Nuestra Constitución está a punto de cumplir 100 años. Pero ha sufrido numerosas enmiendas y adiciones, en especial en los últimos sexenios. Después de 642 cambios debidos a 225 decretos de reforma, nuestra Constitución es más moderna, sin duda, pero también más profusa, más incoherente y más confusa. El texto original de 1917 tenía 21 mil palabras; el de hoy, más de 66 mil. Tan solo en los últimos dos sexenios se añadieron casi 21 mil palabras (tantas como tenía el texto original). La nuestra es la segunda constitución más extensa del mundo; solo nos supera la de la India. En contraste, la Constitución de Estados Unidos (siete artículos y veintisiete enmiendas) es de tan solo 4 mil 400 palabras. Entre los problemas que presenta el texto vigente, los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la unam encontraron los siguientes: duplicación de disposiciones, uso inconsistente de su terminología, ubicación deficiente de las disposiciones, errores en la actualización del texto y artículos que son prácticamente reglamentarios. Un grupo de investigadores del IIJ-UNAM, coordinados por Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro, se dieron a la tarea de hacer una revisión técnica de nuestra Constitución.1 Se propusieron hacerla más clara y ordenada, sin alterar su contenido esencial ni los acuerdos políticos que le han dado sustento. Su propuesta añade una única ley, llamada Ley de Desarrollo Constitucional, en la que se incluyen las disposiciones que son prácticamente reglamentarias que ahora inflan demasiado el texto constitucional, y en la que se incluiría la mayoría de las modificaciones constitucionales. El objetivo fue el de proponer una Constitución más breve, sí, pero también más coherente, más estable y más comprensible para los ciudadanos. Para hablar de esta propuesta de ordenamiento y consolidación de nuestro texto constitucional, Diego Valadés nos recibió en su pequeño despacho del IIJ-UNAM.
