El 2026 es un año particularmente importante para el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi (CTVLU), fundado en 1980. En diciembre pasado cerramos un ciclo de 45 años durante el cual las reuniones se llevaron a cabo, de manera ininterrumpida, una vez al mes en Tepoztlán, Morelos. Después de la pandemia de COVID-19, comenzamos a alternar sedes con El Colegio de México y hoy iniciamos una nueva etapa plenamente en el COLMEX, con un profundo agradecimiento a la doctora Ana Covarrubias Velasco, su presidenta, por todo su apoyo.

En este nuevo año buscaremos también profundizar nuestra relación con la revista Este País, espacio en el que contamos con una ventana privilegiada para publicar muchos de los temas que resultan de interés para las y los asociados. Al ser el CTVLU un centro integrado por miembros de muy distintas disciplinas, nuestro objetivo ha sido siempre analizar los problemas desde perspectivas múltiples. No tenemos ninguna afiliación política, lo que nos permite sostener un diálogo abierto entre puntos de vista diversos y, en ocasiones, contrapuestos. Me atrevo a decir que es uno de los pocos espacios en este país donde los contrarios pueden dialogar y, aun desde posiciones opuestas, llegar a acuerdos.

El nuevo año se abre con retos de enorme calado, tanto a nivel nacional como internacional, que obligan al CTVLU no sólo a analizar, sino también a formular propuestas frente a los grandes problemas que estamos por enfrentar. El 2025 inició con dos nuevos gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos, lo que nos llevó a repensar la relación bilateral en distintos frentes, pero sobre todo en los tres ejes centrales de la agenda: comercio, migración y seguridad.

Ante la amenaza del presidente Trump de utilizar los aranceles como instrumento de presión política más que económica, el gobierno mexicano terminó por aceptar prácticamente todas las imposiciones del vecino del norte. Hemos continuado convirtiendo nuestras fronteras en muros de contención de migrantes y, en muchos casos, en espacios de expulsión, particularmente de población latinoamericana. La capacidad de maniobra de México se ha reducido de manera significativa y las amenazas se han vuelto cada vez más graves. En el plano bilateral, el 2026 no será un año sencillo.

Al catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la posibilidad de una intervención directa —incluido el uso de drones— se mantiene como una amenaza constante y profundamente preocupante. Funcionarios estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, sostienen que el gobierno mexicano mantiene vínculos estrechos con el crimen organizado, lo que ha derivado en la cancelación de visas a personajes de alto nivel, entre ellos gobernadores y miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum.

En este contexto, fuimos testigos del envío de 55 criminales a Estados Unidos, en un proceso que violó el debido proceso, con el objetivo explícito de contener el enojo de Washington. Las amenazas apenas comienzan. El discurso de seguridad nacional estadounidense, que dejó atrás al comunismo como enemigo principal para colocar al narcotráfico en el centro, se ha convertido en una prioridad estratégica. México no está exento de verse afectado por acciones de carácter militar, especialmente ante el desplazamiento del aparato militar estadounidense no sólo en el Caribe, sino también en el Pacífico.

2026 será también un año clave en materia comercial, pues en este periodo se llevará a cabo la revisión —o eventual renegociación— del tratado comercial de América del Norte. El futuro del T-MEC es incierto y, si bien el presidente Trump ha manifestado su deseo de hacerlo desaparecer, la profunda interdependencia de las cadenas de valor de los tres países dificulta una ruptura abrupta. No obstante, como ocurrió durante su primera administración, cuando se dio por terminado el TLCAN, es muy probable que el resultado final se acerque a lo que Trump pretende. Su preferencia es clara: dos tratados bilaterales en lugar de uno trilateral. Para México, sin embargo, la conveniencia es exactamente la opuesta. Un acuerdo trilateral permite negociar también con Canadá y reducir las presiones asimétricas de Estados Unidos. La relación con los canadienses, por ello, será también un tema central para el CTVLU, sobre todo porque hasta ahora ha sido notablemente descuidada por la política exterior mexicana, marcada por la falta de interés y de una estrategia clara.

La relación con Estados Unidos puede verse aún más deteriorada debido al respaldo explícito que el gobierno mexicano ha dado a regímenes dictatoriales como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tanto en el Congreso estadounidense como en la Casa Blanca, esta postura es vista con enorme recelo. Los señalamientos han ido en aumento y es previsible que las presiones se intensifiquen en el corto plazo.

En el ámbito interno, durante 2025 fuimos testigos de la consumación de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena, incluida la aprobación de jueces mediante un proceso que se presentó como elección popular, pero que en realidad estuvo guiado por “acordeones” que indicaban de forma explícita por quién votar. Sin un sistema de justicia sólido, independiente y confiable, no habrá inversión suficiente, justo cuando el país más la necesita.

Este nuevo año también tendrá sobre la mesa la reforma electoral, que busca modificar el sistema construido a finales de los años noventa. Desde el sexenio pasado, el gobierno no sólo avanzó en el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, arrebatándole de facto su autonomía, sino que ahora pretende intervenir en todo el sistema electoral en su conjunto. En el CTVLU identificamos riesgos claros ante los cuales debemos mantenernos alertas.

La reforma electoral que el gobierno pretende aprobar en 2026 no es un simple ajuste administrativo: constituye un riesgo estructural para la democracia mexicana. Lejos de fortalecer el sistema electoral, los cambios propuestos parecen orientados a debilitar los contrapesos institucionales que garantizan elecciones libres, equitativas y confiables. El eje más preocupante es el desmantelamiento gradual de la autonomía del árbitro electoral. El INE, construido tras décadas de lucha contra el fraude y la manipulación, ha sido objeto de ataques sistemáticos desde el poder. Reducir sus atribuciones, su presupuesto o su capacidad técnica no significa eficiencia, sino subordinación política. Un árbitro debilitado deja de ser árbitro y se convierte en una extensión del gobierno en turno.

La reforma también amenaza con alterar las reglas de la competencia democrática para beneficiar a una mayoría circunstancial. Cambios en la representación proporcional, en la fiscalización de campañas o en la integración de los órganos electorales pueden traducirse en una cancha inclinada, donde la oposición y las minorías pierdan voz y capacidad de incidencia. Esto no es modernización: es concentración de poder.

La reforma electoral de 2026 puede marcar un punto de no retorno. O se protege el sistema que hizo posible la alternancia y el pluralismo, o se abre la puerta a un modelo donde el poder decide las reglas y el árbitro deja de ser independiente. El CTVLU no podrá frenar la consumación de esta reforma, como tampoco pudo frenar la judicial. No obstante, tiene la responsabilidad de poner sobre la mesa los riesgos que implica y de formular propuestas alternativas que, al menos, puedan ser escuchadas.

Son muchas las preocupaciones nacionales adicionales. Por mencionar las más relevantes, el centro de atención del CTVLU estará enfocado en: el sistema de salud, roto desde 2019, así como en la escasez y mala distribución de medicamentos; los crecientes niveles de violencia y el control territorial ejercido por el crimen organizado; el vínculo, cada vez más evidente, entre funcionarios públicos y grupos narcotraficantes; y la situación económica del país, marcada por la ausencia de crecimiento, un déficit fiscal difícil de manejar y una deuda pública que no se había visto en los años previos a estos siete años de gobiernos morenistas.

Sin duda, el incremento del salario mínimo era urgente y ha tenido efectos positivos, pero también ha provocado la desaparición de numerosas pequeñas y medianas empresas. Tampoco dejamos de lado el sistema de educación básica e intermedia que, lejos de preparar a los jóvenes para su futuro, no les ofrece las herramientas ni los conocimientos necesarios. El arte y la cultura tampoco han sido prioridad del gobierno; al menos, desde el CTVLU, tendremos un par de reuniones dedicadas a estos temas. El cambio climático, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tampoco quedarán fuera de nuestra agenda.

En suma, como puede verse, son muchos los temas y reflexiones —tanto nacionales como internacionales— que abordaremos en este nuevo 2026. Con la participación de asociados y amigos, incluidos algunos del extranjero, será un periodo particularmente rico en análisis y propuestas. El año apenas comienza y el CTVLU les desea a todas y todos lo mejor. EP

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