Los gobiernos de coalición, que implica estar formados por varios partidos y no sólo por el de mayor votación, suelen ser más frecuentes en los sistemas parlamentarios pluripartidistas que en los regímenes presidencialistas. Y eso porque una norma del parlamentarismo establece que para formar un gobierno se requiere del voto de la mayoría absoluta de los diputados en la Cámara Baja. En cambio, en los sistemas pluripartidistas difícilmente un partido por sí mismo logra esa presencia: de modo que suele invitar a partidos que, preferentemente, tengan cierta afinidad ideológica a formar parte de ese gobierno, ofreciéndoles algunas carteras del gabinete ministerial, dependiendo de la votación que aportan. Suele suceder, además, que el gobierno y las alianzas se hagan después de la elección, dependiendo de los resultados, y no antes (pues los partidos suelen competir cada uno por su lado, y sólo después plantean cómo se puede formar una coalición gobernante). 

Un sistema parlamentario donde eso no suele ocurrir es el británico, justo porque ha prevalecido un bipartidismo en el cual el partido ganador cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara Baja y puede, por tanto, formar gobierno por sí mismo. 

En los sistemas presidenciales, en cambio, aunque no está impedida la formación de gobiernos de coalición, es posible y, por tanto, frecuente, que el partido que gana la presidencia, así no haya logrado una mayoría absoluta en la Cámara Baja, pueda formar por sí mismo el gobierno, sin intervención de otros partidos. De ahí que en estos regímenes suele surgir el término “gobierno dividido” en contraparte de “gobierno unificado”. En el primer caso, el partido que gana la presidencia no logra la mayoría absoluta en una o las dos cámaras legislativas, y no necesariamente hará coaliciones legislativas con otros partidos, pues no es un requisito para formar gobierno (basta con haber ganado la elección presidencial incluso con mayoría relativa).

En los sistemas presidenciales pluripartidistas el escenario más probable es el gobierno dividido, pues difícilmente el partido que gana la presidencia, aún con una mayoría relativa, logrará captar la mayoría absoluta en las cámaras legislativas. Para aprobar leyes, incluso secundarias, se verá obligado a negociar con otros partidos. Incluso es posible –y ha ocurrido– que el partido gobernante ni siquiera tenga una mayoría relativa en el Congreso y otro partido obtenga una bancada mayor, así no haya conquistado la presidencia. En México ocurrió en las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia, pero su partido, el PAN, ocupaba el segundo sitio en ambas cámaras del Congreso, donde el partido mayor era aún el PRI.

La segunda vuelta puede dar lugar también a esta situación: supongamos que un candidato queda en segundo lugar en la primera vuelta y, por lo tanto, su partido también logra una votación legislativa menor a la de otros partidos. Digamos que en la segunda vuelta ese candidato gana la presidencia. A pesar de ganarla, esto no modifica la votación de su partido en el Congreso. Será no sólo un gobierno dividido, sino, podría decirse, minoritario.

El gobierno mayoritario tiene pros y contras en la lógica democrática. Un gobierno mayoritario puede poner más fácilmente en práctica su proyecto, por el cual una mayoría de electores habrá votado en la pista presidencial. Es una ventaja desde el punto de vista de la gobernabilidad (que prácticamente está garantizada en los sistemas parlamentarios, porque justo no puede formarse gobierno sin contar una mayoría absoluta en la Cámara Baja). No obstante, un gobierno mayoritario puede prestarse a ciertos abusos dado que un solo partido (que además suele responder a las directrices de su presidente, a veces incluso incondicionalmente) puede imponer la agenda, aprobar el presupuesto y modificar leyes secundarias (aunque no constitucionales, lo cual representa un sano límite).

El gobierno dividido tiene, también, pros y contras. Al no contar el gobierno con la mayoría absoluta, difícilmente puede tomar decisiones arbitrarias a nivel de presupuesto y leyes secundarias, sino que necesariamente tiene que buscar la negociación y el acuerdo con la oposición (tiene que hacerlo obligadamente para cambios constitucionales). Esto genera un freno más eficaz al abuso de poder que en los gobiernos unificados, pero la desventaja es que puede provocar más dificultades para gobernar, e incluso generar una parálisis legislativa. Es posible que un gobierno reticente se niegue a negociar con la oposición y ceder en su propio proyecto, por lo cual no llegará a ningún acuerdo. O bien, quizá la oposición sea la que adopte una posición rígida, y negarse a negociar nada con el gobierno, sino frenarlo en todo, quizá por no coincidir con su proyecto. Así, esa parálisis legislativa puede traducirse en ingobernabilidad y retraso en varios temas del país. De ahí que muchos teóricos consideren un mejor arreglo institucional al parlamentarismo, que por otro lado tiene sus propios mecanismos para evitar el abuso y la arbitrariedad del jefe de gobierno (pues su propio partido puede retirarle el respaldo en cualquier momento, si así lo considera conveniente, y removerlo del poder, o frenarlo en una política que se considere inadecuada). Incluso en un régimen bipartidista, como lo es el norteamericano, se pueden dar gobiernos divididos, porque quien gana la presidencia no necesariamente será mayoritario en el Congreso, o bien puede (y suele) perder esa mayoría en la elección intermedia, en cuyo caso cae en la figura de partido dividido, con sus pros y contras.

Sin embargo, en los regímenes presidenciales queda abierta la posibilidad de formar también gobiernos de coalición, aunque estos no sean un imperativo, como sucede en los parlamentarismos pluripartidistas. El partido ganador de la presidencia puede ver como una opción invitar a otros partidos a formar parte del gobierno, con algunas carteras, para así lograr la mayoría absoluta (e incluso calificada) en el Congreso, y de esa forma facilitar la viabilidad de su proyecto político. En México, tras la elección de 2000, cuando se registró la primera alternancia, el presidente panista Vicente Fox ofreció formar un gobierno de coalición al otro partido de oposición importante, el PRD. Antes de la elección se había buscado una alianza electoral entre esos dos partidos, PAN y PRD, como la mejor forma de garantizar un triunfo sobre el partido gobernante, el PRI (ya había ocurrido en numerosas ocasiones a nivel estatal). No se logró porque ninguno de los respectivos candidatos, Fox del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, quiso ceder su lugar al otro. Fox se ubicó en el segundo sitio en las encuestas, un poco por debajo del PRI, y pudo convocar a suficiente voto útil (no panista pero sí antipriísta) para rebasar al candidato oficial por seis puntos porcentuales. No obstante, no haber formado una alianza electoral no impedía que el PAN y el PRD hubieran podido formar un gobierno de coalición y así lo ofreció Fox. El PRD desechó la invitación por considerar que su plataforma ideológica contradecía abiertamente la del PAN (lo cual era cierto).

Otra motivación para pensar en un gobierno de coalición es cuando los partidos de oposición, en cierto momento, no cuentan con la votación suficiente para derrotar por sí mismos al partido gobernante, como ocurre actualmente. Y si cada uno de ellos considera que el gobierno vigente está generando grave daño al país, existe la motivación para que, pese a las divergencias programáticas o ideológicas vigentes, y también de viejas rencillas y enemistades, formen una alianza electoral con vistas a mantener también una alianza legislativa y, de ganar la presidencia, formar un gobierno de coalición. Los partidos de la alianza que no hayan provisto a su candidato, serían incorporados de cualquier manera en el gobierno resultante. Y, desde luego, antes de la elección habrían acordado un proyecto común con coincidencias fundamentales. No se trata desde luego sólo del reparto de carteras y posiciones, sino de compartir un proyecto de gobierno que tendría que estar delimitado en lo esencial antes de la elección misma.

Ese es el planteamiento que se han hecho el PAN, el PRI y el PRD para enfrentar con posibilidades de éxito al oficialista Morena en la elección presidencial de 2024. No sólo, como cualquier partido, aspiran a regresar al gobierno, sino que coinciden en que el proyecto actual es perjudicial en lo general para el país, pero también para la democracia que, al menos como partidos opositores, les beneficia (pues deja abierta la puerta para retornar al poder bajo ciertas condiciones). En cambio, por el desmantelamiento de la democracia, que desde su perspectiva está intentando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podrían quedar marginados por mucho tiempo, tal como ocurrió con los partidos opositores durante la larga hegemonía del PRI. De ahí que consideren conveniente hacer a un lado sus diferencias programáticas, sus antiguas rivalidades e incluso algunos intereses partidistas (al decirse dispuestos a abrigar a un candidato de otro partido, de ser el caso), para realmente tener una opción real de triunfo.

Sin embargo, no basta con compartir ese objetivo general para lograr configurar una coalición exitosa, que a su vez pueda realmente ganar la elección y entonces proceder a formar un gobierno de coalición. Antes de poder instaurar un gobierno de coalición es necesario ganar la presidencia, y en ello hay aún varias dificultades en el camino. Debe consolidarse la coalición, que siempre está en riesgo de romperse, y debe haber un acuerdo sobre el método para seleccionar al candidato común, lo cual tampoco es sencillo. Deben ponerse de acuerdo para lograr reglas equitativas, transparentes, de modo que los partidos cuyos candidatos no resulten ganadores, reconozcan el veredicto final. Y queda por ver si esos partidos aceptan abrir dicho proceso al conjunto de la ciudadanía para así darle al ganador de esa contienda la legitimidad suficiente como para ser competitivo frente a Morena.

Por último, queda también la incógnita de cómo jugará el partido Movimiento Ciudadano, pues si bien cuenta con una votación menor –7 % en promedio a nivel nacional–, esa votación podría ser determinante para definir al ganador en 2024. De unirse MC a la alianza opositora –e incorporar a sus posibles candidatos a la primaria general–, habrían mucho más probabilidades de que esa coalición pudiera triunfar en la elección presidencial, y de ahí surgiría el gobierno de coalición, en el que MC tendría también participación. Son esas las incógnitas que no se han despejado y que serán determinantes en la posibilidad de que a partir de 2024 surja un gobierno de coalición, sentando un precedente importante en el desarrollo político de México. EP

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