Cómo y en qué gasta un gobierno refleja cuáles son las prioridades de un país. Por tercera ocasión, Impunidad Cero me invitó a analizar el gasto del gobierno en sus principales asuntos pendientes: la impunidad y la inseguridad. En estudios anteriores el alcance del análisis se había centrado en el gasto que realizan las entidades federativas. Este año expandimos el análisis en dos frentes: presentamos una comparación internacional de ese gasto que permite evaluar cómo se encuentra México respecto a las dinámicas globales del gasto, e incluimos en el análisis información para todos los niveles de gobierno.

Al adentrarnos en la comparación internacional nos encontramos con que México no presenta su información presupuestal ante organismos internacionales de forma que sea comparable fácilmente con la de otros países. Esto deriva en que, la información no se encuentre disponible en las bases de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) o de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). 

Esta falta de rendición de cuentas nos obligó a realizar nuestra propia estimación del gasto en México en el combate a la impunidad utilizando las cuentas públicas federales, estatales y municipales. Al comparar, encontramos que este es similar al promedio de los países de la ocde o países comparables a México, si se mide como porcentaje del producto interno bruto (pib) o si se mide como porcentaje del presupuesto público total del país. Sin embargo, México presenta un nivel bajo de gasto en combate a la impunidad, cuando este se mide en dólares per cápita. Esta contradicción deriva de que México tiene uno de los pib per cápita y uno de los presupuestos públicos más bajos de la muestra analizada. 

Sobre el gasto que realizan las entidades federativas destacan dos hallazgos. El primero es que los presupuestos estatales destinados al combate a la impunidad han continuado creciendo en términos per cápita y en términos reales, es decir, por encima de la inflación. El segundo se resume en que los estados que han logrado disminuir sus niveles de violencia, medidos como la tasa de homicidios intencionales, han incrementado en mayor medida sus presupuestos públicos en materia de seguridad pública.

Además, en esta edición abonamos a la discusión con una estimación del gasto a nivel municipal. Dicho análisis nos permitió identificar que los municipios contribuyen con casi una quinta parte del gasto total en combate a la impunidad, principalmente a través del gasto en seguridad pública. Esta cifra no ha sido explorada como debería por la creencia de que el gasto en seguridad a nivel municipal proviene únicamente de transferencias que reciben de la federación o de los estados. No obstante, nosotros encontramos que dicha apreciación es, en general, equivocada.

Reducir los altos niveles de impunidad en México requiere construir ciertas capacidades en las instituciones y para lograrlo es necesario destinar recursos a estos rubros. En este sentido, los resultados del presente análisis nos reiteran que nuestro país podría beneficiarse de incrementar el gasto en el combate a la impunidad para mejorar sus indicadores de inseguridad y de impunidad. Para conocer con mayor detalle los hallazgos y el alcance de la investigación consulta nuestro informe disponible en este enlace. EP

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