I

El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es una institución profesional y especializada, forjada desde los primeros años del México independiente, encargada de ejecutar la política exterior del Estado. Hoy, sin embargo, enfrenta debilidades y desafíos estructurales y operativos que ponen en entredicho su papel histórico.

Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación a la presidencia, el SEM de carrera ha sido subestimado y marginado. Ello se explica, en buena medida, por la falta de interés y compromiso con la política exterior de los gobiernos en turno, particularmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien no la consideró prioritaria ni mostró una comprensión clara de su relevancia estratégica.

La improvisación sustituyó a una política exterior de Estado entendida como instrumento del interés nacional, de estrategia pública de largo plazo, sustentada en consensos amplios y proyectada más allá de los ciclos sexenales. La política exterior de la 4T fue, en gran medida, reactiva frente a los asuntos globales y subordinada a los intereses ideológicos del Ejecutivo.

La frase recurrente de López Obrador —“la mejor política exterior es la interior”— terminó por funcionar como coartada perfecta para no participar activamente en el escenario internacional ni asumir compromisos multilaterales, salvo aquellos alineados con afinidades ideológicas.

A ello se sumó la ausencia efectiva de la Cancillería mexicana, reducida a un papel secundario frente a la Oficina Presidencial, marcada por contradicciones, falta de planeación y ausencia de una estrategia clara. En un primer momento, la Secretaría estuvo encabezada por un titular más interesado en su proyecto presidencial que en la conducción de la política exterior o en el fortalecimiento del SEM; posteriormente, por funcionarios sin el peso ni el alcance necesarios en el contexto internacional.

Conviene recordar que la política exterior de Estado emana de la fracción X del artículo 89 constitucional y que su adecuada conducción depende, necesariamente, de una diplomacia profesional sustentada en el Servicio Exterior Mexicano.

II

De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM), el SEM es el cuerpo profesional de diplomáticos del Estado, encargado de representarlo en el extranjero y de ejecutar la política exterior. Su personal es de carrera y permanente, y su desempeño se rige por principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante. El Servicio se integra por dos ramas: la Diplomático-consular y la Técnico-administrativa.

El ingreso al SEM se realiza mediante concursos públicos que incluyen exámenes y entrevistas sobre temas diplomáticos y culturales, evaluaciones de español y lenguas extranjeras, pruebas médicas y psicológicas, así como cursos en el Instituto Matías Romero y prácticas profesionales en la Cancillería.

Aunque la LSEM establece que los concursos de ingreso deben realizarse preferentemente cada año, durante los periodos presidenciales de la Cuarta Transformación esta disposición ha presentado rezagos significativos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sólo se llevó a cabo un concurso de ingreso a la rama Diplomático-consular y dos para la rama Técnico-administrativa. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se ha realizado únicamente un concurso para la rama Diplomático-consular.

En la más reciente convocatoria de ingreso a la rama Diplomático-consular 2025 se registraron alrededor de 4,500 solicitudes para apenas 99 plazas (63 mujeres y 36 hombres), una cifra claramente insuficiente frente a la alta demanda, en un contexto marcado por la escasez de recursos financieros y el desinterés de las altas autoridades por el fortalecimiento del SEM.

De acuerdo con fuentes de la Cancillería, al mes de agosto de 2025 la rama Diplomático-consular contaba con 764 miembros y la Técnico-administrativa con 409, lo que da un total de 1,173 integrantes. Se trata de un número precario si se considera la relevancia de la política exterior de México, el incremento de responsabilidades asignadas al personal diplomático y la creciente complejidad de los desafíos globales. La insuficiencia de plazas constituye uno de los problemas más apremiantes del Servicio, pues genera estancamiento profesional, desmotivación y distorsiones en el escalafón diplomático.

III

Los miembros del SEM están sujetos a evaluaciones anuales para efectos de ascenso, que consideran el expediente, los méritos y la eficiencia, la antigüedad en el rango y en el Servicio Exterior, así como exámenes escritos y orales, acreditación de nuevos idiomas y estudios académicos. En las condiciones actuales, un funcionario de la rama Diplomático-consular puede alcanzar el rango de embajador —partiendo de agregado diplomático— en un promedio de 30 años de servicio, siempre y cuando logre hacerlo antes de la jubilación. Una situación similar se presenta en la rama Técnico-administrativa, cuyo rango máximo es el de Coordinador Administrativo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se realizaron únicamente tres concursos de ascenso.

Las condiciones salariales y laborales del SEM, así como la actualización de sus tabuladores, muestran disparidades y rezagos administrativos persistentes. Diversos especialistas, como Jorge A. Schiavon y María Cristina Rosas, han señalado que las asignaciones presupuestarias no corresponden a las necesidades de un servicio exterior profesional ni a las responsabilidades que hoy enfrenta.

De acuerdo con Rosas, el tabulador salarial no ha sido actualizado desde 1988 —hace más de tres décadas—, cuando Rosario Green encabezaba la Cancillería. Este estancamiento contrasta con el incremento sostenido del costo de vida tanto en México como en el extranjero, lo que ha generado restricciones económicas para muchos diplomáticos en diversas adscripciones, dificultando incluso la satisfacción de necesidades básicas familiares, situación que afecta de manera particular a la rama Técnico-administrativa.

En 2024, el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue cercano a los 10 mil millones de pesos; sin embargo, en 2025 y 2026 se redujo a aproximadamente 9.3 mil millones. Estos recortes han limitado el fortalecimiento de la política exterior, la ampliación de plazas del SEM, las mejoras salariales y la modernización de la estructura diplomática.

IV

La fracción III del artículo 89 constitucional establece que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar embajadores y cónsules generales, siempre con la aprobación del Senado, un Senado hoy controlado por la 4T y propenso a doblegarse ante las designaciones provenientes de la oficina presidencial. Por su parte, el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que dichos nombramientos deberán hacerse preferentemente entre los miembros del SEM de mayor competencia, categoría y antigüedad.

Si bien la normativa faculta al presidente a realizar nombramientos diplomáticos de carácter “político”, cuyo propósito sería incorporar perfiles con experiencia en ámbitos internacionales específicos, esta no ha sido la regla. Por el contrario, estas designaciones han respondido principalmente a compromisos y componendas políticas, ideológicas, de lealtad, arribismo o afinidad personal.

El uso excesivo de nombramientos políticos, escasamente justificados, debilita la profesionalización del SEM y el principio del mérito. Estas designaciones deberían realizarse de manera excepcional y temporal, cuando las condiciones así lo requieran, como complemento al servicio exterior de carrera y no como una práctica que sustituya la especialización y el mérito diplomático.

De acuerdo con diversos analistas, durante los periodos de la 4T se han nombrado embajadores que han respondido más a criterios políticos que diplomáticos. Entre ellos se encuentran Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y embajador en España desde abril de 2022; y Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, designada inicialmente como cónsul en Barcelona y posteriormente como embajadora en Panamá desde octubre de 2025.

A estos casos se suman Carlos Miguel Aysa González, exgobernador de Campeche y embajador en República Dominicana desde julio de 2022; Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo y embajador en Noruega desde diciembre de 2023; y Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo y embajador en Canadá desde marzo de 2023, además de varios nombramientos consulares.

Ante la falta de oportunidades y la marginación dentro del Servicio Exterior, un número importante de embajadores de carrera ha optado por la jubilación anticipada, antes de los 70 años establecidos por la LSEM.

V

México cuenta con 80 embajadas. De acuerdo con la clasificación de la SRE, dos se ubican en América del Norte; 11 en América del Sur; 7 en Centroamérica; 6 en el Caribe; 26 en Europa; 10 en Asia-Pacífico; 16 en África y Medio Oriente; y 2 en Oceanía.

De estas representaciones, a septiembre de 2025, 27 están encabezadas por embajadores de nombramiento político: dos en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y diez en Europa (Alemania, Bélgica–Unión Europea, España, Francia, Italia —de nombramiento reciente—, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y la Santa Sede).

A ellas se suman cuatro embajadas en América Latina (Argentina, Chile, Colombia y Venezuela); seis en Centroamérica (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); y dos en el Caribe (Cuba y República Dominicana). Con Ecuador se rompieron relaciones diplomáticas y con Perú los vínculos diplomáticos son complicados, por lo que en ambos países no se cuenta actualmente con embajador. En la región de Asia-Pacífico hay tres embajadores de este tipo de nombramiento: China, Corea y Japón.

Las embajadas en América Latina son particularmente anheladas por los embajadores de perfil “político”, por razones de idioma y afinidad cultural, ya que, por lo general, los designados no dominan idiomas extranjeros. Durante el periodo del entonces canciller Marcelo Ebrard, el número de nombramientos políticos llegó a ocupar hasta el 90 % de las embajadas en esta región, desplazando a los diplomáticos de carrera. Asimismo, una parte importante de las embajadas más codiciadas en Europa —las que, en términos coloquiales, los diplomáticos mexicanos denominan la ruta “Revlon”— están ocupadas por designaciones políticas.

En contraste, la llamada ruta “Baigón” y las adscripciones de vida difícil, ya sea por inseguridad, conflicto armado o insalubridad, suelen ser ocupadas por embajadores de carrera. Actualmente, las embajadas en Oceanía, así como en África y Medio Oriente, están en su totalidad a cargo de embajadores del SEM.

VI

Las designaciones por razones ideológicas, lealtades o servilismo —afirman analistas— pueden desnaturalizar el objetivo esencial de la política exterior y del interés nacional. Basta observar casos como Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde los titulares de las representaciones parecen responder más a designios ideológicos dictados desde la superioridad que a la lógica de una relación bilateral entre Estados. Júzguelo usted mismo, estimado lector.

Considerar a las embajadas como espacios de retiro o privilegio —opinan analistas y diplomáticos— no debe convertirse en norma, pues reduce las oportunidades de ascenso y titularidad para los diplomáticos de carrera. A ello se suma que varios titulares designados políticamente en embajadas y consulados superan la edad límite de 70 años establecida por la LSEM para el retiro del personal de carrera, restricción que no se aplica a los nombramientos políticos.

Un caso ampliamente comentado en el servicio exterior es el de la embajada de México en Países Bajos, encabezada por Carmen Moreno, funcionaria diplomática jubilada —según información de la propia Cancillería— desde 2003, a los 65 años, con las prerrogativas de ley, y que continúa en funciones. Hasta hace poco, existía otra embajada en condiciones similares, en Turquía. Todo debe tener un ciclo de retiro, sostienen diplomáticos.

Si bien no existe una norma que establezca la temporalidad exacta que debe cumplir un embajador o cónsul en una representación mexicana en el exterior, la práctica diplomática indica que debe existir un periodo razonable de cuatro o cinco años, a fin de evitar el desarraigo del funcionario o situaciones que propicien intereses personales o políticos en el país de adscripción.

Nombramientos políticos en El Salvador, Guatemala, Cuba, Japón y la Santa Sede podrían encuadrarse en este supuesto, ya que sus titulares ocupan las plazas desde 2019. Estas permanencias prolongadas responderían, según se señala, a razones presupuestales o a intereses políticos.

La precariedad presupuestaria y la falta de planificación —comentan diplomáticos— explican también los traslados irregulares del personal. Durante el sexenio de López Obrador, alrededor de 120 contenedores de menajes de casa de funcionarios trasladados a nuevas adscripciones o de regreso a México quedaron varados en aduanas o empresas navieras, algunos por más de un año, con daños económicos y materiales significativos para sus propietarios. De manera inexplicable, estos traslados se realizaron sin seguros adecuados y bajo el monopolio de una sola empresa de mudanzas.

El Servicio Exterior Mexicano cuenta con personal altamente competente; sin embargo, todo indica que su cualidad diplomática —reconocida por su excelencia, responsabilidad, integridad y ética— se encuentra en proceso de erosión. Aunque muchas de estas prácticas no son nuevas, el carácter ideológico de la 4T y el desinterés por el SEM han impactado de manera particularmente severa la profesionalización de la diplomacia mexicana.

Comentarios finales

El SEM constituye un instrumento estratégico para la defensa de los intereses nacionales y la conducción de la política exterior. Su diseño como servicio exterior de carrera responde a la necesidad de que el país cuente con un cuerpo diplomático especializado, estable y políticamente neutral.

El desinterés oficial por la política exterior y por el propio Servicio Exterior Mexicano ha debilitado de manera considerable al SEM como institución.

Hoy, el SEM enfrenta desafíos significativos: insuficiencia de plazas para el ingreso de nuevos diplomáticos y para los ascensos; limitaciones presupuestarias persistentes; y un uso injustificado y poco profesional de nombramientos políticos en las representaciones mexicanas en el exterior, que margina sistemáticamente a la diplomacia de carrera.

La modernización y el fortalecimiento del SEM deben partir de su reconocimiento como un activo estratégico imprescindible del Estado. Ello exige mayor asignación de recursos, planeación institucional y una visión de largo plazo que privilegie su profesionalización, en función de una política exterior de Estado y no sujeta a ciclos políticos ni a coyunturas ideológicas. EP