El compromiso con el proceso democrático y constitucional pasa necesariamente por la facultad indelegable del Estado de ejercer el monopolio de la fuerza legítima. Esa atribución —que Max Weber identifica como el fundamento de cualquier Estado— está acotada por la legalidad y, precisamente por ello, enfrenta hoy una lucha asimétrica contra poderes fácticos armados, siendo el más visible el narcotráfico. Esa asimetría ha sido dolorosa para la sociedad mexicana durante décadas y ha dejado una lección contundente: no basta atacar a las cabezas de los cárteles, pues estas suelen ser sustituidas de inmediato por nuevos liderazgos que perpetúan su fuerza e influencia.

México ha transitado por diversas estrategias de seguridad en distintos sexenios. Ninguna ha logrado desarticular de fondo los tentáculos del narcotráfico en la vida social, política, económica e incluso cultural. Lejos de resolverse la amenaza a la paz social, a la gobernabilidad democrática y al control territorial, la crisis de desaparecidos y víctimas ha colocado a la sociedad mexicana ante niveles de violencia comparables —e incluso superiores— a los de países que atravesaron dictaduras abiertas o conflictos civiles prolongados. Cada gobierno es responsable de las decisiones que tomó y de las omisiones que sostuvo: la historia habrá de registrar sus aciertos y sus errores. Hoy, sin embargo, el desafío es ineludible: articular un esfuerzo de Estado que asuma la magnitud del problema y avance hacia soluciones reales frente a un flagelo que ha erosionado las aspiraciones más básicas de una ciudadanía exhausta de violencia e impunidad. En ese horizonte, este gobierno carga con la responsabilidad de enfrentar riesgos heredados y nuevos desafíos estructurales, ambos exigentes de determinación, voluntad política y creatividad institucional.

La capacidad de reacción mostrada por un cártel en amplias zonas del país —de costa a costa— tras la detención y posterior fallecimiento de su líder, no puede pasar inadvertida. La paralización territorial, la afectación a la vida cotidiana y las víctimas, incluidas las lamentables bajas de elementos de seguridad, vulneran de manera directa la tranquilidad ciudadana. En este contexto, el flujo de información desde el Gobierno federal debe ser claro, oportuno y contundente, para evitar vacíos que alimenten la desinformación y profundicen la alarma social. Al mismo tiempo, el operativo marca un cambio explícito en la política de seguridad, al dejar atrás el paradigma de no confrontar a las cúpulas del crimen organizado.

El combate al narcotráfico y a sus expresiones más visibles —en particular el lavado de dinero— es, además, un desafío transnacional que exige cooperación internacional sostenida. La coordinación binacional entre México y Estados Unidos observada en este operativo es un paso relevante. Sin embargo, el mayor reto recae en las instituciones públicas mexicanas, llamadas a enfrentar la penetración del narcotráfico en la política nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este combate es indispensable para consolidar la legalidad, restituir la convivencia social y fortalecer la capacidad del país para definir su propio destino desde una democracia viva. Hacerlo implica utilizar con legitimidad la fuerza del Estado no sólo para contener la violencia, sino también para incidir en la salud pública, reducir la desigualdad social y ampliar oportunidades, especialmente para una juventud que ha sido una de las principales víctimas de este colapso prolongado. EP

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