Para responder la pregunta que da título a este texto, encuentro relativamente sencillo distinguir dos argumentos opuestos en la esfera pública nacional. Ambos extremos ofrecen escenarios radicales, y por lo tanto improbables, para imaginar el futuro del país en el mediano plazo. Los describo a continuación.

Por un lado, se escuchan voces de alarma provenientes de analistas, medios de comunicación, partidos políticos de oposición, grupos empresariales y actores internacionales que advierten sobre los riesgos de volver al pasado autoritario del PRI de las décadas de los sesentas y siguientes, al gobierno unipersonal, irresponsable y de mano dura que llevó al país a episodios como las represiones de 1968 y 1971. En el mismo sentido, se afirma que el rumbo político actual nos puede llevar a situaciones de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde la concentración del poder político y la supresión de la oposición coinciden con una caída en los indicadores económicos, los niveles de desarrollo humano y la calidad de vida de sus habitantes.

Por otro lado, grupos y políticos afines al gobierno actual, medios de comunicación oficiales, colectivos diversos y activistas online promulgan la idea de un destino manifiesto de transformación, una cruzada de talante histórico que es menester impulsar en contra de una oposición perversa, que respira por la herida de la pérdida de privilegios, y en la que el racismo, el sexismo y el clasismo caracterizan a quienes se oponen al movimiento transformador. La democracia, entendida como respaldo popular, se equipara al gobierno de las mayorías electorales, a la popularidad del gobernante y a una especie de encarnación oficial de la voz del pueblo. Continuando con este argumento, a decir de ellos, nunca ha habido más democracia que en nuestros días, pues las instituciones ya no están capturadas por élites malintencionadas y buscadoras de rentas, por lo que podemos encaminarnos hacia un futuro promisorio y de emancipación de mayorías oprimidas.

Pienso que en medio de estos dos polos se encuentra un escenario más plausible. Quiero pensar que, si bien hay peligros en la concentración del poder y en la limitación de la pluralidad de voces y espacios de decisión, el periodo actual no necesariamente tiene que culminar en un futuro catastrófico de gobiernos autocráticos, cancelación de derechos y anarquía social.

En los años recientes podemos observar fuerzas de resistencia —energías diversas que no existían en el siglo XX— que dan sentido a la evolución política del país: las redes sociales hacen imposible el monopolio de la información y la verdad; se abren espacio nuevas formas de participación y representación; la economía digital y la sociedad del conocimiento limitan el margen de maniobra del gobierno; la presión internacional —particularmente de EE. UU.— es nuevamente un contrapeso real y efectivo (para sus fines). Persiste además la diversidad, los clivajes y la complejidad del tejido social.

No se trata de pensamiento ilusorio: las amenazas al sistema político son poderosas y preocupantes. La denominada transición democrática y la alternancia política fracasaron en cumplir las expectativas de desarrollo del país. La pobreza y la desigualdad económica y social se profundizaron durante prácticamente todo el periodo de transición. Las instituciones de procuración e impartición de justicia se distanciaron de las personas, lo que generó un sistema dominado por la impunidad, el avance del crimen organizado y el narcotráfico. El Estado se debilitó, junto con el derecho a la vida y la seguridad. La democracia liberal —con sus rasgos de equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, y libertades garantizadas por leyes e instituciones— tuvo su oportunidad y la desaprovechó, en la medida en que muchos de los problemas estructurales de la sociedad mexicana no sólo no fueron resueltos, sino que empeoraron o se hicieron más sensibles.

Sin embargo, tampoco el optimismo desbordado por un cambio drástico de régimen representa un escenario realista y libre de riesgos. Como cualquier movimiento derivado de la frustración y la desesperanza, existe la tentación de “tirar al niño con el agua sucia”. La destrucción institucional y de contrapesos, la supresión de voces y medios de comunicación disidentes, la restricción de las libertades de expresión, asociación y prensa, y la subyugación de los Poderes Legislativo y Judicial al Poder Ejecutivo, bien pueden llevar a todavía mayor decepción, encono y desconfianza frente a las instituciones del Estado.

El incremento en la discrecionalidad del poder es de suyo una amenaza, pues la ausencia de mecanismos de protección de las minorías, la falta de consecuencias frente al abuso de los poderosos, y la influencia del grupo gobernante sobre las instituciones electorales y judiciales representan francas regresiones frente a la conquista del derecho político fundamental: cambiar al gobierno mediante el sufragio efectivo.

No veo probable que regresemos a los tiempos autoritarios del PRI del siglo XX. Tampoco pueden replicarse tal cual las experiencias de otros países o regiones del mundo. La historia se construye día con día y la posibilidad de moldearla depende de la comunidad política, de su capacidad de organización y defensa de derechos, de la participación activa y de la exigencia por transparencia y rendición de cuentas. Nada está predeterminado, pero ciertamente las posiciones polarizantes no ayudan a tender puentes y alcanzar consensos sociales sobre el futuro de nuestra atribulada democracia. EP

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