En 1996, se constituyó el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el propósito de ser la casa de todos los pueblos indígenas: un espacio de reflexión y solidaridad para fortalecerse, con sus propias formas de organización, representación y toma de decisiones. En esta entrevista, Carlos González García — integrante del CNI— hace un balance sobre los tres primeros años  años del gobierno en curso, presenta su perspectiva sobre el incremento de la violencia, la militarización, los megaproyectos y sus implicaciones para las comunidades, y habla de lo que está en el horizonte del CNI.

Dante Anaya Saucedo (DAS): El 20 de febrero se cumplieron tres años del asesinato de Samir Flores Soberanes, en Amilcingo, Morelos. Si el sexenio de Felipe Calderón comenzó con la “declaración de guerra” al crimen organizado, quizá no es exagerado afirmar que, para los pueblos y comunidades que defienden el territorio frente a megaproyectos, este sexenio comenzó con ese acto brutal. ¿Cómo han sido estos tres años para los pueblos, comunidades y barrios que conforman el CNI?

Carlos González García (CGG): Estos tres años han sido, por un lado, de continuidad en las políticas neoliberales de despojo, de violencia y de militarización y paramilitarización vividas en los sexenios anteriores hacia los pueblos y comunidades originarias. Por otro lado, de una intensificación en las pretensiones, en la presión, en la fuerza con que las grandes empresas tratan de apropiarse de los territorios. Y esto se puede observar y se hace muy visible con la implementación forzada —de una manera brutal— del Proyecto Integral Morelos (PIM), que ha incluido, entre otras cosas, la dolorosa muerte del compañero Samir Flores, la implementación de otros grandes megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde las últimas semanas hemos visto incrementarse la presión y la presencia de militares, específicamente de la Marina Armada de México, y la pretensión del gobierno federal de ocupar y fraccionar terrenos comunales de diversos núcleos agrarios para los corredores urbanos que pretenden construir, y que son diez en la región del Istmo de Tehuantepec.

Detrás de estos grandes megaproyectos están los intereses económicos de empresas con nombres y apellidos y los intereses geopolíticos de Estados Unidos. No se trata de proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, esto es totalmente falso e inexacto. Son megaproyectos que tratan de imponernos desde hace más de 20 años y que ahora han estado implementándose por diversas razones con mayor facilidad y que se dan en el marco de mayor militarización que se haya vivido en el país. Ni con Calderón ni con Peña Nieto se había vivido un proceso de militarización tan fuerte, se le dieron al Ejército y a la Marina funciones significativas de la vida económica y de seguridad pública, con la creación de la Guardia Nacional (GN) —que es finalmente el Ejército con otro uniforme— y con la integración de los militares en los procesos económicos. 

Ya no hablamos de militarización, hablamos también de militarismo. Tiene la Sedena el manejo de lo que va a ser el aeropuerto Felipe Ángeles, tiene tramos del ferrocarril a su disposición. A la Marina Armada de México se le entregaron puertos y aduanas. Vemos que la cúpula militar se ha impuesto; suponemos —creo que todos—, a partir de pactos primigenios que se dieron para que Andrés Manuel pudiera llegar a la Presidencia. Al igual que con los grandes megaproyectos. El PIM es muy elocuente. La forma tan desesperada y forzada en que el Presidente trató de implementarlo a principios de 2019 y que de algún modo —hay que decirlo, sin acusar ni mucho menos— fue lo que impactó, lo que generó condiciones para el asesinato del compañero Samir Flores.

Vemos que hay un reparto de recursos que no existía antes, en relación con determinados proyectos, algunos de ellos problemáticos. Por ejemplo, Sembrando Vida ha generado fuertes divisiones en las comunidades, ha provocado también la ocupación de terrenos. Curiosamente, o paradójicamente, se ocupan terrenos de monte para la siembra de frutales o de otras maderas o de árboles maderables —como le llaman los empresarios—; donde una comunidad ve bosque, ellos ven madera. Es cierto que hay una distribución de recursos diferente, pero lo esencial sigue intocado y crecido: el despojo, la imposición, la militarización y ahora estos procesos de militarismo —que siempre han existido, pero no se habían magnificado tanto—.

DAS: Quienes hayan seguido las denuncias y los comunicados publicados en sus medios de difusión pueden dar cuenta de una continuidad y un incremento en la intensidad de la violencia en pueblos y comunidades. Y parece haber también una multiplicación de sus formas: además de las Fuerzas Armadas, hay denuncias contra grupos paramilitares, narcoparamilitares, guardias blancas, etcétera. ¿Podrías darnos un panorama de esta situación? 

CGG: La agudización de la violencia la vemos en distintos órdenes de la vida del país y de las comunidades. El primero, recurrente y que viene de tiempo atrás, es el crecimiento de los cárteles del narcotráfico; su mayor presencia y su mayor virulencia, también; es el caso de Guerrero. Es muy fuerte este caso: la lucha entre cárteles del narcotráfico y de cárteles contra las comunidades, sobre todo en la Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, donde los distintos fragmentos del cártel del Pacífico, en la vertiente de los Beltrán Leyva —los Guerreros Unidos, los Rojos, los Ardillos— están en una disputa tremenda de los territorios, pero también de implantar su control y su hegemonía sobre comunidades: les quieren imponer la siembra de amapola, la producción de goma de opio, el tráfico de armas. 

Muchas comunidades están sometidas, pero otras resisten; allí es donde vienen problemas fuertes, como ha estado denunciando el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), donde ya suman varios muertos, varios desaparecidos. Todo esto con la presencia —curiosamente, a pesar de la militarización—, con la indiferencia y con la presencia omisa del Ejército o de la GN. Eso es un botón de muestra.

Esto lo podemos extrapolar a Sonora, lo podemos ver en Michoacán o en Jalisco. O, últimamente, donde no ocurría antes: en Chiapas. Por ejemplo, a partir de que Rutilio Escandón asume la gubernatura del estado. Entonces, tenemos, por un lado, todo este movimiento de cárteles y la violencia que traen consigo. Por otro lado, vemos el militarismo y el paramilitarismo; crecientes en regiones como Chiapas, en torno a las comunidades zapatistas o a procesos autonómicos ejemplares e importantes como el del ejido Tila. Se recomponen grupos paramilitares que operan secuestros y asesinatos, como ha pasado con los compañeros, compañeras zapatistas en el municipio autónomo Moisés Gandhi. O como ha ocurrido de manera grave, en Tila, donde hubo recientemente un asesinato perpetrado por uno de los fundadores del Grupo Paz y Justicia (grupo paramilitar que viene de años atrás). Esto se está recrudeciendo de una manera peligrosa; lo vemos en Oxchuc, en Aldama, en distintas regiones del estado de Chiapas. 

Asimismo, vemos cómo la violencia crece donde hay intereses de determinadas empresas. Y me quiero referir de manera específica a la minería: donde hay intereses mineros fuertes y hay resistencia de las comunidades, hay formación de grupos de choque, hay presencia de corporaciones del Estado y hay violencia. Es el caso, por ejemplo, de la Sierra Negra en Puebla, donde detrás del proyecto de la hidroeléctrica Coyomeapan se encuentran los intereses mineros del Grupo de Germán Larrea, del Grupo México. 

Y no solamente donde hay intereses mineros. Está el caso del PIM, donde tenemos el  asesinato de Samir, pero también recientemente el asesinato de Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO, que es la asociación que aglutina a quienes son titulares de los derechos del agua de del río Cuautla —ejidos, comunidades y particulares—, la asociación con la que se ha negociado la disposición del agua para la termoeléctrica de Huexa. En Oaxaca, en la región de Valles Centrales, está un proyecto minero en la comunidad de Cuatro Venados que hace más de dos años ocasionó el desalojo violento de comuneros y comuneras del poblado de Rebolledo. 

También existe la presencia de estos grupos beligerantes como en el Valle de Ocotlán, en la zona sur de los Valles Centrales de Oaxaca, donde la minera canadiense Cuzcatlán explota desde hace muchos años oro y plata y donde en diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales —contradiciendo el discurso aparentemente protector de la Secretaria hacia las comunidades indígenas— otorgó una ampliación. Se concedió una autorización en materia de impacto ambiental para ampliar las operaciones y el radio de acción de esta empresa minera en una región altamente urbanizada, con una densidad poblacional bastante alta donde ciertamente no se opera el método de lixiviación con cianuro de sodio —el más contaminante—, pero las dimensiones de lo que se ha extraído están provocando la acumulación de desechos mineros altamente contaminantes, como el flúor. 

Entonces observamos que alrededor de proyectos mineros, proyectos de infraestructura y energéticos ligados a intereses económicos fuertes —sobre todo mineros, pero no únicamente— se viven los asesinatos, se vive la violencia. Lo mismo sucede en relación con los bosques y su manejo: la tala legal e ilegal de los bosques también se está dando en varias partes del país. Incluso en el centro del país: desde la delegación Magdalena Contreras hasta Milpa Alta, grupos de talamontes armados están operando para saquear y sacar pinos ya convertidos en pedazos de madera y a veces hasta en tablas. Todo esto de manera ilegal: en Ciudad de México no está permitido el aprovechamiento forestal comercial, únicamente se puede dar por limpia del monte, por saneamiento, por fenómenos meteorológicos o por plagas. Y aquí lo que está ocurriendo es una tala permanente y despiadada. 

DAS: Concretamente frente a los megaproyectos, desde el CNI-CIG, han denunciado también formas legales o paralegales que buscan garantizar la ejecución de megaproyectos extractivos: la continuidad de las políticas agrarias neoliberales, la corrupción agraria, la elaboración de consultas indígenas a modo.

CGG: Efectivamente, yo lo he señalado recurrentemente, las políticas agrarias neoliberales que tenían como objetivo fragmentar y destruir la propiedad comunal para ponerla a disposición del mercado de tierras están intocadas. Lo que fue el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), que fue la cúspide y la concreción de estos mecanismos para inducir la privatización de las tierras de los ejidos y comunidades sigue intocado. Ahora se llama Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA). 

El Presidente habla de que se acabaron las políticas neoliberales. Sin embargo, las piedras de toque del liberalismo no han sido tocadas. Por un lado, la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional en materia agraria y de aguas no se ha tocado ni en una coma: sigue aplicándose y replicándose. Las políticas de libre comercio concretadas con el TLCAN en 1994 se reforzaron con el nuevo tratado, el T-MEC, donde se siguen dando estas relaciones asimétricas y desiguales de Estados Unidos y Canadá hacia México, pero renovadas. Ahora se imponen ciertas cuestiones a favor de las grandes empresas con relación al conocimiento tradicional, con relación a patentes sobre variedades biológicas. Se profundiza la relación de subordinación de nuestro país hacia Estados Unidos y Canadá. 

Y en tercer lugar, lo que desde la doctrina de las teorías económicas se ha llamado neoliberalismo sigue: austeridad presupuestal, políticas fiscales restrictivas, autonomía del Banco de México, liberalización del comercio y de las trabas para el comercio. Esas cuestiones no sólo siguen intocadas, sino que han sido profundizadas al máximo. La austeridad presupuestal tiene atorada a la administración pública federal en muchísimas actividades que le son sustantivas. Lo que nos replican de manera permanente y cotidiana es que hay una retribución de la riqueza a través de los programas sociales; esto no es cierto. La riqueza sigue básicamente intocada, no hay una redistribución de la riqueza. Hay una redistribución del gasto público, que es muy diferente; es distinto. 

Con relación a los megaproyectos está la continuidad de las políticas agrarias, el fraude en las políticas agrarias. Nos informaron que hace unos días, en Puente Madera —comunidad anexa a San Blas, Oaxaca—, un suplente del Comisariado de Bienes Comunales, cuyas funciones terminaron hace más de un año, acompañado por personal de la Procuraduría Agraria, está entregando constancias de posesión sobre las tierras de uso común donde se pretende instalar uno de los corredores urbanos, industriales y de servicios en el Istmo de Tehuantepec. 

Me ha tocado ver cómo en la región de la Chinantla, Oaxaca, en Jalisco, en Morelos, están impulsando y volviendo a proponer a los ejidos y comunidades que decidieron no certificar sus tierras de acuerdo con el modelo liberal, para que ahora lo hagan. Es una línea que viene desde el director en jefe, hasta las estructuras de abajo. 

Por otro lado, vemos, de manera grave, que el gobierno federal, sobre todo a través del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), está imponiendo consultas a modo. Como sucedió con la consulta del PIM, donde con un grupo de acarreados, el Presidente preguntó si estaban de acuerdo o no, y la mayoría levantó la mano; esto fue algo que recurrentemente hizo en el Istmo y en la Península de Yucatán. Estas consultas tan grotescas y las supuestas consultas indígenas organizadas por el INPI no cumplen ni con los parámetros mínimos marcados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una consulta indígena, tampoco con los señalados por los instrumentos internacionales, de manera más específica, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Están aplicando las consultas, porque saben que es un requisito señalado por las disposiciones jurídicas internacionales y que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución, tienen un rango jerárquico importante. En el sistema jurídico nacional están únicamente por debajo de la Constitución. Y entonces buscan cómo trampearlo, cómo torcerlo para avanzar, para “cuajar” los grandes megaproyectos. Podríamos revisarlos y desmenuzarlos: nos vamos a dar cuenta de que son viejos proyectos anclados a los intereses, sobre todo de Estados Unidos. El Plan Nacional de Desarrollo no lo esconde, no lo finge, no lo disimula. Dice claramente que una de las finalidades centrales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es establecer 10 corredores urbanos industriales como cortinas para frenar la migración, que han sido la presión permanente de EUA. Entonces vemos que el PIM, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya —son un gran proyecto: están conectados, tienen una coherencia— obedecen a esa lógica imperial de reordenar poblaciones frenando la migración y generando nuevas concentraciones urbanas en estos territorios; reordenar fronteras estableciendo fronteras a la migración desde el sur con el PIM y con el proyecto para la frontera. Y finalmente reordenar territorios y disponer de todo lo que hay en ellos que pueda generar riqueza mediante el despojo o la explotación. Esa es la anatomía de lo que está ocurriendo y de lo que es este gobierno, que se autonombra de izquierda. 

DAS: Quizá la culminación de estas estrategias jurídicas es el acuerdo emitido el 22 de noviembre de 2021, sobre el que el CNI ya se ha posicionado. ¿Podrías explicar cuáles son las consecuencias de este decreto para los pueblos y las comunidades que defienden la tierra y el territorio?

CGG: Vemos que hay un conjunto de políticas aplicadas desde el gobierno federal para imponer los grandes megaproyectos que son de su interés y del gobierno estadounidense y de los consorcios capitalistas involucrados. Sin embargo, no han podido imponerlos con la celeridad y en los tiempos que hubieran querido. En las comunidades hay oposición, ha habido rechazo. Las comunidades han aplicado diversas estrategias de movilización, de presencia en los medios de comunicación, de presión física en los territorios, de presión legal, a través de juicios de amparo, de impugnar las consultas, de juicios agrarios, etcétera. 

En ese sentido, el Presidente de la República, el 22 de noviembre de 2022, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de dos componentes. Primero establece que las obras y proyectos estratégicos del gobierno son asuntos de seguridad nacional y de interés público. Lo que implica, por un lado, que las corporaciones del Estado pueden intervenir. No únicamente la GN, sino el Ejército y la Marina. Pueden intervenir para garantizar su concreción. Por otro lado, implica que se pueda suspender un conjunto de derechos a quienes se opongan, bajo el pretexto de la seguridad nacional. Implica que se pueda ocultar información, intervenir comunicaciones. Igualmente, el hecho de que se declaró de interés público implica que cuando las comunidades y los pueblos acudan ante un juzgado federal para interponer un juicio de amparo para que se detenga un proyecto, les argumentarán que es de interés público y querrán negar la suspensión de los actos reclamados; es decir, la ejecución de obras y la implementación de los proyectos.

El segundo componente es que el Presidente instruye a las diversas ramas de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales para la implementación de sus proyectos, con una vigencia de hasta un año. Estas autorizaciones provisionales sustituyen todo un conjunto de requisitos, de licencias, de autorizaciones y de permisos que están señalados en las leyes reglamentarias de la Constitución y que, a pesar de ser leyes neoliberales, contienen un mínimo muy pequeño de derechos y de procedimientos que dan cierta certeza y legalidad a los procedimientos administrativos. Lo que ocurre con esta disposición es que se barre ese mínimo de derechos y ese mínimo de certeza legal. Entonces, ante la obligación de una empresa o del mismo Estado mexicano de obtener una autorización en materia de impacto ambiental, o un permiso para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o una consulta indígena, se puede sustituir por permisos provisionales que duran un año, lo cual les da el tiempo suficiente para avanzar proyectos con gran celeridad. 

Es algo grave. El CNI, en su comisión de seguimiento, acordó apoyar algunos procesos legales para impugnar este acuerdo. Actualmente, tenemos cerca de 20 amparos en siete estados del país, de diversos pueblos y comunidades que están impugnando este acuerdo.  

DAS: Hasta ahora hemos hablado de los tiempos y las estrategias del gobierno federal, del crimen organizado, de las grandes empresas extractivas. Pero el CNI y los pueblos que lo conforman tienen también un tiempo y una forma de actuar. El 12 de octubre de 2021 se cumplieron 25 años de la fundación del CNI y se convocó a un proceso de organización y reflexión —que culminará en una asamblea en octubre de 2022— para responder “¿qué sigue?” ¿Podrías adelantarnos una respuesta a esa pregunta?

CGG: Me pides que me adelante a la respuesta cuando todavía no se da. Efectivamente, en octubre se cumplieron 25 años del CNI y se acordó hacer un balance de estos años, de las fortalezas, las debilidades y, en el contexto actual, de qué es lo que sigue para hacer crecer la lucha de los pueblos originarios, conjuntamente con sus aliados, en la línea que hemos venido trabajando: desde abajo, a la izquierda y anticapitalista. Estamos tratando de organizar reuniones estatales, regionales y de comunidades. Pronto va a haber seguramente una en Oaxaca, una para toda la región Occidente también, en Jalisco. Y seguramente cada región procurará hacer lo que esté a su alcance para responder eso. Es necesario establecer qué es lo que sigue, porque la destrucción de la tierra está llegando a un límite: el despojo y la explotación crecen día con día; la desesperanza y la violencia. Nos preocupa cómo fortalecer al CNI, cómo fortalecer la lucha anticapitalista junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y quienes desde las ciudades o desde cualquier trinchera estén dispuestos a sumar esfuerzos para fortalecer una alternativa. Me sería muy difícil darte una respuesta: justamente es lo que estamos queriendo construir desde abajo y entre todas y todos.

DAS: Si no podemos ahora adelantar la respuesta de “¿qué sigue?”, podemos preguntar cuál ha sido y cuál es el horizonte de lucha del CNI en sus 25 años de existencia.

CGG: El horizonte es defender la tierra. Nuestra apuesta es desmontar el capitalismo, porque entendemos que es este sistema —en sus engranajes, en su lógica más intrínseca— el que está generando la destrucción de las condiciones para la vida humana en el planeta. Lo que hemos vivido en los últimos años, por un lado, grandes catástrofes y, por otro, las pandemias desde hace varios años  —que ahora se vivió de una forma muy aguda con la covid-19—, más las crisis económicas cada vez mayores, nos tienen ante una crisis inmensa de la humanidad. Una crisis en todos los órdenes de la vida humana. Creemos que el capitalismo es la causa sustancial de esta crisis, que la lógica de ganancias y de acumulación choca definitivamente con las posibilidades de desarrollar de manera plena la vida humana.

Y si a esto sumamos que el capitalismo se da en estructuras patriarcales que funcionan desde hace muchísimos siglos, vemos todo un coctel de violencias: violencia hacia la madre tierra, violencia hacia las mujeres, violencia hacia los niños, violencia de los grandes consorcios hacia las poblaciones de este mundo —urbanas y rurales—, violencia en las ciudades, violencia de los cárteles, violencia de los militares de todos los países, violencia de la guerra, como un mecanismo importante para la reproducción del capitalismo —sin guerras no hay oxígeno para el capitalismo—. 

Entonces el horizonte es desmontar eso. Es algo pequeño, ¿no?, pero tenemos que esforzarnos. Debemos ir caminando con inteligencia, con cuidado y tocando las conciencias de cada vez más personas. Es únicamente a través de la concientización plena de lo que estamos viviendo que vamos a poder transformar. La solución para esta grave crisis que estamos viviendo no es una revolución armada. Tal vez una revolución armada caería como anillo al dedo para seguir creciendo los grandes intereses militaristas que hay en el mundo. Tiene que ser algo que nazca de la conciencia y de la organización de las personas. A eso le han apostado los zapatistas en los últimos años. Por lo menos desde que decidieron firmar los acuerdos San Andrés y con las sucesivas iniciativas que han tenido: organizar y generar conciencia para oponerse al capitalismo, construyendo alternativas desde la comunidad, desde la colectividad, a partir de espacios autónomos y autogestivos. EP

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