México hizo un cambio político sustancial en julio de 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Morena, tiene una mayoría sólida en ambas cámaras del Congreso. Muchas personas han visto su victoria como una oportunidad histórica para el avance de la causa de las mujeres, particularmente en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Pero, ¿qué tan justificada está la esperanza de que haya algún cambio hacia un reconocimiento cabal de estos derechos y, concretamente, hacia la despenalización del aborto en México?

En el pasado, López Obrador ha evadido el tema del aborto en eventos públicos y nunca se ha comprometido públicamente con su legalización. La plataforma electoral y el programa de gobierno de Morena para 2018-2024 no hacía mención alguna sobre el tema del aborto o el de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya como presidente, López Obrador ha dicho que el tema de la legalización del aborto debe estar sujeto a consulta, pero que “es un debate que no debemos abrir”. Es decir, que es mejor no hablar de ese tema. A esto han respondido las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos que el acceso a un aborto legal y seguro tiene que ver con los derechos a la protección de la salud y a la autonomía de las mujeres, que son cosas que no pueden estar sujetas a consultas populares. Uno podría pensar que, si se hubiera decidido por consulta popular el reconocimiento de los derechos de los afroamericanos antes de la Guerra de Secesión estadounidense, muy probablemente seguiría habiendo esclavitud en el sur de ese país.

Morena es un partido muy heterogéneo, integrado por políticos de muy diferentes ideologías, algunos de ellos moralmente conservadores o abiertamente religiosos. Por otra parte, López Obrador llegó a la presidencia apoyado por una alianza entre partidos de ideologías opuestas, entre ellos el Partido Encuentro Social (PES), que formaron los evangélicos en 2014, que está en contra del aborto. Tras perder su registro como partido político nacional en 2018, se incorporó a la bancada de Morena en 2019. Otro partido que ha apoyado a López Obrador tras asumir la presidencia es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que tradicionalmente se ha opuesto a la despenalización del aborto y ha pedido públicamente que se garantice el derecho a la vida desde la concepción —aunque algunos legisladores de ese partido se han manifestado recientemente, y a título personal, a favor de la despenalización.

Por otra parte, desde siempre la izquierda mexicana se ha mostrado reacia a apoyar la despenalización del aborto. Fuera de la Ciudad de México en 2007, los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados nunca promovieron ninguna iniciativa a favor de la despenalización. Incluso Amalia García, cuando fue gobernadora de Zacatecas, evadió el tema. Políticos de otros partidos de izquierda en los estados, como los del Partido del Trabajo y del PRD, han incluso votado a favor de las leyes antiaborto que protegen la vida desde la concepción, que fueron una reacción ante la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007.

Hay cuatro formas en que las leyes sobre aborto podrían cambiar durante esta administración.

1) A través de una modificación del Código Penal Federal, que facilitaría la enmienda de los códigos penales estatales sobre el aborto. Actualmente hay al menos cuatro proyectos de ley en el Congreso federal para reformar el Código Penal, presentados entre 2018 y 2019. Si alguno se aprobara, todavía habría que esperar a que los congresos estatales aprobaran también las modificaciones a sus códigos penales en el mismo sentido. Aunque se han presentado proyectos de ley en diez estados, parece poco probable que se aprueben, sobre todo porque la mayoría de los congresos estatales todavía están dominados por políticos conservadores o por políticos de izquierda que temen la reacción de la Iglesia o de sus votantes moralmente conservadores (las encuestas de opinión han mostrado que los mexicanos son muy conservadores acerca del aborto; el 67% dice que el aborto no debería ser legal).

El único estado donde se ha modificado la ley en este sentido ha sido Oaxaca, que legalizó el aborto electivo para el primer trimestre del embarazo en septiembre de 2019. Faltaría que cambios legislativos similares sucedieran en los 30 estados restantes.

2) La creación de un código penal único para todo el país. Esta opción facilitaría la búsqueda de justicia en un país dominado por el crimen y la impunidad, porque permitiría el mismo trato a los mismos delitos en todo el país, pero muchos rechazan esta opción precisamente porque la ven como una vía para legalizar el aborto. En todo caso, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ha dicho que se dejará que cada estado tipifique o no el aborto como un delito, de modo que es probable que esta causa no avance por la despenalización.

3) Algún tipo de enmienda constitucional que reconociera explícitamente el derecho de las mujeres a abortar. Sin embargo, dicha enmienda tendría que ser aprobada por 17 congresos estatales para que surtiera efecto, lo que, en el contexto actual, parece poco probable. De hecho, Porfirio Muñoz Ledo, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados y miembro de Morena, propuso legalizar el aborto cuando se presentó y aprobó una ley de paridad de género en mayo de 2019, pero no se incluyó en la versión final del proyecto de ley, “por falta de apoyo generalizado”.

4) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría confirmar una sentencia emitida por un juez federal para que el Congreso de Veracruz despenalice el aborto en el estado. El 20 de junio de 2019, la SCJN atrajo un amparo por omisión legislativa en Veracruz, que fue producto de la petición de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado. El informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) mandató al congreso local legislar para despenalizar el aborto. El congreso no acató la orden y las organizaciones civiles locales se ampararon, ganaron el amparo, pero cuando el congreso local apeló, la SCJN atrajo el litigio. Esta semana, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia para que la Primera Sala de la Corte confirme el amparo concedido por un juez federal en Xalapa, que sostiene que la criminalización del aborto es una forma de discriminación y transgrede los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “La prohibición total de la interrupción del embarazo —vía tipificación penal— es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, sostiene el ministro ponente en su proyecto. “Para esta Primera Sala, las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo”.

Bastaría con que tres ministros de la Primera Sala aprobaran el proyecto para que el Congreso de Veracruz se vea obligado a modificar su Código Penal despenalizando el aborto voluntario hasta la duodécima semana de gestación. Este proyecto se discutirá en la SCJN el próximo 29 de julio. Esta decisión de la SCJN podría tener implicaciones no sólo para Veracruz, sino para todo el país, dado que bastaría con que organizaciones civiles en otros estados presentaran amparos similares y llevaran los códigos penales a juicio, para que los congresos estatales se vieran obligados a eliminar las sanciones a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, aunque esta es la opción más viable entre las cuatro que he presentado, puede encontrar obstáculos. Por ejemplo, a pesar de que en 2015 la SCJN emitió jurisprudencia (43/2015) declarando que las legislaciones estatales que prohibieran el matrimonio igualitario eran inconstitucionales y debían modificarse, muchos congresos locales han desacatado esta orden de la Corte. Sólo 19 de 32 estados han modificado sus legislaciones desde entonces y no parece haber señales de que los restantes vayan a acatar la orden. Cabe suponer que en el caso de la despenalización del aborto sucederá algo similar, si no es que con un menor acatamiento de los poderes legislativos estatales.

¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Sobre todo que, si va a haber algún cambio en materia de despenalización del aborto durante esta administración, la iniciativa no vendrá ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, sino del Poder Judicial. Ciertamente, no parece haber liderazgo sobre este tema por parte del presidente López Obrador: más que una causa por la que él vaya a apostar su capital político, el tema le resulta incómodo y lo evadirá cuantas veces le sea posible. En este tema, como en muchos otros, López Obrador es un conservador. Lo mismo sucede con Morena y con todos los partidos políticos: no tienen una posición partidista sobre el asunto —son congresistas individuales quienes tienen posturas definidas al respecto, pero no los partidos—. No sería de extrañar que algunos políticos de izquierda incluso se opongan a modificar las legislaciones locales si la Corte los obliga a despenalizar el aborto. En México, al parecer, ser de “izquierda” y ser moralmente conservador no están reñidos. De cualquier modo, incluso si la Corte obliga a la despenalización, será mucho el trabajo que las organizaciones civiles de mujeres tendrán que hacer para exigir a los congresos y a las autoridades estatales a que reconozcan y respeten sus derechos. EP

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