En el argot electoral se les conoce como “elecciones generales”. En estricto sentido, este concepto refiere a comicios en los que todos los cargos que derivan del voto popular en un país se deciden al mismo tiempo, independientemente de que se trate de puestos con responsabilidad nacional o local.

En México no hay elecciones con estas características, pues cada entidad federativa es libre de decidir el ciclo de sus cargos locales. Sin embargo, cada seis años hay confluencia entre el calendario nacional y los de las entidades federativas, de manera que, aunque no se renueve la totalidad de cargos, se pone en disputa una enorme porción del poder público en el país.

En efecto, en 2024 se elegirán 20,263 puestos electivos, tanto en la federación como en las 32 entidades federativas. No sólo está en disputa la Presidencia y ambas cámaras del Congreso de la Unión. El próximo dos de junio se renovarán también nueve gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades federativas.

La gran cantidad e importancia de los cargos en disputa en 2024 obliga a que la ciudadanía esté al pendiente del desarrollo de los procesos electorales venideros. El federal iniciará el próximo 7 de septiembre, mientras que los de las entidades federativas lo harán, atendiendo a sus respectivas legislaciones locales, a partir del este mes y hasta la segunda quincena de enero.

Pero, a decir verdad, hay características específicas del proceso 2024 que harán del mismo un asunto de interés internacional. Apunto siete razones que, desde antes de su inicio están haciendo que las miradas del mundo se centren en los comicios mexicanos.

• Tamaño. Al día de hoy, hay casi 97 millones de personas inscritas en la lista nominal. Con uno de los padrones más grandes del planeta, México tiene una logística electoral muy complicada, especialmente porque la legislación considera que las casillas deben estar ubicadas cerca de los domicilios de las y los ciudadanos. En México no hay grandes centros de votación, sino casillas instaladas en cada una de las casi 70 mil secciones electorales, lo que facilita el voto ciudadano pero hace compleja la organización y la selección de funcionarios. En 2021, por ejemplo, se instalaron más de 160 mil casillas.

• Coordinación. Entre los sistemas electorales del mundo, México es atípico por la manera en que se coordinan las instituciones electorales. Cuando hay elecciones concurrentes, el INE y los institutos locales comparten tramos de responsabilidad que deben planearse escrupulosamente. Como en una cadena de producción, si alguna de las partes falla, todo el proceso queda comprometido en sus tiempos. De ahí la necesidad de tener controles estrictos. Los convenios de coordinación que se suscriban serán la carta de navegación que describa cómo interactúan diversas autoridades para lograr que, en casillas únicas, se vote por candidaturas de distintos niveles. Las elecciones de unos cargos y otros son normadas por distintas legislaciones.

• Inicio anticipado. Para evitar ventajas indebidas por parte de laguna candidatura, la legislación electoral mexicana establece tiempos precisos para las precampañas, a partir de las cuales los partidos políticos deciden quiénes serán sus abanderados. En el caso de la Presidencia de la República, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre.
  
  En 2023 seis partidos políticos adelantaron la selección de su candidatura. Para hacerlo, simularon estar decidiendo cargos interpartidistas que no están previstos en sus respectivos estatutos. Si bien los lineamientos emitidos por el INE prohibieron algunas conductas proselitistas, lo cierto es que a la fecha todo el país sabe que quienes concursaban estaban buscando ser postulados por sus respectivas alianzas partidistas.
  
  No es claro el impacto de este inicio anticipado sobre la equidad de la contienda, ni tampoco si estos ejercicios de simulación se replicarán en entidades federativas o municipios, agravando con ello el problema.

• Inseguridad. A diferencia de otras naciones, la legislación electoral mexicana está diseñada desde el supuesto de un clima de paz. De hecho, en las elecciones recientes el proceso electoral cubre la totalidad del territorio nacional y, si acaso alguna casilla queda sin instalar, ello ocurre por circunstancias excepcionales.
  
  Es posible que en 2024 las circunstancias hayan empeorado y, por tanto, los institutos electorales deban echar mano de mapas de riesgo y protocolos de actuación innovadores. Es necesario generar las condiciones para que la ciudadanía vote en libertad y evitar que se reproduzcan los episodios de violencia que sufrieron algunas candidaturas municipales en 2021.

• Innovación. Este año se pondrán en marcha a nivel nacional modalidades de votación que fueron piloteadas en Coahuila y Estado de México 2022. Así, por ejemplo, el voto extraterritorial presencial que este año se ejerció en 4 consulados se podría ampliar para recibir sufragios de connacionales viviendo fuera del país en más de 30 oficinas consulares en el mundo. Por supuesto, ello ocurrirá a la par del voto electrónico y postal, modalidades con las que ya cuenta la ciudadanía que vive más allá de las fronteras nacionales.
  
  Del mismo modo, sería importante revisar la muy positiva experiencia que tuvo el Estado de México al habilitar al voto de personas en prisión preventiva en la entidad con más centros penitenciarios en el país. Esta experiencia local deja en claro, para su instrumentación a nivel nacional en 2024, que con la adecuada planeación es posible restaurar los derechos político-electorales de personas que ni siquiera han recibido sentencia condenatoria.

• Uso de recursos públicos. Como todas las legislaciones electorales modernas, la mexicana exige que el gobierno actúe con neutralidad. El uso de recursos públicos para favorecer a alguna candidatura está prohibido.
  
  Hay dos problemas asociados. Por un lado, hay ya diversas sanciones y medidas cautelares contra funcionarios de primer nivel, incluido el Presidente de la República. Seguramente será objeto de análisis el procesamiento de esas conductas en la calificación final de la elección.
  
  Por el otro lado, está el tema de la reelección. Se debe reforzar la regulación para evitar que los funcionarios que aspiren a repetir en su cargo se beneficien de los recursos que tienen a su disposición.

• Nuevas tecnologías. Como nunca antes en la historia, las nuevas tecnologías generan condiciones para que las campañas presenten información falsa. En el mundo hay ejemplos de fotografías generadas con auxilio de la inteligencia artificial, emulando conductas que no ocurrieron en la realidad. Las autoridades deben ser capaces de detectar con velocidad esas intentonas deliberadas de confundir al electorado y evitar que sus efectos vulneren el derecho de los votantes a contar con información.
  
  Por el otro lado, la inteligencia artificial ofrece importantes posibilidades para fortalecer la administración electoral y hacerla más eficiente.

Desde la última década del siglo pasado, las elecciones mexicanas lograron imprimir estabilidad a los procesos de renovación del poder político. La ciudadanía está clara que es el voto ciudadano el que ha dado el poder, a veces a algún partido, a veces a otro. No hay ganadores permanentes.

La elección venidera es una nueva oportunidad para refrendar la importancia de haber invertido en una institucionalidad electoral robusta. Ojalá los actores políticos estén a la altura de las expectativas democráticas.EP

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