Por cortesía de la autora, Este País ofrece un fragmento de la nueva edición ampliada del libro No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo que trata sobre los problemas sociales y económicos de México.
Las personas de alto nivel socioeconómico y las de niveles medios no siempre quieren lo mismo de su gobierno. Por ejemplo, gracias a múltiples encuestas de opinión sabemos que al menos el 80% de los mexicanos de nivel socioeconómico alto estaban mayoritariamente a favor de las reformas de telecomunicaciones, de transparencia y la propuesta de reducir el número de diputados federales durante el sexenio de Peña Nieto; mientras que solo el 28% de los mexicanos de nivel medio lo estaban. También sabemos que la mayoría de las personas de nivel socioeconómico alto están a favor de la legalización de la marihuana, mientras que solo el 19% de las personas de niveles medios lo están.
Lo mismo sucede con las personas de nivel socioeconómico alto y los bajos. Hay importantes diferencias en ciertos aspectos. El 74% de los mexicanos de nivel socioeconómico bajo querían que se retrasara el apagón analógico en 2015 para poder continuar viendo televisión con antena. Solo el 41% de las personas de nivel socioeconómico alto querían lo mismo. Además, sabemos que las personas de nivel socioeconómico bajo no están conformes con que haya cárceles privadas, inversión privada en Pemex, ni aborto. Al menos el 70% de las personas de nivel socioeconómico bajo están en contra de cada una de estas políticas públicas mientras que la mayoría de las personas de nivel socioeconómico alto están a favor.
En una democracia se esperaría que, en disensos como estos, el gobierno representara las preferencias de las mayorías, no de las personas que tienen más dinero. Sin embargo, no es así. Tal parece que el gobierno representa más y mejor a los ricos y que lo hace con bastante frecuencia.
De hecho, una amplia literatura académica ha surgido para cuantitativamente comprobar que las democracias son desiguales, es decir, que las preferencias de las personas de más dinero con frecuencia se reflejan más en el actuar del gobierno que las del resto. Y México no es la excepción.
El gobierno mexicano es anormalmente insensible a implementar las preferencias de los de ABAJO y anormalmente sensible a implementar las de los de ARRIBA. Esto se observa con claridad en tres aspectos.
Primero, en la forma en la que se usa el presupuesto. El profesor Larry Bartels, de la Universidad de Vanderbilt, ha estudiado el presupuesto de 29 países, incluyendo México, e identificó que de no ser por la gran influencia que tienen las personas de niveles socioeconómicos altos en el gasto social, éste sería 12% más alto. El nivel de gasto social es inferior al que óptimamente escogería una sociedad democrática porque las élites económicas tienden a preferir menos gasto social. Esto es mucho dinero. Significaría que México no gastaría, como lo hace ahora, 1.55 billones de pesos en gasto social, sino 1.74 billones, es decir, 186 mil millones de pesos más, casi lo suficiente para duplicar todos los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.
Una segunda área donde se observa la fuerza desmedida de las élites es en el tipo de leyes que tenemos. Las reglas del juego se han hecho en varios aspectos para favorecer sobremanera a los de arriba. Varios estudios lo demuestran. Por ejemplo, su influencia ha sido instrumental para limitar la recaudación de impuestos a los más ricos. La influencia de las clases altas también ha permitido que se mantengan prerrogativas pro-monopolio e históricos congelamientos de discusiones clave en materia laboral y pensionaria. El caso emblemático es el sector de telecomunicaciones cuyo poder monopólico, permitido por el Estado mexicano, ocasionó pérdidas anuales por 1.8 puntos del pib hasta que fue reformado.) Otros sectores privilegiados como la minería, los medios o la banca han gozado de control de mercado y prerrogativas muy superiores a las de otros países.
Finalmente, una tercera área donde se observa el desbalance en la representación de los de abajo es en el congreso. En México, a pesar de que el 80% de la población son trabajadores, solo el 10% de los legisladores tienen pasado como trabajador. Esta desproporción en el perfil de los legisladores mexicanos es más grande que en muchos otros países de América Latina. México es el cuarto país con peor representación de trabajadores de la región, solo por debajo de Ecuador, Costa Rica y Paraguay. En general, en México el poder económico y el político están anormalmente concentrados y entrelazados.
La falta de representación del trabajador es grave pues existen diferencias profundas entre las preferencias políticas de los trabajadores y las de, por ejemplo, los profesionistas o empresarios. Por ejemplo, los trabajadores mexicanos tienden a estar más de acuerdo con que el gobierno influya en la economía y apoyan más la distribución del ingreso. Además, los legisladores que tienen un pasado de clase trabajadora tienden a preferir más las políticas de izquierda. El comportamiento de los políticos se relaciona con su ocupación anterior y su nivel de ingreso. El pasado rara vez se olvida.
Esto se explica, al menos en parte, porque las personas de más ingreso tienden a tener mayor capacidad y tiempo para participar en actividades organizacionales lo que les permite influenciar al Estado para que los represente. Así, las élites económicas tienden a tener canales directos de comunicación con el gobierno. Canales de los que otros carecemos. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos empresariales que representan a los negocios más grande de México suelen tener reuniones y pláticas con los gobernantes. Así logran transmitirles su sentir e influir en las decisiones que toman. En reuniones a puerta cerrada se toman decisiones críticas para el país. El gobierno actual dice que ya no lo hace, pero no parece ser así. En una reunión de este tipo, por ejemplo, se decidió que la Línea 12 del Metro sería reparada por las empresas de Carlos Slim, a pesar de que las mismas lo habían construido mal, al punto de que se cayó y causó la muerte de 27 personas.((DNV, Dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis de causa-raíz.))
Además, las personas de más recursos pueden financiar expertos, fundaciones y hasta departamentos académicos que compartan su forma de ver el mundo. Con esto pueden influir en los temas que se discuten en la prensa y pueden fijar agendas sobre ciertos temas que les parecen relevantes. Hasta los años ochenta, los centros de investigación de políticas públicas principalmente habían estado ligados a instituciones académicas, o directamente dentro de organizaciones empresariales, sindicales o del Estado. Más recientemente han proliferado los centros de investigación independientes en términos organizacionales, pero financiados por empresarios. Estos centros de investigación, que se han vuelto cada vez más activistas, se han enfocado en temas que reflejan las preferencias de quienes los financian. Generalmente liberales, pero enfocados principalmente en la libertad de empresa.
Más aún, es muy común que personas que trabajan en gobierno sean parte de las élites económicas creándose una endogamia que contamina al gobierno con las preferencias de los más ricos. Esto se ha tratado de evitar regulando dónde pueden trabajar las personas después de haber sido funcionarios de gobierno, pero la regulación se hizo de manera tan restrictiva y burda que solo se ha prestado a la simulación. Por ejemplo, ahora muchos de los consejeros del gobierno no tienen cargos como funcionarios oficiales, lo que les permite continuar influenciando las decisiones de política pública sin que sean sujetos de las regulaciones. Tal es el caso de Alfonso Romo, empresario del sector agrícola, que ha declarado ser el puente entre el sector privado y el gobierno federal, pero “desde fuera”.)
La fuerza política de los ricos se acentúa aún más por la forma en la que funciona la economía. En las economías de mercado, mantener la satisfacción de las personas con dinero es crítico para que la economía se mantenga en buena salud. Es decir, mientras que la satisfacción de los ricos se traduce en decisiones de inversión favorables, su descontento detona reducciones en las inversiones privadas. Las personas con más recursos tienen mayor poder para amenazar con “irse a invertir a otro lado” si no les gusta lo que está haciendo un gobierno. Por ejemplo, hay modelos teóricos que han mostrado que la sola expectativa de un gobierno de redistribuir el ingreso de los ricos hacia los pobres tiende a reducir las inversiones privadas en ese lugar. Ello ha llevado a que economistas muy destacados como Dani Rodrik, profesor de economía política internacional de la Escuela de Gobierno de Harvard, concluyan que el libre movimiento de capitales puede ser antidemocrático porque limita la posibilidad de que el gobierno le responda a sus votantes y amplifica la probabilidad de que les responda a los inversionistas.) Los ricos pueden influir con sus cuentas de banco y no solo con sus votos. En otras palabras, tienen más formas de ganar.
Una democracia no debería funcionar más y mejor para los ricos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Dos cosas muy concretas y una más abstracta […] EP
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