Estrategias de seguridad: Experiencias de los estados de Chihuahua y Nuevo León
22/01/16
En los últimos años, he sido testigo de un fenómeno triste: la violencia en México se ha convertido en el tema de conversación, tanto en el país como a nivel mundial. Este tipo de violencia es verdaderamente atípica y es sumamente nociva para la sociedad mexicana y la imagen de México en el ámbito internacional. Sin embargo, en la raíz de este problema se encuentra un tema estructural ineludible que no solo impacta la seguridad pública, sino que también retrasa nuestro desarrollo económico y social como país: la falta de un robusto Estado de derecho. Considero que este estudio de caso, escrito por Arturo Ramírez Verdugo y Reyes Ruiz González, es particularmente valioso en este contexto por varias razones. En primer lugar, a mi parecer, es una primera aproximación para describir políticas públicas implementadas exitosamente para reducir la violencia a nivel estatal. En naciones con un federalismo más maduro que el de México, es común que las políticas públicas exitosas sean implementadas principalmente por los gobiernos locales, y no necesariamente que sean impuestas verticalmente por el Gobierno nacional. Este documento podría contribuir al proceso de generar más investigaciones académicas con esta perspectiva. En segundo lugar, creo que en esta instancia particular el enfoque de estudio de caso es apropiado por razones didácticas y analíticas. Dada la amplia heterogeneidad presente en los estados mexicanos, encontrar aspectos similares no es una tarea sencilla y, una vez encontrados, se debe regresar a las características locales específicas para estudiarlos propiamente. Este documento así lo hace, ya que identifica las estrategias de seguridad comunes implementadas en Chihuahua y Nuevo León, para posteriormente describir sus experiencias y acciones particulares, mismas que conocemos aquí gracias principalmente a entrevistas personales con altos funcionarios de ambos estados. En tercer lugar, los autores conocen sus limitaciones y, consecuentemente, obtuvieron apoyo de especialistas en los temas que excedían sus áreas de competencia. Ernesto Canales, un querido amigo mío y promotor de la reforma que introduce el nuevo sistema penal acusatorio, aceptó amablemente participar en su área de experiencia. Igualmente, se obtuvieron comentarios y sugerencias de un taller muy enriquecedor que se llevó a cabo en el Instituto Hoover, además de las propias entrevistas con los funcionarios estatales. Finalmente, tras leer este estudio de caso se tiene que reconocer que las estrategias de seguridad exitosas estuvieron dirigidas, en el corto plazo, a la reducción y el combate de la violencia, aunque la clave de su éxito fue que las medidas tomadas formaron parte de un objetivo integral de consolidar el Estado de derecho en el mediano y largo plazos. Esto me lleva a mi argumento inicial: la preeminencia y aplicación del marco legal es clave para el desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar social. Espero que todos podamos aprender de este y futuros documentos que enriquezcan la discusión en torno al tema. Pedro Aspe
