El próximo domingo 7 de abril se llevará a cabo el primero de tres debates que el INE tiene previsto organizar entre las (y el) contendientes a la Presidencia de la República. Aunque la historia de este tipo de ejercicios en nuestro país alcanza apenas unas décadas, su ocurrencia se ha vuelto ya obligada y esperada durante los periodos de campaña. A treinta años de distancia conviene cuestionarnos sobre la utilidad de estos instrumentos que han quedado tan arraigados en la institucionalidad electoral mexicana.

En primer término, habría que desmitificar aquella idea de que los debates entre candidaturas son elementos indispensables para la existencia de democracias electorales. Algunas de las más desarrolladas como Reino Unido o Suiza no tienen tradición en esa materia.

Por supuesto es cierto que los debates son un elemento definitorio de la política electoral estadounidense. Lo cierto es que arribaron a la escena política hasta 1960, en aquel legendario debate Nixon-Kennedy. Su aparición se suele asociar no tanto a un proceso de expansión democrática, sino más bien a la consolidación de la radio y la televisión como medios obligados para la comunicación entre las y los políticos y la ciudadanía. Los debates y, posteriormente los spots, consiguieron que la competencia electoral se adaptara a las formas y necesidades de la televisión.

Lo cierto es que la experiencia norteamericana se ha ido volviendo cotidiana en muchos países y regiones. Además de los procesos de “americanización” o “mediatización” de la política arriba señalados, la literatura especializada ha identificado otras fuentes que históricamente han dado origen a los debates, incluyendo fenómenos de “personalización”, “profesionalización del quehacer electoral” y estandarización (global) de buenas prácticas.

Pero ¿han servido de algo? Apunto algunas ventajas.

Escaparate de propuestas. Se suele destacar que durante los debates el electorado conoce de primera mano las propuestas de política pública de las y los candidatos. Si bien esto es cierto en las experiencias europeas, en otras tradiciones más bien se han privilegiado las confrontaciones y descalificaciones entre candidaturas.

Información sistematizada. Sobre los partidos y candidaturas se ofrecen toneladas de información en medios formales e internet. Ello obliga a la ciudadanía a invertir tiempo y recursos para extraer información y decantar la más relevante. Los debates son un atajo (shortcut) para lograrlo, en la medida en que ofrecen a las y los votantes potenciales información de primera mano y sin necesidad de emplear mucho tiempo.

Calidad de la información. Un problema propio de los tiempos en radio y televisión es el corto tiempo que se tiene para confrontar información. En función de ello, en el mundo se han visto debates en que alguno de los contendientes falsea información o la exagera. Cuando los debates ocurren en fechas muy cercanas a la jornada electoral, se pueden producir daños irreversibles.

Las redes sociales y principalmente los ejercicios de verificación de información (fact-checking) han sido eficaces al minimizar los efectos de esos posibles distanciamientos respecto a la verdad. Lamentablemente, quienes logran acceder a esos ejercicios periodísticos de revisión de la veracidad de quienes participan en debates, son muchos menos que quienes ven los debates y pudieran quedarse con información distorsionada.

Piso común. Los medios de comunicación suelen dar mayor cobertura a las candidaturas que liderean en las encuestas. Los debates eliminan este sesgo, al otorgar tiempos iguales a todas las candidaturas, lo que garantiza a los votantes que tengan acceso a todas las propuestas de campaña y no sólo a las más visibles.

Como lo hacen otras leyes electorales en el mundo, la ley electoral mexicana obliga a la realización de debates. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) es vinculante para a) el INE, que deberá organizar cuando menos dos debates, b) las candidaturas, que deberán participar en ellos y c) las concesionarias de radio y televisión, que deben transmitirlos. Además, establece reglas adicionales para garantizar la igualdad, ahí cuando los debates sean organizados por privados.

Si bien la norma mexicana no establece mucho más directrices, el INE (y su antecesor, el IFE), así como los institutos electorales han sido prolíficos en mejorar la calidad de los debates. Así, se pasó de aquellos ejercicios acartonados de fines de siglo pasado y principios del presente, a formatos cada vez más flexibles en la que las y los moderadores estaban facultados para hacer preguntas de interés periodístico. Una tercera época está dada por avances más recientes, en los que se abren canales para que la ciudadanía formule preguntas que, una vez sistematizadas, sean hechas del conocimiento de quienes moderen el debate.

Para el debate del próximo domingo el INE recibieron más de 24 mil preguntas sobre educación, salud, transparencia y combate a la corrupción., entre otras. Se encargó a una institución académica (Signa Lab de ITESO) su procesamiento. Para hacer una muestra de ese universo tan amplio, se aplicó una forma estadística, con lo cual se llegó a 108 preguntas que fueron entregadas a la y el moderador.

Se ensayarán tres formatos. En el del domingo, las preguntas serán captadas en redes sociales, pero en el que le sigue, el 28 de abril, serán formuladas directamente por personas cuyos videos serán captados en plazas públicas. Finalmente, en el tercer debate, el 19 de mayo, se innovará el formato “cara a cara” entre las candidaturas.

La última interrogante de la académica está por verse. ¿Pueden cambiar los debates las preferencias previas de las y los votantes? La respuesta está en las estrategias que adopten en las fechas próximas y en lo arraigado que estén las creencias de quienes ejercerán su sufragio el próximo 2 de junio. Habrá que seguir los debates. EP

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