Aunque suele enunciarse como un derecho fundamental, la libertad de expresión en México dista de ser una garantía plena. Más que una conquista asegurada, es hoy un terreno en disputa: el país enfrenta un entorno marcado por la polarización, el hostigamiento digital, las presiones judiciales, los intentos de control legislativo y una narrativa oficial que deslegitima sistemáticamente la crítica. Pero lo que está en juego no es solo una prerrogativa jurídica ni una condición institucional, sino el lugar mismo que ocupa la palabra —la opinión, el disenso, la conversación pública— en la vida democrática.

Convencidos de que la democracia no se reduce a un sistema electoral, sino que implica una cultura de diálogo, rendición de cuentas y pluralidad, en Este País convocamos a un grupo plural de periodistas, intelectuales, académicos, juristas y activistas a reflexionar sobre el estado actual de la libertad de expresión en México. Dos preguntas guiaron el ejercicio:

1. ¿Se está generando un clima jurídico y político que limita la libertad de expresión?
2. ¿Cuál es, en su visión, la relación entre la libertad de expresión y la vida democrática?

Las respuestas reunidas permiten delinear un diagnóstico compartido, aunque expresado desde diversas perspectivas: existe una preocupación creciente por el debilitamiento de las condiciones institucionales que garantizan el ejercicio pleno de este derecho. Entre los factores señalados destacan el uso faccioso de mecanismos legales para silenciar la crítica, el debilitamiento de organismos autónomos —como el INAI—, la captura de medios públicos, el uso político de figuras como la violencia de género, la desinformación y el acoso judicial.

Más allá del contexto actual, las voces participantes coinciden en algo esencial: sin libertad de expresión no hay ciudadanía deliberante, ni democracia sustantiva. La palabra libre no solo permite fiscalizar al poder, también hace posible imaginar otros futuros. En una época en que se restringe el espacio cívico, defender ese derecho no es un gesto retórico, sino una tarea urgente. Este ejercicio busca contribuir a esa conversación.

Agradecemos profundamente a quienes respondieron a esta convocatoria. Sus aportaciones permiten trazar un mapa lúcido y plural del estado de la libertad de expresión en México.

Invitamos a nuestras lectoras y lectores a sacar sus propias conclusiones, abrir el debate y participar activamente del diálogo público. La libertad de expresión no es solo una garantía jurídica: es un ejercicio cotidiano que nos convoca a todos y todas.

---

Alejandra Ibarra Chaoul

Periodista y fundadora de Defensores de la Democracia

[ X: @luoach ] [ Bluesky: @luoach ] [ IG: @alejandra_ibarra_chaoul ]

Sí.
El economista Amartya Sen sostuvo que una sociedad con prensa libre no podría experimentar una hambruna; teniendo información de algo tan atroz, la gente podría exigir que se detuviera tal injusticia. Si la información provista por la prensa es la herramienta que los ciudadanos usan para exigir condiciones de vida deseables a sus gobernantes, entonces no hay vida democrática sin libertad de expresión. La relación entre ambas es la posibilidad de vivir con dignidad.

Enrique de la Madrid

Exsecretario de Turismo, académico y columnista

[ X: @edelamadrid ] [ Instagram: @edelamadrid ] [ Facebook: /edelamadrid]

Sí.
La libertad es la capacidad de cada persona para definirse, elegir su destino y contribuir al destino común. Comienza en la mente, con el pensamiento libre; sigue con la expresión, y se concreta en la acción. Por eso, un entorno que limita la libertad de expresión no solo sofoca a la persona en su proyecto de vida, también frena la posibilidad de construir una sociedad mejor. Sin libertad para decir, pensar y actuar, no hay verdadero desarrollo humano ni vida democrática plena.

Hernán Gómez Bruera

Periodista y conductor

[ X: @HernanGomezB ] [ Facebook: /HernanGomezBr ] [ YouTube: @HernanGomezB1]

Sí.
En México la libertad de expresión siempre ha estado en riesgo frente al ejercicio del poder, sea cual sea el partido que nos gobierne. Hoy, sin embargo, la libertad de opinar e informar —elemento central en una democracia— enfrenta nuevos riesgos, especialmente en el ámbito judicial. Desde hace algunos años hemos visto un crecimiento exponencial de casos de acoso judicial a periodistas en varios estados del país.

En mi caso personal, durante el último año he sido objeto de un acoso judicial persistente por parte de un alto exfuncionario del gobierno federal, quien durante su responsabilidad pública operó la justicia como un negocio desde el cual presuntamente traficó con influencias, ejerció prácticas de extorsión y tejió una red de alianzas con jueces y magistrados, especialmente en la Ciudad de México. Como resultado de mis investigaciones, hoy estoy siendo objeto de una persecución por parte de este personaje, así como por parte del mismo grupo de jueces y magistrados cercanos a él y que expuse en mis propias investigaciones.

Quizás el gran problema que hoy enfrentamos como periodistas es que, a diferencia de lo que ocurría antes —cuando existía una segunda instancia de jueces federales a los que podíamos recurrir por la vía del amparo para hacer valer nuestros derechos—, hoy estaremos más vulnerables frente a un Poder Judicial más controlado políticamente desde los poderes ejecutivos locales. El tema requiere una acción contundente por parte de las autoridades, que debiera empezar por plantear una legislación que tipifique como delito en el código penal las conductas de acoso o censura judicial en contra de periodistas que busquen inhibir sus actividades.

Javier Martín Reyes

Investigador del IIJ-UNAM

[ X: @jmartinreyes ] [ Facebook: /jmartinr ] [ Instagram: @jmartinreyes ]

Sí.
Sin libertad de expresión no hay vigilancia ciudadana, ni rendición de cuentas, ni democracia constitucional que resista. Políticos autoritarios siempre habrá; lo grave es quedarnos sin jueces que los frenen. Eso ya ocurre, en buena medida por la reforma judicial. Hoy prohíben corridos, censuran columnas y condenan ciudadanos. Lo peor aún no llega, pero llegará. Y cuando llegue, no tendremos tribunales que nos protejan y amparen.

Jorge Álvarez Fuentes

Embajador de carrera, académico, columnista internacional

[ X: @JAlvarezFuentes ]

Sí.
Considero que hoy sí se está generando un clima jurídico, mediático y político que limita la libertad de expresión. El artículo 7º constitucional establece: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o particulares, ni establecer censura previa”.

La libertad de expresión es un derecho ciudadano, creado para proteger a las personas frente a quienes ejercen el poder. Quien detenta autoridad no requiere protección frente a la crítica; cuando la solicita —y la recibe— de las autoridades “competentes”, se distorsiona ese derecho. Se ejerce represión y violencia política contra la parte vulnerable: el ciudadano. No al revés.

Se atenta contra la libertad de expresión cuando desde el poder se intenta limitar, menoscabar o censurar el derecho de difundir libremente y sin cortapisas, opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. En esos casos, se violenta el Estado de derecho y se socava uno de los cimientos de la democracia.

Los ciudadanos y sus organizaciones deben defender este derecho y rechazar todas las formas de censura, especialmente cuando se justifican bajo el falso argumento de “violencia política”. En las labores periodísticas y de comunicación, quienes las ejercen están obligados a expresarse con verdad, pero no deben ser forzados a emitir disculpas públicas ni a pagar multas por cumplir con su deber.

Leonardo Curzio

Conductor, periodista y analista político

[ X: @LeonardoCurzio ]

Sí.
A mi juicio, debemos contenerlo y revertirlo si queremos conservar la vida democrática.

El Estado ha adoptado, de manera asimétrica, mayores capacidades inquisitivas y sancionadoras en detrimento de los ciudadanos. Cito algunos ejemplos:

• Ha reforzado sus mecanismos de recolección de información subrepticia (inteligencia, intervención de comunicaciones, de correos, de redes sociales, de cuentas bancarias).
• Ha ampliado sus mecanismos sancionadores a través de nuevas leyes.
• Ha reforzado sus mecanismos intimidatorios, como los perdones públicos exigidos a los ciudadanos y las estigmatizaciones desde posiciones de poder.
• Se han utilizado, de manera facciosa e inequitativa, instrumentos como la violencia política de género o los juicios civiles por difamación para evitar que se hable de ciertos temas.
• El Ejecutivo ha incrementado su control sobre tribunales y jueces, ampliando su capacidad de presión.

Paralelamente a esta ampliación de capacidades, se han debilitado garantías constitucionales que permitían a los ciudadanos el acceso a una pluralidad de fuentes. Algunos casos:

• Se ha restringido el acceso a la información con la extinción del INAI.
• Se ha devaluado de manera sistemática el prestigio de la prensa desde la más alta tribuna presidencial, buscando diezmar las audiencias y deslegitimar a los comunicadores.
• Se ha cancelado la independencia editorial de los medios públicos, que hoy son una extensión del gobierno y, en muchos casos, abiertamente militantes.
• La estigmatización del debate abierto y los señalamientos contra quienes enarbolan posturas críticas han producido una desmovilización asimétrica de grupos representativos: amplios sectores de la sociedad civil —empresarios, asociaciones— evitan emitir discursos críticos o reivindicativos.

En el plano político, se constata un acoso constante y sistemático contra las posturas críticas, a las que se sitúa de manera rutinaria en el terreno de la ilegitimidad, como si toda disidencia respondiera a fuerzas espurias o intereses inconfesables. Se recurre con frecuencia a un reduccionismo descalificador para invalidar cualquier argumento contrario a la narrativa oficial. Además, el poder político litiga públicamente contra ciudadanos que enfrentan procedimientos judiciales, contaminando con ello la posibilidad de un juicio imparcial.

El uso agresivo de redes sociales para hostigar a opositores y críticos es una práctica habitual. Si a ello se suma el tono abiertamente confrontador del gobierno hacia quienes lo cuestionan, el efecto es inhibidor: editores, dueños de medios y periodistas se ven presionados a autocensurarse, a elegir versiones compatibles con la postura gubernamental, o al menos, no conflictivas.

Y finalmente, cuando desde el poder se niega la existencia de un ánimo persecutorio pero no se condena —con claridad ni firmeza— una legislación inequitativa o abiertamente censora, lo que se genera es un clima de incertidumbre y miedo.

La vida democrática y la libertad de expresión están intrínsecamente ligadas. A la democracia se le puede definir de muchas maneras, pero existe un consenso entre los teóricos en que una verdadera democracia requiere de cuatro pilares, sin cuya existencia la vida democrática no se da:

1. Que existan elecciones libres, lo que supone la presencia de más de un partido y de órganos electorales imparciales y, de preferencia, autónomos.
2. Que las elecciones sean equitativas, y que ningún partido disponga del aparato gubernamental mientras los demás carecen de condiciones mínimas para competir.
3. Que el poder del Estado no esté sometido a otro poder —económico, militar o de cualquier otro tipo— que no haya sido electo. De nada sirve elegir un gobierno si el poder real lo ejercen élites paralelas.
4. Que los ciudadanos tengan derecho a escuchar información proveniente de distintas fuentes y acceso libre a la información gubernamental.

En México, este último punto —consagrado en el artículo 6º constitucional— ha sido ya conculcado con la extinción del órgano garante. La información del gobierno, que por definición debe ser pública, ahora es filtrada por el propio gobierno, que decide qué da a conocer y qué no. La libertad de expresión sigue vigente, pero con las amenazas que ya apuntábamos. Por lo tanto, el flujo de información variado y contrastante no es otra cosa que el oxígeno que requiere el cuerpo democrático para vivir. Sin él, la democracia se asfixia.

Luis de la Barreda Solórzano

Abogado, articulista e investigador en el IIJ-UNAM

[ Facebook: /LuisDeLaBarredaSolorzano ]

Sí.
No les ha bastado a los gobiernos de Morena capturar, inocuizar o exterminar los contrapesos propios de un régimen democrático. La autodenominada 4T ha pretendido también asfixiar la libertad de expresión, otro de los pilares de la democracia. Para lograrlo, ha injuriado y calumniado a sus críticos, ha exhibido sus datos personales, ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera para intimidarlos, ha permitido que sean hostigados por sus “camisas guindas”, y ha presionado a los medios para que prescindan de ellos.

Una nueva forma de atacar esa libertad ha sido la de criminalizar, con la acusación de violencia política de género, críticas en las que hay algún señalamiento —así sea tangencial— de una mujer del círculo oficial, aunque la expresión nada tenga que ver con el sexo de la aludida. La autocracia cierra la pinza.

Mariana Campos

Directora de México Evalúa

[ X: @mariana_c_v ]

Sí.
A nivel mundial, gobiernos de diversos países están implementando mecanismos para controlar la narrativa pública, ya sea mediante censura directa o a través de formas más sutiles de represión legal y económica. Este fenómeno surge como respuesta a la crisis de los regímenes políticos que, en lugar de evolucionar para satisfacer las demandas de sociedades más informadas y críticas, recurren a restringir el espacio cívico. En nuestro país, la libertad de expresión jamás ha estado libre de retos; sin embargo, en los últimos años hemos atestiguado hechos que sugieren que se encuentra especialmente amenazada.

La libertad de expresión es el pilar fundamental de toda democracia funcional. Sin acceso a información veraz ni garantías para disentir, la ciudadanía pierde la capacidad de participar de manera significativa en la vida pública, reduciendo los procesos democráticos a meras formalidades carentes de sustento real.

La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es uno de los hitos más significativos del deterioro del espacio cívico y la libertad de expresión. Se trata de un grave ataque al derecho a saber. El acceso a información gubernamental es una especie de precondición para la rendición de cuentas. Hoy, el gobierno decide qué información comparte; anteriormente, lo decidía un órgano colegiado y autónomo. Claramente, el riesgo de conflicto de interés era sustancialmente menor. Ahora, la información que incomode al gobierno tiene mayor probabilidad de ser negada. En la práctica, nuestro derecho a saber se erosiona y, con ello, nuestra participación en el debate público. Esto es especialmente triste en un país que contaba con la segunda mejor ley de derecho de acceso a la información del mundo (de un total de 140 países), según el Rating Global del Derecho a la Información.

Los intentos por silenciar críticas mediante recursos legales o presión económica generan un efecto escalofriante que limita el debate público. Cuando estas prácticas se combinan con la hostilidad —infiltrada en la narrativa de altos funcionarios y voceros gubernamentales— hacia medios de comunicación y organizaciones civiles, el resultado es un espacio público cada vez más restringido y controlado, en donde el pluralismo agoniza a pasos agigantados.

El debilitamiento sistemático de los contrapesos tiene consecuencias concretas para la vida democrática. Sin transparencia ni libertad de expresión se pierden herramientas esenciales para combatir la corrupción, evaluar políticas públicas y proteger otros derechos fundamentales. La ciudadanía queda así doblemente vulnerable: sin información para formar opiniones fundamentadas y sin canales para expresar sus demandas. Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino la calidad misma de nuestra democracia y la posibilidad de construir un país más justo e igualitario.

Max Kaiser

Analista político y conductor

[ X: @MaxKaiser75 ] [ YouTube: @factorkaiser ]

Sí.
El régimen morenista vive de una trampa discursiva: ellos son los únicos intérpretes válidos de eso que llaman el “pueblo”. Y así, cualquier voz crítica es, en automático, una voz que desprecia al “pueblo” y a la patria misma, y por eso puede ser silenciada, con todo el poder del Estado. Atacan la libre expresión, envueltos en la bandera y desde un pedestal de superioridad moral inexistente.

Renata Zilli

Analista de política internacional

[ X: @renata_zilli ] [ LinkedIn: Renata Zilli ]

Sí.
En las democracias plenas, la libertad de expresión descansa en un círculo virtuoso entre instituciones sólidas y una ciudadanía participativa que valora la crítica y el disenso. Con justa razón, en México tendemos a centrarnos en lo que el Estado hace (o deja de hacer) para garantizar la libertad de expresión, pero olvidamos la otra mitad del círculo: una sociedad cada vez más renuente a involucrarse en los asuntos públicos. Apática y polarizada. En la antigua Grecia, el término idiota se utilizaba para designar a todo ciudadano que se desentendía de los asuntos de su comunidad. Es cierto que, para fortalecer la libertad de expresión en México, se necesitan instituciones mucho más sólidas, pero también más ciudadanos activos, críticos y comprometidos. Por tanto, menos “idiotas”.

Susana Chacón

Académica y especialista en relaciones internacionales

[ X: @schacon25 ] [ Instagram: @susanachacon25 ]

Sí.
Sin libertad de expresión no hay democracia. Es fundamental para informar, expresarse y opinar sin censuras. Facilita la participación ciudadana, la transparencia y el freno a los abusos del poder. Sin ella, se nulifican los valores democráticos y se camina hacia el autoritarismo y la dictadura. México está en riesgo de perder su democracia. Desde hace siete años camina hacia un régimen muy desafortunado.

---

En el coro plural de voces que recogimos hay una advertencia que retumba con fuerza y gravedad de profecía: en México, la libertad de expresión —como un hilo fino— se está tensando hasta el punto de la ruptura. No es un solo acto de censura lo que inquieta, sino un entramado de silencios: presiones judiciales, estigmas públicos, presupuestos amañados, leyes que disfrazan la mordaza con el ropaje del derecho.

Sin embargo, lo que estas voces nos recuerdan no es solo el peligro, sino un principio: que sin palabra libre no hay democracia. Que la libertad de expresión no es una cortesía del Estado, sino el pulso mismo de la vida democrática. “El oxígeno”, dicen algunos; “el nervio”, otros. En todo caso, es el instrumento que convierte al ciudadano en actor. Cuando se impone el miedo a hablar, la democracia se vacía.

Pese a todo, hay voces que resisten. El periodista acosado, la académica indignada, el joven que sigue preguntando. Todos recuerdan que el derecho a hablar no se agradece: se ejerce. Y que callar es, en el fondo, dejar que otros escriban por nosotros la historia. La libertad de expresión no es un acto heroico, sino una práctica cotidiana en sociedades que se niegan a ceder ante la imposición o el miedo. Mientras haya quien hable con sentido crítico, la democracia seguirá teniendo un lugar en el mundo. EP