La historia tiene una forma tragicómica de repetirse. Las naciones, al igual que las personas, tienen muletillas, tics, recurrencias, lugares comunes, prácticas e ideas a las que no pueden evitar volver. Estados Unidos, nación fundada por puritanos perseguidos en Europa, necesitada —como cualquier cuerpo humano— de placer, evasión y analgésicos, ha luchado durante el último siglo contra los productos que le proporcionan ese mismo alivio. 

La Ley Volstead intentó, sin éxito, prohibir el alcohol a principios del siglo XX, produciendo la muerte de miles de personas, ya fuera por el consumo de alcohol adulterado —resultado de su tráfico interno—, o como daño colateral de las disputas dentro de la delincuencia organizada que nació ad hoc para la administración del mercado negro de alcohol (con protagonistas como Al Capone, Dutch Schultz, Arnold Rothstein, entre otros).

Estados Unidos, acostumbrado a prohibir aquello que la propia inercia de su población y el tamaño de su mercado engendra, ha retomado una de las medidas iniciales de los primeros años de la guerra contra las drogas: la clausura de la ruta del Caribe.

El consumo de estimulantes y opioides era, a principios del siglo XX, no solo recurrente en el mercado México-estadounidense, sino incluso recomendado por la ciencia médica, tan normalizado como la práctica de “fumar tabaco para aliviar el asma” o la decoración de juguetes para niños con pinturas de plomo.

La guerra contra las drogas en Estados Unidos —que arrancó tímidamente en el ámbito doméstico con la prohibición de sustancias concretas como la cannabis, el opio o la cocaína— fue exportada al resto de América Latina durante la Guerra Fría mediante operaciones de la DEA, el FBI, la ATF, la CIA, la Guardia Costera y la Armada estadounidense en el Caribe, con el objetivo de cazar avionetas y lanchas rápidas provenientes de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú que transportaban la sustancia psicoactiva más taquillera de la época: la cocaína.

Dicha campaña —un tanto esquizoide si consideramos que el propio gobierno estadounidense, a través de agentes como Barry Seal, manipulaba el mercado de narcóticos— fue la “misión cumplida” que, paradójicamente, impulsó el auge de los cárteles mexicanos: de organizaciones criminales de medio pelo a emporios criminales trasnacionales.

Tras décadas de atrición —cuyo punto culminante fue el asesinato de Pablo Escobar, resultado de una estrecha colaboración entre los gobiernos colombiano y estadounidense—, los cárteles colombianos, reyes indiscutibles de aquella época, se vieron forzados a trasladar su negocio de manos de intermediarios caribeños a intermediarios mexicanos. Sólo así podían seguir haciendo llegar su producto al primer mercado de drogas del mundo: Estados Unidos.

El flujo de capital de la que, por décadas, fue la droga más cara y redituable de la época permitió a los cárteles mexicanos, a paso lento pero seguro, emanciparse de sus empleadores colombianos. Aquella modesta comisión por mover la droga del punto A al punto B les permitió adquirir influencia, poder de fuego y, eventualmente, independencia. Esto dio pie a un proceso de colonización inversa, con docenas de grupos ligados a cárteles mexicanos que, actualmente, incursionan en Sudamérica, aunque resulta difícil afirmar que dicho proceso haya sido —o vaya a ser— realmente exitoso.

Todos volvemos al lugar donde fuimos felices. En el caso de Estados Unidos, al amparo de la posible designación de los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, la Armada estadounidense ha desplegado una fuerza de tarea en las inmediaciones de las costas de Venezuela, integrada por el portaaviones Gerald Ford y una docena de embarcaciones con capacidades de desembarco anfibio, artillería balística y bombarderos estratégicos.

El despliegue constituye la amenaza más seria a la seguridad nacional de Venezuela —y, en particular, a la seguridad del régimen— en lo que va del siglo. Se trata de una medida que no solo no acabará (como nada lo ha hecho) con el consumo de drogas al interior de Estados Unidos, sino que, trágicamente, ha terminado por justificar ex post el militarismo y paranoia recalcitrante del chavismo. A principios del siglo XXI, el régimen chavista se armó hasta los dientes con submarinos, aeronaves y contramedidas de guerra electrónica adquiridos a la Federación Rusa. El régimen, responsable por el éxodo de millones de venezolanos y la miseria de quienes aún viven dentro de sus fronteras, —un régimen para el que no existe justificación moral ni política en ningún sentido—, ha ganado la carrera del tiempo y se ha posicionado exitosamente frente al mundo como el lunático que vaticina a diario “hoy es el día que acaba el mundo”. En este caso, profetiza el intervencionismo yanqui y reafirma la supuesta necesidad militar que las naciones latinoamericanas tienen de armarse más allá de lo razonable si lo que esperan es resistir, aunque solo sea algunos por unos minutos, las capacidades de guerra remota de las fuerzas armadas estadounidenses.

La guerra —inminente en cuestión de días o, si acaso, semanas— en el teatro de operaciones venezolano, al igual que en su momento en el apogeo de la Guerra Fría, también ha alcanzado a México. La Operación Cóndor, reconocida como uno de los orígenes casi mitológicos de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país, formó parte de la misma política diplomática y militar estadounidense: exportar la prohibición de las drogas a todos los confines de la Tierra.

En este 2025, en menos de un año, hemos sido atónitos testigos de actos de agresión militar contra México que jamás pensé atestiguar “mientras Dios me prestara vida”, ni en mi tiempo como asesor de seguridad nacional ni en mi trayectoria profesional como académico de la materia. Actos de guerra que, aunque estaban estimados en el Plan DN-I —el plan de la Secretaría de la Defensa para la movilización nacional en caso de una intervención militar estadounidense—, nadie en la comunidad estratégica mexicana imaginó verdaderamente llegar a vivirlos en carne propia.

Hemos perdido la cuenta, en lo que va del año, de la cantidad de aeronaves militares estadounidenses, tripuladas y no tripuladas, que han sobrevolado el espacio aéreo mexicano con sus transpónders encendidos, so pretexto de realizar labores de “inteligencia”. Aunque la práctica de vulnerar el espacio aéreo mexicano no es desconocida para las corporaciones policiales, los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas estadounidenses, sí es la primera vez en la historia moderna de la aviación militar mexicana que dichas aeronaves lo hacen de manera tan cínica: con sus localizadores prendidos, no sólo para conocimiento de los radares militares mexicanos, sino también para la aeronáutica civil.

Nunca pensé vivir para ver un dron Reaper sobrevolar Valle de Bravo, como ocurrió el pasado 13 de agosto; nunca pensé vivir para ver cuatro supuestas “narcolanchas” destruidas al interior de la Zona Económica Exclusiva mexicana, como ocurrió el pasado 28 de octubre; nunca pensé vivir para ver a una presidenta de México aterrorizada y con insomnio ante la decisión del gobierno estadounidense de fusionar la guerra contra el terror y la guerra contra el narcotráfico, una decisión que trasladó, de una vez y para siempre, las operaciones antinarcóticos de la esfera de las policías civiles al ámbito militar.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.

The… pic.twitter.com/PEaKmakivD

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

La destrucción de estas narcolanchas en los mares latinoamericanos representa una transformación —para mal— del derecho del uso de la fuerza. En cualquier operación para combatir el contrabando de cualquier tipo de bienes (tabaco pirata, alcohol adulterado, piratería, material nuclear, armas, droga, etcétera), se asume que la meta es la detención —no el abatimiento— de los involucrados, bajo el entendido de que quien trafica (el capo, la “mula”, el pequeño emprendedor, quien sea) no representa, al instante de traficar o por el mero acto de traficar, una amenaza inmediata a la vida. No sostiene un arma frente a alguien; no está agrediendo a nadie, y, por tanto, cualquier riesgo que pueda representar a la vida es mediato e indirecto.

Asesinar sin proceso judicial —como si se aplicara la pena de muerte—, sin derecho de audiencia y sin presunción de inocencia, creyéndole simplemente la “inteligencia” y las “pruebas” del mismo que jala el gatillo, abre un precedente peligrosísimo para extender la misma lógica al tratamiento de cualquier tipo de contrabando. ¿Se sospecha que alguien trafica oro, alcohol pirata, o fayuca? Mátalo “en caliente”, representa un peligro.

Operar de esa manera no es lo propio de la operación policial, quirúrgica por naturaleza. Eso pertenece a la lógica de la guerra. Y aunque el cirujano y el carnicero se asemejan en la medida en que ambos utilizan el cuchillo para herir la carne, el desierto militarista avanza y amenaza con devorar todo lo que otrora estuvo regulado por los controles propios del Estado de derecho, y la limitación y autocontención en el ejercicio de la violencia legítima del Estado. EP

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