En distintos puntos fronterizos a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, miles de personas se arremolinan en albergues, hoteles y en las calles, esperando a que las oficinas de la Customs and Border Protection (CBP) abran sus puertas o den seguimiento a sus solicitudes. Reina la incertidumbre desde que varias oleadas migratorias y de desplazamiento, procedentes principalmente de Centroamérica, llegaron a una de las fronteras más complejas del planeta.

Tijuana, vecina del estado de California, es la que encabeza las preferencias de las y los migrantes, sin embargo, otras ciudades mexicanas han vivido el mismo fenómeno; una de ellas es Ciudad Juárez.

Ciudad hermana de El Paso, Texas, y epicentro histórico de los feminicidios que aumentan día con día en el resto del país, esta ciudad fronteriza, además de ser el lugar de vivienda de miles de obreros de maquiladoras, es también una de las tres ciudades más violentas a nivel nacional, tal y como lo documenta Crimen en México. Reporte mensual sobre la delincuencia en México. Así como comparten procesos de movilidad humana, de migración y de asentamiento de desplazados, Juárez y Tijuana se disputan la violencia en el norte del país.

Las crónicas periodísticas del estadounidense Charles Bowden dan cuenta, críticamente, de las características del periodo más complejo que ha vivido la ciudad fronteriza en los últimos 10 años. Justo cuando la estrategia bélica del gobierno de Calderón se asentó en este municipio de Chihuahua, entre 2007 y 2011, la ciudad padeció el aumento de los asesinatos dolosos y de la violencia en las calles, con una alza, entre 2007 y 2008 del 508% en el registro de asesinatos dolosos, aunque con una estabilización de la violencia entre 2008 y 2011, en donde el ascenso fue de un 35% en promedio por año, según datos del CIDE en un informe llamado México 2006-2012. Una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal, así como la investigación Ciudad Juárez, tiradero nacional de muertos: entre el discurso del guerrero y el caballero, realizada por Julia E. Monárrez Fragoso.. Hasta hace poco se pensaba que este periodo no se repetiría; sin embargo, es posible que un nuevo momento de violencia surja en el escenario donde miles de personas centroamericanas esperan una respuesta de los servicios migratorios estadounidenses.

Según las cifras del Reporte sobre Crimen Organizado y Violencia, elaborado por el centro de investigación Justice in Mexico, basado en la Universidad de San Diego, California, y publicado en abril de 2019, Ciudad Juárez es el municipio que concentró el mayor número de asesinatos dolosos en México entre 2008 y 2018.

Con una disminución considerable de los reportes de asesinatos entre 2012 y 2016, se consideraba que el problema estaba resuelto. Sin embargo, el aumento de las denuncias desde 2018 refieren que en la ciudad fronteriza se registraron, entre marzo y agosto de 2019, un total de 697 asesinatos, lo que la coloca como la segunda ciudad más violenta, según el sitio digital Crimen en México

Aquí esperan las y los centroamericanos, con la esperanza de poder reconstruir su vida lejos de las pandillas y las extorsiones. La espera sucede en un contexto adverso en muchos sentidos, pero es también prueba de que el fenómeno migratorio no es el mismo de hace una década.

Para el investigador mexicano del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y fundador del Instituto de Geografía para la Paz (IGP), Emiliano Díaz Carnero, “nuestro diagnóstico reciente, como investigadores, nos ha llevado a replantear completamente todo nuestro modelo de trabajo”. Hace 30 años el modelo de investigación estaba diseñado para un fenómeno migratorio que ha cambiado por completo. El modelo que estudiaban se centraba en hombres solos que mandaban dinero para sus familias. “Eso ha cambiado, y ya se trata de mujeres solas o con niños, de niños acompañados o sin acompañamiento, y hasta de adultos mayores con niños. Hay que entender este cambio para poder atender el fenómeno migratorio”.

El modelo de integración que ofrece la 4T

La nave en la que se reciben a cientos de familias centroamericanas parece una maquila: es un espacio grande en donde podría caber maquinaria para ensamblar, está hecha de cemento y tiene techo de lámina. No es acogedora en ningún sentido. Está ubicada en la periferia de Juárez, muy cerca del aeropuerto. Una primera reja hace las veces de filtro entre la calle y las personas. Quienes llegan a este lugar, llamado Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, generalmente ya cuentan con una cita programada por la CBP.

“Abrimos este albergue el 31 de julio, aunque la mayor cantidad de recursos se destinaron los programas sociales en la frontera sur” señala Iván Jiménez, director de Jóvenes Construyendo el Futuro, quien, por instrucciones del subsecretario de empleo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se trasladó a la frontera para apoyar. Es 16 de septiembre y la mayoría del personal está de descanso, pero Iván nos recibe muy dispuesto a dar un recorrido por todo el albergue.

A este lugar sólo se llega con pleno consentimiento, así que las personas registradas en el Programa Permanecer en México (PPM) vienen voluntariamente, y pueden quedarse hasta su primera cita solamente. Después tienen que buscar otro lugar donde residir, en caso de que les den una nueva cita. En caso de ser rechazados en la solicitud de refugio, las y los migrantes son deportados directamente desde el lado estadounidense de la frontera.

“Cuando llegan, se les da un día de descanso en el cual pueden bañarse y comer. Se les da una colchoneta, un kit de limpieza y una muda de ropa limpia y se les ubica en las distintas secciones del albergue: si son familias no se les separa nunca, pero si son hombres solos se les ubica en una sección distinta; también si son mujeres solas, o si vienen con alguna enfermedad contagiosa” explica Jiménez mientras nos dirigimos al primer punto de llegada.

“Al segundo día”, continúa, “se les hace pasar por esta sección. Aquí hay diferentes módulos, el primero del Instituto Nacional de Migración para tramitar su CURP, luego pasan al del Servicio de Administración Tributaria para sacar su RFC, en tercer lugar hay un módulo que administran el IMSS y el ISSSTE para darles atención médica y finalmente está un salón de la Fundación Telmex, patrocinado por Carlos Slim, para dar talleres de computación a jóvenes de distintas edades”.

Según estimaciones de quien da el recorrido, diario se reciben entre 35 y 40 personas, “y nos estamos preparando para tener un cupo de 1,800 migrantes, aunque podemos tener al doble. Como ves, es un espacio muy grande”. Luego de la primera sala con los distintos módulos, hay un espacio delimitado en donde se reciben a empleadores de distintas empresas y fábricas, alrededor de 5000 ofertas de trabajo al mes, de las cuales sólo 320 están registradas en el Servicio Nacional de Empleo.

Además de los servicios mencionados, también hay algunas clases de nivel primaria y secundaria otorgadas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y se reciben donaciones de ropa. El resto de los insumos los otorga el gobierno federal. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) son los encargados de dar orientación e información sobre asuntos migratorios. “Se les dice la verdad, aunque sea cruda. No se les niega que muy pocos reciben el refugio, por lo que les sugerimos que se queden y se integren”, señala Iván Jiménez antes de conducirnos a la zona de cocina, administrada por el ejército.

El capitán García se muestra muy interesado en que se visite la zona de cocina, donde hay dos vehículos del ejército, uno en donde se hacen tortillas y otro en donde se cocina el resto de los alimentos. “Tenemos capacidad para alimentar a 3,500 personas, damos tres tiempos y ahora somos 3 oficiales y 15 de tropa”. El capitán y la teniente Garrido me invitan a subirme al tráiler-cocina para certificar la limpieza. Al ver que también hay civiles él se adelanta y me explica que reciben la colaboración de algunas mujeres migrantes y que esto les ayuda a pasar el tiempo en su espera. “Es importante que se comprenda que somos el ejército de ellos, o sea, del pueblo”.

Antes de retirarme a hablar con algunas familias, le pregunto al capitán cuánto tiempo se quedan en este albergue: “Cambiamos cada mes para evitar tener vínculos o empatía con los migrantes, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ya” responde seco y sin expresión alguna.

La versión de los migrantes

Durante toda la visita al albergue federal, las familias que lo habitan miran sorprendidos a la comitiva que recorre las distintas secciones. Recelosos de la cámara fotográfica siguen con atención los pasos que doy mientras le hago preguntas a mi funcionario anfitrión. Nadie se acerca cuando camino junto al capitán García, y sólo las mujeres que trabajan en la cocina saludan.

Solicito permiso para entrevistar a familias y personas albergadas, ante lo cual me dan libertad total para hacer entrevistas. Cuando saco la grabadora de voz y me acomodo al lado de una familia que permanece sentada afuera de la sección en donde duermen, casi la totalidad de personas que estaban en esta zona forman un círculo y comienzan a hablar simultáneamente. Pido un poco de orden para que cada quien pueda dar su testimonio, mientras tanto, alrededor de una docena de niñas y niños, entre los 10 y los 12 años, ya están instalados rodeándome y dirigiendo su penetrante mirada hacia mí: “Yo vengo con mis tres hijos, sola. Somos de San Pedro Sula. Llegamos a Juárez el 4 de agosto. Fue una gran travesía, viajamos en buses, lanchas, carros particulares, y además la alimentación fue difícil, son diferentes los sazones. Pasamos estrés, enfermedades, lloramos bastante, todavía la niña más chica está enferma. Fue la migración de allá la que nos retornó a Ciudad Juárez, ellos mismos nos trajeron al albergue. Como algunos agentes de migración no saben que algunos sabemos inglés, nos insultan, son despectivos en la forma en la que hablan de nosotros, decían: ‘Imagínate que estos pinches migrantes vengan todos con piojos’”.

“Ellos nos decían motherfucker, y algunos entendemos lo que nos están diciendo. Quien nos recibió en el puente fue amable pero ya adentro no, me tocaron mis partes íntimas y me las tocaron fuerte. Luego estuvimos algunos días en la Hielera”.

“Es como un almacén, es muy helado y no tienen cobijas de tela, sino que nos dan unas como bolsas que calientan un poco, color metal. La comida que dan a uno son sándwiches y para los niños dulces. No nos dejaron bañarnos, no podíamos lavarnos los dientes ni nada de aseo. Aquí todos pasamos por la Hielera”.

“Cuando uno entra le tiran todo, a mí me tiraron una medicina que traía para la bebé y ahora tengo a mi hija muy enferma. Pedí una vacuna para mi hija y me dijeron que no. Aunque sí hay servicio médico es sólo para revisar si traemos piojos”.

“Todos tramitamos refugio para Estados Unidos, eso es lo que queremos, y mientras estamos aquí, en este albergue, donde la comida no es adecuada para los niños. Nosotros la toleramos, pero los niños terminan vomitando. En la mañana sirven una cosa y en la tarde otra vez. También hay niños que pasan 8 o 10 días con fiebre y los medicamentos no les llegan, tienen diarrea y vómito”.

“No nos dejan traer comida de afuera, nos castigan y nos quitan lo que traemos. Lo que le quiero decir al presidente de México es que no está recibiendo ni bestias ni animales; somos seres humanos, niños y adultos. En comida hay un solo menú, todo mundo lo sabe. Este es un problema de Donald Trump, que nos deje a nosotros entrar a Estados Unidos a pelear nuestra corte  y si no calificamos que nos manden a nuestro país de origen, pero él [el presidente de México], ¿para qué está recibiendo gente de otros países si no puede tenerlos?”.

“Yo no firmé para esperar en México, yo quiero ir a Estados Unidos a pelear mi corte o que me manden a mi país. Nosotros tenemos miedo de estar en México, todo mundo conoce la delincuencia. Nosotros no sabíamos que teníamos que esperar en México”.

“Queremos demostrarles a los Estados Unidos que nos venimos por la delincuencia, yo me vine de Honduras porque mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos estaban en peligro de muerte, y tenemos nuestros documentos en regla para demostrarle a cualquier autoridad eso. A mí me asaltó una banda criminal y logré meterlos presos y me dijeron que cuando salieran me iban a matar, y ya salieron”.

“Aquí en Juárez somos presa fácil de la delincuencia, afuera del albergue están secuestrando, se escuchan balazos. Aquí hay gente que ha pagado dinero para que la dejen libre, nos mandaron para acá luego de que logramos salir del secuestro, pero yo tengo la ubicación de la casa y está cerca de este albergue”.

La mayoría de los huéspedes del albergue tienen citas con la CBP entre noviembre y diciembre de 2019 y algunos la tendrán hasta febrero, por lo que pasarán muchos meses antes de saber si lograrán entrar a territorio estadounidense o si serán deportados a sus países de origen. “Mientras estas personas continúan esperando o deciden integrarse a la sociedad mexicana, los programas sociales federales se han extendido a Centroamérica y esto también genera empleos, sobre todo para evitar que haya más migración”, concluye Jiménez antes de sentarse a degustar la comida del ejército.

No todo va viento en popa, como afirma el gobierno federal respecto a Sembrando Vida, programa implementado a mediados de junio de 2019 para generar empleo en Guatemala, Honduras y El Salvador a través de los incentivos que buscan mejorar las condiciones en el campo. “Soy muy crítico con la cooperación internacional”, comenta el investigador Díaz Carnero, “porque si no se atacan a las familias caciques que han dominado siempre la economía, pueden llegar miles de dólares, pero todo se lo embolsan estas familias y se mantiene el mismo sistema. Se están inyectando miles de dólares a un sistema que genera más desigualdad y genera más pobreza”.

Resalta, además, que el modelo de integración que se ofrece a las personas que esperan su procedimiento de refugio puede traducirse como un modelo de mano de obra semicalificada que encuentre un nicho en el complejo entramado laboral juarense o de otras zonas de México. La estrategia mexicana para disminuir la migración centroamericana está íntimamente ligada a la generación de masa trabajadora que permanezca a la expectativa de ofertas de trabajo temporales, tales como la construcción, atención de servicios, limpieza o su incorporación al ciclo maquilador.

Lo que ahora es posible ver en Juárez respecto a la clasificación de personas, no es una historia nueva, sólo que los personajes eran otros. David Dorado Romo, historiador estadounidense con orígenes mexicanos, en su reciente libro Historias desconocidas de la Revolución Mexicana en el Paso y Ciudad Juárez, publicada en Editorial ERA en 2017 hace un recuento bastante completo de los momentos en que el gobierno estadounidense ordenó una limpieza de todas aquellas personas mexicanas consideradas como de segunda clase que quisieran ingresar a su territorio y para ello utilizó insecticidas y químicos como el Zyklon B, el cual también fue utilizado en los campos de exterminio nazis.

Cien años después de esta higienización fronteriza y de la clasificación humana para identificar a mexicanos aptos para el trabajo –aunque siempre considerados de segunda clase–, es el gobierno de México quien va delineando una conversión de las familias migrantes centroamericanas en mano de obra flotante y constante. A fin de cuentas, siempre habrá un cuarto para despiojar al recién llegado y otorgarle servicios médicos para que no infecte al resto. Un gesto de eugenesia contemporánea.

La calle como antesala

Pedro trabajaba en la cría y engorda de cerdos en el municipio michoacano de La Piedad. La ‘maña’ lo extorsionó y le pidió la mitad de todas sus ganancias. “Tengo familia en Querétaro, pero les da miedo recibirme porque temen que los maten a todos. Ya llevamos una semana por acá, estamos esperando a que nos den chance de pasar”. El hombre de alrededor de 55 años viene con su esposa, su hija y su nieta. “Nosotros no somos refugiados políticos porque a nosotros nos persigue el crimen organizado”.

José era parte de la policía de Zacatecas, pero mataron al jefe de la policía municipal. “Yo era el chofer del jefe y cuando vinieron a darle el aviso para que pagara la cuota, él se negó. Mataron a mi compañero, que era escolta también. Yo tuve suerte”.

Estos y otros cientos de casos son los nuevos componentes de la imagen mexicana del puente fronterizo Paso del Norte. Desde comienzos del mes de septiembre de 2019, cientos de personas desplazadas, en su mayoría familias, procedentes de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Durango, comenzaron a esperar en la antesala del cruce migratorio.

Algunos grupos de veinte o treinta personas intentaron cruzar el puente que conecta esta parte del paso fronterizo con las oficinas de la CBP de El Paso, pero dos oficiales apostados a la mitad del puente les impidieron la entrada, les pidieron que organizaran una lista y les aseguraron que poco a poco los llamarían. Así se acumularon los días y la espera. La lista cambiaba, se alargaba conforme fueron llegando más familias que habían escuchado en la televisión o que les habían dicho sus familiares, ya residentes en Estados Unidos, que “había chance de pasar”.

En cada turno de los oficiales de la CBP la situación era distinta. A veces dejaron pasar a ochenta y en el siguiente turno no entraba nadie. A quince días de que este puente, y el otro conocido como Zaragoza, fueran escenario de la espera y desesperación de familias mexicanas que huyen de la violencia en sus estados, la situación es más tensa, el desgaste aumenta y poco a poco algunas personas desisten y deciden regresarse.

Cristina Coronado, integrante de la Red de Apoyo a Migrantes, comenta que en los primeros diez días hubo cerca de trescientas personas que llegaron a los puentes de Paso del Norte y Zaragoza para pedir asilo. Algunos por razones económicas, pero la mayoría por violencia y amenazas.

“La CBP está haciendo lo que le da su chingada gana. Los de un turno pasaron a ochenta y los del siguiente turno a nadie y es así de cambiante. De pronto entraron unos y ahí comenzaron a llegar más. Otro oficial les tuvo en el puente unas dos horas y media, cambió el turno y el otro los regresó”.

“Hemos pedido”, señala Coronado, “que el gobierno federal mexicano no se meta para no violar el derecho internacional a la petición de asilo. Si no les da seguridad en sus lugares de origen, aquí en la frontera no los puede acompañar hasta la puerta de Estados Unidos, es un contrasentido”. Sin embargo, el investigador del Colef piensa distinto: “el Estado mexicano tiene la obligación de darles seguridad y protección, si al principio no pudo darles seguridad en su comunidad de origen y se tuvieron que desplazar, ya hubo una falla del Estado mexicano, pero tiene una segunda obligación y el gobierno estadounidense también les está fallando en su derecho internacional a solicitar protección”.

Lo cierto es que nadie sabe con exactitud qué sucede cuando una familia mexicana que pide refugio logra entrar a la oficina de migración. El procedimiento es distinto al de los solicitantes centroamericanos, principalmente debido a que los mexicanos no tienen un tercer país en donde pueden esperar una resolución sobre su petición. En este caso, estas personas, al ser recibidas, deben esperar los avances de su proceso en territorio estadounidense, sin embargo, no se tiene certeza de si es en los lugares en donde tienen familiares o en centros de detención, como el que se conoce como la Hielera.

Existe falta de claridad al respecto y la CBP no ha emitido comunicado alguno para explicar el procedimiento que siguen con las y los solicitantes mexicanos.

Melisa López, abogada del Diocesan Migrant and Refugee Services, explica que la incertidumbre se genera debido a que “existe una ley federal pero su aplicación depende de las demarcaciones de las cortes, existen diferencias en las aplicaciones. Los solicitantes del refugio no conocen los detalles de la legislación, por ejemplo, California es más liberal y tal vez ahí los acepten, pero aquí en Texas esta jurisdicción es más cerrada”.

“Alrededor de”, puntualiza la abogada de origen mexicano, “un 4% de solicitudes de refugio de mexicanos son aceptadas en Texas, mientras que en California se puede hablar de un 60%”. Esto podría explicar por qué en Tijuana hay más de tres mil mexicanos esperando a ser recibidos, pero no explicaría por qué en Juárez aumenta rápidamente el número de desplazados que piden refugio, ya que tan sólo entre los dos puentes, el Diario de Juárez consignó en una nota publicada el 20 de septiembre la presencia de alrededor de 1,500 personas.

Razones para huir en el México feliz

“Allá en Michoacán la ‘maña’ quiere que trabajemos con ellos, nos obligan, nos extorsionan o te quitan a un familiar para que trabajes con ellos. Nosotros no queremos meternos en problemas, mejor por lo más tranquilo, nos venimos para acá”, denuncia Juan Manuel, originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

El costo del viaje desde Michoacán hasta Ciudad Juárez es de casi 2,500 pesos por persona; quienes esperan en la calle comentan que la comida es cara en la frontera y que las familias hacen turnos para vigilar durante la noche mientras que la Red de Apoyo a Migrantes les prestó colchonetas y trae comida todos los días, al igual que la Cruz Roja Mexicana.

Juan Manuel dejó dos hermanos y viajó con su esposa embarazada. Trabajaba como empleado en una tienda. Su madre pidió asilo en Estados Unidos hace cuatro años y ella lleva su proceso en California. “En México las cosas se ven muy mal, ya no se puede confiar en nadie, si voy y meto una denuncia con la policía, resulta que ellos son los que te chingan porque trabajan con la ‘maña’”.

El joven de 26 años comenta que varias personas que pasan por este puente les gritan “pinches huevones, regrésense a su casa a trabajar”, la mayoría de ellos mexicanos también. Sin embargo, afirma que no todo es tan malo, que también hay gente que se ha mostrado solidaria y les ayuda, de origen estadounidense principalmente.

Quien antes trabajaba de empleado quiere evitar que lo obliguen a trabajar para el crimen. Ya vio que a muchos sí los obligaron y no quiere poner en riesgo a su familia. “Los reclutados son hombres de entre 18 y 20 años. Les dan una camioneta, un arma y dinero, así que ellos son presa fácil”.

En ese municipio de Michoacán, al igual que muchos otros colindantes, se escucha hablar de una sola organización criminal: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mientras que en localidades como Tepalcatepec o Aquila han decidido enfrentar a esta agrupación, en los municipios del norte del estado la situación es distinta y la organización social para hacer frente a la violencia no existe.

Muchas personas buscan a sus familiares desparecidos, a pesar del miedo que esto genera, o bien, no denuncian por temor a represalias, ya que, aseguran, la policía municipal está coludida con el crimen organizado y los grupos castrenses no hacen nada por impedir esta situación de control territorial.

“A veces mi hija no puede ir a la escuela porque hay peleas del grupo armado de la colonia contra el de la colonia de enfrente”, dice Sugery Morales, habitante de la colonia Zapata en Acapulco, Guerrero, que lleva una semana en el puente Zaragoza, esperando a que la reciban para pedir refugio, mientras sus familiares en Carolina del Norte le piden que tenga paciencia.

Esta mujer de alrededor de 40 años come una lata de atún y toma agua que da la Cruz Roja, espera bajo un plástico que protege del sol y a veces del polvo, pero en su rostro se dibuja ya la desesperación. Meses antes, en la colonia de Acapulco donde vivía, un grupo armado miembro del CJNG colocó dos cartulinas y junto a ellas dejó una bolsa con una cabeza. En el mensaje escrito la organización dejó claro que tenían un conflicto con un grupo local llamado Los Virus.

A veces, en su colonia aparecen algunos militares apostados afuera de las escuelas secundarias, pero nunca aparecen cuando hay enfrentamientos o desapariciones. La colonia Zapata, a las afueras del puerto, es una de las zonas más conflictivas de la ciudad, la cual se ha ganado un penoso tercer lugar en la lista de ciudades más violentas de México.

María Guadalupe, originaria de Zacatecas, lleva también una semana esperando a que le den la oportunidad de refugiarse en Estados Unidos. Viaja con su papá, dos hijos y una sobrina. Dice que en Zacatecas hay mucha gente en peligro y que el gobierno no hace nada, ni la policía, que está coludida. “Con mis hijos tenemos que caminar una hora para que vayan a la escuela y ahí corremos riesgo de que nos secuestren”. Ella, al igual que José, tiene la certeza de que no es posible confiar en las instituciones de seguridad y que es preferible esperar en la calle en Ciudad Juárez, que ser desaparecida o asesinada en su estado de origen.

Mientras que Estados Unidos se enfrenta a un reto migratorio sin precedentes y prefiere optar por el fortalecimiento de sus fronteras, físicas y políticas, las razones de la migración ahora no son muy distintas de las que llevaron en los últimos veinte años (basta revisar el trabajo de investigación de medios como El Faro, en El Salvador han hecho) a millones de personas a buscar un mejor lugar para vivir. Aunque ahora el acento esté en la seguridad, al final se trata de las condiciones, económicas y sociales, compartidas por Centroamérica y México. “Las razones del desplazamiento humano, además de la violencia, la guerra, las extorsiones, también son la pobreza y la destrucción de la economía familiar. Se trata de sociedades campesinas y si los cultivos tienen plaga, no hay agua y el Estado hace convenios con Nestlé, y ahí estás destruyendo la economía no sólo de ese núcleo familiar, sino de todo un territorio” concluye Emiliano Díaz Carnero.

El ejército mexicano me sirve la comida que prepara para los migrantes centroamericanos que esperan su cita con los servicios migratorios estadounidenses, no tiene buena pinta, pero el hambre arrecia y es la hora en la que la comida se vuelve también un martirio. A mi alrededor, la mayoría de las familias solo toman una charola y se reparten las raciones, están hartos del mismo menú: sardinas o una especie de carne que no tiene forma. En la charola también sirven un poco de sopa, frijoles, tortillas y agua de sabor.

Pruebo la comida y en efecto no sabe bien. No es que tenga mal sabor pero me parece que es como la actitud del ejército al no querer generar vínculos con las y los migrantes, insípida. Alguien que coma esto durante seis meses puede perfectamente perder el gusto de comer aunque tenga hambre.

Lo que sobra de cada turno de comida es empacado en ollas y en recipientes y se lleva a los puentes en donde familias mexicanas también esperan una oportunidad. En estos casos es la Cruz Roja quien organiza el reparto de comida, y aquí el panorama es diferente, las personas rápidamente se forman, toman grandes porciones de comida y con gesto de alivio consumen las mismas sardinas y la misma carne informe.

Pienso que la política migratoria mexicana es ya un laberinto, en el que la verdadera salida es poner distancia respecto a Estados Unidos y convertir a México en un país en donde cualquier persona puede sentirse bienvenida, sin importar su origen; un lugar que no sea un muro de contención militarizado como ocurre ya en la frontera sur. Ser la coladera en la que se filtran las personas que pueden o no ingresar a Estados Unidos genera la agudización de las diferencias sociales, las actitudes racistas que surgen en sectores mexicanos, y sobre todo, no ofrecen un modelo digno de vida a aquellas personas que buscan una mejor vida. EP

Las fotografías son cortesía del autor.

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