Las políticas financieras y el manejo bancario que ha ocurrido en México desde el principio del neoliberalismo en 1982 nunca han implicado fidelidades a ortodoxias económicas de ningún tipo. Lo que ha prevalecido durante estas cuatro décadas han sido diversas alianzas políticas entre funcionarios, actores políticos y élites financieras. Así pues, ni el Estado se ha retirado, ni el rentismo se ha reducido, ni las instituciones bancarias se han fortalecido bajo la égida del neoliberalismo. 

Equivocadamente se describió la ola de reformas económicas ocurridas durante los 80 y 90, como la férrea aplicación de una estricta ortodoxia que exigía el retiro del Estado para blindar el manejo de los asuntos económicos de los intereses políticos. Sin embargo, las reformas neoliberales han tenido como palanca central de empuje el intervencionismo estatal y el neoliberalismo se constituye más como un proyecto político de consecuencias económicas que como un proyecto económico de consecuencias políticas.¹

Ello ha quedado de manifiesto en el ritmo cíclico que ha parecido acontecer cada 10 años en la banca mexicana durante la era neoliberal. En 1982, como respuesta a la crisis de la deuda externa y como una medida para controlar la fuga de capitales el gobierno mexicano nacionalizó la mayor parte de los bancos que operaban en el país. En 1992, el gobierno emprendió la reprivatización total del sistema bancario. En 1995, el gobierno mexicano organizó un masivo y oneroso rescate bancario y en 1999 el gobierno de forma opaca y arbitraria convirtió esos pasivos en deuda pública, consumando así lo que hemos llamado una “nacionalización-privatizante”. Las fallidas nacionalización (1982), privatización (1992) y “nacionalización-privatizante” del rescate del FOBAPROA, fueron seguidas de una franca extranjerización de nuestro sistema de créditos y pagos. En 1990 los bancos extranjeros controlaban sólo 0.3% de los activos totales bancarios, en 1995 el 6.25%, en 2000 el 43%, en 2005 el 77.9% y en 2012, 83% por ciento de nuestra banca yacía extranjerizada.²

Hoy en 2022 a 40 años de iniciado este camino parece que de forma lamentable se mantiene el mismo patrón cíclico de intervencionismo estatal – rentismo financiero y debilidad institucional que han caracterizado las coyunturas bancarias previas.

En el discurso político siempre ha habido un sentido de inevitabilidad y univocidad para anunciar estas decisiones en la banca. El presidente López Portillo declaró que la nacionalización bancaria era la única forma de detener el perverso círculo vicioso de la fuga de capitales, devaluación e inflación. Una década después Pedro Aspe igualmente declararía que la privatización bancaria había cumplido de forma estricta con los principios fundamentales de transparencia y eficiencia de mercado. Y desde luego en la coyuntura del rescate bancario José Ángel Gurría sostendría que el gobierno habría seguido “al pie de la letra” estrictas reglas económicas en el manejo del rescate bancario.

Pero, en realidad, en cada diferente coyuntura, claramente existieron alternativas diferentes y viables. El camino elegido en cada situación correspondió más al predominio de la política y al peso de los poderosos intereses políticos que a la estricta aplicación de las teorías o planteamientos económicos.

La decisión de nacionalizar los bancos fue totalmente inconsistente con las teorías económicas del presidente López Portillo quien no era precisamente un seguidor del ideario keynesiano. Durante su administración él luchó proactivamente por reconstruir la relación del gobierno y el sector privado que había quedado tan dañada durante el sexenio de Echeverría. Sus primeras políticas económicas fueron abiertamente proempresariales. Más de una vez se negó a elevar los salarios, a controlar las tasas de interés o aumentar los impuestos, a excepción claro está, del regresivo Impuesto al Valor Agregado, inaugurado precisamente durante su gobierno. Ya desde sus tiempos como Secretario de Hacienda en el sexenio echeverrista, López Portillo había empezado a promover una nueva legislación para liberalizar el sector bancario y para abrir las puertas a prácticas especulativas.

Así la nacionalización bancaria no implicó congruencia alguna con razonamientos económicos. Simplemente fue la mejor opción política que el presidente pudo encontrar para sortear de alguna forma la grave crisis económica que el país enfrentaba. Al aplicar esta política financiera el presidente creyó que podría pasar a la historia como el salvador de la economía y no como su destructor. El presidente también quiso vengarse de los viejos banqueros, quienes en su opinión habían traicionado su confianza al haber auspiciado la fuga de capitales.

La pregunta que todos se hicieron en su momento fue, ¿por qué haber ido tan lejos, con la expropiación bancaria? Las soluciones políticas no necesariamente implican intervenciones económicas estatistas. Salinas y Zedillo también aplicaron estrategias políticas en la banca, pero sin aumentar la propiedad estatal en la economía. En los tres casos la clave de la respuesta está en las bases sociales de apoyo social y política de cada régimen.

En la época de López Portillo, el partido de Estado aún contaba con una amplia base de apoyo de las clases populares para quienes la nacionalización resultaba una medida muy atractiva. De hecho, la decisión presidencial fue tan bien recibida, que de inmediato se organizó un multitudinario mitin de respaldo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La reprivatización bancaria fue igualmente politizada y se sustentó más en intereses que en ideas. Los famosos ocho mandamientos de Aspe, si bien respondían a un sólido razonamiento económico, jamás fueron observados en la práctica. Esos principios incluían directrices como la diversificación de inversionistas a fin de evitar el establecimiento de monopolios en el sector bancario, la selección de propietarios con experiencia en la materia, manejo eficiente, responsable y la total transparencia en el proceso de desincorporación de los bancos, entre otras exigencias. En la práctica, sin embargo, el gobierno de Salinas no observó ninguno de los principios señalados. Los banqueros más experimentados fueron sistemática e injustamente excluidos del proceso. Salinas privilegió a sus amigos y a la nueva generación de inexpertos y especuladores “casabolseros” que se había desarrollado a la sombra de la administración de De la Madrid. Los procedimientos utilizados para decidir quién se quedaría en control de los bancos fueron totalmente opacos.

Aquellos a quienes se les permitió participar sacaron dinero de los mismos bancos que buscaban comprar, y pidieron prestado al propio gobierno para financiar sus ofertas de compra. El precio que finalmente pagaron los compradores estuvo muy por encima del verdadero valor a precios de mercado. Ello se debió a que lo que estaban adquiriendo esos nuevos banqueros fue una impunidad total dado que durante el salinismo gozaron de una absoluta sobreprotección gubernamental que les permitió incurrir en arriesgadas e irresponsables prácticas especulativas durante los primeros años de su gestión. 

Esta clara ruptura con las más elementales directrices técnicas y económicas sólo se explica por la existencia de intereses políticos de gran peso. Salinas arribó al poder a través de elecciones fraudulentas en 1988 como un presidente especialmente débil. Él buscó utilizar la reprivatización bancaria como un apalancamiento político para rearticular sus apoyos a través de la construcción de una nueva coalición distributiva conformada por financieros de nuevo cuño e inversionistas internacionales.

El constante y creciente intervencionismo del Estado y la supremacía de los intereses políticos sobre las ideas y la coherencia económica también estuvo presente en el momento del rescate bancario, cuando el Estado intervino desde el principio para proteger los intereses especulativos y financieros que germinaron al asombra del “efecto tequila” resultado de la crisis de 1994, utilizando para ello el dinero de los contribuyentes. Si el gobierno hubiese estado realmente preocupado por proteger en su “salvamento” a los pequeños ahorradores, habría empezado por distribuir entre los empresarios independientes, los pequeños inversionistas, comerciantes o propietarios de medianas y pequeñas empresas, la misma cantidad de recursos que destinó a los grandes inversionistas y banqueros. Ninguno de estos pequeños actores económicos recibió ayuda financiera de ningún tipo o pagarés respaldados por el gobierno a cambio de sus deudas de difícil pago o cobro. 

A la nacionalización (1982), privatización (1992) y nacionalización-privatizante de la banca mexicana (2002), siguió su franca extranjerización y a 40 años de haber iniciado este camino errático de decisiones en donde la política prevaleció sobre la coherencia económica y el desarrollo, es muy desalentador atestiguar que a pesar de las mejores intenciones del gobierno actual por ofrecer servicios bancarios de primer piso a los beneficiarios de los programas sociales y brindar a los usuarios una amplia cobertura geográfica particularmente en las zonas de difícil acceso para generar una mayor inclusión financiera a través del proyecto actual del Banco del Bienestar, los indicadores estratégicos reflejados en las más recientes auditorías³ muestran que seguimos sometiendo la eficiencia y la transparencia a la eficacia política.

Por el bien del país, esperamos que no se desperdicie la actual oportunidad de contar con una verdadera banca de desarrollo y caminemos con más arrojo rumbo a una verdadera inclusión financiera, y hacia verdaderos esquemas de fomento productivo que faciliten el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos. Ojalá que no sea demasiado tarde. EP

1. Sandoval Ballesteros, Irma Eréndira. Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal en la Banca. Primer Lugar del “Premio Manuel Espinosa Yglesias: Reflexión Política, Económica y Social, 2009″, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. México, 2011. Cfr. http://goo.gl/GkK85r [↩]
2. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2012. [↩]
3. Auditoría Superior de la Federación. Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. “Auditoría de Cumplimiento 2020-2-06-HJO-19-063-2021 al Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.” 15 de octubre de 2021. [↩]

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