeras. 

Es innegable que asistimos a una crisis energética y climática global que requiere de una transición urgente; sin embargo, también debería ser insoslayable que la crisis forma parte de los límites biofísicos del planeta, es decir se trata de un problema suscitado por el consumo ilimitado del capitalismo que se estrella con un planeta de recursos limitados. Ante esta inocultable emergencia se ha planteado un tipo de transición energética desde los gobiernos y las empresas, múltiples veces citado en el Acuerdo de París (2015) y en las negociaciones climáticas internacionales. A tal punto que la necesidad de “pasar del régimen de combustibles fósiles a fuentes renovables” se ha convertido en un eslogan que está sirviendo de marketing para defender intereses económicos de las transnacionales. 

No obstante, en la agenda gubernamental y empresarial no se ponen en cuestión las desigualdades del acceso energético, ni la necesidad de un decrecimiento en los países y sectores que más consumen porque ello nos remitiría a cuestionar seriamente a la economía capitalista; y menos aún se pone en discusión la profunda violencia que están atravesando los pueblos indígenas cuyos territorios están contemplados para la extracción de recursos minerales que requieren las infraestructuras renovables y la electrificación; esto tampoco figura puesto que nos obligaría aceptar que en el siglo XXI el colonialismo está profundamente imbricado con la crisis energética. 

La cuestión es que el debate anquilosado entre una postura que se erige como nacionalista y otra defensora de las empresas transnacionales soslaya los conflictos territoriales que se van agudizando por el aumento de la demanda de minerales. Asunto nada desdeñable cuando constatamos en un informe de Environmental Justice Atlas y Mining Watch Canada que el Banco Mundial ha estimado que durante los próximos 30 años será necesario extraer tres mil millones de toneladas de minerales y metales para impulsar el proceso de transición energética global. 

Estas cifras nos advierten del aumento de los conflictos que se avecinan y la agudización de los que ya están. En México se trata de territorios que en su mayoría son indígenas y de tenencia comunal y ejidal. En 2020, antes de renunciar a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat), Víctor Manuel Toledo informó sobre la existencia de 560 conflictos socioambientales relacionados principalmente con la industria minera y con problemas hídricos. Por su parte, la cartografía Conflictos Mineros en México tiene registrados 58 conflictos en comunidades indígenas y campesinas. Las cifras oscilan de acuerdo a los criterios de las fuentes de investigación, aún así es alarmante y evidente que los territorios más acechados son y serán los que contienen yacimientos de minerales claves para la transición, como el hierro, aluminio, cobre, acero, plata, litio y tierras raras, entre otros, los cuales pretenden ser utilizados para la fabricación de tecnologías eólicas, solares y para electrificar el transporte y otros sectores económicos.

Por retomar un caso de yacimiento de cobre, que además repercute directamente al pueblo al que pertenezco, cabe traer a cuenta el conflicto que se ha instalado en el territorio zoque por el proyecto minero “Santa Marta” ubicado en San Miguel Chimalapas y Zanatepec, Oaxaca. Son dos concesiones mineras que suman 6,410 hectáreas donde además hay oro. Como en todos los territorios fue la Secretaría de Economía (SE) la que otorgó la concesión de los polígonos a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. El hecho de que este proyecto no haya pasado a la fase de exploración y perforación se debe a la oposición de los pueblos zoques, zapotecos e ikoots quienes han defendido los ríos, todo ello pese a que la empresa desde hace años haya comenzado a cooptar autoridades y a comunidades enteras, utilizando una ingeniería del conflicto aplicada en todos los territorios concesionados; se trata en definitiva de un modus operandi que polariza a los pueblos y genera un ambiente de inseguridad.  

En agosto de 2020 Minaurum Gold Inc. emitió una Manifestación de Impacto ambiental en la Semarnat para solicitar el permiso de exploración que implicaba 20 perforaciones en el yacimiento. Ante ello el pueblo zoque exigió a sus autoridades que notificaran a la Semarnat, a la SE, al Gobierno estatal y federal el rechazo de la concesión, de la exploración y la explotación minera en el territorio comunal de Chimalapa. Frente al silencio del Estado, los pueblos se movilizaron y tomaron acciones para cuidar que la maquinaria no entrara al territorio. Finalmente cuando los funcionarios de la Semarnat llegaron a Chimalapa, en diciembre de 2020, no pudieron responder de forma concreta cuál había sido el resolutivo que le entregaron a la empresa. Su falta de transparencia en la información se debió a que la empresa pidió que no se hiciera público el resolutivo. Hasta la fecha esa información sigue oculta. 

La visita de Semarnat a Chimalapas se enmarcó en una gira que realizaron en Oaxaca debido a las tensiones crecientes en varios territorios. Pues en esos mismos meses el conflicto volvió a detonar en San José del Progreso y en Magdalena Ocotlán de Valles Centrales, donde se encuentra operando una minería de oro y plata de Fortuna Silver Mines. Desde el inicio de la exploración en 2006 se han desatado asesinatos, agresiones, una profunda división de los pueblos y la contaminación de los mantos freáticos y del Río Grande que atraviesa cerca de 15 comunidades en la región. Pero todos esos antecedentes y las movilizaciones de las comunidades, organizaciones y colectivos en defensa del agua y el territorio no bastaron para que en diciembre de 2021 la Semarnat otorgara por 12 años más la ampliación para los trabajos en dicha mina. Pero ahí no termina la arbitrariedad, en el mes de febrero de 2022 la empresa Fortuna Silver Mines Inc emitió un comunicado en el que señala que Semarnat tuvo un error tipográfico al otorgar el permiso y que no se trata de 12 años sino de dos años; ello ha vuelto a desatar manifestaciones de las comunidades afectadas, mientras Semarnat permanece en silencio.

Es evidente que los intereses económicos del sector minero predominan sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre la necesidad de preservar los territorios ricos en biodiversidad. Por eso, un caso excepcional es el de la comunidad nahua de Tecoltemi, cuya estrategia de defensa se remitió a la raíz del problema y demandó a la Secretaría de Economía y a la Ley Minera, e incluso llevó el litigio a la Suprema Corte de Justicia, y después de siete años logró tumbar dos concesiones mineras de oro y plata, de 14,229 hectáreas ejidales que conformaban el proyecto Almaden Minerals. Sin duda es un precedente y una esperanza para los pueblos que corren el mismo riesgo. Sin embargo, la Ley Minera sigue intacta en un momento en el que el extractivismo se vuelve una condición determinante para la transición energética. 

En el debate del Foro 22 de Parlamento Abierto de la Reforma Energética, convocado por la Cámara de Diputados, se manifestó la postura indígena de quienes integran la campaña luces de los pueblos; pusieron a debate el extractivismo y los límites de recursos, al tiempo que cuestionaron la especulación financiera, la mercantilización de los territorios y la degradación de importantes zonas biodiversas provocada por la generación eléctrica de las empresas privadas. Desde luego se sumaron a la defensa de la electricidad como un servicio público, no obstante pusieron en duda que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantice realmente el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos, ya que en años anteriores dicha institución ha ejercido violencia y despojo, como se ha documentado en el caso de las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca y en la Parota en Guerrero.

Es innegable que se requiere de una seguridad y soberanía energética para México sobre todo cuando la crisis por los recursos se agudiza. Pero ello no debe costar el despojo y la violencia contra los pueblos, cuando justamente es la defensa del territorio la que pone al descubierto que vivimos en un planeta de recursos finitos. Cada río que se defiende en Chimalapas, en Valles Centrales, Oaxaca y en Tecoltemi, Puebla cuestiona la aberración de la minería, misma que volvemos a constatar en los estudios de Antonio y Alicia Valero quienes registran “que del total del agua en el planeta tan solo el 0,01% es agua de los ríos”, vitales para toda la humanidad y, sin embargo, cada vez más amenazados y contaminados por la industria minera.  

Tanto el nacionalismo de Estado como las corporaciones privadas siguen atrapadas en el régimen de combustibles fósiles e incluso, la misma apuesta de la infraestructura eólica a gran escala mantiene su dependencia a través del extractivismo minero. Y lo que es peor: las cifras no cuadran. El físico Antonio Turiel estima que en un escenario donde el paradigma de crecimiento económico no cambie, el potencial máximo que pueden proporcionar las energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y bioenergía) estaría entre un 30 y un 40% del consumo total mundial actual. Por lo que el tipo de transición energética basada en relaciones capitalistas y coloniales no mitigará la emergencia climática, pues aún cometiendo todos los genocidios y convirtiendo todo el planeta en una gran mina no bastará para satisfacer el anhelado crecimiento económico. 

Asistimos entonces a una disputa de intereses económicos entre los nacionales, transnacionales y corporativos que siguen insertos en la guerra que hace tiempo se le declaró a la Tierra y mientras se debate cómo debe ser el camino para seguir la catástrofe, los pueblos indígenas siguen defendiendo sus tierras, territorios, ríos y montañas pese al incremento de la vertiginosa pelea por los recursos fósiles, mineros e hídricos. EP

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