El reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en elecciones es la reivindicación más importante del siglo pasado. A setenta años de distancia cuesta mucho trabajo entender que en México el derecho al sufragio haya estado alguna vez limitado exclusivamente a los hombres. La implantación de los derechos humanos como paradigma dominante en el planeta y la expansión del estado constitucional de derecho hacen particularmente complejo encontrar alguna racionalidad —si es que la hubo—  en dicha exclusión.

Lo cierto es que el caso mexicano no es atípico. En los años 50 del siglo pasado, casi la mitad de los países únicamente dejaba votar a los hombres. Fue a partir de esa década que la gran oleada de derechos se fue expandiendo, a tal punto que en casi todo el planeta se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Los últimos países que se abrieron al sufragio femenino fueron Bután, Emiratos Árabes y Kuwait, todos en la primera década del actual milenio.

En nuestro país el reconocimiento de este derecho se explica por el papel que jugaron las sufragistas en la Post-revolución. En 1952 más de 20 mil mujeres marcharon para exigir al candidato Ruiz Cortines que promoviera una reforma constitucional que incorporara la universalidad del voto. Y una vez como presidente lanzó esta reforma, la cual que fue publicada el 17 de octubre de 1953.

A siete décadas de distancia es pertinente hacer algunas reflexiones. Una de ellas tiene que ver con el grado de participación: hay más mujeres en el padrón electoral (51.8%) y, además, tienen una mayor propensión a votar; en todas las elecciones recientes la tasa de participación femenina fue significativamente mayor que la de los varones. De hecho, un estudio de IDEA Internacional demostró que ese patrón se extiende en otros países del mundo, es decir, a lo largo y ancho del globo las mujeres tienden a participar más que los hombres en el ejercicio electoral.

Lo curioso es que esta mayor propensión a ir a votar de las mujeres mexicanas ocurre en casi todos los grupos de edad. Esto se puede observar en la cantidad de hombres y de mujeres que votaron en las elecciones federales de 2021 según su edad. Desde los 18 años las mujeres son más participativas y esa tendencia se mantiene a lo largo de casi toda la vida adulta. Solo a partir de los 65-69 años los hombres empiezan a tener una mayor propensión a participar en las elecciones que las mujeres.

Un segundo aspecto que es necesario considerar tiene que ver con el impacto del sufragio mexicano. Es decir, vale la pena analizar si el voto de las mujeres ha cambiado la manera en que se hace política en el país, o si ha logrado que ciertos temas se incorporen y discutan en las agendas públicas. Sin embargo, salta de manera inmediata a la vista que, a pesar de que el número de sufragios contenidos en las urnas proviene en su mayoría de mujeres, ellas no han ocupado cargos públicos en la misma proporción que los varones. De hecho, las primeras senadoras electas llegaron hasta 1964 y la primera gobernadora hasta 1979, es decir, 26 años después de la reforma que reconoció el voto femenino. Sin una representación adecuada, es difícil que ciertos temas se discutan en la agenda pública. Lo anterior se debe a que dentro de los partidos políticos mexicanos operan barreras reales y simbólicas que históricamente han impedido a las mujeres aspirar a candidaturas de elección popular y, por tanto, a la posibilidad de hacer visible su liderazgo.

De ahí la importancia de las cuotas que se implantaron en la legislación mexicana, siguiendo el modelo argentino. Estas obligaron a los partidos a postular mujeres a puestos de elección popular en proporciones que iban del 30% al 40%. Una icónica sentencia del Tribunal Electoral consiguió que esta obligatoriedad fuera exigible inclusive en las candidaturas de mayoría relativa que emergen de procesos intrapartidistas de elección.

Pero, a decir verdad, fue la reforma constitucional de 2019 la que cambió la manera de pensar la política, al incorporar el principio paritario en todos los poderes y órdenes de gobierno. Nunca más habrá cuerpos colegiados con super-mayorías masculinas. Ellas y ellos participarán por igual en la toma de decisiones públicas.

Es necesario decir, para finalizar, que hay todavía muchos pendientes. Uno de ellos tiene que ver con la manera de regular la paridad horizontal en los cargos de elección popular unipersonales. ¿Se puede exigir que las candidaturas de una determinada gubernatura recaigan en mujeres? De cara a la elección 2024, ese tema está siendo discutido en el INE, cuyo resultado será debidamente comentado en una próxima entrega de Este País. EP

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