El sistema internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa un momento crítico. La ONU, sus agencias y sus mecanismos de protección se encuentran debilitados ante el avance de gobiernos autoritarios, la impunidad y el desdén por los pactos globales.
Texto de Clara Jusidman 18/11/25
El sistema internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa un momento crítico. La ONU, sus agencias y sus mecanismos de protección se encuentran debilitados ante el avance de gobiernos autoritarios, la impunidad y el desdén por los pactos globales.
El 24 de octubre se celebraron 80 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el tratado fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como uno de los pilares del pensamiento económico, social y cultural que emergió al término de la Segunda Guerra Mundial, la ONU ha experimentado —junto con el orden internacional liberal que ayudó a construir— una profunda erosión en su capacidad para promover la paz, la justicia, la democracia y los derechos humanos.
Desde hace por lo menos quince años se ha cuestionado de manera creciente la utilidad y vigencia del amplio sistema de instrumentos, agencias y organismos internacionales desarrollados a lo largo, en ese entonces, de seis décadas. Dicho sistema, diseñado para procesar los cambios de época y atender los viejos y persistentes problemas del mundo, ha mostrado rezago para responder con eficacia a fenómenos como la globalización, el cambio climático, las revoluciones tecnológicas, la expansión del capitalismo financiero, la pobreza, la desigualdad, las guerras y la creciente movilidad humana.
El sistema de Naciones Unidas parece haberse anquilosado y burocratizado, perdiendo eficacia para responder a las necesidades de desarrollo de los países rezagados, construir nuevos pactos entre Estados o garantizar el cumplimiento de los anteriores.
Había entrado, además, en serios problemas financieros para sostener a sus equipos. Incluso las agencias especializadas de la ONU comenzaron a competir con organizaciones de la sociedad civil y con empresas consultoras para gestionar directamente proyectos de desarrollo en los países. El “overhead” por sus servicios aumentó.
El ambiente internacional en el que operan las resoluciones de agencias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también cambió. Las prácticas de “exhibir y avergonzar” a los gobiernos por violaciones a tratados y pactos internacionales dejaron de tener efectos de contención.
Muchas de esas violaciones no se traducían en sanciones efectivas y concretas. Los procedimientos para denunciarlas y procesarlas se volvieron lentos, costosos e insostenibles para los propios denunciantes, y los resultados tardíos eran muy desalentadores. Los gobiernos infractores continuaron violando los tratados.
Con el aumento de gobiernos autocráticos en países de Europa y América —y siendo Naciones Unidas una organización de gobiernos— parecen observarse dos tendencias.
La primera se relaciona con la calidad de los nombramientos de los directivos de las agencias especializadas: muchas veces llegan con poca experiencia, escasa información sobre sus responsabilidades y tareas, y con una fuerte carga ideológica.
Otra tiene que ver con el financiamiento del sistema, en el que ciertos países —en especial Estados Unidos— son contribuyentes fundamentales. Si bien a lo largo de la vida de la ONU estos países promovieron el orden mundial de la posguerra, hoy sostienen y ejercen una visión sobre su papel en el mundo que ha cambiado radicalmente.
Los pactos y tratados para respetar los territorios de los países y los derechos humanos de las personas están profundamente fragilizados y son violados de manera constante. Los casos de Gaza y de Ucrania son ejemplos claros de un gran retroceso respecto del orden internacional en materia de distribución territorial, respeto a la vida, no discriminación y acceso a la alimentación, la salud y la educación de sus habitantes.
El nivel alcanzado y el aumento del número de personas desaparecidas en México —que el gobierno no reconoce como una violación de sus obligaciones de brindar seguridad, acceso a la justicia y derecho a la verdad—, así como el prolongado proceso para llevar el tema a la Asamblea de Naciones Unidas, constituyen otro ejemplo del agotamiento de los Pactos Internacionales y del escaso impacto que probablemente tendrá lo que la Asamblea acuerde.
Otro ejemplo es la violación sistemática de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y refugio en el mundo. Los países europeos están acordando programas y políticas antimigratorias, y el presidente Trump, su partido y sus seguidores realizan una campaña inhumana y extremista de persecución, denuncia, maltrato, detención y expulsión de poblaciones latinas y de personas sin documentos en Estados Unidos. La semejanza con las campañas de la Alemania nazi contra judíos, romaníes, comunistas y personas homosexuales, entre otros grupos, resulta alarmante.
Estos tres ejemplos muestran la pérdida de voluntad y de capacidad de los gobiernos de los países que integran las Naciones Unidas para utilizar la experticia y el espacio del sistema que crearon hace 80 años para llegar a acuerdos de paz, sancionar y expulsar a gobiernos violadores, y proteger a las poblaciones civiles que están muriendo por catástrofes naturales y antropogénicas, y que se ven obligadas a abandonar sus hogares.
Tuve oportunidad de interactuar y participar en programas de varias agencias especializadas de la ONU: en los años setenta del siglo pasado, en materia de empleo, con la OIT en Ginebra y con PREALC —su agencia regional— durante el Programa Mundial del Empleo, que constituyó un grito de alarma sobre la insuficiencia y precarización de los puestos de trabajo.
Colaboré con la FAO en Roma desde la Secretaría de Pesca, cuando recibimos apoyo para el desarrollo de la acuacultura en el país y promovimos un Acuerdo Internacional de Comercio Pesquero para impedir el uso de redes de 50 millas en aguas internacionales por flotas coreanas y japonesas, que bloqueaban el acceso de la fauna marina a las aguas de las zonas económicas exclusivas de los países costeros.
Desde México, en el Consejo de UNICEF, desarrollamos indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia por parte de los gobiernos de los Estados. Con la OACNUDH impulsamos en 2003 el “Diagnóstico sobre los obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanos en México”, apoyamos la elaboración de programas estatales de derechos humanos y contribuimos a difundir los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, además de construir indicadores sobre su efectiva realización.
Con el PNUD recibimos apoyo para desarrollar mecanismos de blindaje que evitaran el uso electoral de programas sociales; creamos un Cuarto de Paz en 2006 y promovimos experiencias de diálogo para la construcción de escenarios de futuro.
Podría seguir con un largo recuento de extraordinarias experiencias de trabajo con funcionarios y expertos de las agencias especializadas, incluyendo la CEPAL y la OPS. Siempre encontré en ellos un alto nivel profesional y un genuino interés por colaborar en el desarrollo de México y en la promoción de buenas prácticas en el mundo.
Es una tristeza que mucho de lo que experimenté al trabajar con Naciones Unidas —y que enriqueció profundamente mi vida profesional y personal— esté hoy en proceso de apagarse. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
