El Dr. Tonatiuh Guillén López del PUED-UNAM analiza la compleja crisis migratoria en México y los porqués de su adusta política migratoria.
Texto de Tonatiuh Guillén López 04/05/23
El Dr. Tonatiuh Guillén López del PUED-UNAM analiza la compleja crisis migratoria en México y los porqués de su adusta política migratoria.
La actual coyuntura migratoria y de refugio en México es la más compleja, numerosa y tensa de todos los tiempos. Si tomamos como referencia la estadística de la patrulla fronteriza de Estados Unidos sobre “encuentros” con extranjeros en su frontera sur, no cabe duda de que estamos ante escalas nunca vistas de solicitantes de refugio y de migrantes. La diversidad de orígenes, algunos desde distancias increíbles, agregan una cuota sustantiva de diversidad cultural y de complejidad, a lo que se añade el espectro de determinantes de la movilidad que tiene cada población. Además de lo anterior, los enormes flujos de personas confrontan las políticas migratorias más severas, excluyentes y racistas, instrumentadas con una intensidad sin precedente tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el de México.
Entre enero de 2022 y marzo de 2023, la patrulla fronteriza ha registrado cerca de 3.1 millones de “encuentros” con extranjeros en la frontera de Estados Unidos con México, lo cual representa la cifra más alta de todos los tiempos. De ese total, cabe la pena subrayarlo, el flujo de mexicanos configura el 32.7 por ciento; el procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras aporta el 18.9 por ciento; por otra parte, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, junto con Ecuador, Colombia y Perú integran el 39.9 por ciento.1 Otros países, incluyendo asiáticos y africanos, aportan el porcentaje restante.
De esta manera, considerando la movilidad de personas hacia Estados Unidos, la problemática social es ahora esencialmente mexicana. Desde abril de 2020 no ha dejado de crecer el arribo irregular de connacionales al país vecino. En 2018, el promedio mensual era inferior a veinte mil eventos; en marzo de 2023, la cifra fue de más de ochenta mil y lo previsible es que perdure la tendencia en el futuro cercano. Los efectos de la pandemia, los desequilibrios económicos, el desempleo y la caída de los ingresos familiares son factores que motivan la nueva emigración mexicana. Adicionalmente, el crimen y la violencia en distintas regiones del país, como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados, han provocado desplazamientos que se convierten en solicitantes de refugio en los Estados Unidos.
“Los efectos de la pandemia, los desequilibrios económicos, el desempleo y la caída de los ingresos familiares son factores que motivan la nueva emigración mexicana”.
No es entonces el norte de Centroamérica el principal origen de la movilidad irregular a través de México. Sucedió así durante algún periodo, entre 2010 y 2020, aproximadamente, pero ya cambió este panorama. En los medios de comunicación e incluso entre sectores gubernamentales de México se sigue asociando la problemática migratoria casi exclusivamente con nuestros vecinos del sur, lo cual es un error. Nuevos flujos han crecido en escala mayor, como los recientes casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las dictaduras latinoamericanas, que expulsan más población a partir del periodo pospandémico. Por distintos caminos, con la pandemia de COVID-19, lo que estaba mal empeoró en estos países y provocó salidas de población a gran escala.
Visto en conjunto el escenario, es claro que la movilidad humana y sus determinantes han acelerado sustancialmente durante los últimos tres años, en la región y globalmente. Los orígenes, sus dimensiones y las particularidades de sus factores forman un abanico migratorio y de refugio especialmente vulnerable y de escala sin precedente. Lamentablemente, esta movilidad humana confronta las más severas políticas migratorias, violatorias de derechos humanos, excluyentes y profundamente marcadas por el racismo y la xenofobia. Esas raíces ideológicas han sido más problemáticas que en sí mismo el desafío social que representa la actual movilidad.
Para la política migratoria mexicana y su actual perfil militarizado fue determinante el gobierno de los Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump (2017-2021). Desde la elección presidencial del 2016 e incluso antes, Trump y sus estrategas de campaña convirtieron la migración en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y en una supuesta fuente de la criminalidad en este país.2 El racismo y la xenofobia recuperaron un lugar protagónico que parecía olvidado décadas atrás, y se convirtieron en eje decisivo de definiciones políticas y de gobierno. Sobre esa base ideológica, dicho en términos generales, Trump se propuso cerrar, literalmente, a Estados Unidos de la migración y el refugio; entre las piezas centrales de su estrategia concebía a México como instrumento de contención, asignando a nuestro país esa tarea.
“El racismo y la xenofobia recuperaron un lugar protagónico que parecía olvidado décadas atrás, y se convirtieron en eje decisivo de definiciones políticas y de gobierno”.
Lo más emblemático de las presiones de Trump sobre México fue la construcción de un muro, a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera compartida, que sería pagado por nuestro país.3 Sin embargo, no fue lo único: se responsabilizaba a México de los arribos irregulares de migrantes a los Estados Unidos, por lo que nuestro país debía detenerlos.4 Entre enero de 2017 —inicio del gobierno de Trump— y agosto de 2018, aproximadamente, el gobierno de Peña Nieto recibió fuertes presiones, pero no se consolidó ningún acuerdo significativo alineado con la estrategia de Estados Unidos. El escenario cambió después de las elecciones presidenciales en México y con el progresivo cambio de interlocutores del lado mexicano. Las negociaciones comenzaron a ser conducidas por Marcelo Ebrard, representando al gobierno electo de López Obrador, quien siguió un tono conciliador y aceptó iniciativas como retener en México a solicitantes de refugio que arribaran a la frontera con los Estados Unidos.5
A partir de esos acuerdos, informales, no públicos pero eficaces, la política migratoria mexicana y su relación con Estados Unidos comenzó un progresivo alineamiento en función de los objetivos de Trump. Cabe hacer notar que en ese momento el número de arribos irregulares a la frontera de Estados Unidos era mínimo, en comparación con el actual. No obstante, ya se publicitaba una “crisis migratoria” y una amenaza de seguridad nacional que justificaba a Trump todo tipo de presiones sobre México y una continua manipulación de la política interna de Estados Unidos utilizando el argumento migratorio.
Contrario a sus expectativas, el programa “Quédate en México” no redujo las cifras del flujo migrante, que siguió incrementando. Hacia mayo de 2019, Trump amenazó a México con imponer aranceles a las exportaciones de nuestro país,6 si el gobierno de López Obrador no detenía la migración irregular. Las negociaciones, conducidas por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, evitaron la imposición de aranceles pero comprometieron a México a frenar la movilidad migratoria utilizando las Fuerzas Armadas, como demandaba Trump.7 A partir de entonces, 7 de junio de 2019, la política migratoria mexicana giró hacia la militarización al incorporar a la Guardia Nacional como aparato de control migratorio y mediante la operación del Instituto Nacional de Migración (INM) asumida por personal del Ejército y de la Marina, que pasaron a ocupar cargos directivos.
Quedó así desplazado el proyecto de renovación de la política migratoria que el gobierno de López Obrador había impulsado desde su campaña y que de manera central había promovido en la primera fase de su administración. El proyecto original contemplaba como ejes la procuración y el respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados, así como el impulso a programas de desarrollo en el sur de México y norte de Centroamérica. Nada más simbólico de lo anterior que lo siguiente: el primer día de gobierno se anunció la preparación de un plan de desarrollo integral para esta región, con el apoyo de la CEPAL.8 Al final, la CEPAL cumplió su compromiso, pero ya en un entorno político que había girado radicalmente, haciendo imposible iniciativas concretas, dificultadas por la carencia de consenso entre los países involucrados y por la evidente ausencia de financiamiento.9
“El proyecto original contemplaba como ejes la procuración y el respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados, así como el impulso a programas de desarrollo en el sur de México y norte de Centroamérica”.
En el fondo, como puede concluirse, al interior del gobierno de López Obrador desde un inicio había una tensión insalvable entre los acuerdos con el gobierno de Trump y, del otro lado, la intención de renovar la política migratoria con base en derechos humanos e iniciativas de desarrollo. Lo primero estuvo siempre en tensión con lo segundo, incluso antes de inaugurar la administración, que nació así entre dos horizontes excluyentes de política migratoria. Al final, dominó la ruta empeñada por la SRE con el gobierno de Trump, subordinando la impulsada por la Secretaría de Gobernación, institución que además terminó desplazada de su atribución explícita en materia migratoria.
La militarización de la política migratoria implicó así: a) un alineamiento de la relación bilateral de México con los Estados Unidos, al menos en la materia; b) modificaciones institucionales de impacto estructural, como la Guardia Nacional y su respectiva Ley; c) cambios radicales en la gestión del INM; y d) como repercusión mayor, una gestión de la relación del Estado con migrantes y refugiados marcada por el mapa conceptual militar y, en no pocas ocasiones, por su naturaleza de fuerza, material. En este contexto, la violación de derechos humanos y, en particular, de los solicitantes de refugio que transitan por México, incrementó radicalmente. Por lo mismo, también se intensificaron los riesgos del tránsito y la vulnerabilidad de las personas.
Así, considerando el panorama descrito, el crimen cometido en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo de 2023,10 donde perdieron la vida 40 personas y otras tantas terminaron heridas, no es un acontecimiento ajeno al contexto de militarización y de una gestión migratoria severa, capaz de asumir rasgos inhumanos.11 No obstante, hasta el momento —primeros días de mayo de 2023— la reacción del gobierno de López Obrador no muestra indicios de rectificar su política migratoria. Por el contrario, el mensaje principal es que todo siga igual, al grado de no instruir la remoción de los funcionarios del INM que directa o indirectamente intervinieron en el crimen en Ciudad Juárez.12 Se encuentra un grupo de estos bajo proceso judicial, pero sin el mínimo demérito de sus puestos y funciones. Con esa lógica, seguramente no habrá siquiera espacio para ofrecer una disculpa a las víctimas y a sus familiares. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
