Hay tres conclusiones provisionales de las recientes elecciones presidenciales en Chile. La primera es que, as usual, el comportamiento del electorado es genéticamente subjetivo y lejano de eso que los académicos de cubículo llaman “racionalidad”. La segunda es que, igual que en otros países, la polarización colapsó el centro electoral y el voto se concentró desde la primera vuelta en los dos candidatos más viables y antagónicos. Por último, parece que han llegado a su fin tanto la generación de las fuerzas partidistas que hicieron la transición y edificaron lo que se llamó el “milagro chileno” como la de quienes, se suponía, vendrían a sepultar el modelo neoliberal.

Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador.

Hasta antes de 2019, las élites chilenas de todo el arco ideológico pronosticaban, con alegre autoestima, que el siguiente paso para Chile era “ser como Finlandia”. Pero en la última década ya no era, o no del todo, el Chile triunfante de los noventa, sino más bien un país nuevamente en transición, aunque de orden psicológico. Y, por supuesto, pocos imaginaron que vendrían estallidos sociales y políticos y, aparentemente, el retorno del país al deprimente vecindario latinoamericano. En otras palabras, esta secuencia de hechos ha sido un laboratorio que permite observar cómo progresos innegables conviven en paralelo con un severo desgaste, a veces invisible, que lleva a ciertos países a ser víctimas de su propio éxito. ¿Es esto lo que pasó? Tratemos de explorarlo.

Después del retorno a la democracia, aunque no necesariamente como una relación causa-efecto directa, Chile cambió y, en buena medida, las transformaciones del entorno —la revolución tecnológica y digital, patrones culturales distintos, la desideologización, mejores condiciones materiales de vida y el aumento del consumo— modificaron también su cultura cívica. La gente comenzó a preocuparse más por los problemas cotidianos orientados a mejorar su vida personal, cosa que efectivamente ocurrió, y menos por los “grandes temas”, que paulatinamente fueron quedando atrás. En 1989, el electorado sabía que su voto tenía un claro fundamento histórico y una orientación política de enorme relevancia para normalizar al país tras 17 años de dictadura militar. En cambio, en las elecciones celebradas desde 1999 y hasta ahora, ya no existía el miedo a la dictadura ni una motivación tan concreta como lo fue la recuperación democrática.

En ese trayecto volvió a surgir una oposición de extrema derecha —encabezada por tercera ocasión por José Antonio Kast— que interpretó correctamente esa nueva sociología electoral y elaboró un programa muy elemental, basado en un cliché —ley y orden—, construido para cuadrar con el malestar de un votante temeroso de perder lo ganado y con expectativas frustradas. La vieja coalición gobernante, por su parte, se fracturó, no logró unificar su oferta en torno a la opción racionalmente más atractiva para el electorado abierto (Carolina Tohá) y produjo una escisión que favoreció a Jeannette Jara, candidata de una marca anacrónica y de escaso encaje —el Partido Comunista—. Además, cargó con la herencia de haber sido parte de la administración Boric, una gestión fallida que, como se explicará más adelante, parece haber cometido un error de juventud, de esos que solo se aprenden sobre la marcha: olvidar que en política, como diría Ortega y Gasset, siempre “lo real ejerce su imperativo sobre lo ideal y lo conceptual”. Y lo real fue que la jerigonza juvenil —y a ratos adolescente— de la generación Boric en 2021 y del gobierno que engendró terminó por confirmar lo básico: una campaña es un evento, pero un buen gobierno es un logro.

A lo largo de ese itinerario, Chile mutó de manera notable. Ello se advirtió, entre otras cosas, en el surgimiento de un sector de la sociedad profundamente escéptico frente a las ideologías y los partidos, lo que explica el atractivo de un tercer candidato, un outsider que incluso en la elección de 2021 hizo campaña desde Estados Unidos. A ello se sumó una irritación creciente frente a la migración descontrolada, la inseguridad y la aparición del crimen organizado —de origen mexicano, venezolano y colombiano—, así como ante la corrupción de élites empresariales, políticas, militares y policiacas.

En los pliegues de ese proceso aparecieron, además, clases medias en expansión que aspiran —y a veces no pueden, o pueden menos de lo que quisieran— a seguir ascendiendo en la escala social, insatisfechas e individualistas. Y, por último, en el vagón de cola, desde luego, una franja antisistema, de corte lumpen, alojada bajo el clásico paraguas del “que se vayan todos”.

La paradoja es que, vista en perspectiva, Chile sigue siendo, entre países comparables de América Latina, el de mejor desempeño. Según datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en 2024 el PIB creció 2.6%, la inflación descendió a 4.3% y la pobreza —medida en paridad de poder adquisitivo de 2021— pasó de 5.5% a 5.3% en 2025 y previsiblemente a 5.1% en 2026. El ingreso per cápita aumentó de 5,300 dólares a casi 16,500 en 2024 y, considerando un periodo más largo (2000–2025), creció 71%. El déficit fiscal, por su parte, bajó de 2.8% del PIB en 2024 a 1.5% en 2025. Finalmente, el Índice de Desarrollo Humano 2025 del PNUD para Chile es de 0.878, el más alto de la región, lo que lo coloca en la categoría de “muy alto desarrollo humano”.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿por qué un país que presenta indicadores económicos y sociales favorables parece hoy sumido en una confusión psicológica, cívica y política?

Chile ha mantenido un entorno social, institucional y legal eficiente y transparente; cuenta con un marco macroeconómico sólido y un sector privado abierto y dinámico. Todo ello se condensa en algo muy raro en estos tiempos duros: es un país que funciona. Por supuesto, existen desafíos complejos en materia de productividad, desigualdad, movilidad social y acceso a educación y salud de calidad. Sin embargo, en el balance general, sus resultados son muy superiores a los del resto de la región y, aun así, la coalición progresista que había ganado seis de ocho elecciones entre 1990 y 2021 ahora pierde.

¿Hay una interpretación más o menos práctica para esta paradoja? Desde el punto de vista de la ciencia política, probablemente no. La cuestión entra de lleno en el terreno de la cultura cívica, la psicología social, los misterios de la condición humana y el hecho de que hoy, en política, lo normal es elegir entre inconvenientes.

Por una parte, las alternativas políticas y partidistas llamadas de “centro” se desplazaron hacia los extremos, intensificando la polarización y provocando, desde el punto de vista electoral, un “clivaje” en torno al cual se alinea, divide o fragmenta una comunidad política. El resultado del 14 de diciembre parece sugerir que el candidato de la derecha captó bien esa disyuntiva: jamás maquilló sus preferencias políticas y lucró con los peores fantasmas del electorado, la seguridad y el orden a toda costa. ¿Fue una elección racional? Planteada en esos términos, la pregunta resulta irrelevante, porque casi ninguna elección lo es y, además, como advierte Daniel Innerarity, “en muchas democracias el elector no elige, sino deselige; hay más rechazo que proyecto; no vota para solucionar algo, sino para expresar malestar”, o miedo. Lo decisivo, entonces, no es “la competencia o incompetencia de los candidatos”, sino la capacidad de recoger ese sentimiento mejor que el adversario.

El otro componente tiene que ver con el factor político o, más precisamente, con la promesa de que una nueva generación llegaría al poder para jubilar a la vieja guardia de la histórica Concertación de Partidos por la Democracia, que dio cuatro presidentes. Se asumió que esa condición biológica, por sí sola, podría corregir problemas, subsanar ineficiencias y producir los bienes que la política puede y debe proporcionar a una comunidad. El presidente Gabriel Boric presumió en 2021 que su generación era “moralmente superior” a todas las demás, apeló a la “rebeldía” juvenil y prometió enterrar el “neoliberalismo”. Ganó la elección teniendo como antecedente el estallido del 18 de octubre de 2019 (18-O), que derivó, en los siguientes 73 días, en más de 3,300 acciones de protesta —el 61 % protagonizadas por jóvenes de entre 18 y 29 años—, entre huelgas, tomas de calles, ocupaciones, cacerolazos, saqueos y marchas, una de las cuales reunió a un millón 200 mil personas en Santiago.

En respuesta al estallido vinieron acuerdos entre el gobierno y los partidos, un plebiscito, la convocatoria a una nueva Constitución, la elección de 155 diputados constituyentes y una asamblea legislativa tan extravagante como pintoresca. Hubo ríos de tinta en libros, redes y medios y, al final, una suerte de arrepentimiento colectivo: hoy menos de tres de cada diez chilenos todavía simpatiza con el estallido y la mitad concluye que fue “malo o muy malo”. ¿Qué pasó?

Es cierto, como escribió José Joaquín Brunner, que el autoflagelante segundo mandato de Michelle Bachelet fue un gobierno carente “de conducción política, de solidez técnica y de capacidad de gestión para implementar sus reformas”. Cosechó frustraciones masivas, salió derrotado en las elecciones de 2018 y fertilizó lo que luego sería el 18-O. En esa misma línea, el eslogan elegido por los manifestantes para bautizar el estallido —que aludía al aumento en el precio del boleto del metro: “no son los 30 pesos sino los 30 años”— fue funcional por empalagoso, aunque claramente falso y letal para una eventual organicidad política.

De la retahíla de “ismos” incluidos en esos momentos —ecologismo, indigenismo, asambleísmo, neoliberalismo, feminismo, fascismo, entre otros— en lo que podría llamarse, con benevolencia, la discusión pública, nada arraigó. Todo regresó a lo de siempre en el imaginario colectivo: expectativas, crecimiento, ingreso, seguridad, ley y orden; en suma, sentido común. Como era predecible, aquel proceso naufragó por completo y prefiguró lo que vendría después.

La elección esperanzada del Boric treintañero, que ganó con casi 56 % de los votos, fue en algún sentido usuaria del combustible del 18-O. En contraste, el fracaso de su gobierno, que concluye con apenas 30 % de aprobación, fue víctima de la propia incapacidad conceptual, estratégica y política de la generación que él encarnó. Una generación que, como en la tragedia griega, terminó por devorarse a sí misma.

¿Cuáles son las lecciones que ofrece este episodio? Hasta antes de la pandemia, como ya se indicó, Chile había venido alcanzando tasas de crecimiento notables que, entre otras cosas, permitieron un ritmo constante de generación de empleo y, en consecuencia, de acceso al consumo individual y familiar. Todo ello estuvo acompañado de una percepción positiva de los progresos del país: en la psique y la autoestima del ciudadano promedio, Chile era el “ejemplo” a seguir. Sin embargo, como planteó tiempo atrás Samuel Huntington, la estabilidad tiende a sufrir desajustes en aquellos países que —como en este caso— transitan de una sociedad tradicional, que aún pervive, hacia una sociedad plenamente moderna, que todavía no llega. Ese tránsito se manifestó en un cambio notable en los patrones de comportamiento del chileno y en una elevación de sus expectativas.

En ese contexto, Bachelet entendió mal ese proceso, en cierto modo natural en los países de la tercera ola democrática, como lo muestran la literatura académica y la experiencia política. Haciendo una contrición casi bíblica, atribuyó los rezagos y vulnerabilidades de Chile al “modelo de desarrollo”, justo el mismo modelo que había facilitado los progresos del país desde los años noventa. Ese tiro en el pie durante su segundo gobierno (2014–2018) fue ponzoñoso porque, al no encontrar una agenda con la cual diferenciarse de los buenos resultados de los gobiernos previos —incluido el primero de ella—, cayó en la tentación populista de negar el pasado, el modelo, y de pretender tirar el agua de la bañera junto con el niño. Nada más que, como dice el historiador E. H. Carr, “interpretar el pasado no es lo mismo que inventar el pasado”.

Como la política también es pedagogía, la proposición de Bachelet envenenó la mirada y el ánimo de una porción relevante del electorado y alentó una especie de nostalgia en la que, como suele ocurrir, la memoria se vuelve selectiva. Así, a pesar de que las autocracias han sido perjudiciales en todos los sentidos, una parte de la sociedad comenzó a mirar hacia atrás subrayando supuestos logros. Kast, que incluso alardeó de sus simpatías pinochetistas —“si Pinochet estuviera vivo votaría por mí”, dijo en otra campaña—, rentabilizó muy bien esa fibra subliminal y, back to basics, reintrodujo en el escenario un pasado de ley y orden, inoculando en un electorado temeroso la creencia de que ese pasado “no fue tan malo”.

La descripción que hizo Sebastián Piñera, su sucesor, fue implacable e innegable: Bachelet “quiso demostrar al país que hubo 30 años de abuso, de oscurantismo, de retroceso… y ese demoledor ataque surtió mucho efecto” ¹ en el ethos colectivo. Sin embargo, el argumento, además de erróneo, fue autodestructivo. Los malos resultados del segundo gobierno de Bachelet —por ejemplo, en materia de crecimiento—, las reformas políticas fallidas que detonaron la atomización partidista (en el Congreso chileno hay cerca de 20 partidos con representación parlamentaria y unos 40 legisladores que se autodeclaran “independientes”), lo que afecta la gobernabilidad eficaz, y su nivel de aprobación final (39 %), no fueron producto del “modelo”, sino de esa gestión. Con todo ello, terminó por confirmarse en el ciudadano de a pie la idea de que la culpa había sido, en efecto, de esos “30 años”.

El corrimiento de Chile hacia la alternancia en las elecciones de 2025 tiene principalmente ahí su sedimento: más en la lectura política equivocada que hizo Bachelet y menos en la impotencia de Boric. Chile comenzó a padecer entonces, en clave psicoanalítica, una crisis de expectativas y de éxito, no de fracaso.

¿Qué sigue para Chile? Es imposible adivinarlo. Sin embargo, sin necesidad de inventar el hilo negro, todo indica que el país seguirá funcionando: con una economía abierta, estable y de mercado; una democracia de calidad; instituciones sólidas y Estado de derecho. Al final del día, estos activos —le escuché decir una vez al expresidente Ricardo Lagos— “no son de izquierda ni de derecha, sino de sentido común”. EP

1. Cit. en Felipe Larraín (Ed.), Chile 2050. Cuatro presidentes. Un país, Santiago, Ediciones UC, pp. 110 y ss. [↩]

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