A un año del primer caso de COVID-19 en México, somos el tercer país con más muertos por COVID-19 en el mundo —con alrededor de 200 mil fallecidos al 5 de marzo de 2021— y figuramos en el lugar número once de la lista de países con más personas infectadas, con 2,324,636 casos. Estamos en el tercer lugar sólo después de EUA y Brasil, países cuyo número de habitantes nos triplica y duplica, respectivamente. Hay más muertos en México que en China o la India, países que tienen diez veces la población de nuestro país. China, con casi 1,400 millones de habitantes, reporta 4,636 fallecidos por la pandemia. México tiene el índice de letalidad más alto entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins de EUA, con una tasa de 8.7 muertes por cada 100 pacientes contagiados; muy por debajo, nos sigue Perú con 3.6 muertes por cada 100 contagios, Italia con 3.5, Sudáfrica con 3.2 y el Reino Unido con 2.9. Aunque las autoridades a cargo del combate a la pandemia han negado este dato, diciendo que se sobreestima el número de muertos, es probable que se equivoquen —o que mientan— si comparamos el número de personas fallecidas con el exceso de mortalidad reportado por el mismo gobierno. El 2 de enero, el gobierno reportaba 126,851 defunciones por COVID-19, pero los reportes de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud indican que ese mismo día, 326,609 muertes podían atribuirse a la pandemia, es decir, 199,758 más que el número de defunciones reportadas por COVID-19. Tan solo estos datos deberían obligarnos a pensar qué está pasando en México y a qué se debe no sólo que tanta gente se contagie, sino que sea mucho más probable morir si uno se contagia en este país que en casi cualquier otro.

            Una primera respuesta simplista nos diría que en México muere más gente porque esta pandemia ha coincidido con otras epidemias de enfermedades como la diabetes o la hipertensión (esta coincidencia de epidemias es lo que ahora llamamos una sindemia). Pero esta es una mala respuesta si consideramos que México ocupa el lugar número 20 en el mundo, en porcentaje de gente diabética, por debajo de países como Egipto, Arabia Saudita o Sudán, que no reportan las tasas de letalidad por COVID-19 que reporta nuestro país. El caso es todavía más débil para la hipertensión: hasta 2018 México ocupaba el lugar 123 en el mundo en número de muertes relacionadas a la hipertensión, con 7.91 muertes por cada 100,000 habitantes —mientras que el número uno, las Islas Seychelles, en África, tiene 63.89 muertes—. Los otros 122 países que están peor que México en hipertensión tampoco reportan las tasas de letalidad que tiene nuestro país por COVID-19. Entonces es mayormente falso que más gente muera en México por COVID-19 debido a la prevalencia de comorbilidades, aunque sin duda ésta ha contribuido al número de muertes.

            Es probable que tampoco sea acertada una segunda respuesta simplista: que en México muere más gente porque la población no ha acatado las medidas de distanciamiento social que se han impuesto. La gente no usa cubrebocas, se dice, y muchos se han dedicado irresponsablemente a hacer fiestas y reuniones. En primer lugar, si esa fuera la explicación, podría dar cuenta del número de contagios, pero no de la tasa de letalidad que tiene la enfermedad en nuestro país. En segundo lugar, según un estudio del Imperial College de Londres, en México se usa más el cubrebocas que en muchos otros países y la gente cree tanto en su efectividad como en otros países con menores tasas de letalidad —a pesar de que las autoridades del país han desestimado su uso—. Por otro lado, aunque es difícil saber si la gente hace más fiestas aquí que en otros lugares, el informe de movilidad local de Google —que reporta tendencias de movimiento a lo largo del tiempo en zonas geográficas y bajo categorías como tiendas, espacios de ocio, supermercados, lugares de trabajo, zonas residenciales, etc.— no reporta que la gente se desplace significativamente más aquí que en otros países con características similares a las de México, pero con menores tasas de letalidad por COVID-19. La respuesta está en otra parte.

            Quiero argumentar que la respuesta está en el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano. Según un reporte de Bloomberg, publicado el 23 de noviembre, de los 53 mejores y peores países para vivir durante la pandemia, México califica como el peor por su mal manejo de la pandemia —por debajo de países con menores ingresos incluidos en el estudio—. También parece coincidir con esta conclusión el documento Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos, elaborado por especialistas de distintas áreas convocados por el Instituto Nacional de Salud Pública, publicado a fines de enero. México reaccionó tarde y las medidas que se tomaron fueron, y siguen siendo, insuficientes.

            El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, alertó sobre el brote epidémico reportado en China desde principios de enero de 2020 y pronosticó que inevitablemente llegaría a México. Sin embargo, cuando apareció el primer caso de contagio en México, anunciado el 28 de febrero de 2020, dos meses después del brote en Wuhan, el gobierno mexicano minimizó la epidemia y se abstuvo de adoptar medidas que ya se estaban tomando en otros países, temeroso de la aceptabilidad social de medidas más estrictas. Países como Vietnam —para no hablar de Nueva Zelanda, el número 1 en la lista de los 53 de Bloomberg—, con 10 casos positivos confirmados, tomó la decisión de confinar a todos los pueblos cercanos a Hanói, la capital; prohibió los vuelos desde y hacia China y luego los vuelos internacionales; hizo obligatoria la cuarentena para todo el que ingresara al territorio; implementó aislamiento obligatorio para todos los casos positivos y llegó a hacer 40,000 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Vietnam, como otros países del sureste asiático, tiene experiencia en brotes epidémicos recientes, de modo que los vietnamitas sabían qué había que hacer. El resultado a la fecha es que Vietnam, según datos de la Universidad Johns Hopkins, con una población de 95 millones de personas, tiene 2,392 casos totales y han muerto 35 personas. Con un sistema de salud precario, el país no podía darse el lujo de permitir que la epidemia se le saliera de las manos. Muchos otros países en Asia, pero también en África, tomaron medidas semejantes muy temprano en la pandemia y como resultado tienen muchos menos casos de gente infectada. En vez de seguir estos ejemplos y eliminar la epidemia, México siguió la estrategia de países europeos como Italia y España que habían reaccionado lentamente y que estaba mostrando su fracaso. México optó por permitir que la epidemia llegara al país y una vez que estuviera aquí, mitigarla y aplanar la curva. El resultado es que hasta la fecha, la epidemia no se ha mitigado y la curva nunca se aplanó.

            Otros países, como Corea del Sur, sí aplanaron la curva después de haber sido de los primeros afectados por la pandemia. Buena parte del éxito de este país consistió en realizar pruebas masivas, hacer un rastreo exhaustivo de contactos y aislar a los casos positivos (tuvieran o no síntomas). El resultado es que Corea del Sur reporta, a marzo de 2021, 91,240 casos de infección y 1,619 muertes. En cambio, en México se tomó la decisión de no realizar pruebas diagnósticas.

Por muchos meses, México estuvo en el último lugar en número de pruebas entre los países de la OCDE. “Hasta el 28 de diciembre pasado”, afirma Laurie Ann Ximénez-Fyvie en su libro Un daño irreparable, “México había realizado 27.2 pruebas de laboratorio por cada 1,000 habitantes, un promedio en franco contraste con otros países como Sudáfrica (108.9 por cada 1,000), Brasil (134.1), Alemania (401.7), Bélgica (588), Estados Unidos (753.6), Singapur (923.9) y Dinamarca (1,782.5)” (p. 157). Se argumentó que no eran necesarias las pruebas, porque el llamado “modelo Centinela” podría predecir, a través de modelos matemáticos, la evolución de la pandemia. Aquí hay, por lo menos, dos problemas. El primero es que, de las pocas pruebas que se realizaban en México, no había seguimiento de contactos, ni aislamiento de casos positivos, de modo que servían de muy poco las pruebas. El gobierno decidió realizar pruebas sólo a la gente que presentara síntomas, lo que permitió que mucha gente asintomática, en vez de ser aislada, esparciera el virus y la epidemia creciera exponencialmente. El segundo problema es que, si no se realizan suficientes pruebas para alimentar un modelo matemático, éste sirve de muy poco. Por eso, aunque varias veces se predijo la fecha en que estaríamos en el pico de la pandemia, el pico nunca llegó. No es extraño que después de poco tiempo el modelo Centinela pasara al olvido.

            Entre las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, el uso del cubrebocas está reconocido como una de las más efectivas para no contagiarse y para aminorar la severidad de la enfermedad. Sin embargo, en México, tanto el presidente como el encargado del control de la pandemia, minimizaron desde un inicio el uso del cubrebocas y se negaron a usarlo. Desde el principio de la pandemia hasta muy recientemente, López-Gatell ha dicho en múltiples ocasiones que el cubrebocas “genera una falsa sensación de seguridad” y hace creer que, sólo con usarlo, la gente no se va a contagiar, pero no es así, ha sostenido. Al mismo tiempo, ha culpado a la gente que, confiada por llevar cubrebocas, realiza fiestas creyéndose falsamente protegida. Este es sólo un ejemplo de cómo las autoridades del país han desviado las culpas de las instituciones públicas de salud atribuyéndoselas a la población.

            Tal vez la parte más indignante de la estrategia gubernamental sea que, por un lado, el gobierno recomendó a la gente enferma que se quedara en casa, con lo que el contagio se dio entre familiares. El 30% de los contagios ocurren en el hogar y más del 58% de los decesos no han pasado por un hospital. De hecho, se mantuvo la política de rechazar a gente en los hospitales con tal de mantener camas disponibles. La baja ocupación de camas hospitalarias, para López-Gatell, es el indicador de que todo está bajo control y es uno de los indicadores para su estrategia de cambio de color en el semáforo epidemiológico. Son comunes en México las narraciones de personas que fueron al hospital público al tener síntomas, el personal médico se rehusó a realizarles pruebas y los mandaron de regreso a su casa, en algunos casos, no una, sino varias veces. Finalmente, muchos llegaban en estado crítico y sólo entonces los ingresaban, cuando ya era demasiado tarde. Esto explica que casi 9 de cada 10 pacientes intubados en hospitales públicos como los del IMSS mueren (mientras que el promedio a nivel mundial es de 2.5 muertes de cada 10 en unidades de cuidados intensivos). También explica que la tasa de letalidad por COVID-19 se cuatriplica en hospitales públicos que en los privados, donde los pacientes son admitidos en condiciones menos severas.

            Es cierto que la pandemia encontró a nuestro país con un sistema de salud precario, resultado de la falta de inversión pública por parte de los “gobiernos neoliberales”. Pero si se sabía sobre el estado en que se encontraban muchos hospitales, ¿por qué no se equiparon con tiempo, cuando China anunció la epidemia, a inicios de enero, y López-Gatell advirtió que inevitablemente llegaría a México? Muchos respiradores se empezaron a comprar en abril, cuando ya era clara la magnitud de la pandemia y veíamos lo que sucedía en Europa. ¿Por qué no se protegió al personal sanitario con equipo personal de protección adecuado? El material sanitario utilizado era deficiente y no se establecieron protocolos de protección. Se dieron licencias a personal sanitario mayor de edad o con comorbilidades y se sustituyó con personal con menos experiencia. No se puede sustituir, por ejemplo, a un intensivista con años de experiencia con alguien joven que no la tiene. Todo eso redundó en la tasa de letalidad de los pacientes, pero también en la del personal sanitario. Hoy México registra la tasa de mortalidad más alta del mundo entre personal médico, a causa de la COVID-19 con 2,580 casos al 24 de enero. Pero, sobre todo, si se conocía el estado del sistema de salud en México, ¿por qué no se actuó con medidas más drásticas, como sucedió en otros países?

Los errores han seguido en el caso de las vacunas. Por ejemplo, desde hace meses se formó el Grupo Técnico Asesor de Vacuna (GTAV) para la COVID-19, conformado por algunos de los mayores especialistas en el tema de vacunas y epidemias en nuestro país. El GTAV ha hecho recomendaciones para priorizar ciertos grupos en el programa de vacunación. Obviamente se tiene que priorizar al personal de salud, encargado del combate a la pandemia. Sin embargo, el gobierno decidió darle prioridad a los maestros en Campeche, un estado con baja prevalencia de COVID-19 y un grupo no estratégico en el combate a la pandemia y que bien podría haber esperado. Esto se hace cuando aún buena parte del personal de salud en el país no ha sido vacunado, con lo cual se seguirán perdiendo vidas del personal sanitario. Asimismo, se decidió priorizar a poblaciones rurales sobre las urbanas, a pesar de que en estas últimas hay mayor prevalencia de la enfermedad. Al buscar hacer reparaciones de injusticias históricas se está decidiendo sobre una base política y no de salud pública; sólo se actúa en contra de las estrategias científicas más eficaces para acabar con la pandemia y así se sacrifican vidas humanas.

Hay otros ejemplos del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, como la falta de coordinación entre los gobiernos federal y estatales, la información contradictoria que se da al público, la casi total ausencia del Consejo de Salubridad General, que debía ser la entidad legalmente encargada del combate a la pandemia, en vez de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, a cargo de alguien evidentemente rebasado por los acontecimientos, como es López-Gatell.

            Muchos de los errores que ha cometido el gobierno mexicano en su estrategia sanitaria se explican por un mal entendido conflicto entre la pandemia y la economía. Al inicio se decidió no tomar medidas más drásticas para no dañar la economía y se apostó explícitamente por “una pandemia larga, pero manejable”, como dijo López-Gatell, para no saturar el sistema de salud ni afectar la economía. Hoy sabemos que eso fue un error —uno que nunca reconocerán nuestras autoridades—. Países que tomaron medidas más drásticas, como Vietnam, no han visto saturados sus sistemas de salud y tienen hoy mucho mejores expectativas económicas que México. Se espera, por ejemplo, que el crecimiento del PIB de Vietnam —que cayó al 2.7% en 2020— “repuntará al 7% en 2021, sujeto a la recuperación económica mundial posterior a la pandemia”. En México, en cambio, la pandemia hundió la economía un 8.5% en 2020. El Banco Mundial espera que la economía mexicana crezca un 3.7% en 2021 con respecto al año anterior —una estimación que habitualmente se ajusta a la baja a lo largo del año—. Este bajo crecimiento se explica, entre otras cosas, porque México es uno de los países que menos apoyo económico ha dado a sus empresas y a la población para enfrentar la pandemia. Al más puro estilo neoliberal, el presidente ha dicho que si una empresa tiene que quebrar, que quiebre.

            Al final, el mal manejo de la pandemia redundará en la economía y será la población más pobre la más afectada. No es cierto que, ante la enfermedad, todos somos iguales. Un estudio sobre las diferencias en las tasas de mortalidad entre distintos países muestra que la tasa de pobreza es uno de los factores más importantes que determinan la tasa de mortalidad por COVID-19. En el mismo sentido, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, ha dicho que hay una “diferencia sorprendente” entre la mortalidad de los ricos y los pobres e indígenas en México por COVID-19: estos últimos tienen doble riesgo de morir. Así, los más afectados por el mal manejo de la pandemia será la gente más pobre. Es una trágica ironía que un gobierno que actúa bajo el lema de “primero los pobres”, ha sido quien los ha dejado más desprotegidos.

            En el pasado el Congreso ha creado comisiones especiales para averiguar la verdad en casos trágicos como el de Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 normalistas. Es necesario que se cree una Comisión de la Verdad para la Pandemia por COVID-19, que sea independiente. Muchos miles de muertes por la pandemia han sido innecesarias y prevenibles, cuyas causas pueden rastrearse a acciones u omisiones de las autoridades de salud del gobierno mexicano. Desde su campaña, el presidente López Obrador prometió la creación de comisiones de la verdad para averiguar violaciones a derechos humanos. La mayor violación a los derechos humanos de la historia reciente de México la estamos presenciando: el gobierno no cumplió con su responsabilidad de garantizar el derecho a la protección de la salud de la población y, como resultado, por lo menos 200 mil personas han muerto, y más seguirán muriendo de manera innecesaria. ¿Podremos alguna vez llamar a cuentas a los responsables de tan malas decisiones y de la muerte de tanta gente? EP

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