¿Cuáles han sido las consecuencias de la política de austeridad en tiempos de pandemia?, ¿realmente se ha puesto en primer lugar a los pobres? En este texto, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer analiza los efectos de esta política.
Texto de Ricardo Velázquez Leyer 29/03/22
¿Cuáles han sido las consecuencias de la política de austeridad en tiempos de pandemia?, ¿realmente se ha puesto en primer lugar a los pobres? En este texto, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer analiza los efectos de esta política.
En diciembre de 2018, al asumir el poder, el actual gobierno mexicano eligió el concepto de austeridad como uno de los valores centrales para el diseño de su política pública. Con la intención de combatir la corrupción y evitar gastos superfluos y suntuosos, la austeridad se introdujo y se enfatizó la necesidad de controlar y contener el gasto público como medida para mejorar sus resultados.1 Cuando la pandemia de Covid-19 comenzó en marzo de 2020, la austeridad se conservó y se plasmó en la respuesta a sus efectos. El presente artículo analiza las consecuencias de la austeridad en la respuesta del gobierno a los efectos sociales y económicos de la pandemia.
La austeridad constituye un valor intrínsecamente vinculado a la ideología neoliberal.2 La contención del gasto público siempre ha representado una prioridad para los proponentes de la centralidad del mercado en la vida social que dicta el neoliberalismo. Se ha argumentado que la inevitable preferencia de los individuos, agrupaciones políticas y grupos de presión por maximizar su beneficio personal, genera la necesidad de elevar el gasto público para costear el crecimiento de las actividades del gobierno resultante de esas elecciones racionales, al mismo tiempo que un gasto público elevado requiere para su financiamiento del aumento de impuestos, que acaban lesionando la economía y la productividad de individuos y empresas. Por ello, el neoliberalismo recomienda la austeridad en el gasto de los gobiernos y la delegación de la distribución de los bienes y servicios que requieren las sociedades a los mercados, donde se supone que el problema de la búsqueda de la maximización del interés personal no solo no representa un problema, sino que incentiva su funcionamiento eficiente.
En México, se podía esperar que un gobierno autodefinido como de izquierda revirtiera la aplicación de estos principios. Sin embargo, se observa lo contrario. Al adoptar el valor de la austeridad, el gobierno ha acabado por aplicar los principios del neoliberalismo que con frecuencia presume estar combatiendo. En lugar de intentar diseñar e implementar instituciones y políticas públicas que logren construir un “mejor gobierno”, se ha optado por la ruta neoliberal de “menos gobierno”. Con la coyuntura creada por la aparición de la pandemia, las consecuencias de la austeridad han sido aun más graves de lo esperado.
“Al adoptar el valor de la austeridad, el gobierno ha acabado por aplicar los principios del neoliberalismo que con frecuencia presume estar combatiendo”.
El gobierno eligió la ruta de la inacción para enfrentar la pandemia. Fuera del área de salud,3 pocas medidas se adoptaron para reducir los efectos negativos de las múltiples crisis. A pesar de las demandas de un gran número de actores políticos y sociales y de las diversas recomendaciones de organismos internacionales, el gobierno mexicano fue de los pocos en el mundo que no introdujo acciones emergentes para proteger los ingresos de los hogares.4 Las pocas medidas anunciadas resultaron insignificantes; por ejemplo, los adelantos en el pago de pensiones no contributivas no representaron un beneficio adicional, los préstamos de 25 mil pesos a las empresas no alcanzaban ni para pagar el salario mínimo de tres trabajadores por más de dos meses, y la ampliación del programa de apoyos económicos a productores agrícolas se enfocaba en zonas rurales cuando las consecuencias más graves se experimentaban en zonas urbanas.5
La necesidad de preservar la austeridad definió la respuesta del gobierno.6 La austeridad se eligió como principio rector de la política de combate a los efectos de la pandemia, en lugar de la protección a la salud o al ingreso de las familias, de la promoción de la solidaridad social o de la lucha contra las desigualdades sociales y económicas, como pudo haberse esperado de un gobierno de izquierda. Lejos de buscar la generación de recursos adicionales para enfrentar la crisis, las reglas emitidas desde la Presidencia de la República se limitaron a blindar de recortes presupuestales a un grupo de 38 iniciativas consideradas prioritarias,7 entre las que se encontraban varios programas sociales de reciente creación, con el argumento de que no se requerían acciones adicionales. El problema es que ni siquiera es posible afirmar que dichos programas sociales cuenten con mayor potencial para reducir la pobreza y la desigualdad que los programas que sustituyeron.
En los últimos años de la década de 1990 inició una expansión sin precedentes de la política social. Nuevos programas fueron creados para ampliar la protección social a grupos de la población históricamente ignorados. Hasta ese año la política social consistía en programas contributivos de seguro social para empleados urbanos y sus familias, con la extensión de algunos beneficios a sus dependientes económicos. Cualquier persona sin una relación formal de trabajo quedaba virtualmente excluida de la protección social del Estado. Estas personas excluidas constituían los sectores de la población más vulnerables y marginados. Antes de la expansión, las escasas iniciativas dirigidas a ellos consistían en programas de combate a la pobreza caracterizados por su precariedad, uso clientelar, escasez de recursos y beneficios y nulo impacto positivo. La expansión comenzó en 1997 con la creación del primer programa de transferencias condicionadas para familias en situación de pobreza, llamado Progresa y en su última versión Prospera,8 y la posterior introducción del Seguro Popular de Salud, las pensiones de vejez no contributivas, el programa de estancias infantiles para madres trabajadores sin seguro social y algunos otros. Este proceso de expansión de la política social se revirtió con el actual gobierno.
En lugar de tratar de resolver las limitaciones de la expansión identificadas en múltiples investigaciones académicas y evaluaciones oficiales, como por ejemplo la instauración de un sistema de bienestar dual y desigual9, cuya corrección requería de acciones para avanzar hacia la construcción de un sistema universal que ofreciera niveles integrales de bienestar a toda la población, el gobierno desmanteló los nuevos programas y los sustituyó por otros que han arrojado peores resultados. Por sus múltiples errores de diseño e implementación, programas como las becas para estudiantes de escuelas públicas, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), las transferencias para madres trabajadoras con hijos pequeños o la desaparición de las escuelas de tiempo completo representan casos de recortes al bienestar que ofrece el Estado a toda la población, especialmente a las familias en situación de pobreza.
“Por sus múltiples errores de diseño e implementación, programas como las becas para estudiantes de escuelas públicas, el INSABI, las transferencias para madres trabajadoras con hijos pequeños o la desaparición de las escuelas de tiempo completo representan casos de recortes al bienestar que ofrece el Estado a toda la población, especialmente a las familias en situación de pobreza”.
La evidencia de los resultados deficientes de los programas creados a partir de 2019 es abundante. Al contrario del discurso oficial del gobierno, el presupuesto en programas sociales federales estimado en 4.3% y 4.7% del Producto Interno Bruto en 2021 y 2022, se encuentra por debajo de los máximos históricos de 5.2% y 5.3% alcanzados en 2013 y 2014.10 La desaparición de las transferencias de apoyo alimentario que formaban parte del programa Prospera dejaron fuera de la protección social del Estado a muchos hogares que no contaban con menores en edad escolar que pudieran recibir becas; el monto de dichas becas es inferior a las transferencias de Prospera; mientras que las condicionalidades que los hogares beneficiarios debían cumplir para conservar el derecho a las prestaciones, como la asistencia escolar de los hijos —una de las críticas más fuertes que se le hacían—, se conservaron implícitamente tanto en las becas como en otros programas.11 La oferta de servicios públicos de salud se ha limitado: en 2019, el gasto público per cápita de 103.6 dólares estadounidenses fue inferior al de todos los años anteriores desde 2009;12 el presupuesto de salud de 2021 —693 mil millones— fue menor en términos reales al de 2020 —699 mil millones—,13 y el INSABI restringió aún más el acceso a servicios de salud a la población sin seguro social y eliminó la provisión de servicios médicos de alta especialidad. Estos son solo algunos ejemplos de los recortes a la política social efectuados por este gobierno.
Debido a la ausencia de acciones para proteger el ingreso de los hogares durante la pandemia y el fracaso de los nuevos programas sociales, entre 2018 y 2020 la proporción de la población en situación de pobreza aumentó del 50% al 53%, y en pobreza extrema del 14% al 17 por ciento.14 Igualmente aumentaron los porcentajes de la población con carencias de acceso a la alimentación, rezago educativo y acceso a los servicios de salud. En lugar del bienestar, como presume, el gobierno ha adoptado la austeridad como su valor fundamental. El aumento en la pobreza y el deterioro de muchos otros indicadores sociales son consecuencia de esa decisión. Estos resultados demuestran que el populismo y el neoliberalismo no son incompatibles. Este gobierno no ha priorizado a los pobres, al contrario, en varios aspectos los ha relegado y marginado aún más. Si el rumbo no se corrige, será el único gobierno de las últimas décadas que no logre avances en el combate a la pobreza y la desigualdad. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
