A lo largo de los últimos siete años, hemos sido testigos de una confrontación entre dos posicionamientos ideológico-políticos que, además de disputar las conciencias de los mexicanos, en algún momento volverán a competir por la preferencia de los electores. Por un lado, la 4T, que reivindica al pueblo como actor, la democracia participativa y la soberanía popular. Y por otro, la oposición de derecha, que, en su vertiente neoliberal, insiste en presentarse como un movimiento ciudadano en defensa de la democracia representativa, y que, en su línea neoconservadora, se empecina en reinstalar la religión en la vida pública y en promover su potencial aglutinador para un sector de la sociedad.

Es claro que las derechas tradicionales —los empresarios, las iglesias, la sociedad civil conservadora y los partidos— no han logrado articular un programa político unificado y alternativo a la 4T. En buena medida, su problema ha sido que decidieron adoptar estrategias particulares y descoordinadas para sortear el embate del proyecto hegemónico. Pero las derechas, que se resisten a las transformaciones que trastocan sus privilegios, sus intereses y su concepción del mundo, también han mostrado su lado pragmático al adaptarse a ciertas circunstancias, en momentos de crisis.

Hemos visto cómo los empresarios y las jerarquías de las instituciones eclesiásticas fueron pasando de la confrontación permanente a la interlocución e incluso a la cooperación con los gobiernos de la 4T. La sociedad civil no pudo utilizar, como hubiese querido, la agenda que defiende la moral cristiana conservadora, pues en estos años ha quedado claro que la defensa de un proyecto progresista no ha sido relevante para el gobierno. Por ello, el conservadurismo de un sector de la izquierda ha resultado, más que un obstáculo, un puente para el acercamiento de muchos otros actores políticos. En este escenario, el PAN se quedó prácticamente solo al optar por una infructuosa estrategia reaccionaria, que se fue recrudeciendo debido a su pírrica fuerza político-electoral.

Más que el debate de ideas, lo novedoso ha sido el propio proceso de concientización de las derechas tradicionales con respecto a la necesidad de transformar su activismo y sus repertorios de acción. Como afirma el periodista Pablo Stefanoni, lo que ha quedado claro durante las últimas décadas en muchos países es que “la rebeldía se volvió de derechas”. Bajo esta lógica, la creatividad y los intentos de reorganización de su ala neoliberal en México han sido importantes. La Marea Rosa en defensa del INE, la creación de agrupaciones políticas que buscan un registro como partido nacional, las marchas de la supuesta Generación Z —cada vez menos concurridas y promovidas sólo por TV Azteca—, la reciente iniciativa lanzada por el empresario Claudio X. González con el nombre de Salvemos a la Democracia —que promueve una reforma electoral alternativa a la del gobierno— son apenas algunos de los ejemplos de sus diversas acciones.

A pesar de que el proyecto de la 4T acumula una larga lista de asignaturas pendientes y los escándalos de corrupción involucran a varios de sus líderes y gobernantes, varias encuestas muestran que, hasta ahora, la 4T todavía goza de una amplia aprobación social. Más allá de sus apoyos naturales, su aceptación también proviene de un sector importante de las clases medias y de la clase alta, de personas de diversos grupos etarios, de mujeres y hombres, de población rural y urbana. Es decir, las estrategias de las derechas no han logrado concitar la acción masiva —y en todo el país— que pudiese derivarse del temor y la incertidumbre que vivimos los mexicanos debido a la tremenda crisis de seguridad pública.

Ahora bien, no hay que perder de vista que 2026 será un año clave para los sectores de extrema derecha que reivindican su origen cristero, quienes seguramente saldrán a las calles a rememorar el centenario del inicio de la Guerra Cristera, en junio de 1926. Así como hemos señalado que lo que sucede en la capital de la república no necesariamente se replica con la misma intensidad en el resto del país, también hay que decir que todavía persisten viejos proyectos regionales que las derechas podrían capitalizar; es decir, algunos grupos podrían explotar el sentimiento religioso. Recordemos que la reivindicación del nacionalismo católico sigue estando presente en los discursos de varias organizaciones y personajes, y que algunos más lo utilizan con el fin de dar sentido y unidad a congregaciones multifacéticas.

Las derechas necesitan un partido y tienen que ganar elecciones si quieren crear una imagen de viabilidad política. Por lo pronto, parece haber dos monedas en el aire: por una parte, la apuesta del PAN que, a pesar de su escuálida presencia territorial, se ha alineado claramente con el empresario Ricardo Salinas, incluso adaptando sus procedimientos internos en un intento de articular una candidatura presidencial convergente. Por otra parte, la apuesta de otros grupos por Somos México plantea la posibilidad de que, de llegar a convertirse en partido, esta agrupación tendría que valorar dos alternativas: construir una narrativa “atrapa todo” para captar el apoyo de una amplia franja de opositores, incluyendo a los de extrema derecha, o distanciarse totalmente de los grupos de corte religioso a los cuales ha aceptado de forma utilitaria en coyunturas específicas, pero a los que realmente desdeña.

En todo caso, con tantos malquerientes de la 4T, el 2026 será un momento importante para observar la capacidad reorganizativa de las derechas, rumbo a la elección intermedia de 2027. En dicha coyuntura, también habremos de observar a las redes trasnacionales de este signo ideológico actuando en México. Si las distintas vertientes de las derechas no pueden cuajar una alianza nacional, siempre es posible que echen mano con mayor ahínco de diversos apoyos internacionales para renovar su narrativa y sus repertorios de acción, en un ambiente internacional con nuevos triunfos de la extrema derecha —como acaba de suceder en Chile— y donde se abre la posibilidad de disputar otros espacios, pues 2026 será un año marcado por procesos electorales presidenciales y parlamentarios en la región. EP

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