Un nuevo curso de desarrollo supone, ante todo, una estrategia de sustentabilidad energética y ambiental. Por la primera, se entiende la capacidad de transitar de una matriz energética dominada por los hidrocarburos ⸺lo que ha sido el caso de México⸺ hacia una más balanceada con energías limpias y renovables que permitan llegar a una balanza de carbono neutro hacia 2050. Por lo segundo, se entiende proteger los ecosistemas, los recursos naturales críticos, como el agua, y el impulso de bienes públicos, como un medio ambiente neutro en carbono, según lo promueve el Acuerdo de París sobre cambio climático para 2050. Metas de este tipo no solo protegen la vida humana y animal, sino que contribuyen a frenar el calentamiento global y sus efectos devastadores para todas las especies vivientes.

Los compromisos de descarbonización de México son conocidos. Desde el principio del siglo XXI, el gobierno mexicano empezó a sustituir, de manera deliberada, el combustóleo y el carbón por el gas natural en la generación de electricidad. La razón fue reducir los costos de los combustibles y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ya que el gas emite menos que los otros combustibles fósiles. Posteriormente, la Ley General de Cambio Climático, de octubre de 2012, fijó como meta para la generación de energía eléctrica utilizar al menos 35% de energías limpias para 2024. La Ley de Transición Energética, de diciembre de 2015, confirmaría dicha proporción y fecha y, posteriormente, la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2014-2018, elevó a 50% la participación de las fuentes limpias para 2050. Al inicio del gobierno de Manuel López Obrador, el 23.2% de la generación eléctrica se hacía ya con energías limpias (incluyendo la nuclear), siendo la hidroeléctrica la más importante. La cifra para 2020 es 28%, todavía 7% por debajo de las metas establecidas para el final del gobierno actual. El incremento de los últimos 2 años se debió a aportaciones importantes de las plantas con tecnología eólica, fotovoltaica y de cogeneración eficiente, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035 de la Secretaría de Energía. 

Asimismo, México se ha comprometido a reducir sus gases de efecto invernadero (GEI) conforme a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de 2015, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Hasta ahora, los compromisos de mitigación asumidos por México son dobles: un monto de reducción de emisiones voluntario y que el país asume y costea con sus propios recursos, y un monto adicional, mayor, condicionado a recibir ayuda mediante un Fondo Verde, instituido en 2010, por la misma CMNUCC, y que ayude a financiar reducciones adicionales.

Sin embargo, las emisiones mexicanas de GEI durante las últimas 2 décadas muestran una tendencia clara, aunque pausada, hacia el crecimiento, solo frenada cuando hay recesiones severas como la desencadenada en la actualidad por la pandemia de covid-19. El gobierno mexicano ha reconocido que, de seguir inercialmente esta tendencia, el país estaría emitiendo en 2030 aproximadamente 991 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (MTC02e), algo enteramente incompatible con los objetivos perseguidos por el Acuerdo de París. 

En sus últimos compromisos sometidos a la CMNUCCC, en diciembre de 2020, el país se ha obligado a reducir de manera voluntaria el 22% de dicho monto, es decir, llegar a un total de 781 MTCO2e, 101 MTCO2e por encima del nivel alcanzado en 2018. De acuerdo con dichos compromisos, las emisiones podrían ser menores, 644 MTCO2e para el final de la década, si México logra conseguir transferencias del Fondo Verde para apuntalar medidas más agresivas, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cabe subrayar que semejante meta sería posible, ya que Nacional Financiera, la banca de desarrollo, por fin quedó acreditada ante dicho Fondo para poder recibir hasta 250 millones de dólares para financiar metas adicionales de mitigación y adaptación. Sin duda, 644 MTCO2e es una cifra ligeramente menor al monto alcanzado en 2018, y podría mandar la señal que el país ha iniciado, aunque tardíamente, el comienzo de una reducción constante y permanente de sus emisiones contaminantes. En la Conferencia de las Partes (COP-26), que tuvo lugar en Glasgow, Escocia, se acordó que los compromisos de los países participantes sean aún mayores.

En otras palabras, durante esta década el país ha entrado en una encrucijada, en la que deberá tomar las medidas necesarias para frenar el incremento inercial de sus GEI e iniciar la reducción sistemática de los mismos, para asegurar el equivalente a una descarbonización completa ⸺en donde las emisiones remanentes se neutralicen con medidas de absorción⸺ hacia 2050. De no ser así, el país incumpliría con sus propios compromisos, tanto voluntarios como condicionados, además de arriesgarse a sanciones crecientes que se irán estableciendo, como las del impuesto comercial al carbono, anunciadas ya por la Unión Europea a partir de 2024 y que muy posiblemente Estados Unidos también adoptará. 

Los compromisos hechos por México, tanto en sus leyes nacionales como en sus compromisos internacionales, podrían, sin embargo, frenarse o, peor aún, revertirse, si la reforma constitucional en materia de electricidad propuesta por el presidente López Obrador es votada, tal cual, por el Congreso. Dicha propuesta elimina el incipiente mercado eléctrico que empezó a operar a partir de 2016, y que ha regulado el despacho eléctrico conforme a méritos de costos, lo que daba preferencia a las nuevas plantas de renovables y de ciclo combinado, la mayoría en manos de compañías privadas y dejaba a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar el ajuste conforme a costos marginales. La propuesta de reforma anula los contratos existentes con las empresas privadas, suprime a los operadores y reguladores autónomos, como el Centro Nacional de Control Eléctrico y la Comisión Reguladora de Energía, invierte el orden de despacho eléctrico dando preferencia a las plantas de la CFE, sin importar los costos ni lo contaminante de los combustibles utilizados, y da una cuota de mercado a los productores privados del 46%, sin tener claro los mecanismos y la transparencia que seguirá la CFE para adquirirla, ya que ella recupera el monopolio de toda la industria, desde la generación hasta la distribución final.

La iniciativa de reforma además plantea que la CFE y el Estado en general estarán a cargo de la transición energética del país, “desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos para usos finales”, con propiedad intelectual del Estado, con ciencia y tecnología “nacionales”, y hasta con manufactura por entidades públicas de “componentes y equipos considerados críticos”. Una política industrial de esta naturaleza, resumida en el transitorio 5 de la propuesta, va a contrapelo de las políticas industriales seguidas por la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con los que México se ha comparado desde hace más de 25 años. En la mayoría de ellos, el tránsito hacia economías descarbonizadas se ha hecho con la rectoría del Estado, que ha sabido impulsar la creación de nuevos mercados tecnológicos y de energías limpias, y ha logrado financiar proyectos ambiciosos de investigación por medio de consorcios universitarios, empresas e institutos de investigación de todo tipo. 

La propuesta de “economía verde” de Joseph R. Biden apunta en la misma dirección. En otras palabras, no se trata de que el Estado controle los campos emergentes de la investigación tecnológica y las industrias energéticas de frontera capaces de generar valor y sustentabilidad. Se trata de impulsarlas y que desarrollen sus propios mercados. Esta es la clave del Estado emprendedor que impulsa y promueve políticas industriales en la mayoría de los países occidentales. Por el contrario, una política estatista que controle la innovación científica e industrial, que la condicione a ser desarrollada por organismos públicos o empresas “nacionales”, está condenada al fracaso, sobre todo en una época de gran innovación científica, tecnológica e industrial, en la que los fondos públicos y privados son decisivos para impulsar el desarrollo de consorcios de todo tipo, sin importar la nacionalidad de los involucrados, ni su afiliación institucional o empresarial. 

En otras palabras, una política industrial de ese tipo no abonará a las metas de desarrollo comprometidas con la sustentabilidad energética y ambiental del país. En México, dichas metas son cada vez más apoyadas por organismos de la sociedad civil y las nuevas generaciones de profesionistas universitarios, más conscientes de los desafíos que entrañan la degradación del medio ambiente y el calentamiento global. Empero, el “choque verde” que experimenta hoy Europa podría ser capitalizado para desacreditar la necesidad de acelerar la descarbonización en México. De ser así, el país perderá una oportunidad muy importante para seguir avanzando en este esfuerzo, y se pondrá en riesgo de sufrir sanciones de todo tipo, ya sea por violar principios y capítulos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética y de inversiones, o por incumplir sus propios compromisos asumidos en el Acuerdo de París, que podría llevar a sanciones comerciales por parte de la Unión Europea o el mismo Estados Unidos. EP

Documento completo: Desafíos para la política exterior de México en 2022

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