El presupuesto federal es la expresión más elocuente del programa de gobierno, de sus objetivos prioritarios y de sus instrumentos, y, aún más, de su visión de país y su concepción de la política económica.

A continuación presento un análisis y evaluación puntual de los principales rasgos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026:

1. El PEF 2026 es, en algunas estimaciones y supuestos, muy optimista —como crecimiento económico, ingresos tributarios, tasas de interés y producción petrolera— y, en otros rubros, resulta razonablemente realista, como en inflación y déficit fiscal.

2. Un tema clave, por su impacto en los mercados financieros y las agencias calificadoras, es el objetivo de la “consolidación fiscal”. Este asunto se volvió fundamental. Aunque el gobierno de López Obrador actuó con responsabilidad fiscal en sus primeros cuatro años, con un déficit fiscal cercano al 3% del PIB —el ideal internacional y la regla de la Unión Europea—, en 2024 puso “el gato a retozar” y alcanzó un desequilibrio histórico de 5.9 % que urgía corregir. Para 2025 se estima una disminución a 4.3 %. No obstante, en 2026 este objetivo de “consolidación” se mantiene en pausa con 4.1 %, para evitar un mayor efecto contractivo en una economía ya en desaceleración, posponiendo la meta del 3 % hasta 2028.

Sin embargo, ante este proceso en marcha, los mercados perciben avances y se mantienen tranquilos. Las comparaciones internacionales favorecen a México: nuestro vecino Estados Unidos registra para 2025 un déficit cercano al 6% del PIB —que se prevé aumente con su nuevo paquete fiscal (BBB, Big Beautiful Bill)—; Francia enfrenta un 5 %; Brasil, 8 %; y Colombia, 7 %.

3. Esa es “la portada”, pero “el contenido del libro” revela que, pese a algunos aspectos positivos, existen serios problemas estructurales, distorsiones profundas en las orientaciones de política, recursos muy mal asignados, rigideces presupuestarias, riesgos y fragilidad fiscal.

4. Una variable clave es el objetivo de crecimiento económico. Para 2025 se estima en 1.0 % y para 2026 en 2.3 %, cifra considerada optimista. Organismos internacionales, el Banco de México y encuestas a especialistas lo ubican entre 1.1 % y 1.4 %. La meta de inflación sí es realista, cercana a la del Banco de México (3.3 %). Esto significa que seguimos con una economía estancada. El promedio de crecimiento del gobierno de AMLO fue de alrededor del 1 %, y todo indica que continuamos en la misma senda, perfilando una década perdida. Es decir, un “periodo de estancamiento estabilizador” en el que, pese a las críticas altisonantes, se ha aplicado una política esencialmente basada en criterios neoliberales.

5. El gasto publico aumenta a niveles históricamente elevados a $10.1 billones, 26.3 % del PIB, pero se encuentra “capturado” por lo que se llama gasto no programable, que significa una gran rigidez en el costo del servicio de la deuda, las pensiones y el tonel sin fondo que es Pemex. La deuda alcanza en 2026 $20.2 billones, manteniendo un nivel constante de 52 % del PIB. Su servicio es $1.6 billones, o sea 4.1 % del PIB. Es decir, la deuda se dedica a pagar intereses. El gasto en pensiones es de $2.3 billones, 6 % del PIB y 23 % del PEF. Ambos rubros representan un impactante 10% del PIB. El otro gran fardo es el tonel sin fondo de Pemex que continúa absorbiendo grandes apoyos patrimoniales, transferencias para gasto en proyectos poco rentables, como las refinerías y ahora Dos Bocas, una gran tajada de la inversión pública. Continúa una gran deuda con proveedores.

6. Con estos elementos rígidos, el llamado “espacio fiscal” para hacer frente a contingencias, dedicar más recursos a la salud, la educación, la infraestructura, es muy limitado, solo 1.7 % del PIB.

7. ¿Cómo se orienta la otra parte del gasto, el programable? Una tragedia es el bajo gasto en inversión pública, principalmente orientado a la infraestructura. En 2025 ha caído dramáticamente, para 2026 se recupera algo, pero es $1.2 billones, solo 3.2 % del PIB. La mitad se asigna a 13 proyectos prioritarios. No solo es baja, sino muy mal asignada. La absurda inversión en trenes de pasajeros se lleva $104 mil millones; el descarrilado Tren Maya todavía absorbe $30MM; Pemex, $247MM.

8. La otra “joya de la corona” son los 16 programas sociales prioritarios que suman casi 1 billón de pesos. Sin embargo, se repite la misma mala asignación de recursos: la mayor parte se destina a la pensión para “adultos mayores”, que representa la mitad —medio billón de pesos— complementada por incrementos a la “Pensión Mujeres Bienestar”.

En contraste, menos recursos se canalizan a jóvenes y educación. Las Becas Benito Juárez apenas reciben 184 mil millones de pesos. Esta distribución evidencia una deformación intergeneracional: se privilegia el pasado y se castiga el futuro. El gasto en innovación, ciencia y tecnología es extremadamente bajo, apenas 0.2 % del PIB, muy por debajo de cualquier comparación internacional.

9. Sí hay un aumento general en salud y educación. El gasto total en salud ronda 1 billón de pesos —2.6 % del PIB—, muy lejos del 6 % recomendado por organismos internacionales. Un indicador alarmante es la carencia de acceso a servicios de salud, que pasó de 20 a 44 millones de personas, en parte por la cancelación del Seguro Popular; también aumentó de forma significativa el gasto de bolsillo en salud. Como elemento positivo, se crea una nueva partida para la “economía de los cuidados y salud casa por casa”. Se observa además una reasignación institucional: se reduce el presupuesto de la Secretaría de Salud y aumenta el del IMSS, en especial el de IMSS-Bienestar.

10. En educación ocurre algo similar: los recursos aumentan a 1.3 billones de pesos —3.3 % del PIB—, pero siguen siendo insuficientes y muy por debajo de las recomendaciones internacionales (6 %) y del previsto en la Ley de Educación (8 %). Se privilegia la educación básica con el nuevo programa de becas Rita Cetina, mientras que la educación media, media superior, superior reciben menos recursos.. Las universidades resultan fuertemente castigadas.

11. A nivel de ramos administrativos, los principales ganadores son el Poder Judicial (+17 %) —¿cuál austeridad y dignidad?—, la Secretaría de Energía (+86 %), Bienestar (+12 %) y Defensa (+4 %). En cambio, pierden presupuesto Agricultura (-2.5 %), Salud (-3.2 %), Relaciones Exteriores (-3.4 %) y Seguridad (-17.5 %).

Resulta evidente que se privilegia el gasto clientelar, aquel que amplía la base de poder político y asegura votos. Con ese propósito se ha focalizado inteligentemente el apoyo al abuelo, el “pater familias”, pero se hipoteca la educación y el futuro de los jóvenes. Se otorgan medios para paliar la pobreza mediante transferencias en efectivo —muy redituables electoralmente—, pero no se crean condiciones para salir de ella ni para potenciar la productividad de la economía.

12. Finalmente, ¿cómo se financia todo esto? Los ingresos públicos ascienden a 10.2 billones de pesos —22.5 % del PIB—, pero como no alcanzan para cubrir los gastos, se recurre a 1.5 billones de pesos adicionales provenientes de deuda.

La parte crítica son los ingresos tributarios: 5.84 billones de pesos, equivalentes al 15.1 % del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (34 %) e incluso de América Latina (21 %). Su crecimiento dependerá tanto de la estimación optimista del PIB como del importante esfuerzo recaudatorio realizado en los últimos años. Se han introducido aumentos en los llamados “impuestos saludables” —a bebidas gaseosas y cigarros—, y se elimina la deducción fiscal de aportaciones de los bancos al IPAB. Además, copiando equivocadamente a Trump —a quien tanto se critica—, se introducen cambios en la Ley Aduanera para gravar 1,400 bienes de consumo e intermedios.

Conclusiones

El Presupuesto 2026 presenta algunos aspectos positivos, como el mantenimiento del compromiso con la “consolidación fiscal” respecto al déficit fiscal, lo que tranquiliza por ahora a los mercados. El PEF descansa en supuestos optimistas —crecimiento esperado, reducción de tasas de interés a 6 % y aumento de la producción petrolera— que pueden no cumplirse. También presenta una gran rigidez y alta vulnerabilidad por el alto costo de la deuda, el crecimiento inexorable de las pensiones por tendencias demográficas inevitables. Además persiste un apoyo irracional a un Pemex quebrado y a la deriva.

Debe incidir en las previsiones y en los riesgos de un entorno internacional muy incierto y volátil —cortesía del presidente Trump—. A estos factores no controlados se suman los errores propios. No hay un compromiso real para dar prioridad al crecimiento ni para salir del estancamiento económico. El llamado “Plan México” contiene buenas intenciones, pero carece del sustento financiero necesario. Contra el crecimiento conspira un programa de inversiones muy bajo y con una asignación de recursos deficiente. El programa de trenes de pasajeros es, en este contexto, una gran aberración.

El PEF refleja que lo prioritario es afianzar el poder, ganar elecciones y mantener una clientela centrada de manera generalizada en los adultos mayores, lo que absorbe la mayor parte de los recursos del Bienestar. Se apoya al “pasado de los abuelos”, pero “no se construye el futuro de los jóvenes”, pues no se favorece la educación superior, la ciencia, la tecnología ni la innovación. El presupuesto amortigua la pobreza, pero no otorga los elementos para salir de ella. No existe una política integral suficiente y eficaz en salud y educación, que continúan recibiendo recursos insuficientes.

Tarde o temprano será necesaria una reforma fiscal integral, balanceada y bien concebida. De lo contrario, el país seguirá atrapado en una economía estancada, con altos niveles de pobreza, una desigualdad persistente, un deterioro de los contrapesos democráticos y una ruta hacia el autoritarismo con la “transformación” del Poder Judicial en una “farsa adoradora de Quetzalcóatl”. Trump, con sus políticas, seguirá complicando el panorama. El futuro del T-MEC permanece incierto y, si no se corrigen a tiempo las políticas equivocadas, podría presentarse una crisis político-económica que todos deseamos evitar. EP

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