A inicios de la década pasada, la democracia global vivía uno de sus mejores momentos. La cantidad de países autoritarios o híbridos iba a la baja. El paradigma de los derechos humanos encontraba formas de articulación con cambios culturales cada vez más comprometidos con los valores de la democracia.

En ese contexto, la Comisión de Venecia, uno de los más importantes centros de pensamiento sobre constitucionalismo y democracia que existen en el planeta se preguntó sobre las tareas a futuro. Es decir, indagó sobre los retos que las instituciones nacionales tienen para seguir profundizando el impacto de este régimen en la vida cotidiana de las personas. Entre la muy pequeña lista de pendientes, se incluyeron dos: incrementar la representación de mujeres y mejorar la de las minorías.

A más de una década de distancia, ese pendiente subsiste. Fue el Club de Madrid, la más grande organización de expresidentes/as y ex primeros ministros/as, quienes discutieron cómo “repensar la democracia” de cara a los desafíos actuales.  La conclusión se mantuvo: las mujeres, las juventudes y las minorías están subrepresentadas. “Urgimos a los gobiernos democráticos a mejorar la posición de estos grupos en la toma de decisiones políticas y a garantizar su empoderamiento”.

No es para menos el reclamo. Apenas 26.7% de congresistas en el mundo son mujeres; menos del 32% son jóvenes. Las proporciones de personas que representan a migrantes, minorías étnicas o personas con discapacidad son aún más bajas. En la actualidad, los parlamentos y los congresos no son un reflejo de la sociedad, sino de su parte más visible.

Lo cierto es que, en materia de acceso de las mujeres a los congresos, en los últimos años México se ha puesto a la vanguardia. No sólo porque el país elevó el principio de paridad a rango constitucional, sino también porque se han ido desmontando otros dispositivos que históricamente han inhibido el acceso de mujeres a los cargos públicos de representación. Es el caso de las normas que sancionan la violencia política de género.

Como resultado de haber implementado esas prácticas, las mujeres políticas recobraron la visibilidad. Este año, en la elección mexiquense, ambas candidaturas recayeron en una mujer. Todo parece indicar que en la elección presidencial 2024 también habrá dos mujeres candidatas.

Pero hay dos temas que han presentado mayor dificultad. El primero tiene que ver con las gubernaturas. Al ser cargos unipersonales, se había dejado a la libre configuración de los estados definir reglas de alternancia. Sólo algunos lo hicieron. Como resultado, México sumará apenas diez mujeres titulares de un Ejecutivo Local¹

De ahí la relevancia del Acuerdo del INE que obliga a los partidos a postular en el 2024, al menos a 5 mujeres de entre las candidaturas a un ejecutivo local. Ese año estarán en disputa nueve gubernaturas. En siete de esas entidades federativas jamás ha gobernado una mujer.

A fin de resarcir esa desigualdad histórica y dar oportunidades iguales a las mujeres para participar en la solución de los problemas públicos, la autoridad electoral nacional determinó hacer vigente el principio de paridad horizontal. Al ser impar el número de gubernaturas en disputa, se estipuló que más candidaturas sean de mujeres para “adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos […] Esto, ya que una interpretación en términos estrictos podría restringir a las mujeres para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto”.²

El segundo tema en el que se registró un significativo avance en fechas recientes es el de la participación de grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad. En acatamiento a una sentencia del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral emitió reglas para el registro de candidaturas de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes, que harán partidos políticos y, en su caso, coaliciones, partiendo del modelo normativo implementado en el proceso 2021.

En aquel año sólo hubo elecciones de diputaciones. Por eso son relevantes los avances logrados este año para la Cámara Alta. Los partidos políticos deberán postular tres candidaturas de estos grupos entre los primeros quince lugares de su lista de representación proporcional (indígena, migrante y persona con discapacidad). Además, deberán postular, bajo el principio de mayoría relativa, a cuatro candidaturas indígenas, una de afrodescendientes y una más que represente a los grupos LGBTTTIQ+.

Si funciona eficazmente esta fórmula, el Senado de la República tendrá una integración más parecida a la sociedad a la que representa. Habrá voces que defiendan las causas de grupos que históricamente han sido invisibilizados.

Por supuesto, las medidas afirmativas deben existir sólo mientras estén presentes las causas estructurales que motivaron su existencia. Una vez que los liderazgos de estos grupos sean visibles, la sociedad tendrá un mayor abanico de opciones desde las cuáles elegir.

Quedan dos asignaturas pendientes. Por un lado, conocer el desempeño de las medidas adoptadas. Es decir, saber si se traducirán efectivamente en una mayor representación de mujeres en las gubernaturas, o bien de los grupos de las acciones afirmativas en el Congreso mexicano. No siempre las acciones logradas en las candidaturas se convierten en mejoras en la representación concreta en los escaños.

En segundo término, habrá que revisar si la incorporación de esta nueva pluralidad cambia la discusión pública. Si el debate parlamentario y las agendas gubernamentales se transforman para dar voz a la diversidad de la sociedad, la medida habrá valido la pena. EP

1. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala. [↩]
2. Jurisprudencia 11/2018 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [↩]

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