Octavio Gómez Dantés analiza cómo el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 carece de rumbo, prioridades y condiciones reales para atender la crisis del sistema público.
Texto de Octavio Gómez Dantés 10/12/25
Octavio Gómez Dantés analiza cómo el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 carece de rumbo, prioridades y condiciones reales para atender la crisis del sistema público.
El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 (PSS 25-30) se publicó en septiembre, poco después de que se dieran a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, que ahora está en manos del INEGI. Las noticias para los encargados de las políticas de salud no pudieron haber sido peores: entre 2018 y 2024, la carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 16.2 % de la población total (20 millones de personas) a 34.2 % (44 millones de personas). Desde la creación de nuestro sistema de salud, en 1943, no había habido una caída de esa magnitud en la cobertura de atención. El PSS 25-30 no parece haber anticipado este hecho contundente —aunque hace mención a las cifras de carencia de acceso de 2022—, porque se propone “garantizar el acceso universal a servicios de salud”.
Los funcionarios de salud del segundo piso de la 4T, fieles a la tradición de su movimiento, decidieron ignorar la realidad y se plantearon como propósito central de este programa un objetivo demagógico. La actual administración no solo no podrá garantizar a todos los mexicanos acceso regular a servicios integrales de salud de calidad con protección financiera, sino que corre el riesgo incluso de colapsar los servicios más básicos, empujando a un número creciente de mexicanos a hacer uso de los servicios privados de salud, con el peligro de incurrir en gastos catastróficos y empobrecedores que en 2024 afectaron a casi 5 millones de hogares.
Este no es el único problema de este programa: el PSS 25-30 se queda muy corto en el diagnóstico de las condiciones de salud de la población mexicana; ofrece un diagnóstico muy desordenado de los servicios públicos de salud; propone —sin el más mínimo sentido de priorización— 36 estrategias y 241 líneas de acción, y elude el espinoso tema de los recursos financieros con los que se contará para intentar cumplir con sus objetivos y metas. Llama la atención, además, el poco ruido que los funcionarios de salud han hecho para darlo a conocer: quisieran que pasara desapercibido porque reconocen su pobreza táctica y su falta de visión. El desastre que dejó la pasada administración seguirá su curso, inalterado.
Lo primero que destaca del diagnóstico del PSS 25-30, en el capítulo 5 del Programa, es la pobreza de la descripción y análisis de las condiciones de salud de la población mexicana y los recursos y servicios de salud.
Las condiciones de salud se discuten sobre todo en dos apartados que se articulan en forma de objetivos: i) Incrementar la capacidad resolutiva y calidad de la atención médica del Sistema de Salud para la población usuaria y ii) Mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de la población. El propósito fundamental de todo sistema de salud es mejorar la salud de la población y es a partir de su medición detallada que se diseña un plan sectorial, que debe incluir prioridades y metas de atención en materia de condiciones de salud de la población objetivo.
Uno esperaría en un documento de esta naturaleza una lista de los principales riesgos para la salud que enfrenta nuestra población, una lista de las principales causas de muerte por sexo y grupos de edad y una discusión de estos asuntos orientada a identificar los retos que requieren de un trato preferencial. El PSS 25-30 se limita, sin embargo, a discutir en materia de riesgos, solo el sobrepeso y la obesidad y a describir, en unos cuantos párrafos, las principales causas de muerte y enfermedad en el país, sin desagregarlas por sexo, edad o zona geográfica, sin discusión alguna.
No es difícil resumir el estado de la salud de los mexicanos. Nuestro país se encuentra en una etapa relativamente avanzada de la transición epidemiológica, que se expresa en una baja mortalidad en menores de cinco años y una alta y creciente prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). Las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer, que muestran un comportamiento parecido en hombres y mujeres. Los accidentes y las lesiones intencionales también se encuentran dentro de las principales causas de muerte, pero afectan mucho más a los hombres que a las mujeres. La mortalidad por diabetes es la más alta de la región latinoamericana, pero la mortalidad por cáncer es relativamente baja. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares ocupa un lugar intermedio. Lo que sí destaca es la mortalidad por lesiones intencionales (29 por 100 mil habitantes), que afecta sobre todo a los jóvenes y es una de las más altas de América Latina, solo superada por El Salvador (52), Honduras (39), Belice (38) y Venezuela (37). Mención especial merecen las enfermedades musculoesqueléticas y los padecimientos mentales, que no causan un gran número de muertes, pero sí generan una enorme discapacidad.
Los riesgos más prevalentes, vinculados muy estrechamente a las principales causas de muerte, son los riesgos conductuales (tabaquismo, alcoholismo, falta de actividad física, bajo consumo de alimentos saludables), algunos riesgos ambientales (contaminación atmosférica, cambio climático) y los riesgos metabólicos (sobrepeso y obesidad, hipertensión, hiperglucemia e hipercolesterolemia). México tiene una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos del 75 %, una de las más altas del orbe. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes es del 40 %.
Muy poco de esto se discute en el PSS 25-30. Un diagnóstico epidemiológico ordenado y detallado permitiría, como se señaló, identificar prioridades y plantearse objetivos y metas sexenales realistas. Es obvio, por ejemplo, que el sistema debe fortalecerse para atender sobre todo las ECNT, y hacer del combate al sobrepeso, el tabaquismo y la contaminación atmosférica una altísima prioridad. No hay manera de enfrentar de forma sustentable las ECNT, que son muy costosas de tratar, sin un fuerte énfasis preventivo.
El diagnóstico de los recursos y servicios utiliza más información, pero el desorden en su presentación es alarmante. De la discusión de la calidad de la atención y la seguridad del paciente —dos temas vinculados con los servicios personales de salud—, se pasa, sin transición alguna, al análisis de los retos en materia de diagnóstico epidemiológico y el estado de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Enseguida, se discute la situación de los recursos humanos y de allí se pasa a evaluar la capacidad del sistema para enfrentar brotes, emergencias y desastres. De pronto, aparecen menciones al rezago en materia de atención primaria y la falta de atención a los determinantes sociales de la enfermedad, y de allí se pasa a discutir los retos en materia de trasplantes y el estado del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Es sorprendente la capacidad para saltar de un tema a otro sin un solo hilo conductor. Este desarreglo es conspicuo en los siete apartados del capítulo 5 y muestra una aterradora falta de competencia técnica de los responsables de la elaboración de este importante documento, que se confirma en la articulación de una visión que no tiene sustento en su diagnóstico y que, a la luz de lo que ha hecho la 4T a la fecha sobre todo en términos de cobertura, resulta demagógica. Aspiran a construir, en el 2030, un sistema de salud preventivo, comunitario y universal que se apoyará en la implementación de políticas intersectoriales, interculturales y territoriales.
Sorprende lo confuso de este segundo diagnóstico, porque tampoco es difícil resumir el estado de los recursos y servicios de nuestro sistema de salud. En primer lugar, hay una gran subinversión pública en salud, que se ha agravado en esta administración, tema central que no se aborda en el PSS 25-30. El gasto público en salud representa menos del 3 % del PIB, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda el 6 %. Nuestros pares en América Latina dedican mucho más de sus recursos a la salud que nosotros. El gasto público en salud en Argentina es de 6.0 % del PIB, en Chile de 5.0 %, en Colombia de 5.7 % y en Costa Rica de 5.6 %. A pesar de esto, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, el gasto público en salud disminuyó 11.6 % en términos reales, al pasar de 1,028,096 millones de pesos constantes en 2024 a 908,426 millones en 2025. El presupuesto 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, contempla un descenso adicional del 11 %.
La subinversión pública en salud y la desastrosa implantación tanto del INSABI como del IMSS Bienestar han impactado de manera muy dramática la cobertura de servicios de salud, sobre todo de las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con el informe de INEGI sobre pobreza multidimensional, el número de personas con carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 20 millones en 2018 a 44 millones en 2024, un incremento sin precedentes en la historia de nuestro sistema de salud.
A la pobre cobertura de atención a la salud hay que sumar la mala calidad de los servicios públicos. Su expresión más dramática es la falta de medicamentos, que lleva ya 7 años y que está afectando a todas las instituciones públicas de salud, incluyendo a las agencias de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR y SEDENA). A esto habría que agregar ahora la corrupción en la compra de medicamentos, como lo muestran los sobrecostos por más de 13 mil millones de pesos detectados en la última licitación organizada por BIRMEX ya en esta administración. Antes de la 4T, teníamos la certeza de que había medicamentos y la sospecha de que había corrupción. Ahora, con la 4T, tenemos la certidumbre de que no hay medicamentos y de que hay una enorme corrupción.
La falta de cobertura y medicamentos ha empujado a los usuarios de los servicios de salud a recurrir a los servicios privados. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024, casi 50 % de los usuarios de servicios de salud ambulatorios recurren de manera regular a los servicios privados, lo que ha incrementado el gasto de bolsillo y, en consecuencia, los gastos excesivos por motivos de salud. Datos de un estudio reciente llevado a cabo en el Instituto Nacional de Salud indican que, en 2024, casi cinco millones de hogares sufrieron gastos excesivos por motivos de salud, el nivel más alto registrado en México desde el 2000, año en el que se empezaron a hacer mediciones sistemáticas de los niveles de protección financiera de la población mexicana. Este es un tema que prácticamente no aborda el PSS 25-30.
Sin embargo, no es solo la cobertura general la que se ha visto afectada. Hay otros programas cruciales que tienen serios problemas de cobertura, como el Programa de Vacunación Universal. En 2022, solo 42 % de los menores de un año contaban con esquema completo de vacunación. Los expertos anticiparon el resurgimiento de enfermedades que ya estaban bajo control e hicieron un llamado al equipo de salud de la presidenta Sheinbaum a recomponer urgentemente este vital programa. No obstante, el presupuesto para este programa se recortó de 14,473 millones de pesos constantes en 2024 a 4,572 millones de pesos en 2025, una caída de casi ¡70 %!
Las consecuencias no se hicieron esperar. En el primer cuatrimestre de 2025 se presentaron 809 casos confirmados de tosferina y 48 defunciones por esta causa en menores de un año, cuando en 2024 se habían presentado solo 46 casos. El sarampión también resurgió. Según la Secretaría de Salud, a noviembre de 2025 se habían presentado 5,319 casos de esta enfermedad y 23 decesos por esta causa, situación que no se veía en nuestro país desde hacía más de 30 años.
Sin un buen diagnóstico de las condiciones de salud de la población y de los recursos y servicios del sistema de salud, resulta difícil identificar prioridades y diseñar propuestas de intervención racionales para atenderlas. Por ello, no extraña que los objetivos del PSS 25-30 sean una lista de lugares comunes, que además no incluye ningún objetivo vinculado con las dos responsabilidades esenciales de todo sistema de salud, que son mejorar las condiciones de salud de su población y proteger financieramente a los usuarios de los servicios de salud en caso de accidente o enfermedad.
Son 6 los objetivos que se plantea el PSS 25-30: i) Garantizar el acceso universal a los servicios de salud para la población; ii) Incrementar la capacidad resolutiva y calidad de la atención médica del Sistema Nacional de Salud para la población usuaria; iii) Garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos para la salud a toda la población; iv) Mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de la población; v) Fortalecer la integración y modernización del Sistema Nacional de Salud para mejorar la atención a la población, y vi) Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables.
A primera vista, el objetivo global del PSS 25-30 parece razonable: fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud para así garantizar el acceso a medicamentos y servicios de salud de alta calidad a toda la población, buscando, además, cerrar las brechas en atención y salud. Sin embargo, el programa no hace mención al principal obstáculo que enfrenta este objetivo, que es la profunda subinversión pública en salud. Además, no hace énfasis suficiente en lo grave de su punto de partida, que es que 44 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud. Sin un incremento importante de recursos públicos adicionales para la salud, será imposible garantizar el acceso universal a servicios de salud con protección financiera en el 2030, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tampoco podrá incrementarse la capacidad resolutiva y la calidad de los servicios públicos.
Uno de los grandes obstáculos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud apenas se toca en el PSS 25-30, que es la precariedad laboral de los trabajadores de la salud. Según un estudio llevado a cabo por investigadores de la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública, la precariedad laboral entre médicos aumentó de 58 % en 2005 a 75 % en 2022. Estos investigadores clasifican como trabajadores precarios a médicos y enfermeras que reportan trabajar con alguna de las siguientes condiciones: no tener contrato de trabajo, recibir ingresos de solo dos salarios mínimos, tener una jornada laboral parcial o excesiva, no contar con beneficios sociales y no contar con seguridad social.
Tres retos cruciales —vinculados con dos de los tres propósitos intrínsecos de todo sistema de salud (mejorar las condiciones de salud, ofrecer un trato adecuado y garantizar protección financiera)— brillan por su ausencia en los objetivos del PSS 25-30: la alta y creciente prevalencia de ECNT, la persistencia de las enfermedades pretransicionales y el incremento de los gastos excesivos por motivos de salud. No obstante, en las metas del programa se incluyen dos metas relacionadas con las ECNT (sobrepeso/obesidad y enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas) y dos relacionadas con problemas pretransicionales (enfermedades prevenibles por vacunación y muertes maternas)
No cabe duda de que uno de los objetivos del PSS 25-30 debería ser lidiar con las ECNT, responsables de más del 80 % de las muertes totales en el país. Para lograr esto es indispensable, entre otras cosas, implantar un ambicioso programa de combate al sobrepeso y obesidad, que afecta a más del 70 % de los adultos de este país. También es imperativo abatir las muertes por enfermedades del rezago o pretransicionales, que afectan sobre todo a los pobres de este país: las muertes por infecciones prevenibles por vacunación, eventos reproductivos y padecimientos relacionados con la desnutrición.
México, por ejemplo, ya no debería presentar ni muertes por sarampión ni muertes maternas directas. Sin embargo, en este rubro, la 4T está entregando muy malas cuentas. Como se mencionó, este año se han presentado 23 muertes por sarampión, situación que no se registraba en el país desde hace más de tres décadas. La razón de mortalidad materna, por su parte, aumentó incluso en la población con seguridad social. El valor de este indicador pasó de 48 muertes por 100 mil nacidos vivos en 2019 a 72 muertes en 2022, un incremento de casi 50 %. Este nivel de muertes no se presentaba en México desde 1990.
Finalmente, el reto de la protección financiera no se discute en el PSS 25-30, más allá de hacer mención ocasional a los gastos de bolsillo. Los gastos excesivos por motivos de salud se han incrementado dramáticamente por la simple razón de que, frente al desplome de la oferta de servicios públicos, la población ha tenido que recurrir al sector privado. Esto ha incrementado el gasto de bolsillo y, en consecuencia, los gastos excesivos por motivos de salud que, como se mencionó, afectaron en 2024 a casi 5 millones de hogares mexicanos.
Uno de los pocos méritos del PSS 25-30 es plantear objetivos en materia de abasto de medicamentos. El reto del desabasto de medicamentos se discute con cierta amplitud, a pesar de ser producto del desmantelamiento del sistema de compra consolidada de medicamentos del sector público que produjo la administración del presidente López Obrador. Además, resulta atinado plantearse el objetivo de garantizar el acceso consistente y gratuito a estos insumos, aunque la meta correspondiente (80 % de abasto) es muy pobre. Es claro, sin embargo, que las Farmacias del Bienestar —que según la presidenta Sheinbaum estarían operando a mediados de 2025 y que siguen sin aparecer— en nada van a contribuir a mejorar este problema, como en nada contribuyó la famosa Megafarmacia que estableció el presidente López Obrador. La distribución de medicamentos a las unidades públicas debería quedar en manos del sector privado, que cuenta con cerca de 1,000 empresas dedicadas a estas tareas, 100 de ellas con alcance nacional, experiencia de décadas y tecnología de punta, incluyendo vehículos especializados en la transportación de estos productos y plataformas digitales de reparto.
También es atinado incluir el objetivo de abatir las brechas en salud, que requiere de acciones muy específicas que van más allá de ampliar de manera general la cobertura de atención. Dentro de estas acciones se incluyen las intervenciones focalizadas y el monitoreo puntual de las desigualdades en condiciones de salud y en atención, que lamentablemente no contemplan ni el Sistema Nacional de Información en Salud ni el Programa Sectorial. Aunque el PSS 25-30 se propone combatir las desigualdades, no incluye metas en reducción de brechas. Los dos indicadores (razón de mortalidad materna y mortalidad en menores de 5 años) de las metas del objetivo 6 (Disminuir las brechas en salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables) no son indicadores de distribución, sino de nivel, como se discutirá más adelante.
El capítulo 7 del PSS 25-30 es el más denso. Contiene 36 estrategias y 241 líneas de acción. En la lista interminable de acciones, todo cabe, desde la implantación de la receta médica electrónica hasta la promoción de políticas públicas intersectoriales; desde la implantación de un modelo de servicio social interprofesional hasta la cooperación internacional para la promoción de conductas y estilos saludables; desde la simplificación de las gestiones para la construcción y el fortalecimiento de unidades de salud hasta el establecimiento de Comités Nacionales de Calidad en Salud. Frente a la dramática escasez de recursos para la salud que se anticipa, uno se pregunta qué de todo lo incluido en este capítulo podrá realmente implementarse, porque no parece haber estrategias prioritarias. Si se intenta cumplir con todas las estrategias y líneas de acción, seguramente nada podrá hacerse a cabalidad.
La primera estrategia presentada (Fortalecer al IMSS Bienestar como el principal proveedor de servicios de salud para la población no derechohabiente, garantizando acceso universal y cobertura en todo el territorio nacional) confirma la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de continuar, sin grandes modificaciones, con el fallido proyecto de salud que estableció el expresidente López Obrador. Las otras 35 estrategias son una larga lista de lugares comunes.
Dentro de las líneas de acción destacan algunas que, en ausencia de instrumentos claros de implementación y recursos financieros suficientes, resultan francamente irrealizables. Como muestra, algunos botones:
Llaman la atención las dos últimas líneas de acción, porque si algo no ha habido en la gestión de las políticas de salud bajo la 4T son criterios claros para la asignación de recursos financieros y rendición de cuentas. La Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, por ejemplo, prácticamente no tuvo presupuesto la pasada administración, y las actividades de monitoreo y evaluación brillaron por su ausencia. Los informes anuales sobre el estado de la salud y los servicios de salud públicos en México, que se publicaron de 2001 a 2015 (Salud: México, Rendición de Cuentas en Salud, Informe sobre la Salud de los Mexicanos), dejaron de editarse y no fueron sustituidos por ningún otro tipo de reporte. Nada parece indicar que las cosas en la segunda administración de la 4T habrán de cambiar en estos dos rubros.
Cabe destacar, por último, que ni en el capítulo 6 ni en el 7, se hace la más mínima mención a los recursos financieros que sería necesario movilizar para poder implantar las Estrategias y Líneas de Acción y cumplir con los Objetivos y Metas. Como se mencionó, para poder fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud públicos y alcanzar la cobertura universal de salud, es indispensable incrementar la inversión pública en salud para llevarla, por lo menos, al 4 % del PIB en 2030. No son solo recursos financieros lo que se necesita para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de salud y los niveles de protección financiera de la población mexicana, se requieren también políticas públicas basadas en evidencia, inteligentes y visionarias; sin esos recursos no hay posibilidades de mejora.
El capítulo dedicado a Indicadores y Metas ratifica las limitaciones técnicas del equipo de salud de la nueva administración de la 4T y muestra su falta de ambición. El PSS 25-30 cuenta con dos indicadores de seguimiento para cada uno de los 6 objetivos del programa, 12 en total, cada uno con su respectiva meta sexenal. Varios de los indicadores de este programa sectorial presentan graves deficiencias de selección y diseño; en otros las metas son muy modestas, y en otros más hay ambos problemas.
El primer indicador del primer objetivo (Garantizar el acceso universal a los servicios de salud para la población) es el porcentaje de la población que buscó atención por una necesidad de salud en los últimos tres meses y fue atendida en una institución de salud pública. La meta es aumentar el porcentaje de 53.1 % registrado en 2024 a 60.0 % en 2030. El problema con este indicador es que no mide, como pretende, la cobertura de atención, sino la utilización de servicios públicos. Hay un indicador mucho mejor, generado por el CONEVAL, que mide, indirectamente, el nivel de cobertura, que es la carencia de acceso a servicios de salud, a la que se hace mención. Además, la meta de utilización de servicios públicos es muy pobre: un incremento de solo 7 puntos porcentuales. Es importante recordar que para 2030, México tendría que cumplir con la meta 3.8 de los ODS, que se refiere a la cobertura universal de salud. No es posible pensar que la meta de 60 % de usuarios que buscaron atención en los últimos tres meses y recurrieron a una institución de salud pública permitiría cumplir con el Objetivo 1 del PSS 25-30 o con la meta de cobertura de los ODS.
El segundo objetivo del PSS 25-30 (Incrementar la capacidad resolutiva y calidad de la atención médica del Sistema Nacional de Salud para la población usuaria) está relacionado con la calidad de la atención de los servicios públicos y su primer indicador es la probabilidad de muerte entre las edades de 30 y 70 años por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Se trata de un indicador muy complejo vinculado con variables de muy distinto tipo, no solo de calidad de la atención. Hay otras alternativas mucho más prácticas y convencionales que podrían utilizarse para darle seguimiento a la calidad de los servicios públicos, como los ingresos hospitalarios prevenibles, la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo del miocardio o los egresos hospitalarios de pacientes diabéticos. Además, los dos últimos indicadores están vinculados con las dos principales causas de muerte en el país. Por cierto, la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio de México asciende a 22.6 % y es, con mucho, la más alta entre los países de la OCDE y casi cuatro veces superior a la cifra promedio de esta organización, que es de 6.5 %. Urge hacer algo a este respecto.
El tercer objetivo del programa sectorial (Garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos para la salud a toda la población) incluye un indicador (porcentaje de surtimiento completo de recetas, en el mismo lugar de atención, para población sin seguridad social que presentó un problema de salud y fue atendida en el sector público) inconsistente con su objetivo y con una meta francamente pobre. Hace referencia exclusivamente al abasto de medicamentos en la “población sin seguridad social”, cuando el objetivo del programa hace referencia a “toda la población”, y esto último tiene sentido porque los problemas de desabasto están afectando a todas las instituciones públicas de salud, sin excepción. Además, la meta de 80 % de surtimiento completo de recetas para 2030 resulta muy inferior a las cifras de surtimiento alcanzadas durante la administración del presidente Peña Nieto (89 %), cuando todavía existía el Sistema de Compra Consolidada de Medicamentos del Sector Público. Esta meta, además, es incompatible con el primer objetivo del PSS 25-30: no hay manera de garantizar el acceso universal a servicios de salud si 20 % de la población sin seguridad social no tiene acceso a los medicamentos que requiere.
Por último, los indicadores del sexto objetivo (Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables) no permiten medir la reducción de las desigualdades en salud, porque son indicadores (razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad en menores de 5 años) de nivel, no de distribución. Los responsables del PSS 25-30 no entienden que puede haber un incremento en las brechas en condiciones de salud incluso si disminuyen la razón de mortalidad materna y la mortalidad en menores de 5 años. Esto sucede cuando las reducciones en el valor de estos dos indicadores se dan sobre todo en las poblaciones con mayores recursos. Por esta razón, es importante utilizar indicadores de nivel que hagan referencia a problemas que afectan de manera particular a poblaciones vulnerables, pero también indicadores específicos de desigualdad, como la diferencia en el valor de la razón de mortalidad materna o la mortalidad en menores de 5 años entre los estados de baja y muy alta marginación.
El PSS 25-30 es un programa con enormes limitaciones: no cuenta con un buen diagnóstico de las condiciones y servicios de salud, no identifica bien sus prioridades, se plantea objetivos que no podrá alcanzar, propone una lista interminable de acciones, elude el tema de los recursos financieros necesarios para cumplir con sus objetivos y metas, y no tiene una visión que le podría haber dado orden a sus estrategias. Este programa sectorial podría haberse planteado un incremento paulatino del gasto público en salud para impulsar un reordenamiento profundo del IMSS Bienestar, como punto de partida para el establecimiento de un sistema de salud que garantizara el acceso a servicios básicos a todos los mexicanos en 2030 —para así cumplir con la meta 3.8 de los ODS— y un sistema de salud verdaderamente universal en 2040, que ofreciera acceso regular a servicios integrales de salud con protección financiera a toda la población, sin excepción y sin distinción.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo, optó por continuar con el proyecto generado por la pasada administración, que consolidó la segmentación de nuestro sistema de salud y produjo un colapso de la cobertura de atención, un deterioro de las condiciones de salud y un despunte de los gastos excesivos por motivos de salud. Y lo hace, además, en un escenario de recursos decrecientes. Dice un conocido refrán que no hay manera de obtener resultados diferentes si se siguen haciendo las cosas de la misma manera. La población más vulnerable, como siempre, será la que, sobre todo, sufrirá las consecuencias de tan desacertada decisión. EP
Octavio Gómez Dantés es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Este artículo expresa los puntos de vista personales del autor y no refleja la posición de la institución donde trabaja.
DOPSA, S.A. DE C.V
