El pasado 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. La exposición de motivos giraba alrededor de la necesidad de reducir el tiempo de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y garantizar el acceso universal a la salud.
Entre otras cosas, proponía una modificación de fondo a la Clave Única de Registro de Población (CURP) para integrar los datos biométricos —fotografía y huellas dactilares— de todas las personas, vincularse con el Registro del Sistema Nacional de Salud y convertirse en el único documento nacional de identidad. Destaca que tanto la Presidencia del Senado como de la Cámara de Diputados dispusieron que la votación para ambos ordenamientos se llevara a cabo de manera separada.
El 27 de junio, durante el periodo extraordinario, los cambios a la Ley de Población fueron aprobados por los senadores, con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Finalmente, tras ser enviados a la Cámara de Diputados para su revisión, el 30 de junio por la noche se aprobaron por los diputados con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones.
La reforma recién aprobada contempla que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá emitir su versión digital y que todos los entes públicos y particulares estarán obligados a solicitarla para poder prestar trámites y servicios a más tardar 90 días naturales desde su entrada en vigor.
Más allá de las implicaciones que la reforma pueda tener sobre las funciones del INE, de la Credencial de Elector y del Padrón Electoral, de lo cual mucho se ha discutido durante los últimos meses —y sin restar importancia a sus consecuencias para el ejercicio democrático—, considero importante analizar los últimos acontecimientos a la luz de una discusión mucho más amplia: la necesidad de contar con una identidad única digital.
Muchas son las historias de éxito que han demostrado la importancia de invertir como país en infraestructura tecnológica para facilitar el acceso a trámites y servicios, detonar el desarrollo y combatir la pobreza y desigualdad. El caso de India es especialmente ilustrativo, pues en tan solo 20 años logró transformar por completo su economía, reducir drásticamente el tiempo necesario para acceder a los bienes públicos y eliminar prácticamente el uso de efectivo.
Todo esto fue posible gracias a la implementación del llamado “India Stack”, un conjunto de soluciones adoptadas de forma gradual y consecutiva, partiendo de la creación en 2009 del número de identificación “Adhaar”, que contiene información biométrica y demográfica de cada individuo. Este número, que constituye la primera capa de la estrategia, es una especie de llave que otorga a cada persona el acceso a programas de transferencias, cuentas bancarias, líneas telefónicas o atención médica.
En 2016, se sumó la tercera capa con la creación de “UPI”, un sistema de pagos instantáneo —como lo es el SPEI en México— que permite realizar pagos entre personas y a comercios. Además de haber asestado un golpe directo al lavado de dinero y la evasión fiscal, la aparición de esta herramienta significó una explosión sin precedentes de la competencia en el mercado de las tecnologías financieras —fintech—, con el surgimiento de cientos de miles de apps interconectadas, la caída en los precios para los usuarios y un impulso nunca antes visto a la innovación. Al día de hoy, UPI cuenta con más de 500 millones de usuarios activos y procesa el 46 % de todas las transacciones globales.
Por último, la cuarta capa se materializó en la Ley de Protección y Privacidad de Datos (DPPB) de 2019 y la Ley de Protección de Datos Personales Digitales (DPDP) de 2023. Este marco permitió el desarrollo de un mercado de datos abiertos que viajan a través de las instituciones públicas y privadas de manera segura y con el consentimiento de los usuarios. De esta manera, se pueden diseñar productos personalizados de acuerdo a patrones de uso y necesidades específicas, así como incluir a más personas en el sistema financiero formal al utilizar información alternativa para otorgar créditos.
Por supuesto, la puesta en marcha de India Stack estuvo acompañada de grandes inversiones en telecomunicaciones para garantizar la cobertura en zonas rurales y la accesibilidad, de la mano de actores como Reliance Jio, el operador de red más grande del país. Se equiparon centros regionales de datos, miles de puntos de autenticación biométrica móviles y puntos de acceso público.
Como resultado de estos esfuerzos, India pasó de tener cifras de inclusión financiera cercanas al 35 % entre los mayores de 15 años en 2011, a más del 80 % para 2025. Por otro lado, el costo de adquisición de nuevos clientes bancarios se redujo de un promedio de $23.00 USD a menos de $0.15 USD.
Brasil sirve también de referente para hablar de transformación digital acelerada. La agenda de la innovación gubernamental se remonta a los primeros años de la década de 1960, con la creación del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO). Si bien en 1997, con la creación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la adopción tuvo un ritmo acelerado, no sería sino con la renovada Estrategia de Transformación Digital (E-Digital) de 2018 —y su más reciente versión de 2022— que el panorama cambiaría de manera contundente. Esta estrategia transversal contiene cien acciones prioritarias, agrupadas en siete pilares que parten lógicamente de la identidad digital, pasan por grandes inversiones en infraestructura de red y ciberseguridad, proponen mecanismos de gobernanza y culminan en la digitalización de la economía.
A pesar de que se enfoca principalmente en la infraestructura digital gubernamental y se concentra en plataformas como Gov.br, en 2020 el Banco Central de Brasil lanzó PIX en conjunto con el sector privado, el propio sistema de pagos instantáneos de Brasil que dos años después había alcanzado al 67 % de la población adulta. Asimismo, Brasil acompañó estas medidas con la emisión de un marco de datos abiertos sólido y la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) para vigilar su implementación.
En 2024, culminó el largo proceso de adopción de la nueva tarjeta de identidad nacional, anclada al antiguo registro de contribuyentes, convertido ahora en el registro nacional general. Para ello, se realizaron pruebas piloto en 2022 y se hizo el despliegue nacional en 2023, garantizando la transición escalonada.
Sin entrar en detalles, ambos modelos dan una idea de la importancia de contar con una identidad digital única para digitalizar los servicios públicos y la economía. También, sirven como guía para identificar algunos factores que garantizaron el éxito de su implementación.
En primer lugar, a pesar de que en ambos países existían esfuerzos aislados con anterioridad para impulsar la digitalización, la formulación de estrategias transversales a largo plazo y estructuradas por fases permitió construir paso a paso y de manera complementaria la infraestructura tecnológica habilitadora. En ambos casos, estas estrategias partieron de una visión que no solo ponía en el centro la necesidad de transformar la forma en la que los ciudadanos interactuaban con lo público, sino que también veían en la digitalización un potencial incomparable para detonar el desarrollo económico a través de la inclusión financiera y la innovación.
En segundo lugar, ambos países se tomaron muy en serio la construcción de mecanismos de gobernanza efectivos y claros que facilitaran el diálogo interinstitucional y fomentaran la participación del sector privado.
Finalmente, la India y Brasil hicieron inversiones significativas tanto en infraestructura de software como en infraestructura física para llevar la conexión a internet a las poblaciones más vulnerables. En suma, fueron dos proyectos que buscaron desde el inicio reformular el papel del Estado frente a la ciudadanía y transitar hacia una economía incluyente.
No hace falta más que echar un vistazo a la reforma aprobada por el Legislativo en días pasados para constatar que no cuenta con ninguno de los elementos mínimos que han permitido, en otras latitudes, utilizar una identidad única digital como piedra angular para la digitalización. Basta con preguntarnos: ¿por qué una política que debería ocupar un papel central en el desarrollo económico y social de cualquier país en vías de desarrollo es introducida como parte de una reforma esencialmente abocada a temas de seguridad?
Sin demeritar la legítima búsqueda de justicia y sin desdeñar la magnitud de la crisis que atravesamos, no queda claro cómo es que la adopción de la CURP biométrica permitirá encontrar a todas y todos aquellos que han sido dejados atrás por la justicia.
Por el contrario, la falta de contrapesos, la desaparición del INAI —quien era encargado de proteger los datos personales— y la falta de recursos humanos y financieros para llevar a cabo semejante tarea generan muchas preocupaciones. Ante la ausencia de un plan estructurado y viable para la ejecución de las nuevas disposiciones, la adopción de la CURP como única fuente de identidad se convierte en un riesgo para el acceso a servicios, tanto públicos como privados. En el peor de los casos, esta omisión provocará un aumento en la exclusión y multiplicará los espacios para la discrecionalidad.
En pocas palabras, lo que pudo haber sido una herramienta revolucionaria se perfila hoy como una amenaza. El mismo instrumento que ha sido motor de crecimiento en otras regiones del mundo, mal planteado, puede profundizar las brechas que hemos tratado de cerrar por años. Cuando se legisla sin visión, incluso las mejores ideas pueden convertirse en catástrofe. EP
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