“Me siento bien cuando digo lo que pienso, y cuando no… me siento un poco triste”, me dijo mi hijo de 9 años cuando le pregunté qué opinaba de la libertad que tenemos las personas a expresarnos.

Desde hace algunos meses le he estado dando vueltas a una pregunta: ¿por qué algunas personas están dispuestas a renunciar a ese derecho? ¿Qué ha pasado en sus vidas para aceptar que, en nombre de la seguridad, por ejemplo, se ponga en juego su privacidad y su derecho a expresarse libremente?

En las últimas semanas, gracias a un par de colegas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, viví de cerca el proceso de discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fue aprobada en el Congreso. Gracias a ellos y ellas entendí que nuestras legisladoras y legisladores organizaron mesas de diálogo donde sólo se modificó —o eliminó—  lo que, desde el inicio, estaban dispuestos a negociar. Hubo cuestiones inamovibles. El típico “atole con el dedo”, diría mi abuelita.

Decidieron quitar los puntos más “escandalosos” que los hacían quedar muy mal —como el bloqueo de plataformas sociales—, pero dejaron intacto un entramado de acciones que inhiben nuestra libertad de expresión. Es decir, permitieron modificaciones que sientan las bases para una vigilancia masiva, que puede ser usada contra quienes critican o exponen al poder.

¿Qué pasó en la discusión en las calles, en las redes? 

Me intrigó —y sorprendió— escuchar a personas o leer comentarios de quienes apoyaban, por ejemplo, la vinculación del CURP con los datos biométricos, o quienes aplaudían el cheque en blanco que tendrán las fuerzas policiales y armadas para obtener información delicada sin controles (geolocalización, vínculos, etcétera). Lo más curioso era su argumento. Todo se justifica porque “necesitamos seguridad”. “Necesitamos esas grandes bases de datos para saber dónde están y cómo actúan los malillas. Sólo así nos libraremos del narco. Además, a estas alturas, todo el mundo nos vigila en redes sociales”, justificó un amigo oriundo de Sinaloa.

El argumento sorprende porque vivimos en el país donde, históricamente, se han usado los servicios de inteligencia para espiar y acallar a opositores políticos, personas defensoras y periodistas, y no precisamente para que estemos más seguros. En mis archivos todavía conservo los reportes que los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) elaboraban sobre mi papá en los años setenta.

Aun así, tras escucharlo —a él y a varias personas más—, entendí que, en parte, este retroceso se explica porque nos han robado la tranquilidad. El placer de tomar el carro y manejar por carretera a donde te dé la gana; que las infancias salgan a jugar en las calles; que no sea necesario tener localizado todo el tiempo al adolescente de la familia. Y sí, es verdad: por recuperar esos momentos, hay personas dispuestas a volver atrás, a poner en riesgo los derechos que tanto ha costado conquistar.

¿Cómo no empatizar?

Honestamente, ¿cómo no empatizar? Yo también lo vivo a diario. No puedo dormir hasta que mis chamacos llegan sanos y salvos a casa, o cuando rezo (aunque no soy creyente) para que mi mamá llegue con bien a su destino cuando transita por las carreteras de Sonora. ¿Cómo no empatizar cuando una jovencita desaparece en el Ajusco, a plena luz del día, y no se sabe más?

¿Cómo le explicamos a un país urgido de seguridad que no podemos volver atrás? Que ya fuimos ese lugar donde todo se justificaba con el “bienestar de la población”. Donde los medios de comunicación eran únicos y poderosos precisamente por participar en las prácticas del poder. Aquel país donde desaparecieron y asesinaron a miles de personas por estar contra el régimen político, por decir, narrar, visibilizar la desigualdad, la pobreza, la tortura, la desarapación, el asesinato.

¿Cómo le explicamos a un país con más de 120 mil personas desaparecidas que si le damos todo el poder al Estado —independientemente del color o sigla del partido en turno— no nos los devolverá? Sencillo no es, y menos en este mundo individualizado del “yo”, de los míos. ¿Y los demás? ¡Qué se jodan!, ¡no están del lado correcto de la historia!

Aunque este país necesita paz, no creo que se logre sacrificando derechos. Por lo menos, yo no estoy dispuesta a callar. No quiero sentirme triste, como diría mi hijo. Buscando argumentos, me topé con este tuit (ya sé que se llama X pero no me acostumbro, ni quiero) de Malcom Cartagena, defensor de derechos humanos de El Salvador, quien escribe desde el exilio forzado del país que lo vio nacer. Destierro obligado por ser opositor:

Hoy cumplo un mes fuera del país. Es difícil resumir en un tuit el torrente de emociones, satisfacciones y decepciones que conllevó dar este paso y creo que da hasta para escribir una crónica. Solo les comento que en mi caso, la salida no era tan sencilla porque a la tragedia de dejarlo todo atrás: familiares, amistades, efectos personales… se sumaba la necesidad de encontrar rápidamente atención médica, pues como mis más allegados saben, desde hace unos meses he vuelto a necesitar de una máquina para vivir… Acá sigo, en pie de lucha. Desde este lugar seguiré aportando con mis conocimientos en materia electoral y derechos políticos a fin de que este país no regrese a un pasado sangriento que nadie añora, pero tampoco que nuestro futuro sea estar condenados a vivir en una dictadura. A los que hoy persiguen, acosan, acusan y reprimen, solo me resta decirles como les dijo @Ruth_Lopez1977: #TenganDecencia. Y a los que siguen allá en el terruño, dando la batalla contra la dictadura: no desfallezcan, “esto un día se va a acabar"

Hoy cumplo un mes fuera del país.
Es difícil resumir en un tuit el torrente de emociones, satisfacciones y decepciones que conllevó dar este paso y creo que da hasta para escribir una crónica.

Solo les comento que en mi caso, la salida no era tan sencilla porque a la tragedia de…

— Malcolm Cartagena (@malcolm_sv) July 25, 2025

Malcom ahora no puede volver porque el pueblo salvadoreño votó por un hombre que les prometió seguridad, costara lo que costara. Hoy, ese costo implica que las disidencias que se atreven a alzar la voz tengan que salir del país tras la amenaza del encarcelamiento. 

Y no, no quiero insinuar que el gobierno actual sea similar al régimen salvadoreño. Con esta reflexión quisiera invitarles a dejar de usar la seguridad como pretexto para ceder derechos. ¿Queremos seguridad? Exijamos una estrategia integral que respete las garantías de todas y todos, que nuestras libertades no se conviertan en moneda de cambio.

Como pueden ver, tengo más preguntas que respuestas. Y creo que todas y todos las tenemos. Propongo que nos juntemos a buscar respuestas.

Epílogo

El otro día me apareció en Instagram un video del filósofo español José Antonio Marina en una conferencia donde contaba que, al iniciar el semestre, siempre pregunta a sus alumnos si todas las opiniones son respetables. La mayoría responde que sí. Él revira: 

No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición… La respetabilidad de las opiniones depende del contenido. Puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación, porque el problema que tenemos es que hay una crisis absoluta de argumentación. EP

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